LIBERTAD SINDICAL. LOS ARTÍCULOS 78 Y 84 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CONTRAVIENEN ESE PRINCIPIO, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 1878/2004. FEDERACIÓN DEMOCRÁTICA DE SINDICATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpone en contra de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y si bien subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad planteado, se trata de un asunto en el que no se fijará un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste interés excepcional, como se determinará en las siguientes consideraciones.
SEGUNDO. En el caso, la sentencia recurrida se notificó al quejoso de forma personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Amparo, el cinco de julio de dos mil cuatro, la cual surtió efectos al día siguiente y el recurso de revisión se interpuso el quince de julio, por lo que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso corrió del siete de julio al cuatro de agosto del año en cita, descontando los días diez y once de agosto por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Amparo, de modo que fue promovido en tiempo.
TERCERO. El tercero perjudicado, Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, en lo que corresponde a la competencia de esta Segunda Sala, recurrente, expresó los siguientes agravios:
"Quinto. El derecho laboral es tutelar de los trabajadores, por tanto, la sentencia recurrida es ilegal, toda vez que viola en perjuicio de la parte tercero perjudicada lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo pues la a quo no cuidó los derechos de los trabajadores legítimamente representados por la FSTSE, ni la posible afectación a sus sindicatos adheridos derivada de la creación de una nueva federación, sino que pareciera que estuvo más preocupada por proteger los oscuros intereses políticos de los líderes sindicales que intentan crear una nueva federación. La Juez aparentó resolver un conflicto entre dos federaciones, pero por todos los argumentos hechos valer con anterioridad, resultó ser una absoluta falta de protección a favor de los trabajadores que integran a los sindicatos afiliados a la FSTSE, así como a los intereses legales y legítimos de mi representada, toda vez que concedió el amparo a una organización que legalmente es inexistente, ignorando de manera inexplicable todas nuestras argumentaciones y elementos probatorios -aun después de reconocernos nuestro estatus de tercero perjudicado- siendo fehaciente que en su resolución ni siquiera nos cita por nuestro nombre ni hace alusión a los argumentos y pruebas ofrecidas. ... Séptimo. Parte de la sentencia que lo causa: ‘Así las cosas, si los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establecen la existencia de una sola federación de sindicatos, reconocida por el Estado; debe concluirse que el mismo resulta violatorio de lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, fracción X, del apartado «B», toda vez que al establecer la sindicación única, contraría el espíritu que ha imperado en el legislador al expedir el artículo 123 constitucional que, como ha puesto de manifiesto en la presente resolución, ha sido establecer sin restricción alguna un mínimo de derechos laborales a favor de los trabajadores, considerando entre ellos el derecho de libre asociación para la defensa de sus intereses.’. La sentencia recurrida es ilegal, toda vez que viola en perjuicio de la parte tercero perjudicada lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que en la sentencia se señala de manera errónea y totalmente improcedente que queda plenamente acreditado que los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contravienen lo dispuesto en la Constitución General de la República, lo que de suyo resulta infundado, ya que, lejos de haber considerado como inoperantes los deficientes argumentos de la parte quejosa, les dio valor probatorio, no obstante que del análisis de la demanda se desprende que no se endereza argumento alguno en la forma en que la a quo realiza el análisis del artículo 78 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de cuya lectura se advierte que en ningún sentido limita el principio de libertad de sindicación, ya que en el citado artículo claramente se señala el carácter potestativo de los sindicatos para adherirse a la FSTSE y, por otro lado, las argumentaciones de la a quo relativas a que el Estado únicamente reconoce a la FSTSE, nos hace arribar a la conclusión de que el análisis de la juzgadora es erróneo y sin fundamento; y, al observar la solicitud de registro de la nueva federación, se advierte que los promoventes en ningún momento solicitan ser reconocidos por el Estado y únicamente hacen valer la opción de registro de una nueva federación, razonamientos ambos que, aun cuando fueran hechos valer por los quejosos, nunca merecieron por parte de la a quo atención alguna, lo que incrementa el grado de parcialidad de la juzgadora al momento de emitir la resolución que se combate. Ahora bien, respecto a la inconstitucionalidad señalada con referencia al artículo 84, resulta totalmente claro que tal precepto ningún perjuicio causa a los intereses de los quejosos, en virtud de que el hecho de que la FSTSE se rija por sus propios estatutos y por las disposiciones de la ley burocrática, tal previsión no afecta a nadie por ser una norma aplicable exclusivamente con carácter interno; más aún, proporciona un principio de seguridad jurídica a sus integrantes. Además de que es inexacto que el citado artículo 84 restrinja la libertad sindical o garantice la existencia de una sola federación, como erróneamente asevera la juzgadora; lo que se desprende de su simple lectura. Octavo. Parte de la sentencia que lo causa: (Transcrito con anterioridad en el agravio séptimo). La sentencia recurrida es ilegal, toda vez que viola en perjuicio de mi representada lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues la a quo no desestimó por infundados e inaplicables los argumentos de la parte quejosa, al pretender se decretara la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, apoyándose, para tal efecto, en disposiciones del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a las relaciones laborales de los trabajadores tutelados por el apartado A del artículo 123 constitucional, cuando sabemos que en el ámbito internacional existe también el Convenio 151 de la misma Organización Internacional del Trabajo, cuyos criterios resultan aplicables especialmente a las personas empleadas por la administración pública, que en la especie tendrían identidad respecto a los trabajadores regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional, el cual señala: ‘Parte I. Campo de aplicación y definiciones. Artículo 1o. El presente convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones más favorables de otros convenios internacionales del trabajo. Artículo 3o. A los efectos del presente convenio, la expresión «Organización de empleados públicos» designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos. Parte VI. Derechos civiles y políticos. Artículo 9o. Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones.’. Por otra parte, la recomendación 159 relativa al convenio antes expuesto establece: ‘1) En los países en que existan procedimientos para el reconocimiento de empleados públicos con miras a determinar las organizaciones a las que han de atribuirse derechos preferentes o exclusivos a los efectos previstos en las partes III, IV o V del convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, dicha determinación debería basarse en criterios objetivos y preestablecidos respecto del carácter representativo de esas organizaciones. 2) Los procedimientos a que se hace referencia en el subpárrafo (1), del presente párrafo deberán ser de tal naturaleza que no estimulen la proliferación de organizaciones que cubran las mismas categorías de empleados públicos. 2. (1) En caso de negociación de las condiciones de empleo de conformidad con la parte IV del convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, las personas u órganos competentes para negociar en nombre de la autoridad pública, y los procedimientos para poner en práctica las condiciones de empleo convenidas, deberán preverse en la legislación nacional o por otros medios apropiados. 2) En el caso de que existan métodos distintos de la negociación para permitir a los representantes de los empleados públicos participar en la fijación de las condiciones de empleo, el procedimiento para asegurar esa participación y para determinar de manera definitiva tales condiciones debería preverse mediante la legislación nacional o por otros medios apropiados. 3. Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y una organización de empleados públicos, de conformidad con el párrafo dos, subpárrafo 1, de la presente recomendación, normalmente deberá especificarse su periodo de vigencia o el procedimiento para su terminación, renovación o revisión, o ambas cosas.’. Cabe destacar que aunado al convenio y recomendación antes citados, y con el propósito de entendimiento del criterio que sustentamos respecto a que es procedente que el Estado defina y decida a quién debe reconocer a efecto de establecer una negociación colectiva, se aprecia importante aludir al convenio sobre el fomento de la negociación colectiva adoptado por la Organización Internacional del Trabajo e identificado con el número 154, cuyos preceptos más importantes para nuestro propósito establecen: ‘Artículo 1o. (3). En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación a este convenio.’. Como podemos advertir, el Convenio 151 de la OIT a que hemos hecho alusión, así como a la recomendación 159 relativa al citado convenio, si bien es cierto no han sido ratificados por el Gobierno Mexicano, se refieren a la forma en que deberán regularse las relaciones entre empleados públicos y el Estado-patrón; por lo que es de concluirse que si el derecho internacional hace distinción para el tratamiento de empleados sujetos a regímenes jurídicos diferentes, como son los empleados de la iniciativa privada respecto de los empleados de la administración pública, y por tal razón se han emitido dos diversos convenios, como son el 87 y el 151, resulta incuestionable que la a quo debió apegarse a criterios relativos a empleados de la administración pública, cuidando que la aplicación de un tratado internacional sea congruente con las normas constitucionales vigentes, puesto que es de explorado derecho que el artículo 123 de la Constitución cuenta con dos apartados, el A y el B, precisamente para separar sus respectivos ámbitos de aplicación. Por otra parte, la a quo confunde a la libertad de libre sindicación de los trabajadores para pertenecer al sindicato de su preferencia, con la integración de una federación de sindicatos, que sin haber cumplido ni con las formalidades y condiciones de su propia convocatoria de constitución, como tampoco con los requisitos que al efecto establece supletoriamente la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 366 y 384, en relación con el 364, que a la letra dice: ‘los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo ...’, estando atentos a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pretende lograr su registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con la complacencia de la a quo, que para tal efecto les aplica por analogía una tesis jurisprudencial que no corresponde. En otro orden de ideas, resulta incongruente que la a quo efectúe, en la especie, la aplicación por analogía de una tesis aislada que, con base en los artículos 193 y 194 de la Ley de Amparo, no se considera jurisprudencia, por tal motivo no se convierte en norma obligatoria para los tribunales jurisdiccionales, cuyo rubro es: ‘SINDICACIÓN ÚNICA LAS LEYES O ESTATUTOS QUE LA PREVÉN, VIOLAN LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL.’, debido a que tal tesis aislada no constituye el efecto genérico que pudiera dársele a una verdadera jurisprudencia y, por tanto, el pretender compararla y aplicarla como una norma cuya jerarquía se asimila a un tratado internacional, resulta totalmente incoherente. Al haberse demostrado plenamente los equívocos en que incurrió la a quo, al realizar un análisis con aseveraciones gratuitas, dogmáticas y sin sustento legal, es evidente la ilegalidad de la sentencia recurrida y, por ende, procede se revoque la misma y se sobresea en el juicio de garantías de mérito."
El C. Arturo Chávez Chávez, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en ausencia del secretario de Gobernación, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, autoridad responsable en el juicio de amparo, hizo valer los siguientes agravios:
"Único. Lo causa la resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión, al infringir lo dispuesto en el artículo 78, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el propio 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante la inobservancia y, en consecuencia, la falta de apreciación de estos últimos. En efecto, la resolución que se recurre, en el considerando quinto, en relación con el resolutivo segundo, determinó lo siguiente: ‘Quinto. ...’ (transcrito con anterioridad, página 56). Lo anterior causa agravio a esta autoridad, toda vez que la Juez de Distrito no tomó en consideración de manera legal, las pruebas que justifican la constitucionalidad de los preceptos reclamados, de manera particular, el texto de los artículos 78 y 84 de la ley controvertida. Para la mejor comprensión del presente agravio, se hace necesario recordar que la autoridad judicial sólo consideró que los preceptos legales en estudio vulneran lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucional que, en lo conducente dispone: (se transcribe). De lo transcrito se desprenden los elementos esenciales siguientes: a) El Constituyente estableció como premisa fundamental para que el Congreso de la Unión expida leyes sobre el trabajo, la obligación de que no se contravengan las bases previstas en el propio artículo 123 constitucional. Luego entonces, a contrario sensu, todo aquello que no contravenga tales bases puede ser contenido en las leyes sobre el trabajo. b) De acuerdo con la fracción X del apartado B del artículo 123 constitucional, que es el único precepto legal que la Juez de amparo considera vulnerado, los trabajadores gozan, entre otros, del derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. En este orden de ideas, si un precepto legal en materia de trabajo no se opone al derecho de asociación para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores conforme a la Constitución, no puede tacharse de inconstitucional. En la sentencia sujeta a revisión, dice la a quo que la garantía social contenida en el artículo 123 constitucional se ve restringida con los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, el hecho de que el legislador haya previsto en congruencia con el precepto constitucional el principio de asociación, no se traduce en la violación a tal derecho. Al efecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado de definir la forma en que ese derecho puede ejercerse, de tal manera que debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: A) Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo, B) Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno, y C) La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Si alguna ley o acto de autoridad restringe esos principios, es evidente que se estaría en la presencia de una violación constitucional. Contrario a ello, en ningún momento se impide a los trabajadores que se asocien, no se asocien o dejen de pertenecer a una asociación; en el caso en particular, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. En este sentido, es oportuno consultar la tesis jurisprudencial visible en la página 117 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, Pleno, Novena Época, intitulada: ‘SINDICACIÓN ÚNICA. EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, APARTADO B, FRACCIÓN X.’. De igual manera, es de citarse la jurisprudencia P./J. 28/95, página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, octubre de 1995, Pleno, Novena Época, cuyo texto indica: ‘CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACIÓN OBLIGATORIA. EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 9o. CONSTITUCIONAL. La libertad de asociación consagrada por el artículo 9o. constitucional es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de la de sus asociados. Tal derecho es violado por el artículo 5o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, al imponer a los comerciantes e industriales cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea de dos mil quinientos pesos en adelante, la obligación de inscribirse en la cámara correspondiente en el curso del mes siguiente a la iniciación de sus actividades o dentro del mes de enero de cada año, advertidos de que, de no hacerlo, se les sancionará con una multa que en caso de reincidencia será duplicada y que no les liberará del cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, si la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. de la Constitución es un derecho de los gobernados, la esfera de protección derivada de la garantía constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1o. Derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente; 2o. Derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y 3o. Derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el particular se asocie; no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, ni, tampoco, podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el artículo 5o. de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria al imponer la obligación a los comerciantes e industriales a afiliarse a la cámara correspondiente, viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9o. constitucional.’. A mayor abundamiento, le corresponde al legislador establecer límites al ejercicio de tal derecho de asociación, pues tal principio no trastoca esa garantía y, desde luego, el legislador cuenta con la posibilidad de proporcionar normas generales, abstractas e impersonales, que proporcionen a los sindicatos las bases fundamentales para su vida interna. Lo anterior no se traduce en una interpretación rígida y limitada del artículo 123 de la Carta Magna, por el contrario, esta se interpreta en sus términos, y si en el caso dice que las leyes del trabajo no podrán contravenir las bases del artículo 123 constitucional, es de insistirse que si éstas no se contravienen, no hay tal trastocamiento a ninguna garantía social. En otro apartado de la sentencia, dice la Juez de amparo que se viola lo establecido en el ‘... Convenio número ochenta y siete relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho sindical adoptado el nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo en San Francisco, California y adoptado y ratificado por México ...’. Mencionando particularmente la violación a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de dicho convenio, en virtud de que los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prohíben el derecho de asociación. En ese sentido, es de advertirse que a la quejosa no se le está impidiendo o prohibiendo el derecho de asociarse, bajo los términos establecidos en los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y tampoco está impidiendo que ejerciten su derecho sindical de asociarse en los términos establecidos en el Convenio Internacional Número 87, pues en ningún sentido el legislador hace prohibición manifiesta de que no pueden los sindicatos asociarse en una federación, ni tampoco les obliga a adherirse a una federación ni les exige permanecer en ella. Así también, a pesar de que, efectivamente, debe garantizarse todo derecho constitucional que asista a los trabajadores, no debe pasarse inadvertido que es el texto del propio artículo 123 constitucional el que dispone en su segundo párrafo la facultad de expedir leyes sobre el trabajo sin contravenir a las bases enumeradas en el texto mismo de la Constitución General de la República. Así, es de entenderse que el legislador tiene la facultad constitucional de plasmar en ley las normas, términos, condiciones, supuestos y todas las demás hipótesis que deben regir en materia laboral, sin contravenir a la Constitución y en las que, por supuesto, se debe encontrar necesariamente la forma en que los trabajadores ejercen sus libertades laborales, como lo es la de asociación."
CUARTO. Analizadas que fueron por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito las causas de improcedencia hechas valer en el juicio de garantías, se examina, a continuación, el fondo del asunto.
Para una mayor claridad de exposición, resulta necesario sintetizar los argumentos contenidos en los conceptos de violación que han sido transcritos.
La quejosa impugnó la inconstitucionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aduciendo las siguientes razones:
• Que la fracción X del artículo 123, apartado "B", de la Constitución, no limita el derecho de asociación, tanto para la formación de sindicatos como para la constitución de federaciones y confederaciones que, por ello, el hecho de que el artículo 78 de la legislación burocrática determine que la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado es la única central reconocida por el Estado es incongruente con el mandato constitucional.
• Que en su caso análogo en relación con el artículo 68 del mismo ordenamiento legal, en el que se determina que sólo habrá un sindicato por cada dependencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó establecer jurisprudencia en el sentido de que dicho numeral viola la garantía social de libre sindicación y que la misma regla es apreciable en el caso de la formación de varias federaciones de sindicatos.
• Que los preceptos legales violentan además el Convenio Número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación.
• Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el orden normativo previsto en el artículo 133 constitucional implica que, en primer lugar, después de la Constitución deben considerarse los tratados internacionales aprobados por México y ratificados por el Senado, a través de la jurisprudencia de rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LA LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."; por lo que en relación con la libertad sindical no solamente debe estarse a lo previsto en la legislación burocrática, sino sobre todo a lo ordenado en el citado convenio.
• Que, por tanto, siendo el convenio internacional una norma jerárquicamente superior a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no puede anteponerse lo previsto en el artículo 78 del citado ordenamiento.
• Que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha señalado en diversas ocasiones que tanto la sindicación única como la existencia de una sola federación violan el Convenio 87.
Sobre tales argumentos, la Juez de Distrito en la sentencia recurrida sostuvo esencialmente:
1. El artículo 123, apartado "B", fracción X, de la Constitución General de la República determina: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra."
2. Por su parte, los artículos 78 y 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, disponen: "Artículo 78. Los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado.". "Artículo 84. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se regirá por sus estatutos y, en lo conducente, por las disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta ley. En ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la federación."
3. Del convenio número ochenta y siete, relativo a la libertad sindical y a la aprobación al derecho sindical adoptado el nueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, y adoptado y ratificado por México, según publicación emitida en el Diario Oficial de la Federación el lunes seis de octubre de mil novecientos cincuenta, de los numerales 1 al 8 se advierte lo siguiente:
"Artículo 1.
"Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a poner en práctica las disposiciones siguientes."
"Artículo 2.
"Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir organizaciones de su elección así como el afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de conformarse a los estatutos de las mismas."
"Artículo 3.
"1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción.
"2. Las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a impedir su ejercicio legal."
"Artículo 4.
"Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspenso por vía administrativa."
"Artículo 5.
"Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas, y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores."
"Artículo 6.
"Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio se aplican a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores."
"Artículo 7.
"La adquisición de la personalidad jurídica, por las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar subordinada a condiciones de naturaleza tal que limiten la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este convenio."
"Artículo 8.
"1. En el ejercicio de los derechos establecidos en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas, están obligados lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad.
"2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de manera que menoscabe las garantías previstas en el presente convenio."
4. Finalmente, debe transcribirse, al efecto, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18800-108cb400/libertad-sindical-los-articulos-78-y-84-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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