DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. LAS AUTORIDADES ESTATALES SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 448/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 30 DE JUNIO DE 2011. MAYORÍA DE SEIS VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: BEATRIZ J. JAIMES RAMOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de junio de dos mil once.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil diez, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por dicho tribunal, al resolver el conflicto competencial número 15/2010, con el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial número 13/2010.
SEGUNDO. Por auto de veintisiete de enero de dos mil once, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada, requiriendo al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito enviara el asunto en donde se emitió la resolución de la que derivó el criterio en contradicción, así como aquellos en los que se hubiera sostenido un criterio similar o, en su defecto, copias certificadas de las ejecutorias relativas, así como los disquetes en los que se contuviera la información respectiva.
TERCERO. Mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil once, el presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal tuvo por cumplido el requerimiento ordenado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; al respecto, dicho órgano remitió copias certificadas de la ejecutoria que participa en la presente contradicción y señaló que el mismo criterio ha sido sostenido en los diversos conflictos competenciales 15/2010, 16/2010, 17/2010, 19/2010, 24/2010, 27/2010, 28/2010, 30/2010, 2/2011 y 4/2011, de los cuales envió disquete en el que se contienen dichos criterios.
Estando integrada la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, con fundamento en los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se dio vista al titular de la Procuraduría General de la República para que manifestara su parecer, de estimarlo conveniente, turnando el expediente a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para su resolución.
Toda vez que del análisis de las constancias que obran en autos se advierte que el presente asunto reviste características de importancia y trascendencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto tercero, fracción VI, del Acuerdo 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, la señora Ministra ponente solicitó se remitiera al Tribunal Pleno, con fecha cuatro de mayo de dos mil once.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo establecido en el artículo tercero, fracción VII, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, que reviste características de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo que, en su parte conducente, establece lo siguiente:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer."
TERCERO. El artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que en la denuncia de contradicción de tesis el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
En la especie, el plazo de los treinta días para que el procurador general de la República emita su parecer en relación con la contradicción en estudio comenzó a correr del tres de marzo al catorce de abril de dos mil once, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, y dos, tres, nueve y diez de abril de dos mil once, por ser sábados y domingos, respectivamente y, en consecuencia, inhábiles en términos del primer párrafo del artículo 23 de la Ley de Amparo; así como el día veintiuno de marzo de dos mil once, con fundamento en el punto primero, inciso c), del Acuerdo Número 2/2006, del Pleno de este Alto Tribunal Constitucional, de treinta de enero de dos mil seis.
Ahora bien, el agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio DGC/DCC/418/2011, formuló pedimento en el sentido de que sí existe contradicción de tesis y que debe prevalecer el criterio consistente en que la omisión de las Legislaturas Locales en adecuar sus respectivas leyes, no se traduce en una causal de incompetencia para que los Jueces del Fuero Común conozcan de los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y que la vacatio legis para realizar las adecuaciones a las legislaciones, en cumplimiento al artículo 474 de la Ley General de Salud, feneció el veinte de agosto de dos mil diez.
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en sesión del cinco de noviembre de dos mil diez, por unanimidad de votos, resolvió el conflicto competencial número 13/2010, al tenor de las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Previamente a dilucidar el presente conflicto competencial es pertinente destacar que las cuestiones de competencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados y los demás Estados, y que cuando tales cuestiones son entre autoridades judiciales se traducen en un reflejo de los atributos de decisión e imperio de que están investidas, se estima que, en la medida de lo posible, no debe existir tardanza en establecer a qué juzgador le corresponde el conocimiento.
"En adición a lo anterior, es conveniente resaltar que en el presente asunto no se siguieron las formas previstas por los artículos 431 y 433 del Código Federal de Procedimientos Penales, para el planteamiento del conflicto competencial, toda vez que el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, una vez que recibió los autos por parte de la Juez de Control Penal del Distrito Judicial de Toluca, México, en los que declinó la competencia en su favor, determinó no aceptar la competencia planteada, pero, en lugar de regresar los autos a la Juez del orden común, para que ésta a su vez, decidiera si insistía o no en plantear su incompetencia, en forma incorrecta, remitió directamente los autos a este Tribunal Colegiado para la resolución del conflicto competencial entre ambas autoridades; no obstante lo anterior, y en aras de no producir una demora en la resolución del asunto, en perjuicio del interés general, y tomando en consideración que la decisión de determinar qué juzgador debe conocer de la causa penal, solamente deberá emitirse en casos, como el que se resuelve, en que con los elementos que obran en el expediente se puede establecer la competencia en determinado juzgador, de no ser así se ocasionaría el efecto contrario al que se pretende, es decir, en lugar de cuidar el orden público y de lograr prontitud en la administración de justicia, se ocasionaría un mayor retraso en la solución del asunto; consecuentemente, este Tribunal Colegiado se avoca al estudio del asunto con objeto de determinar en cuál de las autoridades jurisdiccionales contendientes radica la competencia, para conocer de la causa penal seguida en contra de **********.
"Tiene aplicación en lo conducente la tesis jurisprudencial número 1a./J. 3/2000, visible en la página ciento diecinueve de la Novena Época, Primera Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"‘COMPETENCIA PENAL. AUN CUANDO NO SE HUBIERE PLANTEADO CORRECTAMENTE, PROCEDE RESOLVERLA. Las cuestiones de competencia son de interés general, se rigen por el derecho público que reglamente el orden general del Estado en sus relaciones con los gobernados, los demás Estados y aun cuando son entre autoridades judiciales se traduce en un reflejo de los atributos de decisión e imperio de que están investidas, por lo que no debe existir tardanza en establecer en qué fuero radica o a qué juzgador corresponde el conocimiento de determinada causa penal. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la decisión de declarar la inexistencia del conflicto competencial, cuando alguna autoridad judicial no se pronunció sobre si es o no competente para conocer de una causa penal, o de ordenar la reposición del procedimiento, cuando no se siguieron las formas previstas para el planteamiento del conflicto produciría demora injustificada en perjuicio del interés general, del ofendido y del probable responsable, tal criterio debe aplicarse en los casos en que obran en el expediente los elementos suficientes para dictar la resolución correspondientes y no hubiere duda para establecer el fuero en que radica la competencia, así como al órgano juzgador que corresponda su conocimiento, atendiendo a las reglas respectivas; en cambio, no es aplicable ese criterio en aquellos procesos penales en que exista duda sobre la determinación de la competencia, ya que ocasionaría el efecto contrario al que se pretende, porque retardaría la decisión que debe emitirse sobre el particular.’
"Precisado lo anterior, debe decirse que se estima que es legalmente competente para conocer de la causa penal que dio origen a este conflicto competencial, al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, por las consideraciones que enseguida se expresarán:
"En este orden, debe destacarse que, la lectura de los considerandos que anteceden, permite advertir que sí existe un conflicto competencial, habida cuenta que la Juez de Control Penal del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, una vez dictado el auto de vinculación al proceso en la causa penal **********, en contra de **********, por el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión por comercio del narcótico denominado cocaína, previsto en el artículo 473, fracciones I y VI, de la Ley General de Salud y sancionado por el 476, en relación con el 479 de la ley en cita, renglón cuarto de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, declinó competencia legal correspondiendo al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien por las razones previamente transcritas no aceptó la competencia planteada.
"Expuesto lo anterior, y para resolver este conflicto competencial se hace necesario transcribir el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve; en lo particular, el capítulo VII, adicionado a la mencionada ley de salud, denominado ‘Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.’
"‘El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo primero. Se reforma la fracción XXIII del artículo 3; el párrafo primero del artículo 192; y se adiciona un apartado C al artículo 13, un párrafo segundo al artículo 191, los párrafos segundo, tercero y cuarto con dos fracciones al artículo 192; el artículo 192 Bis; el artículo 192 Ter; el artículo 192 Quáter; el artículo 192 Quintus; el artículo 192 Sextus; el artículo 193 Bis; un párrafo segundo al artículo 204; un capítulo VII denominado «Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo» al título décimo octavo; los artículos 473 a 482, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue
"‘Capítulo VII. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo
"‘Artículo 473. Para los efectos de este capítulo se entenderá por:
"‘I. Comercio: la venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico;
"‘II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de esta ley;
"‘III. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes o psicotrópicos;
"‘IV. Consumidor: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que no presente signos ni síntomas de dependencia;
"‘V. Narcóticos: los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen esta ley, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia;
"‘VI. Posesión: la tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción y disponibilidad de la persona;
"‘VII. Suministro: la transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de la tenencia de narcóticos, y
"‘VIII. Tabla: la relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato prevista en el artículo 479 de esta ley.’
"‘Artículo 474. Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo, cuando los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, siempre y cuando la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no existan elementos suficientes para presumir delincuencia organizada.
"‘Las autoridades federales conocerán de los delitos en cualquiera de los casos siguientes:
"‘I. En los casos de delincuencia organizada.
"‘II. La cantidad del narcótico sea igual o mayor a la referida en el primer párrafo de este artículo.
"‘III. El narcótico no esté contemplado en la tabla.
"‘IV. Independientemente de la cantidad del narcótico el Ministerio Público de la Federación:
"‘a) Prevenga en el conocimiento del asunto, o
"‘b) Solicite al Ministerio Público del fuero común la remisión de la investigación.
"‘La autoridad federal conocerá de los casos previstos en las fracciones II y III anteriores, de conformidad con el Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables. En los casos de la fracción IV de este artículo se aplicará este capítulo y demás disposiciones aplicables.
"‘Para efecto de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción IV anterior, bastará con que el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente. Las diligencias desahogadas hasta ese momento por las autoridades de las entidades federativas gozarán de plena validez.
"‘En la instrumentación y ejecución de los operativos policíacos que se realicen para cumplir con dichas obligaciones las autoridades se coordinarán en los términos que establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables.
"‘El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a las autoridades de seguridad pública de las entidades federativas, le remitan informes relativos a la investigación de los delitos a que se refiere este capítulo.
"‘El Ministerio Público de las entidades federativas deberá informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación del inicio de las averiguaciones previas, a efecto de que éste cuente con los elementos necesarios para, en su caso, solicitar la remisión de la investigación en términos de la fracción IV inciso b) de este artículo.
"‘En los casos a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, el Ministerio Público del fuero común podrá practicar las diligencias de averiguación previa que correspondan y remitirá al Ministerio Público de la Federación, dentro de los tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione.
"‘Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas a la retención ministerial por flagrancia.
"‘Cuando el Ministerio Público de la Federación conozca de los delitos previstos en este capítulo podrá remitir al Ministerio Público de las entidades federativas la investigación para los efectos del primer párrafo de este artículo, siempre que los narcóticos objeto de los mismos estén previstos en la tabla, la cantidad de que se trate sea inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla y no se trate de casos de la delincuencia organizada.
"‘Si de las constancias del procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, remitirá el expediente al Ministerio Público de la Federación o al Juez Federal que corresponda, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente gozarán de plena validez.’
"‘Artículo 475. Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla.
"‘Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.
"‘Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, cuando:
"‘I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta;
"‘II. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o
"‘III. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial.’
"‘Artículo 476. Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.’
"‘Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente.
"‘No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.’
"‘Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.
"‘El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos.’
"‘Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:
Ver listado 1
"‘Artículo 480. Los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas, salvo en los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, en los cuales se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.’
"‘Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.
"‘En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.
"‘Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.’
"‘Artículo 482. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento que el propietario, poseedor, arrendatario o usufructuario de un establecimiento de cualquier naturaleza lo empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en el presente capítulo o que permitiere su realización por terceros, informará a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice la clausura del establecimiento, sin perjuicio de las sanciones que resulten por la aplicación de los ordenamientos correspondientes.
"‘Lo mismo se observará respecto de los delitos de comercio, suministro y posesión de narcóticos previstos en los artículos 194, fracción I, 195 y 195 Bis del Código Penal Federal ...’
"Del texto anteriormente reproducido se advierte, en síntesis, que en la Ley General de Salud el legislador incorporó como tipo penal el del narcomenudeo, pero lo más trascendental en concepto de este órgano colegiado fue la implementación de una competencia concurrente entre autoridades de las entidades federativas y de la Federación en la procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones respecto del aludido ilícito, pues así se aprecia entre otros del artículo 474 de la ley especial citada líneas precedentes, el cual dispone que: ‘Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad a que se refiere este capítulo ...’.
"No obstante dicha competencia concurrente, no se puede soslayar para efecto de resolver este conflicto, el artículo transitorio primero del mencionado decreto, el cual dispone:
"‘...Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"‘Para efecto de lo dispuesto en el artículo 474 de la Ley General de Salud, las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.
"‘La Federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.’
"En concepto de este Tribunal Colegiado, se hace necesario desentrañar el sentido de los términos que el legislador invocó en la mencionada vacatio legis como ‘... las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda. La Federación y las entidades federativas contarán con el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo ...’.
"De tal suerte que, el legislador implementó un plazo de no aplicación del mencionado decreto de reformas de veinte de agosto de dos mil nueve, por lo que ve a lo dispuesto en el invocado artículo 474 y que abarca desde la publicación hasta aquel en que comienza a entrar en vigor, es decir, en ese decreto se estableció de manera categórica una vacatio legis para dos fines específicos, a saber:
"a) Un año a partir de la entrada en vigor del decreto mencionado, para las Legislaturas Locales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para realizar las adecuaciones a la legislación que corresponda.
"b) Tres años que inician a la entrada en vigor del decreto para la Federación y entidades federativas para realizar las acciones necesarias, según sea el caso, a fin de dar el debido cumplimiento a las atribuciones contenidas en el mismo.
"Por ende, los conceptos invocados en los incisos anteriores, obligan a este Tribunal Colegiado a hacer un pronunciamiento basado en el argumento teleológico, de ahí que se haga necesario transcribir parte de la exposición de motivos que dio origen a las reformas invocadas:
"‘Cámara de Origen: Senadores. Exposición de motivos. México, D.F., a 2 de octubre de 2008. 1. Iniciativa del Ejecutivo. Secretaría de Gobernación. Oficio con el que remite iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. «2008, Año de la Educación Física y el Deporte». Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Enlace Legislativo. Oficio No. SEL/300/4067/08. México, D.F., a 30 de septiembre de 2008. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. Presentes. Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de decre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23184-b2a6a1c4/delitos-contra-la-salud-en-su-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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