Corpus
Modo: Corpus Pro

IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 9, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1166/2013. · Registro digital (IUS): 26654
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-09-23
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Pág. 335.

IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1166/2013. 15 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: DOLORES RUEDA AGUILAR.

III. Competencia

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12. El artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dispone, en relación con su entrada en vigor, que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al tres de abril de la referida anualidad, seguirán tramitándose hasta su resolución final, conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio y toda vez que la demanda de amparo de la quejosa fue presentada el cinco de octubre de dos mil doce, el presente recurso de revisión será resuelto de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.

14. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que en el presente recurso la recurrente aduce omisión de estudio de los planteamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

15. Cabe señalar que, en el caso, no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, dado el sentido del fallo.

16. Oportunidad del recurso de revisión. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada a la sociedad quejosa el catorce de marzo de dos mil trece,(8) por lo que surtió efectos al día hábil siguiente, viernes quince de marzo de dos mil trece. El término de diez días para la interposición del recurso previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del martes diecinueve de marzo al viernes cinco de abril del mismo año, descontándose de dicho plazo los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los días dieciocho, veintiuno, veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo, por ser días no laborables, de conformidad con el Acuerdo General 10/2006 y la circular 4/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

17. Por tanto, si el recurso de revisión se interpuso el dos de abril de dos mil trece ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito,(9) resulta evidente que su presentación es oportuna.

18. Oportunidad del recurso de revisión adhesiva. De las constancias de autos se advierte que el recurso de revisión fue notificado a la autoridad tercero perjudicada el dieciséis de abril de dos mil trece,(10) por lo que el plazo de cinco días para la interposición del recurso de revisión adhesiva, previsto en el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, corrió del diecisiete al veinticuatro de abril del mismo año, descontándose de dicho plazo los días veinte y veintiuno, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

19. Por tanto, si el recurso de revisión adhesiva se interpuso el veinticuatro de abril de dos mil trece, resulta evidente que su presentación es oportuna.

IV. Procedencia del recurso

20. Es necesario analizar la procedencia del recurso de revisión, dado que en el amparo directo el mismo es de carácter excepcional y se encuentra sujeto a determinados requisitos. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, constitucional, 83, fracción V, de la Ley de Amparo y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión interpuesto en contra de resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados, es necesario que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos, previa presentación oportuna del recurso y, en segundo lugar, que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.

21. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(11)

22. En el caso, se advierte que la quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por considerarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, aspectos que fueron desestimados por el Tribunal Colegiado, por considerar infundados e inoperantes los argumentos de la quejosa. En el caso, la recurrente controvierte la declaratoria de inoperancia de planteamientos de constitucionalidad hechos valer en la demanda de garantías, razón por la cual, es procedente el presente recurso de revisión.

23. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA."(12) y "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA."(13)

V. Consideraciones y fundamentos

24. Problemática jurídica a resolver. En la resolución del presente caso, deberá dilucidarse si los argumentos de agravio de la quejosa son suficientes para demostrar si, contrariamente a lo establecido por el Tribunal Colegiado, sus conceptos de violación no eran inoperantes o ineficaces y, en su caso, proceder a su análisis para determinar si el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única es violatorio de las garantías de equidad y legalidad tributaria.

25. Preguntas que deben responderse en el presente asunto. Visto lo anterior, esta Primera Sala considera que las preguntas que deberán responderse, a fin de resolver el presente recurso, son las siguientes:

• ¿Fue correcta la determinación de inoperancia del Tribunal Colegiado, respecto a los argumentos de la quejosa tendientes a demostrar violación al principio de equidad tributaria?

• ¿Es el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única violatorio del principio de legalidad tributaria?

• ¿Debe quedar sin materia el recurso de revisión adhesiva?

26. En principio, se sintetizan únicamente los conceptos de violación cuarto y quinto, por ser en los que se planteó cuestión de constitucionalidad de leyes, materia de esta instancia.

27. Primera cuestión: ¿Fue correcta la determinación de inoperancia del Tribunal Colegiado, respecto a los argumentos de la quejosa tendientes a demostrar violación al principio de equidad tributaria?

28. En el cuarto concepto de violación, la quejosa argumentó que, en caso de que el Tribunal Colegiado estimara que el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única remite al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el referido precepto resultaría violatorio del principio de equidad tributaria, previsto en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Ello, pues, al obligar a una persona moral con fines no lucrativos a efectuar pagos provisionales de dicho impuesto, se estaría dando un trato igual a sujetos desiguales. Lo anterior, en virtud de que la inconforme, en ningún supuesto, podría acreditar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta "efectivamente pagado", porque no está obligada a realizarlos; de ahí que nunca podría verse beneficiada con el acreditamiento a que se refiere el artículo 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

29. Asimismo, alegó que es la relación entre ambos preceptos lo que constituye la inconstitucionalidad del artículo impugnado, ya que obliga a las personas morales con fines no lucrativos a realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto empresarial a tasa única, sin que le sea posible acreditar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, por no estar obligada a efectuar éstos, lo que ocasiona que el precepto aludido provoque un trato igual a sujetos desiguales, situación que transgrede el principio de equidad tributaria.

30. En torno a la violación alegada al principio de equidad, el Tribunal Colegiado lo consideró inoperante. Ello, por hacer pender la inequidad del impuesto referido, del trato diferenciado que le otorga, por un lado, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y, por el otro, la Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto una lo obliga y la otra lo excluye de efectuar pagos provisionales. El órgano jurisdiccional precisó que para controvertir la constitucionalidad de una norma por transgresión al derecho de equidad, se debe partir del trato diferenciado que un mismo ordenamiento realiza con relación a diversos sujetos y no respecto a las obligaciones que imponen ordenamientos legales distintos a un mismo sujeto.

31. Por ello, el Tribunal Colegiado estimó que no podía analizar si la distinción alegada se funda en una base objetiva o razonable, o si constituye un trato discriminatorio, pues no existen razones que conduzcan a evidenciar que la obligación o no de efectuar pagos provisionales, con base en diversos ordenamientos legales, tenga como consecuencia provocar un trato diferenciado injustificado entre los sujetos del mismo tributo.

32. Por otra parte, el Tribunal Colegiado consideró ineficaz el argumento de la contribuyente tendiente a demostrar la vulneración al principio de equidad tributaria, que deriva de la obligación a realizar pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única (atendiendo a su calidad de persona moral con fines no lucrativos). A juicio del Tribunal Colegiado, la quejosa no expresó las razones por las cuales consideró que se transgredía el principio de equidad. Asimismo, el tribunal a quo sostuvo que la obligación de enterar el citado impuesto, vía pagos provisionales, no implica transgresión alguna al principio de equidad tributaria.

33. Como soporte de tal conclusión, el tribunal federal citó la tesis emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO EXENTAR DEL PAGO DEL TRIBUTO A LAS SOCIEDADES Y ASOCIACIONES DE CARÁCTER CIVIL QUE PRESTEN SERVICIOS EDUCATIVOS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).", en la cual, se sostiene que la finalidad perseguida por el legislador, al establecer la exención del impuesto, fue el que únicamente se beneficiara a verdaderas instituciones altruistas; de modo que el tratamiento fiscal establecido para las personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no resultaba aplicable a las sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza, a pesar de que sus actividades tuvieran fines no lucrativos para efectos del impuesto sobre la renta.

34. En el mencionado criterio, el tribunal apreció que la exención no se hizo extensiva a todos los sujetos que tuvieran el carácter de no lucrativas, sino que la remisión a la Ley del Impuesto sobre la Renta se hizo sólo para establecer que los donativos que recibieran las personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos, debían ser deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, mas no para dar el mismo tratamiento a todas las personas morales con fines no lucrativos a que alude dicha legislación. Por dicho motivo, el Tribunal Colegiado resolvió que el impuesto reclamado no viola la garantía de equidad tributaria.

35. Por otra parte, no obstante que el argumento de la quejosa resultó improcedente, el Tribunal Colegiado estimó que la quejosa no demostró el no estar obligada a realizar pagos provisionales del impuesto impugnado, pues no acreditó estar dentro de alguno de los supuestos del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. Por el contrario -continuó- de las constancias del juicio de nulidad dedujo que, además de ser sujeto obligado al pago del impuesto empresarial a tasa única, la quejosa también lo es del impuesto sobre la renta, respecto del cual, reporta como obligaciones fundamentales presentar declaración anual y pagos provisionales mensuales (por retención de sueldos y salarios, clientes y proveedores de bienes y servicios, pagos y retenciones de servicios profesionales, pago de renta de bienes inmuebles y trabajadores asimilados a salarios, entre otros).

36. En el primer agravio, como "cuestión previa", la sociedad civil recurrente sostiene que carece de sustento lo manifestado por el Tribunal Colegiado, respecto a que "la quejosa hace pender la inequidad del impuesto del trato diferenciado que le otorga, por una parte, la Ley del Impuesto sobre la Renta y, por otra, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, en tanto que la primera excluye de efectuar pagos provisionales atendiendo a su calidad no lucrativa y, la segunda, le obliga a realizarlos; lo que pone de manifiesto que resulta inoperante su argumento, ya que para poder controvertir la inconstitucionalidad de un precepto legal por transgresión al principio de equidad, se debe partir del trato diferenciado que un mismo ordenamiento realiza en relación con diversos sujetos y no entre el trato diferenciado que es dado en relación con las obligaciones de un solo sujeto, por diversos ordenamientos legales."

37. La sociedad recurrente estima incorrecta la apreciación del Tribunal Colegiado, pues -sostiene- el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto sobre la renta son tributos complementarios, siendo el primero un mecanismo de control del segundo con "mecanismos de complementariedad"; así, la recurrente aduce que no se puede hacer una diferencia tajante entre la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

38. Para demostrar la complementariedad del impuesto empresarial a tasa única, respecto del impuesto sobre la renta, la quejosa cita la tesis aislada 1a. CXX/2011, de esta Primera Sala, de rubro: "RENTA Y EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. CRITERIOS QUE PERMITEN IDENTIFICAR MECANISMOS DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE AMBOS IMPUESTOS."

39. La recurrente señala que el Tribunal Colegiado dejó de considerar que la mecánica para el cálculo del impuesto empresarial a tasa única, contiene mecanismos de complementariedad con el impuesto sobre la renta; tan es así que los pagos provisionales del primero se podrán acreditar con los pagos provisionales del segundo, por lo que es indudable que para demostrar la inconstitucionalidad del artículo 9 cuestionado, se debe atender a sus circunstancias reales, aun cuando éstas vengan dadas por un cuerpo normativo distinto.

40. También como "cuestión previa", la contribuyente afirma que carece de fundamento la afirmación del Tribunal Colegiado en el sentido de que no demostró no encontrarse obligada a realizar pagos provisionales del impuesto, dado que no acredita encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 4 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. La sociedad civil recurrente precisa que el artículo 4 establece cuáles son los ingresos exentos del impuesto mencionado y que "jamás ha sostenido ser contribuyente exenta del pago del IETU, sino que sostiene que el pago de dicho impuesto debe realizarse de manera anual (no mensual)."

41. Posteriormente, la quejosa recurrente sostiene que el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única es una norma oscura que permite extraer dos interpretaciones posibles: (i) la remisión al artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la consecuente obligatoriedad de las personas morales con fines no lucrativos a realizar pagos provisionales; y, (ii) que la mecánica de pagos y enteros del impuesto empresarial a tasa única coincide con la establecida para el impuesto sobre la renta y, por tanto, las personas morales con fines no lucrativos no deben realizar pagos provisionales, sino sólo de manera anual.

42. Para la sociedad quejosa, la primera interpretación es contraria al principio de equidad tributaria, previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Para la contribuyente, aceptar dicha interpretación implica dar un "trato igual a sujetos desiguales", toda vez que ésta nunca podrá acreditar contra el impuesto empresarial a tasa única pago provisional alguno del impuesto sobre la renta (de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única). Lo anterior, ya que, al ser una persona moral sin fines de lucro, la contribuyente sólo está obligada al pago del impuesto sobre la renta de manera anual y no realiza pagos provisionales de dicho impuesto. La sociedad afirma que "se debe conservar una relación proporcionada y razonable entre el impuesto empresarial a tasa única causado y el impuesto sobre la renta acreditable."

43. Para la recurrente, la proporcionalidad y razonabilidad de los tributos no es posible si se le obliga a efectuar pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única, sin que pueda acreditar pagos provisionales del impuesto sobre la renta.

44. La recurrente concluye que la interpretación que hace el Tribunal Colegiado del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única es contrario al principio de equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45. Ahora bien, esta Primera Sala determina que el agravio que se analiza deviene infundado, en virtud de las siguientes consideraciones:

46. No asiste la razón a la recurrente, en tanto afirma que fue incorrecta la determinación del Tribunal Colegiado que conoció del asunto sobre la inoperancia del concepto de violación en el que alegó la inconstitucionalidad del artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, por estimarlo violatorio al principio de equidad.

47. Para corroborar lo anterior, es necesario, en primer lugar, tener presente el concepto que este Alto Tribunal ha desarrollado en relación con la equidad tributaria.

48. La equidad en materia fiscal establecida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal -como una variante específica del derecho fundamental de igualdad- constituye la prerrogativa de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, pues dicha garantía opera ante la ley y ante la aplicación de ésta. En este sentido, el referido mandato presenta la exigencia de que todos los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación, reciban el mismo trato o que respecto de ellos se produzca la misma situación jurídica que emane de la ley.

49. Así, las normas recaudatorias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, por lo cual, puede afirmarse que no siempre un trato diferenciado resultará inconstitucional, siempre y cuando el legislador, al establecerlo, cree categorías de contribuyentes con base en distinciones justificadas y razonables, en oposición a aquellas que puedan resultar caprichosas o arbitrarias.

50. En este sentido, el Pleno de este Alto Tribunal ha determinado en varias ocasiones que el principio de equidad en materia tributaria se traduce en el derecho que tienen todos los contribuyentes de un mismo impuesto de recibir el mismo trato que aquel que se le da a las demás personas que se encuentren en igualdad de circunstancias. Lo anterior no implica que deba existir una igualdad absoluta para todos y cada uno de ellos, sino que el legislador debe atender a las características de sujetos en situaciones análogas, a fin de establecer disposiciones semejantes para éstos y diferentes para aquellos cuyas particularidades sean distintas. Esta Primera Sala estima pertinente citar las tesis jurisprudenciales P./J. 41/97 y P./J. 42/97 del Tribunal Pleno:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.-El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."(14)

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.-El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."(15)

51. En ese mismo tenor se ha pronunciado esta Primera Sala de este Alto Tribunal, al establecer que la equidad, así como la igualdad, es un derecho que debe analizarse en función de una comparación entre los gobernados a los que se aplica determinada ley. A efecto de corroborar lo anterior, se cita la tesis 1a. CXXXVIII/2005:

"IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO.-El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de ‘términos de comparación’, los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad."(16)

52. En este contexto, se advierte que, para determinar si se respeta o no el principio de equidad tributaria, debe verificarse la concurrencia de tres cuestiones, a saber: (i) la existencia de dos o más contribuyentes que se encuentren subsumidos dentro una misma hipótesis normativa; (ii) que dichos sujetos se sitúen en la misma situación jurídica que da lugar a la aplicación de la norma; y, (iii) que las consecuencias jurídicas que se produzcan con la implementación de la ley sean diversas.

53. Ahora bien, de lo anterior se advierte que en el asunto que nos ocupa no se cumplen los requisitos necesarios para efectuar el análisis que la recurrente plantea sobre la alegada violación al derecho fundamental de igualdad (entendido como equidad en materia tributaria). En efecto, los argumentos hechos valer por la inconforme -tal como fue declarado por el Tribunal Colegiado que conoció del asunto- resultan inoperantes, pues tanto de los conceptos de violación, como de los agravios relativos a este tema, se desprende que la inequidad que se invoca, en relación con el precepto en que se fundó el acto reclamado, se hace depender de las consecuencias jurídicas que se producen para un mismo sujeto en términos de dos leyes y dos impuestos distintos, y no así en relación con otros sujetos, cuya situación pudiera o no resultar comparable con la de la propia persona moral quejosa.

54. Esto es, en el particular, se advierte que no es procedente realizar el estudio correspondiente sobre la inconstitucionalidad alegada con respecto al artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, pues los argumentos encaminados a este objetivo no se refieren a la comparación o al contraste entre el trato otorgado a dos o más sujetos de un mismo impuesto, sino que se refieren a dos situaciones jurídicas generadas por dos normas específicas que regulan impuestos diferentes, pero únicamente por cuanto hace a la persona moral quejosa.

55. En efecto, el trato diferenciado que se aduce se presenta por la aplicación de dos normas distintas, que regulan dos impuestos diferentes -aunque sean complementarios-, además de que no se señala que existan sujetos con una situación jurídica común o comparable a los que se asignen consecuencias jurídicas distintas, ni viceversa.

56. En este orden de ideas, al no cumplirse con los requerimientos precisados para el estudio de la violación constitucional invocada, relativa al principio constitucional de equidad tributaria, el agravio que se analiza debe declararse infundado, al haber sido correcta la apreciación de inoperancia advertida por el tribunal federal.

57. No es óbice a lo anterior, el hecho de que la quejosa alegue que tal determinación fue incorrecta, debido a que entre el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única existe una relación de complementariedad, toda vez que ello no implica que se trate de un único gravamen, sino de dos tributos cuyo objeto es distinto, regulados por dos cuerpos normativos diferentes, que en ocasiones se complementan.

58. En efecto, de la lectura del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende que el objeto de dicho tributo es gravar todos los ingresos que perciban las personas físicas y morales residentes en México, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan y de los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a éste; asimismo, se causa en relación con los ingresos de los residentes en el extranjero procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.

59. Por otro lado, conforme al artículo 1 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, se encuentran obligadas al pago de dicho gravamen las personas fí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26654-364323f9/igualdad-delimitacion-conceptual-de-este-principio-empresarial-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.