DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, CONSTITUYE EL FUNDAMENTO LEGAL PARA DELIMITAR LA COMPETENCIA CONCURRENTE A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EL DISTRITO FEDERAL, PARA CONOCER DE AQUÉLLOS. DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, AL EJERCER LAS FACULTADES DISCRECIONALES QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ES QUIEN DEBE DETERMINAR SI EL ASUNTO RESPECTIVO RESULTA DE COMPETENCIA LOCAL O FEDERAL. DELITOS CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. PARA QUE SE ACTUALICE LA COMPETENCIA EXCEPCIONAL A FAVOR DE LAS AUTORIDADES FEDERALES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 474, FRACCIÓN IV, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, ES INDISPENSABLE LA EXISTENCIA PREVIA DE UNA PETICIÓN EXPRESA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA Y EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: JOSÉ DÍAZ DE LEÓN CRUZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver las presentes denuncias de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de denuncias de contradicción de tesis suscitadas entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación de los denunciantes. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) en relación con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, tanto los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, así como el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, se encuentran facultados para tal efecto, al tratarse de órganos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) puesto que dicho criterio ya fue interrumpido.
Con base en ello, una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.
Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En ambos artículos, se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando ya sea en Pleno o en Salas (se reitera, acorde con la interpretación armónica del artículo tercero transitorio del decreto de reforma al artículo 107 constitucional). Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente la unificación de los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados o las Salas de la Corte, en su caso, llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.
Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, esto es, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio"; sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.
La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.
Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual se va creando el llamado derecho en acción.
La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.
Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.
Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no tanto en los resultados-, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.
El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, que respectivamente, a la letra establecen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’ Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(8)
Primer y segundo requisitos: Arbitrio judicial y ejercicio interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los órganos de control constitucional que participan en esta contradicción de tesis:
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 54/2011. En sesión de tres de febrero de dos mil doce, los Magistrados integrantes del citado órgano de control constitucional, por unanimidad de votos, determinaron lo siguiente:
"CUARTO. Este órgano colegiado estima, que quien resulta competente para conocer del asunto en cuestión, es la Juez Quinto de Primera Instancia Penal, del Distrito Judicial de Querétaro. Para mejor entendimiento de lo anterior, debe precisarse que dentro de los autos del expediente original 238/2011, remitido por la Juez Penal mencionada, se advierte glosado el original de la causa penal **********, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro, en el que aparece la averiguación previa número ********** y en la que obra el pliego de consignación con detenido, contenido en el oficio 6478/2011, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación ... Dentro de los autos de la averiguación previa referida, aparece la diversa indagatoria **********, en la que obra el auto de dieciséis de mayo de dos mil once, por el cual se acordó el inicio de esta última, y que se tuvo puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común ... como probable responsable de hechos, posiblemente, constitutivos del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. A fojas 23 a 27, aparece la determinación emitida por el agente del Ministerio Público del fuero común mencionado, de dieciséis de mayo de dos mil once, mediante la cual, calificó de legal la detención de la inculpada y decretó su retención, por un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas. Una vez ordenadas y practicadas diversas diligencias dentro de la averiguación previa mencionada **********, entre ellas, la declaración de la indiciada; por auto de diecisiete de mayo del año en curso, el agente del Ministerio Público del fuero común, determinó remitir las actuaciones al agente del Ministerio Público de la Federación, en virtud de que, según indicó, los hechos materia de la investigación actualizan el tipo penal del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, por lo cual ordenó dejar a disposición de este último a la inculpada, y le envió los objetos que conformaron la indagatoria, por lo que decretó la excarcelación de ésta, para ser trasladada a las instalaciones de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, con sede en esta ciudad, lo que hizo constar en el oficio 1334/2011. En virtud de ello, mediante oficio 6430/2011, el agente del Ministerio Público de la Federación, dio aviso a la delegada estatal de la Procuraduría General de la República en Querétaro, del inicio de la averiguación previa número **********. Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil once, el agente del Ministerio Público de la Federación referido, decretó la retención ministerial de la indiciada, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, y variante de posesión de narcóticos (cocaína), con la finalidad de comerciarlos, previsto y sancionado por el artículo 476, en relación con el 473, fracciones VI y VIII, y la cuarta línea horizontal de la tabla prevista en el diverso 479, todos de la Ley General de Salud. Realizadas las diligencias ministeriales respectivas, mediante resolución de dieciocho de mayo siguiente, el agente del Ministerio Público de la Federación mencionado, determinó procedente el ejercicio de la acción penal, por la probable responsabilidad de ... en la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de narcóticos (cocaína), con finalidad de comercializarlos, previsto y sancionado por los artículos 476, en relación con el 473, fracciones VI y VIII, y la cuarta línea horizontal de la tabla prevista en el diverso 479, todos de la Ley General de Salud. Esta última averiguación previa, fue radicada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Querétaro, quien una vez que resolvió la situación jurídica de la inculpada, el 20 de mayo de 2011, por auto de siete de octubre posterior, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo cual, lo remitió a través del fiscal federal, al Juez de Primera Instancia Penal en turno de esta ciudad, tocando conocer del mismo, a la Juez Quinto Penal de este Distrito Judicial, quien en proveído de veintiocho del mismo mes y año, estableció que no admitía la competencia de mérito y, en virtud de ello, planteó conflicto competencial ante los Tribunales Colegiados de este circuito, mismo que corresponde resolver, a este órgano jurisdiccional. ... Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que, en el caso, como se adelantó, es competente, legalmente, para conocer de la indagatoria **********, instruida en contra de ... la Juez Quinto de Primera Instancia Penal, residente en esta ciudad del Estado de Querétaro. Lo anterior, se afirma, porque como ha quedado precisado, el agente del Ministerio Público de la Federación, consignó la averiguación previa anteriormente referida al Juez Federal, por la probable participación de ... en la realización del delito de contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de narcóticos (cocaína), con la finalidad de comercializarlos, previsto y sancionado por el artículo 476, en relación a la cuarta línea horizontal de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal, prevista en el numeral 479, igualmente, relacionado con el numeral 473, fracciones VI y VIII, de la Ley General de Salud; sin embargo, la autoridad federal decidió carecer de competencia legal para conocer de la misma y la declinó a la local, la cual tampoco la admitió. En tal virtud, para esclarecer el problema de competencia en estudio, primeramente, es preciso transcribir el contenido de los numerales, anteriormente invocados y otros diversos de aplicación al caso, que están ubicados en el capítulo VII del título décimo octavo de la Ley General de Salud, denominado delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, que es el siguiente: (se transcriben artículos). En la especie, el agente del Ministerio Público de la Federación, al ejercer acción penal, ubicó la droga afecta a la causa, en la cuarta línea horizontal del numeral 479 de la Ley General de Salud (cocaína 500 mg.); y señaló lo siguiente: ... De ello se colige que, evidentemente, la cantidad de cocaína objeto del delito, por la que consignó el representante social de la Federación, es inferior a la que resulta de multiplicar por mil, el monto de la prevista en la cuarta línea horizontal de la tabla establecida en el numeral 479 de la Ley General de Salud (500 mgrs x 1,000= 500,000 mgrs). Por ende, es inconcuso que el delito por el que consignó el representante social de la Federación, debe ser conocido por un impartidor de justicia de una entidad federativa, en este caso, por la Juez Quinto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por actualizarse el supuesto que al efecto regula, el párrafo primero del numeral 474 de la Ley General de Salud. No pasa inadvertido que, en la segunda parte de dicho numeral, se define en qué hipótesis corresponderá conocer de este tipo de asuntos, a las autoridades federales. Empero, en la especie, no se actualizan ninguna de las primeras tres fracciones relacionadas en ese apartado, del ordinal 474 de la Ley General de Salud, para que se estimara que debe conocer la autoridad federal, pues no está demostrado que se trate de un delito relativo a delincuencia organizada, ni que la cantidad de narcótico sea igual o mayor a la referida en el párrafo primero de ese numeral, además de que la droga está contemplada en la tabla respectiva (cocaína). Tampoco se actualiza lo establecido por la fracción IV del artículo en comento, porque el Ministerio Público de la Federación, contrario a lo sustentado por la Juez común, no previno en el conocimiento del asunto, ni le solicitó al del fuero común, la remisión de la investigación, como puede advertirse de los precedentes detallados en párrafos precedentes, de los que se advierte que fue el representante social de Querétaro, quien decidió remitirle los autos respectivos, sin solicitud de aquél. Aunado a lo anterior, también es preciso indicar, que sobre el tópico en estudio, el Máximo Tribunal del País ha definido, que el numeral 474 de la Ley General de Salud, es el vigente para determinar la competencia de las autoridades estatales impartidoras de justicia, para conocer y resolver los delitos previstos en el capítulo VII del título décimo octavo, de la Ley General de Salud, relativo a los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, pues así se advierte de la jurisprudencia número 34/2011, aprobada en sesión de primero de septiembre de 2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 5, cuyos rubro y texto establecen: ‘DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. LAS AUTORIDADES ESTATALES SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009).’ (se transcribe) ... En consecuencia, lo procedente es declarar que la Juez Quinto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro es el competente, legalmente, para conocer de la averiguación previa número **********, instruida en contra de ..."
Luego, de la simple lectura de la precitada ejecutoria, se advierte que el Tribunal Colegiado denunciante, se basó en las consideraciones jurídicas siguientes a fin de arribar al criterio interpretativo plasmado:
1) La legal competencia para seguir conociendo de la causa penal instruida en contra de un procesado por un delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión de cocaína con fines de comercio, previsto en la Ley General de Salud, correspondía a la autoridad jurisdiccional del fuero local, esto es, a la Juez Quinto de Primera Instancia Penal con residencia en el Estado de Querétaro.
2) Lo anterior resultó así, toda vez que el órgano de control constitucional de referencia consideró que la cantidad de cocaína objeto del delito fue inferior a la que resultó de multiplicar por mil el monto de la prevista en la cuarta línea horizontal de la tabla de orientación establecida en el numeral 479 de la Ley General de Salud. Por ende, al haberse actualizado el supuesto previsto en el párrafo primero del numeral 474 de la Ley General de Salud, determinó que la legal competencia recayó en la autoridad jurisdiccional local.
3) Sobre el particular, el aludido Tribunal Colegiado, de igual manera, argumentó que en la controversia sometida a su potestad decisora (conflicto competencial), no se actualizaron los supuestos de competencia federal previstos en el citado ordinal 474 de la Ley General de Salud, al no haberse acreditado que el delito, materia del proceso, estuviera relacionado con uno diverso de delincuencia organizada, ni que la cantidad del narcótico hubiera sido mayor a la prevista en la tabla de orientación de referencia; además de que el narcótico (cocaína), se encontraba expresamente contemplado en la tabla respectiva.
4) Sobre el particular, dicho tribunal tampoco estimó actualizado el supuesto de la fracción IV del artículo 474 de la legislación sanitaria en comento, toda vez que el Ministerio Público de la Federación no fue quien previno en el conocimiento de dicho asunto, sino que lo fue la autoridad ministerial local; amén de que esta última autoridad investigadora fue quien, sin mediar solicitud de su homólogo federal, determinó remitirle la investigación para la continuación de la misma.
5) Finalmente, el citado tribunal contendiente indicó a mayor abundamiento, que su determinación de delegación de competencia en favor de la autoridad jurisdiccional local, encontraba igualmente sustento en las consideraciones emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, el cual, al emitir la jurisprudencia 34/2011, de rubro: "DELITOS CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO. LAS AUTORIDADES ESTATALES SON COMPETENTES PARA CONOCER DE ELLOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 474 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009).", en la que se determinó que el numeral 474 de la vigente Ley General de Salud es la norma jurídica que establece las competencias entre las autoridades federales y estatales impartidoras de justicia, para conocer y resolver los delitos previstos en el capítulo VII del título décimo octavo de la Ley General de Salud, relativo a los delitos contra la salud en la variante de narcomenudeo.
En similares términos, el pluricitado Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito resolvió el diverso conflicto competencial 60/2011, mediante acuerdo correspondiente a la sesión de tres de febrero de dos mil doce.
II. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2011. Por su parte, el referido Tribunal Constitucional mediante acuerdo correspondiente a la sesión de seis de enero de dos mil doce, declaró inexistente el conflicto competencial que le fuera planteado (suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León y el Juzgado Colegiado en Materia de Narcomenudeo de ese mismo Estado), con base en las consideraciones lógico jurídicas siguientes:
"CUARTO. En razón de técnica jurídica, previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, precisa establecer si en el caso sujeto a estudio existe o no conflicto competencial por razón de fuero, pues sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio para determinar cuál de los Jueces contendientes deberá conocer del proceso penal **********, instruido en contra de ... Así las cosas, debe decirse que del examen de las constancias que integran la causa penal del mérito, se desprende que por oficio de dos de octubre de dos mil once, los elementos del Ejército Mexicano ... pusieron a disposición de la representación federal a ... ya que lo detuvieron por poseer narcóticos en un vehículo. En esa misma data, el agente del Ministerio Público de la Federación titular de la mesa dos adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, radicó la indagatoria **********, la cual integró y, el cuatro de octubre siguiente, mediante oficio 3424/2011, ejerció acción penal contra ... por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 476 de la Ley General de Salud. Oficio que se presentó a las quince horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de octubre de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, según se desprende del sello de recibido y de la certificación que elaboró el técnico de enlace administrativo de esa oficina. Pliego consignatario que se turnó al Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado quien, por auto del mismo cu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24483-98e99680/delitos-contra-la-salud-en-la-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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