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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO PRESENTA CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 168/2012. · Registro digital (IUS): 24184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Pág. 365.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO PRESENTA CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

AMPARO EN REVISIÓN 168/2012. 11 DE ABRIL DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. IMPEDIDO: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HUGO ALBERTO MACÍAS BERAUD.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14 a 17, en relación con el 47, así como 37, parte final y 86, primer párrafo, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente; y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el recurso de revisión se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en materia administrativa, en el que se cuestionó la constitucionalidad de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de dos mil nueve, misma que entró en vigor el uno de enero de dos mil diez, particularmente por lo que hace al artículo 22, párrafo tercero, de dicha ley.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional, además de que existen precedentes aplicables de esta Sala para la solución del caso.

Además, se estima pertinente aclarar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que, en forma ordinaria, debe conocer esta Primera Sala, en términos de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el párrafo primero del artículo 86 del citado reglamento dispone que -al igual que los amparos directos en revisión- los amparos en revisión de la competencia originaria del Pleno que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros de ambas Salas, de manera que si el recurso que nos ocupa se turnó a un Ministro adscrito a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, esta Sala debe avocarse al mismo.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad con la que fue interpuesto el recurso de revisión de la quejosa, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que fue interpuesto en el término legalmente establecido.

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. Lo que procede es analizar si los agravios hechos valer son conducentes para variar la negativa de la protección constitucional que se determinó en la sentencia recurrida frente al precepto reclamado.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación, se sintetizan los argumentos atingentes a las cuestiones medulares planteadas en la controversia traída a revisión:

Se precisa que sólo se hará mención de los conceptos de violación, de las consideraciones de la sentencia recurrida, así como de los agravios que atañen a las cuestiones de constitucionalidad que subsistan en la presente instancia.

1. En la demanda de garantías los planteamientos formulados a través de los conceptos de violación que se hicieron valer, quedan sintetizados enseguida:

1.1. En el primer concepto de violación, la quejosa adujo que la norma reclamada le causa incertidumbre respecto de su carga tributaria, al contraponerse a lo dispuesto por el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, lo que afirmó es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

En efecto, sostuvo que la norma que reclamó la despoja del derecho a acreditar contra el impuesto sobre la renta el crédito del impuesto empresarial a tasa única generado por mayores deducciones, no obstante que la ley de la materia, en específico el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, le permite expresamente dicho acreditamiento, por lo cual ambas normas se contraponen en su sentido.

En ese tenor, adujo que lo dispuesto en la norma reclamada le causa incertidumbre jurídica, pues -afirmó- se está ante la vigencia simultánea de dos normas contradictorias que le resultan de aplicación obligatoria, y que rigen un mismo supuesto, por lo que no tiene certeza de cuál es la norma a la que debe atender, y que no es posible satisfacer ambas. Agregó que las normas deben permitir a los contribuyentes tener certeza de sus obligaciones y derechos, sin llegar al absurdo jurídico de que todo detalle se encuentre expresamente regulado en las normas.

Aunado a lo anterior, expuso que resulta contradictorio que una ley general, como lo es la Ley de Ingresos de la Federación, establezca disposiciones que regulan el acreditamiento del crédito del impuesto empresarial a tasa única, cuando existe una ley especial que crea y regula la propia contribución, pues ello contraviene el principio conforme al cual -sostuvo la quejosa- ante normas contradictorias debe subsistir la establecida en la ley especial.

Asimismo, estimó que la actuación de las responsables es contraria a la Constitución Federal, pues adujo que provoca que subsistan en el tiempo la vigencia de las dos normas contradictorias de referencia, cuando para la certidumbre jurídica de los gobernados existe la posibilidad de derogar normas, en lugar de permitir que normas contradictorias subsistan de manera simultánea.

En otro sentido, señaló que para la interpretación de la norma reclamada, resulta aplicable el principio in dubio pro reo, pues ante la incertidumbre de la norma a aplicar, debe prevalecer la norma que resulta más benéfica para el contribuyente.

La quejosa precisó que al existir dos normas vigentes, en sentidos contradictorios, y que no puede ser legalmente sancionada ante el incumplimiento de la norma prohibitiva, toda vez que existiría un conflicto de tipicidad de la infracción, debiendo aplicarse la norma más benéfica para el presunto infractor.

Finalmente, sostuvo que no se atiende al principio de legalidad tributaria, así como al mandamiento de aplicación estricta de las normas que imponen cargas fiscales, pues existen dos normas vigentes de la misma jerarquía, pero que resultan contradictorias entre sí.

Sobre el punto, sostuvo que no conoce a ciencia cierta los elementos esenciales que impactan de manera directa su carga tributaria, ya que el acto reclamado le provoca duda respecto de los términos en los cuales se encuentra obligado en relación con el impuesto empresarial a tasa única.

1.2. En el segundo concepto de violación, adujo que el precepto impugnado contraviene la naturaleza de gravamen mínimo que tiene el impuesto empresarial a tasa única, respecto del diverso impuesto sobre la renta, obligándola a contribuir de una manera ajena a su capacidad contributiva.

En efecto, estimó que la prohibición prevista en la norma reclamada deriva en una mayor carga tributaria o "sobre tasa", y que ello convierte al impuesto de mérito en una carga adicional que guarda una relación neutral con el impuesto sobre la renta.

En diverso sentido, adujo que la norma es desproporcional, pues no le permite reconocer el efecto de disminución de su patrimonio, provocado por las erogaciones realizadas tendentes a la consecución de los ingresos gravados.

Sobre el particular, estimó que el efecto desproporcional es un hecho indubitable y que, incluso, fue tácitamente reconocido en la exposición de motivos que dio origen a la norma reclamada, al señalar que el efecto de la disminución del patrimonio del contribuyente, por montos importantes de inversiones, se reconoce, precisamente, con la posibilidad del acreditamiento de referencia, otorgado por el artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Así las cosas, adujo que los razonamientos que dan origen a la norma reclamada, no privan del derecho al acreditamiento por razonamientos que atiendan a la proporcionalidad de la contribución, sino que tienen un carácter sancionador a todos los contribuyentes en virtud de que supuestamente algunos abusaron del derecho a llevar a cabo ese acreditamiento.

1.3. En el tercer concepto de violación, sostuvo que la norma reclamada implica la imposición de una sanción no individualizada, pues refirió que priva de un derecho de acreditamiento, a partir de supuestos incumplimientos o abusos (de la acreditación) por otros contribuyentes y no comprobados respecto a la quejosa.

Aunado a ello, se adujo que de la exposición de motivos de la norma reclamada, es factible advertir que ésta surgió de supuestos abusos de unos cuantos, lo cual dota de arbitrariedad a la norma, habida cuenta que tales motivos son subjetivos, no jurídicos ni técnicos.

Se afirmó que ello implica contravención a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, individualización y proporcionalidad de la pena establecidas en los numerales 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la norma reclamada, a decir de la quejosa, no satisface el requisito de la debida fundamentación y motivación que deben atender los actos legislativos.

Con independencia de ello, considera que priva del derecho al acreditamiento, sin que se corrobore la actualización de alguna infracción, sino a partir de presunciones de mala fe, lo que implica que se sanciona sin que se haya cometido infracción alguna; además refiere que tampoco se individualiza la sanción o se aplica en proporción a la conducta.

2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito emitió sentencia al tenor de las consideraciones que a continuación se sintetizan:

2.1. En el tercer considerando de su fallo, el a quo resolvió sobreseer en el juicio respecto de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que negaron los actos, sin que la quejosa desvirtuara tal negativa.

2.2. Por otro lado, en el cuarto considerando de la resolución de primer grado, el Juez de Distrito tuvo por ciertos los demás actos reclamados.

2.3. En el quinto considerando refirió entrar al estudio de la causal de improcedencia hecha valer por la Cámara de Senadores, contenida en la fracción V del artículo 73, misma que desestimó.

2.4. En el séptimo considerando resolvió que los conceptos de violación hechos valer eran infundados.

Al respecto, sostuvo que el precepto otorga certidumbre, en la medida en que establece claramente que será sólo el crédito fiscal que se genere durante el ejercicio fiscal de dos mil diez, no así algún otro crédito fiscal, o en otro ejercicio; asimismo, estimó que no resulta caprichoso, pues no se prohíbe cualquier acreditamiento, sino únicamente aquel causado por mayores deducciones que ingresos gravados, y únicamente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio fiscal de dos mil diez.

En el mismo sentido, adujo que no existe la antinomia entre el precepto reclamado y el diverso 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, pues el problema que la quejosa destaca es sólo un aspecto de determinación de la vigencia del acreditamiento contra el impuesto sobre la renta, pues mientras una lo permite a futuro -artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única-, la otra lo impide únicamente por lo que hace al ejercicio de dos mil diez. Sobre tal tema, citó diversas tesis sustentadas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal.

Por otro lado, sostuvo que el acreditamiento del crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta y la posibilidad de que no se permita llevar a cabo aquél por el ejercicio fiscal de dos mil diez, no encaja dentro del sistema impositivo del impuesto empresarial a tasa única, pues no inciden en manera alguna en sus elementos esenciales o variables, y que, por ende, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues si éste exige que el impuesto atienda a la manifestación de capacidad contributiva del sujeto pasivo para sostener el gasto público, resulta que el acreditamiento contra el impuesto sobre la renta constituye un aspecto ajeno a la manifestación de riqueza gravada a que atiende el tributo de mérito.

En diverso sentido, adujo que la prevención contenida en la norma no se ubica en alguno de los supuestos de pena excesiva o desproporcional a la conducta, pues no conlleva la imposición de penas o sanciones por la comisión de algún ilícito penal o una falta administrativa, por más que en la exposición de motivos correspondiente se haya precisado que su establecimiento tiene el propósito de ir en contra de conductas de ciertos contribuyentes.

A mayor abundamiento, se señaló que la eliminación del acreditamiento se sitúa en el campo del ejercicio de la potestad tributaria, por lo que no tiene el propósito de castigar a los contribuyentes por hechos causados por otros, sino de enmendar una situación que permitió que ciertos contribuyentes aminoraran su carga tributaria.

3. Los razonamientos esenciales que interesan al caso, contenidos en los agravios hechos valer por la recurrente quejosa, son los que se mencionan a continuación:

3.1. En el primer agravio, sostuvo que la sentencia reclamada incumple con los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación, habida cuenta que en su consideración, el a quo omitió analizar debidamente la litis planteada.

Al respecto, adujo que se dejó de observar que el artículo impugnado deja en estado de incertidumbre a la quejosa, pues se encuentra en un ordenamiento legal general que se contrapone con una ley especial.

Asimismo, consideró que, contrario a lo resuelto por el resolutor primario, el precepto impugnado en ningún momento establece que el acreditamiento se realice contra el impuesto sobre la renta del dos mil diez, sino que lo establece respecto del ejercicio en que se genere.

Así las cosas, ya en el agravio (mas no en el concepto de violación) adujo que la norma reclamada opera en forma retroactiva, pues de su texto se desprende que obra sobre créditos fiscales generados en el ejercicio anterior a su vigencia, ya que el cálculo y pago del impuesto sobre la renta se realizan dentro de los tres meses posteriores al término del ejercicio.

En el mismo sentido, argumentó que el derecho al acreditamiento es un derecho adquirido previo a la entrada en vigor del precepto reclamado, pues el crédito fiscal del ejercicio de dos mil nueve se ve reflejado en la declaración anual, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de dicho ejercicio, esto es, ya en dos mil diez, durante la vigencia del precepto impugnado.

Por otro lado, sostuvo que la a quo omitió considerar que el supuesto jurídico regulado por la norma reclamada, también se prevé en una ley especial, por lo que se genera incertidumbre jurídica, sin que pueda alegarse que la ley posterior deroga la anterior, dado que en la primera no se estableció si la derogación del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única era permanente o temporal.

Asimismo, en el agravio se adujo que el a quo erró al sostener que el problema suscitado no es de antinomia, sino de determinación de la vigencia del acreditamiento, pues la a quo pretende reconocer la validez de algo notoriamente inconstitucional, habida cuenta que ambas normas son vigentes al mismo tiempo, máxime que la aplicación de una a futuro es el presente de la otra.

3.2. En el segundo agravio, la quejosa sostuvo que el Juez Federal resolvió erróneamente el concepto de violación relacionado con el principio de proporcionalidad tributaria, pues sostiene que éste se refirió a la constitucionalidad del tributo, pero sin apreciar el "agravio" (concepto de violación) desde la falta de proporcionalidad del precepto reclamado del juicio de garantías, que refiere haber alegado por el hecho de que la prohibición del acreditamiento del crédito aumenta los ingresos gravados para efectos de ambos impuestos, lo que genera una sobre tasa y, por ende, el tributo pierde su naturaleza de impuesto mínimo.

Asimismo, estimó que, contrario a lo sustentado por el Juez Federal, el acreditamiento sí incide en la capacidad contributiva y, por ende, sí puede ser susceptible de análisis bajo la óptica de la proporcionalidad tributaria.

3.3. En el tercer agravio, la quejosa adujo que el Juez Federal efectuó un estudio incorrecto respecto de lo argumentado en su tercer concepto de violación.

Al respecto, alegó que en ningún momento refirió que el artículo reclamado constituyese una pena excesiva o desproporcional, sino que únicamente se refirió a la arbitrariedad de su contenido y del proceso legislativo que le dio origen; esto es, estableció una analogía del artículo constitucionalmente impugnado con la imposición de una pena con la finalidad de establecer que la disposición reclamada entraña una penalización inusitada (por grave y desproporcionada), así como trascendental.

Luego, procedió a reiterar, esencialmente, lo que hizo valer vía concepto de violación respecto del tema de mérito.

4. En relación con lo anterior, el Tribunal Colegiado de origen sostuvo lo siguiente en su resolución de catorce de febrero de dos mil doce:

4.1. En el considerando quinto declaró la firmeza de lo resuelto respecto de la causal de improcedencia invocada por la Cámara de Senadores, toda vez que las responsables no combatieron dicha determinación del a quo.

4.2. En el considerando sexto declaró la firmeza del sobreseimiento decretado por el Juez Federal, dado que las mismas no fueron controvertidas.

4.3. En el considerando séptimo procedió a estudiar la causal de improcedencia pendiente de estudio, hecha valer por la Cámara de Diputados, misma que estimó infundada.

4.4. Finalmente, en el considerando octavo, el Tribunal Colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del problema de constitucionalidad planteado respecto del precepto reclamado, puesto que consideró que se actualiza la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del asunto.

Al respecto, señaló que si bien existen tesis de ambas Salas de este Alto Tribunal respecto del tema planteado, las mismas no constituyen jurisprudencia, aunado a que en ninguno de los asuntos se resolvió respecto de que la norma opera de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa.

QUINTO. Estudio de fondo. A continuación, tal como se señaló en el tercer considerando de la presente ejecutoria, esta Primera Sala se avoca al estudio de los argumentos hechos valer en el escrito de agravios, del modo y en la medida que resulta procedente.

En primer lugar, el primer agravio, reseñado bajo punto 3.1 del considerando cuarto de esta propia ejecutoria (que se relaciona en parte con el primer concepto de violación que se sintetizó en el punto 1.1 del mismo apartado), es infundado en una parte e inoperante en el resto, al tenor de lo que enseguida se expresa:

De modo contrario al que se sostiene, el artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diez, no atenta contra las garantías de legalidad y seguridad jurídica ni provoca incertidumbre a los contribuyentes respecto de sus derechos, por el hecho de que se encuentre vigente dicha norma reclamada de manera simultánea a otra disposición en sentido contrario, como lo es el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Tampoco resulta apartado a derecho que la previsión reclamada conste en una ley general y no en la ley especial del impuesto empresarial a tasa única, ni es acertada la postura acerca de que bajo el principio de in dubio pro reo deba prevalecer la norma que más beneficie al contribuyente, como lo es, en el caso concreto, el artículo 11, tercer párrafo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

Sobre el particular, se señala que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la tesis aislada número 1a. CLXXVIII/2011 (9a.), del tenor siguiente:

"LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2010. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO TERCERO NO PRESENTA CONTRADICCIÓN O ANTINOMIA ALGUNA CON EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. El artículo 22, párrafo tercero, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2010, al establecer que el crédito fiscal a que se refiere el diverso numeral 11, párrafos primero, segundo y tercero, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, no podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en que se generó, no transgrede el principio de seguridad jurídica, ya que no existe confrontación o antinomia alguna con el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, porque éste establece, a futuro, que el monto del crédito fiscal causado cuando el monto de las deducciones autorizadas por la ley sea mayor a los ingresos gravados por la misma, percibidos en el ejercicio, podrá acreditarse por el contribuyente contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en el que se generó el crédito; mientras que el párrafo tercero del artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de 2010, impide que se haga tal acreditamiento contra el impuesto sobre la renta causado únicamente por lo que concierne al ejercicio fiscal de 2010. Es decir, este último precepto no prohíbe lo que el otro permite: el acreditamiento, sino sólo prevé que ello ocurrirá durante el ejercicio de 2010. Además, entre dichos preceptos legales no existe incongruencia o antinomia que genere inseguridad jurídica respecto del acreditamiento mencionado, pues el hecho de que el artículo 11 lo permita como una regla general hacia el futuro y el artículo 22 lo impida como una regla específica por lo que concierne al referido ejercicio fiscal, únicamente implica la sustitución de una disposición general por otra de igual rango con diferente supuesto y vigencia, pero sin derogar la primera.

"Amparo en revisión 446/2011. **********. 22 de junio de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos."

El criterio plasmado en la tesis aislada de marras se reitera por esta Primera Sala a través de la presente ejecutoria y, con su aplicación al caso, al no constituir aun jurisprudencia, declara infundada esta parte del primer agravio.

Consecuentemente, cabe agregar que ante la falta de confrontación de ambas normas, según se ha explicado, resulta improcedente aplicar el principio de especialidad de la ley o el diverso in dubio pro reo propuestos por la quejosa, pues en lugar de confrontación de las disposiciones relativas, la ley impugnada solamente establece las circunstancias de tiempo y forma que rigen la aplicación del acreditamiento de que se habla.

Ante tales situaciones, el agravio, en la parte que se analiza, resulta infundado, lo que se reafirma también porque, en razón de lo expuesto, no es factible considerar que asista razón a la quejosa en cuanto a que el a quo resolvió de modo ilegal sobre el primer concepto de violación, pues no omitió analizar de forma debida la litis que se planteó, ni puede establecerse esa circunstancia a partir de que esta Primera Sala encuentra que no asiste razón a la impetrante del amparo en sus planteamientos.

Por otro lado, frente al primer agravio sólo resta establecer que deviene inoperante en la parte en que se pretende argumentar que la norma reclamada opera en forma retroactiva en perjuicio del contribuyente, por obrar -en concepto de la recurrente- sobre créditos fiscales generados en el ejercicio anterior a su vigencia, porque el crédito fiscal del ejercicio dos mil nueve se ve reflejado en la declaración anual que se presenta dentro de los tres meses siguientes a la terminación de dicho ejercicio, cuando ya está vigente la norma reclamada.

La inoperancia de lo que así se alega surge en razón de que esa argumentación sobre supuesta retroactividad de la norma reclamada, no es una cuestión que se haya hecho valer en la demanda de amparo como parte de la litis constitucional, por lo que resulta novedosa y no susceptible de mayor pronunciamiento en esta instancia de revisión.

Sirven de apoyo para sustentar la inoperancia tratada, la tesis aislada de la Segunda Sala, de rubro: "REVISIÓN, AGRAVIOS EN LA.",(8) que comparte esta Primera Sala y, por analogía, la jurisprudencia número P./J. 46/95, del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, RECURSO DE. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS AJENOS A LA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL PLANTEADA."(9)

Por otro lado, también es infundado el segundo agravio (reseñado en el punto 3.2 del considerando cuarto de esta ejecutoria), mismo que guarda relación con el planteamiento hecho valer en el segundo concepto de violación (sintetizado a su vez en el punto 1.2 del mismo apartado). Esto es así, pues tampoco se encuentra que asista razón a la recurrente en que dicho concepto de violación se haya resuelto de modo incongruente o falto a la exhaustividad debida.

Además, de modo contrario al que se aduce en el agravio, el a quo sí vertió pronunciamientos para desestimar lo alegado sobre que la prohibición del acreditamiento derive en una mayor carga tributaria o sobre tasa y que ello implica que el impuesto empresarial a tasa única deje de tener el carácter de gravamen mínimo. Así se advierte de la simple lectura que se haga de la sentencia de primer grado, a partir del segundo párrafo de la página cincuenta y dos y hasta la foja sesenta en que se plasmaron consideraciones cuya base fundamental es el criterio que sobre el particular ha sustentado la Segunda Sala de este Alto Tribunal en su tesis 2a. XX/2011,(10) y que aquí se dan por reproducidas en obvio de transcripciones innecesarias.

Se precisa que con independencia de que tales razones no se compartan en su totalidad por esta Primera Sala, puesto que difiere de la conclusión alcanzada por la Segunda Sala, que considera que el artículo reclamado no viola el principio de proporcionalidad tributaria; cabe señalar que, de cualquier modo, esta Primera Sala sostiene que el punto medular planteado sobre la supuesta inobservancia al principio de proporcionalidad tributaria no debe ser resuelto, dando razón a la quejosa, pero bajo la consideración de que al citado precepto ni siquiera le son aplicables los principios de justicia tributaria, conforme a lo expuesto enseguida:

En efecto, esta Primera Sala reitera su criterio en torno a dicho tema que, en principio, toma en cuenta lo determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 501/2009, 494/2009, 415/2009, 508/2009 y 345/2009, en sesión del nueve de febrero de dos mil diez.

Lo resuelto en tales asuntos se estima trascendente aquí, sólo en lo que se refiere a la forma en la que se determina el monto del crédito establecido originalmente en el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por lo que la exposición que se efectúa a continuación, únicamente acude al texto de los precedentes aludidos, en la medida en la que ello es útil para dar respuesta al tema sobre el que gira el agravio en estudio.

Mecánica del impuesto empresarial a tasa única

En atención a lo establecido por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Tribunal Pleno detalló lo relativo a la mecánica de dicho gravamen en los siguientes términos:

Determinación del impuesto

Conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, se encuentran obligadas al pago de dicho gravamen, las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país,(11) por los ingresos que obtengan y por la realización de las siguientes actividades:

- Enajenación de bienes;

- Prestación de servicios independientes; y,

- Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

De lo anterior se pone de manifiesto, por una parte, que son sujetos del impuesto empresarial a tasa única:

- Las personas físicas y personas morales residentes en territorio nacional, respecto de los ingresos que obtengan, independientemente del lugar en donde se generen.

- Los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, independientemente del lugar en donde se generen.

Por otra parte, puede apreciarse que el hecho imponible se constituye por los ingresos que obtengan dichos sujetos por la realización de alguna de las actividades citadas.(12)

En relación con lo anterior, al momento de analizar si la Ley del Impuesto Empresarial

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24184-abd8b8fe/ley-de-ingresos-de-la-federacion-para-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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