RENTA. FUNCIÓN DE LOS ACREDITAMIENTOS EN LA MECÁNICA DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO PRESENTA CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
RENTA. FUNCIÓN DE LOS ACREDITAMIENTOS EN LA MECÁNICA DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO.
AMPARO EN REVISIÓN 284/2011. **********. 4 DE MAYO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ROGELIO ALBERTO MONTOYA RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo indirecto, en materia fiscal y administrativa por un Juez de Distrito, y su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Resulta innecesario pronunciarse respecto de la oportunidad del recurso de revisión interpuesto por la quejosa, toda vez que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del presente asunto se ocupó de ello, considerando que su presentación fue oportuna.
TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Debe tomarse en cuenta que, en el presente caso, el Juez de Distrito del conocimiento resolvió sobreseer en el juicio, y que el Tribunal Colegiado consideró procedente modificar la sentencia recurrida, levantando el sobreseimiento respecto del artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, dejando firme el sobreseimiento decretado únicamente con relación a los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la aplicación del artículo impugnado. Asimismo, el Tribunal Colegiado reservó jurisdicción a este Alto Tribunal respecto del tema de constitucionalidad pendiente de resolver.
Por lo tanto, corresponde a esta Sala estudiar los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, mismos que fueron omitidos en virtud del sentido de la sentencia del Juez de Distrito, a fin de dilucidar si es procedente otorgar o negar la protección constitucional a la empresa quejosa, en relación con los vicios de inconstitucionalidad atribuidos al artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, específicamente, por lo que se refiere a violaciones a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como al principio de proporcionalidad tributaria.
En relación con lo anterior, para efectos ilustrativos, a continuación se transcribe la disposición reclamada en el presente juicio de garantías, correspondiente al artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez:
"Artículo 22.
"...
"Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."(3)
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para una mejor comprensión del asunto conviene narrar los antecedentes que dieron origen al mismo:
I. Conceptos de violación: El promovente del amparo, respecto a los problemas de constitucionalidad del artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, argumentó en síntesis lo siguiente:
a) Que la norma reclamada atenta contra las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que le provoca incertidumbre respecto de sus derechos, al encontrarse vigente dicha norma de manera simultánea a otra disposición en sentido contrario, como lo es el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que lo anterior es así, porque la norma reclamada, en su cuarto párrafo, expresamente dispone la prohibición de acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio el crédito del impuesto empresarial a tasa única, producto de mayores deducciones que ingresos gravables, al establecer literalmente lo siguiente:
"Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."
Que por su parte, el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, que sigue vigente, a la letra dispone lo siguiente:
"El monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito. El monto del crédito fiscal que se hubiera acreditado contra el impuesto sobre la renta en los términos de este párrafo, ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única y la aplicación del mismo no dará derecho a devolución alguna."
Que resulta evidente que el inicio de la vigencia de la norma reclamada le causa un estado de incertidumbre jurídica, en clara contravención a la garantía de seguridad jurídica, pues ante la vigencia simultánea de dos normas contradictorias que resultan de aplicación obligatoria y que rigen un mismo supuesto legal, no puede tener la certeza de cuál es la norma a la que debe atender, sin que sea posible satisfacer ambas por tratarse de un imposible jurídico, al ser normas contrarias en esencia.
Que es a todas luces contradictorio y agravante de la incertidumbre jurídica causada por la norma reclamada el hecho de que una ley general, como es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, establezca disposiciones que regulan el acreditamiento del crédito del impuesto empresarial a tasa única de referencia, cuando existe una ley especial que crea y regula la propia contribución como lo es la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que carece de toda lógica el que una ley general invada la esfera de una ley especial, máxime cuando el supuesto sí está contemplado en la ley especial, esto es, no es necesario siquiera una aplicación supletoria de la ley.
Que es indubitable que el inicio de la vigencia de la norma reclamada le genera un estado de falta de certeza jurídica, puesto que para el gobernado carece de lógica alguna el hecho de que subsistan en el tiempo dos normas contradictorias y que, además, la norma que genera la contradicción se encuentre fuera de la ley especial que rige la materia, que en el presente caso corresponde a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
Que para corroborar la arbitrariedad de la norma reclamada, basta analizar las exposiciones de motivos de ambas leyes, para advertir las razones técnicas y jurídicas que dieron origen al derecho de acreditamiento de referencia; contra los motivos subjetivos e infundados, que arbitrariamente privaron a la quejosa del derecho de acreditamiento mediante la norma reclamada, máxime que el despojo del derecho de acreditamiento ocurre sin que previamente se hubiese actualizado una violación de la quejosa a ese derecho de acreditamiento, esto es, que la norma reclamada adolece de la debida fundamentación y motivación a que deben atender los actos legislativos.
b) Que la norma reclamada es un acto arbitrario que violenta en su perjuicio la garantía de legalidad y el principio de proporcionalidad tributaria, en clara contravención a lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna.
Que el artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, al prohibir a la quejosa la posibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única otorgado por el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, de manera arbitraria la despoja de un derecho legítimo, pues contraviene la naturaleza de gravamen mínimo que tiene el impuesto empresarial a tasa única respecto del diverso impuesto sobre la renta, obligándola a contribuir de una manera ajena a su capacidad contributiva.
Que la naturaleza del impuesto empresarial a tasa única es la de ser un gravamen mínimo respecto del impuesto sobre la renta, es decir, únicamente se deberá pagar por concepto de dicho impuesto el excedente entre éste y el primero, de lo que se colige que existe una intrínseca relación entre ambas contribuciones, pues la intención del legislador al darle vida jurídica, no fue establecer cargas adicionales a los contribuyentes, sino eliminar privilegios fiscales y combatir la evasión y elusión fiscal, que acontecía con relación al impuesto sobre la renta.
Que lo anterior se corrobora con el dictamen de primera lectura emitido por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con fecha trece de septiembre de dos mil siete; así como de la exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez.
Que el hecho de que mediante la norma reclamada se le prohíba reconocer el efecto en el ejercicio de mayores deducciones que ingresos gravables, deriva en una mayor carga tributaria o "sobre tasa" para la quejosa, pues en perjuicio de su capacidad contributiva, no se consideran las erogaciones efectuadas con el objeto de hacer posible la realización de los ingresos gravados del ejercicio, convirtiendo al impuesto empresarial a tasa única en una carga adicional para la quejosa, de ninguna manera neutral con relación al impuesto sobre la renta.
Que la norma reclamada, al imposibilitar acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única generado por mayores deducciones contraviene la naturaleza de impuesto mínimo de dicha contribución, en contravención a la garantía de legalidad y al principio de proporcionalidad tributaria, pues la naturaleza de la contribución se advierte claramente al tenor de los dispositivos legales que integran la ley especial respectiva, en particular por lo que hace a los artículos 1 y 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
c) Que la norma reclamada resulta inconstitucional al obligar a la quejosa a contribuir de manera ajena a su capacidad contributiva, toda vez que al prohibirle la posibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta, el crédito del impuesto empresarial a tasa única otorgado por el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no le permite reconocer el efecto de disminución de su patrimonio provocado por las erogaciones realizadas tendientes a la consecución de los ingresos gravados.
Que la imposibilidad de acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito de referencia, implica que se encuentre obligada a contribuir en el ejercicio, sin que se le reconozca el efecto negativo en su patrimonio del monto de sus inversiones realizadas en dicho periodo.
Que en ese sentido, el legislador pasó por alto que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y del impuesto empresarial a tasa única, al realizar inversiones tendientes a la consecución de los ingresos gravados, ve indefectiblemente disminuido su patrimonio, resultando desproporcional que no le sea reconocido dicho efecto en su carga tributaria en el mismo ejercicio, como acontece al tenor de la norma reclamada, pues de manera tácita, mediante la norma reclamada se le castiga a la quejosa por las inversiones realizadas, al obligarla a soportar en su patrimonio una carga tributaria con relación al impuesto sobre la renta, que desatiende su disminuida capacidad contributiva, pues soslaya el impacto real a los ingresos gravables de la demandante, en virtud de las inversiones efectuadas en el ejercicio.
Que por lo expuesto, la norma reclamada, al no permitir reconocer el efecto causado por un mayor monto de inversiones que de ingresos gravables en el ejercicio en que las mismas se llevan a cabo, implica que el impuesto empresarial a tasa única represente una sobre tasa con relación al impuesto sobre la renta, obligándola a contribuir de una manera desasociada a su capacidad contributiva.
Que es un hecho indubitable, el efecto desproporcional que fue tácitamente reconocido en la propia exposición de motivos que da origen a la norma reclamada, al señalar que el efecto de la disminución del patrimonio del contribuyente por montos importantes de inversiones se reconoce precisamente con la posibilidad del acreditamiento de referencia, otorgado por el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.
II. Consideraciones de la sentencia recurrida. En relación con el problema de constitucionalidad, el Juez de Distrito resolvió, en síntesis, lo siguiente:
• Que contrario a lo considerado por la parte promovente del amparo, el artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, tiene naturaleza de norma heteroaplicativa, supuesto en el que para su impugnación se requiere de un acto concreto de aplicación y que dicho acto afecte a la esfera jurídica de la parte quejosa.
• Que si la norma legal que controvierte la parte quejosa en el presente juicio de garantías establece la imposibilidad de acreditar el monto del crédito fiscal a que se refiere el ordinal 11, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, resulta evidente que se trata de una norma heteroaplicativa, ya que la actualización de la hipótesis normativa se verificará hasta que ocurran los siguientes supuestos: que en el ejercicio de dos mil diez se haya generado a favor de la parte quejosa el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 del ordenamiento indicado; que la promovente rinda la declaración correspondiente del impuesto sobre la renta y que con motivo del artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, se le impidió acreditar el aludido crédito fiscal respecto de dicho impuesto sobre la renta.
• Que, por tanto, si la prohibición contenida en el artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, está condicionada a diversos actos o situaciones jurídico-contables, resulta claro que la norma impugnada es de carácter heteroaplicativa, por ende, se requiere de un acto de aplicación que incida en la esfera jurídica de la parte quejosa.
• Que no es obstáculo que la quejosa impugne dicho precepto legal como norma autoaplicativa, al considerar que desde su entrada en vigor provoca la imposibilidad de acreditar el monto del crédito fiscal a que se refiere el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio, toda vez que la naturaleza de una norma jurídica, o sea, si es autoaplicativa o heteroaplicativa, deriva de su contenido y no así de la forma, momento o modo en que se impugna, es decir, no basta que un amparo contra leyes se promueva en virtud de que la disposición legal se considere autoaplicativa o con motivo de que se estima constituye su primer acto de aplicación, para identificar si la naturaleza de una norma impugnada se ubica como autoaplicativa o heteroaplicativa, sino que tal estudio, debe realizarse a partir de los rasgos distintivos de la individualización condicionada o incondicionada.
• Sobre esa premisa estimó fundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.
III. Agravios: La parte recurrente hace valer en su escrito de agravios los siguientes argumentos:
• Que el Juez Federal parte de un incorrecto análisis de los hechos y la materia del juicio que se le planteó, ya que determina improcedente la vía interpuesta en razón de que, a su parecer, la norma reclamada no le causaba perjuicio alguno por el sólo inicio de su vigencia, sin advertir que en virtud del inicio de su vigencia, se encuentra obligada a enterar el impuesto sobre la renta causado durante el ejercicio, sin acreditar el crédito fiscal aún previsto en su favor por el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, modificando, en consecuencia, su esfera de derechos y obligaciones, ello en clara transgresión de lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 22 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en lo que respecta a las garantías individuales de legalidad, seguridad jurídica, individualización y proporcionalidad de la pena, así como el principio de proporcionalidad tributaria que tutelan.
• Que se aborda el estudio de la demanda de garantías considerando que las normas impugnadas son de naturaleza heteroaplicativa y que, en tal virtud, la hoy recurrente no había acreditado la aplicación de las mismas en su perjuicio o la afectación que éstas le suponían; por lo que en ese sentido, es clara la ilegalidad de los razonamientos efectuados por el a quo, al haber sido emitidos a partir de un incorrecto análisis de su interés jurídico.
• Que en el caso a estudio, con la entrada en vigor de la norma reclamada, se afectó la esfera jurídica del gobernado, pues por disposición expresa de la ley, se encuentra obligada a enterar el impuesto causado durante el ejercicio, sin acreditar el crédito fiscal aún previsto en su favor por el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por lo que en ese sentido el perjuicio jurídico que sufre es incuestionable.
• Que tanto la obligación a cargo de los gobernados de enterar el impuesto causado sin acreditar el crédito fiscal aún previsto en su favor por el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, como la afectación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, individualización y proporcionalidad de la pena, así como el principio de proporcionalidad tributaria que la obligación de no hacer, derivan de la sola entrada en vigor de la norma reclamada, al incidir de manera directa e inmediata en la esfera jurídica del gobernado, sin que fuere presupuesto para ello la existencia de algún crédito fiscal en términos del numeral en cita, cuyo acreditado le fuere impedido en virtud de la norma reclamada, como erróneamente se argumenta en la resolución recurrida.
• Que en ningún momento se desprende que la pérdida del derecho de acreditamiento se encuentra condicionada a un hecho posterior, como lo sería el que se reconociera la existencia de un crédito fiscal en términos del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, cuyo acreditamiento se le impidiere en virtud de la norma reclamada, por lo que se puede afirmar que la privación del derecho de acreditamiento en virtud de la norma reclamada, acontece con la sola entrada en vigor de la misma, afectándose así de manera simultánea su esfera de derechos y obligaciones en materia del impuesto empresarial a tasa única, por lo que la misma es de naturaleza autoaplicativa.
• Que es de capital importancia hacer notar que las normas que regulan el impuesto en estudio ya fueron declaradas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como autoaplicativas, al considerar que regulan dicho tributo con su sola entrada en vigor y que crean, transforman o extinguen situaciones jurídicas que obligan a los contribuyentes a contribuir de determinada manera.
IV. Sentencia del Tribunal Colegiado: Las consideraciones que tomó en cuenta el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, para resolver en la forma que lo hizo, son sustancialmente las siguientes:
• Que los motivos de agravio expresados por la recurrente son fundados, al considerar que la causal de improcedencia invocada en el fallo combatido no se actualiza, dado que la simple entrada en vigor de la norma atacada no le permite acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito fiscal obtenido del impuesto empresarial a tasa única, en términos del tercer párrafo del artículo 11 de la ley de ese impuesto.
• Que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, sí estaba permitido que los contribuyentes acreditaran contra el impuesto sobre la renta, el crédito fiscal que resultara del impuesto empresarial a tasa única; sin embargo, derivado de las diversas razones expuestas por el Ejecutivo Federal, el Legislativo aprobó que se modificara dicha posibilidad, de tal forma que los contribuyentes para el ejercicio fiscal de dos mil diez ya no pueden hacer lo que antes sí podían hacer, esto es, acreditar el crédito fiscal del impuesto empresarial tasa única.
• Que los sujetos pasivos no están en la opción de decidir si aplican o no el cambio generado por la norma combatida en materia de acreditamiento del crédito fiscal de impuesto empresarial contra el impuesto sobre la renta, pues desde su entrada en vigor deben ajustarse a dicha modificación del sistema de tributación que les rige, resultando una situación distinta a la circunstancia de cuándo podrían efectuar la declaración definitiva de ese tipo de acreditamiento que actualmente la norma restringe pues, en su caso, se trataría de la hipótesis de si hubo un monto por tal clase de crédito fiscal al final de ejercicio, pero no por eso, que la modificación al sistema de tributación referida, en especial, la restricción de acreditamiento que deben observar los sujetos pasivos, estuviera supeditada a la declaración anual del tributo.
• Que, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, la afectación se genera de inmediato con la modificación introducida en el artículo tildado de inconstitucional, sin que sea relevante para determinar la naturaleza jurídica de la norma que las deducciones autorizadas por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única sean mayores a los ingresos gravados, ya que la modificación al acreditamiento del crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta nace con la sola vigencia de la norma y no con la declaración anual, esto es, se actualiza con la simple circunstancia de que el contribuyente se ubique en tales supuestos y, por ende, no se requiere de acto de aplicación alguno, sea del contribuyente o de las autoridades hacendarias, para que se individualice la disposición impugnada.
• Respecto a la revisión adhesiva, el Tribunal Colegiado determinó que los agravios propuestos en la misma resultan ineficaces, porque en los mismos se hace valer que los agravios de la revisión principal resultan inoperantes, cuestión que se consideró que no es materia de la revisión adhesiva, sino que corresponde a dicho tribunal determinarlo, mediante el estudio correspondiente.
• Finalmente, determinó que el estudio de constitucionalidad del artículo 22, tercer párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de dos mil diez, corresponde a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sobre el tema controvertido no existe jurisprudencia que lo defina o cinco precedentes emitidos en forma ininterrumpida y en el mismo sentido.
QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, tal y como se señaló en el tercer considerando de la presente ejecutoria, esta Sala se avoca al estudio de los argumentos hechos valer por la sociedad quejosa en su escrito de demanda.
1. En primer lugar, se procede al estudio de lo planteado en el primer concepto de violación, en el que se aduce principalmente lo siguiente:
Que el artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, atenta contra las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la quejosa, toda vez que le provoca incertidumbre respecto de sus derechos, al encontrarse vigente dicha norma reclamada de manera simultánea a otra disposición en sentido contrario, como lo es el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque la norma reclamada la despoja del derecho a acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única generado por mayores deducciones, no obstante que la ley de la materia, en específico el artículo 11 referido, le permite expresamente dicho acreditamiento.
Que resulta incongruente dicha contradicción entre normas, en donde la ley general disponga reglas contradictorias a las establecidas en la ley especial, pues carece de toda lógica el que una ley general invada la esfera de una norma especial, máxime cuando el supuesto sí está contemplado en la misma.
Que bajo el principio de "in dubio pro reo" y ante la incertidumbre de la norma a aplicar, debe prevalecer la obligación de aplicar la norma más benéfica al contribuyente, como lo es en el caso concreto, el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, toda vez que es la que le otorga a la quejosa mayores opciones de acreditamiento.
A juicio de esta Sala, el argumento toral de la sociedad quejosa resulta infundado.
Sobre el particular, cabe señalar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, reiteradamente, que los referidos principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos, en su expresión genérica, en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respetan por las autoridades legislativas, cuando las disposiciones de observancia general que crean, por una parte, generan certidumbre a los gobernados sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, por otra, tratándose de normas que confieren alguna facultad a una autoridad, acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la respectiva autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa, en atención a las normas a que debe sujetarse al ejercer dicha facultad.
Ahora, el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única establece en sus párrafos primero, segundo y tercero, lo siguiente:
"Artículo 11. Cuando el monto de las deducciones autorizadas por esta ley sea mayor a los ingresos gravados por la misma percibidos en el ejercicio, los contribuyentes tendrán derecho a un crédito fiscal por el monto que resulte de aplicar la tasa establecida en el artículo 1 de la misma a la diferencia entre las deducciones autorizadas por esta ley y los ingresos percibidos en el ejercicio.
"El crédito fiscal que se determine en los términos del párrafo anterior se podrá acreditar por el contribuyente contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio en los términos del artículo 8 de esta ley, así como contra los pagos provisionales en los términos del artículo 10 de la misma, en los diez ejercicios siguientes hasta agotarlo. Tratándose de contribuyentes que cuenten con concesión para la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público, el plazo será igual al de la concesión otorgada.
"El monto del crédito fiscal a que se refiere este artículo podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito. El monto del crédito fiscal que se hubiera acreditado contra el impuesto sobre la renta en los términos de este párrafo, ya no podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única y la aplicación del mismo no dará derecho a devolución alguna."
Entonces, conforme a los párrafos transcritos, cuando el monto de las deducciones autorizadas sea mayor que los ingresos gravados del ejercicio, los contribuyentes tendrán derecho a un crédito por el monto que resulte de aplicar la tasa del 16.5% (dieciséis punto cinco por ciento), 17% (diecisiete por ciento) y 17.5% (diecisiete punto cinco por ciento) en los años de dos mil ocho, dos mil nueve y a partir del dos mil diez, respectivamente, a la diferencia referida (párrafo primero).
Este crédito, debidamente actualizado, podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio -así como contra los pagos provisionales-, en los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo, o en el caso de contribuyentes que cuenten con concesiones para la explotación de bienes del dominio público, o la prestación de un servicio público, el plazo será igual al de la concesión otorgada (párrafo segundo).
El monto del crédito de referencia podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio, pero en este caso dicho crédito fiscal ya no podrá aplicarse contra el impuesto empresarial a tasa única y su aplicación no dará derecho a devolución (párrafo tercero).
Es conveniente significar que en la exposición de motivos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se estableció que la finalidad de establecer el crédito fiscal de que se trata, así como la posibilidad de acreditarlo contra el impuesto sobre la renta, radicó en fomentar la inversión en activos productivos y no posponer el beneficio que para una empresa representa realizar inversiones.
Expuesto lo anterior, es oportuno transcribir el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, a precisar:
"Artículo 22.
"...
"Para los efectos del artículo 11, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el monto del crédito fiscal a que se refiere dicho artículo no podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito."
Como se aprecia, el precepto legal transcrito y reclamado por la persona moral quejosa impide acreditar contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio de dos mil diez
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23196-6c9809ba/renta-funcion-de-los-acreditamientos-en-la-mecanica · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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