REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE UNA JURISPRUDENCIA POR LA SALA FISCAL ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO. REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE LA JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS POR PARTE DE LA SALA FISCAL, ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.
REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE UNA JURISPRUDENCIA POR LA SALA FISCAL ACTUALIZA EL SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 224/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO, CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE JULIO DE 2011. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, concretamente el sostenido en los recursos de revisión fiscal **********, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.(1)
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.
Las consideraciones vertidas por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recursos de revisión fiscal **********, son esencialmente las mismas. Por tal motivo, únicamente se transcribe la parte conducente de la resolución dictada en el asunto citado en primer término.
Las consideraciones en que se sustenta la referida resolución, son las siguientes:
"QUINTO. El recurso de revisión fiscal es procedente en términos del artículo 63, fracciones (sic) II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en razón de que se recurre una resolución emitida por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que reviste la importancia y trascendencia para su procedencia, ya que la recurrente aduce el desacato a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual este tribunal considera que debe analizarse en el estudio de fondo correspondiente. El artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé, en su literalidad, lo siguiente: ‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. ...’. Del contenido del primer párrafo y de la fracción II del precepto transcrito se desprende que son impugnables a través del recurso de revisión fiscal de que se trata, las resoluciones pronunciadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan decretado o negado el sobreseimiento del juicio de nulidad, o bien, las sentencias definitivas, siempre que el asunto sea de importancia y trascendencia, cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. Ahora bien, a fin de determinar si el presente asunto se encuentra en los supuestos señalados, es menester realizar algunas precisiones, en relación a los términos de importancia y trascendencia. En cuanto a la importancia, se puede entender como la calidad de lo que importa, lo que es muy conveniente o interesante o de gran entidad o consecuencia, por su parte, la trascendencia equivale al resultado, consecuencia de índole grave o muy importante; es de señalar que los dos vocablos expresan ideas aunque semejantes, diferentes, lo que se concilia con el texto legal, el cual incurriría en redundancia si empleara dos términos del todo sinónimos. Llevadas ambas acepciones a la procedencia del recurso de revisión fiscal, la importancia hace referencia al asunto en sí mismo considerado, mientras que la trascendencia mira a la gravedad de la consecuencia que genere. De este modo, la importancia del asunto puede quedar en sí misma desligada de la trascendencia, porque sus consecuencias no sean graves o muy importantes; además, es de precisar que la ley exige la concurrencia de los dos requisitos (unidos entre sí por la conjunción copulativa y no separados por la disyuntiva), en virtud de lo cual la autoridad recurrente deberá razonar uno y otro y los Tribunales Colegiados examinarlos por separado, en la inteligencia de que si faltare uno de ellos sería superfluo confirmar la presencia del otro. En conclusión, un asunto es importante cuando, dadas sus peculiaridades, sobresale de los comunes (sic) que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, se trate de un asunto excepcional (lo que se advertirá cuando los argumentos no pueden convenir a la mayoría o a la totalidad de asuntos) debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia; y trascendente cuando la resolución que sobre el particular se dicte tuviera resultados o consecuencias de índole grave. Es ilustrativa, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 139-144 Tercera Parte, página doscientos ocho, Séptima Época; cuyo rubro y texto son: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. REQUISITOS DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA; CUANDO SE ESTIMAN SATISFECHOS PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. Los requisitos de importancia y trascendencia deben estimarse satisfechos cuando, a propósito del primero de ellos, la parte recurrente exprese razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de que conoce el Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior) y pongan, por lo mismo, de manifiesto que se trata de un asunto excepcional; la interpretación que se dé a los artículos 240 y 241 del código tributario reviste gran entidad o consecuencia, ya que dichos preceptos regulan el derecho fundamental de defensa, por parte de las autoridades que mencionan y en los casos a que se refieren al instituir el recurso de revisión ante el Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Sala Superior); y en relación con el segundo, tales razones pongan de relieve que la resolución que sobre el particular se dicte trascendería en resultados de índole grave, de entrañar menoscabo o privación del derecho a interponer el recurso indicado.’. Ahora bien, en el caso, la autoridad recurrente sostiene que se surten los requisitos de importancia y trascendencia, al estimar que la Sala Fiscal al resolver como lo hizo, atendió un criterio de un Tribunal Colegiado que ha sido superado por la jurisprudencia 117/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EXISTE LEGALMENTE AL HABER SIDO CREADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO MEDIANTE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROPIA COMISIÓN.’; cuya observancia vincula a la Sala en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. Sobre ello, debe decirse que este Tribunal Colegiado estima que el aludido razonamiento, es suficiente para tener por justificada la importancia y trascendencia del presente asunto, que actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que hace procedente el recurso de revisión fiscal que nos ocupa. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes estableció reiteradamente el criterio consistente en que la interpretación teleológica del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, así como el análisis de la evolución de su contenido, permite establecer que el recurso de revisión fiscal se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad cuya procedencia está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos formales que actualmente contempla el aludido artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Cabe precisar que la importancia y trascendencia se prevén como elementos propios y específicos que concurren en un determinado asunto, que lo individualizan y lo distinguen de los demás de su especie, lo que constituye propiamente su característica excepcional por distinguirse del común de los asuntos del mismo tipo, de manera que las citadas importancia y trascendencia son cualidades inherentes a cada caso concreto, y como tales deben analizarse individualmente en cada revisión interpuesta. En consecuencia, no basta el tipo de materia sobre la que verse el asunto para que se estime que reúne las características de importante y trascendente, sino que debe guardar particularidades que lo tornen así, toda vez que la finalidad que persigue el artículo en comento es restringir los casos que pueden ser revisados por el Tribunal Colegiado de Circuito, privilegiando los asuntos que sean importantes y trascendentes, lo que desde luego, requiere forzosamente de un estudio profundo del planteamiento realizado al respecto por la autoridad recurrente. En esas condiciones, como se puede advertir en la sentencia hoy recurrida, la controversia en el juicio de nulidad versó sobre un conflicto de legalidad respecto a si tiene o no existencia legal el director de Arbitraje y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios (sic), para haber emitido la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen; sobre ello, la Sala Fiscal estimó que la citada autoridad carecía de existencia legal, en términos de la tesis I.3o.A.51 A, que emitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). SU DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CARECE DE EXISTENCIA LEGAL DEBIDO A QUE SU CREACIÓN DERIVA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE DICHO ORGANISMO Y NO DE UNA LEY O REGLAMENTO EXPEDIDOS PREVIAMENTE.’; criterio que, según aduce la recurrente, participó en la contradicción de tesis 97/2008, del índice de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, de cuya ejecutoria derivó la antes citada jurisprudencia 117/2008. De ahí que tal cuestionamiento, por sí solo hace importante el asunto, puesto que no cabría formularlo en la mayoría o en la totalidad de los asuntos de los que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dado que la regularidad de su actuación jurisdiccional debe regirse y justificarse, so pena de caer en la ilegalidad, a la luz de los ordenamientos legales y jurisprudenciales que resulten aplicables al caso, por virtud de la observancia obligatoria que para estos últimos prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo; asimismo, también se da el requisito de trascendencia, pues de no examinarse la legalidad del criterio adoptado en la sentencia recurrida, subsistiría un precedente que traería como resultado consecuencias que trascienden la propia sentencia, con resultados de índole grave, pues se pasaría por alto la posible omisión de aplicación de un criterio vinculante, cuya orientación debe regir la actuación de los tribunales obligados a acatarlo, al constituir una fuente formal de derecho. En esas condiciones, es claro que los razonamientos esgrimidos por la autoridad recurrente respecto a la omisión de la Sala Fiscal de aplicar un criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal, colman los requisitos de importancia y trascendencia para la procedencia del presente recurso de revisión fiscal. SEXTO. En primer término, se considera pertinente puntualizar que la sentencia recurrida se sustenta esencialmente en las siguientes consideraciones: ... Bajo ese panorama, resultan fundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente, principalmente cuando aduce que la Primera Sala Regional Metropolitana al resolver el juicio de nulidad atendió un criterio que ha sido superado por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de una contradicción de tesis. Lo anterior es así, pues efectivamente, la Sala Regional apoyó su determinación en la tesis aislada número I.3o.A.51 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: ‘COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). SU DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CARECE DE EXISTENCIA LEGAL DEBIDO A QUE SU CREACIÓN DERIVA DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE DICHO ORGANISMO Y NO DE UNA LEY O REGLAMENTO EXPEDIDOS PREVIAMENTE ...’. Sin embargo, como lo aduce la autoridad recurrente, dicho criterio fue superado al resolverse la contradicción de tesis número 97/2008-SS, en la que contendió el referido criterio, lo cual dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 117/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 221, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, Novena Época, que dice: ‘DIRECCIÓN GENERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EXISTE LEGALMENTE AL HABER SIDO CREADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO MEDIANTE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PROPIA COMISIÓN. De los artículos 4o., 16 y 22, fracciones VI, XII y XIV, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se advierte que la protección y defensa de los derechos e intereses de los usuarios de dichos servicios estará a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que contará con un presidente y una Junta de Gobierno, la cual está facultada para aprobar su estatuto orgánico, expedir las normas relativas a la organización de la comisión y aprobar el nombramiento y remoción de los funcionarios del nivel inmediato inferior al del presidente. Por otra parte, el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2002 (abrogado por el publicado en dicho órgano oficial el 22 de diciembre de 2005) en sus artículos 3o., fracción IV y 19, fracciones I y V, establece que corresponde a la Dirección General de Conciliación y Arbitraje atender las reclamaciones, desechar las que sean notoriamente improcedentes y tramitar los procedimientos de conciliación y arbitraje conforme a los artículos 60 al 84 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como emitir los laudos correspondientes. Por tanto, con apoyo en la tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. XXI/2003, de rubro: «CLÁUSULAS HABILITANTES. CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.», se concluye que la Dirección General de Conciliación y Arbitraje existe legalmente, dado que la Junta de Gobierno, en uso de la facultad otorgada por el legislador, la creó válidamente.’-En la ejecutoria que dio origen a dicho criterio se determinó lo siguiente: ... De la anterior transcripción se obtiene que la Segunda Sala del Alto Tribunal, consideró que la Dirección General de Conciliación y Arbitraje de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, sí tiene existencia legal, en virtud de que el legislador ordinario habilitó a la Junta de Gobierno de dicha comisión, a emitir el estatuto orgánico, y expedir las normas internas necesarias para su funcionamiento, situación que la faculta para crear los órganos administrativos pertinentes para su buen funcionamiento; por tanto, si en el caso la autoridad que emitió la resolución recurrida, fue el director de Arbitraje y Sanciones, es dable concluir que igualmente tiene existencia legal. Consecuentemente, es de declararse fundado el recurso, por lo que la Sala Fiscal deberá dejar insubsistente la sentencia recurrida y dictar otra conforme a lo que aquí se ha determinado, en la que además, se pronuncie respecto de los demás argumentos planteados."
Las consideraciones vertidas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los recursos de revisión fiscal ********** y **********, son esencialmente las mismas. Por tal motivo, únicamente se transcribe la parte conducente de la resolución dictada en el asunto citado en primer término, la cual es en lo conducente, la siguiente:
"SEGUNDO. No se transcriben las consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido ni los conceptos de agravio expresados por el recurrente, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte que el recurso de revisión fiscal es improcedente y debe desecharse por tratarse de un asunto de cuantía indeterminada y no acreditó los requisitos de importancia y trascendencia exigidos por el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. En efecto el numeral mencionado, en la parte conducente establece: ‘Cuando la cuantía sea inferior a la que corresponda conforme al primer párrafo o sea indeterminada, el recurso procederá cuando el negocio sea de importancia y trascendencia, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso ...’. En el caso la autoridad recurrente para justificar la importancia y trascendencia del asunto aduce: ‘Es de sumo interés para esta secretaría de Estado que sea revocada la sentencia que se recurre, pues la misma afecta el interés fiscal de la Federación y a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el asunto es de sobrada importancia, porque entraña un problema no sólo de carácter particular sino que el tema sobre el cual versa la resolución que se impugna es general para todas las pólizas de fianza que se expidan para garantizar obligaciones fiscales. Así las cosas, es importante que ese H. Tribunal Colegiado en turno, determine sobre la aplicación o inaplicación de la jurisprudencia visible en las páginas 715 y 716 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a los casos como el que se controvierte, en donde como ya se dijo, la póliza de fianza se expidió para garantizar obligaciones fiscales, casos en los cuales esta autoridad ha sostenido que no es aplicable la figura jurídica de la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente a partir del 15 de julio de 1993. Es de gran trascendencia que no subsista el criterio sostenido por la Sala responsable con base en un criterio jurisprudencial, en virtud de que por una parte, existían criterios en contra, respecto de los cuales el propio Poder Judicial de la Federación, a través de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, ha determinado que es inaplicable el artículo 120, de la Ley Federal de Instituciones de Fianza (sic), a los requerimientos de pago que hacen efectivas pólizas de fianza que se expidieron para garantizar obligaciones fiscales. Además, es de gran trascendencia que ese H. Tribunal Colegiado, determine lo conducente, en relación a la obligatoriedad que deriva de la ley, para interpretarla correctamente y aplicar la jurisprudencia y tesis correspondiente que en estricto derecho sean aplicables. Con lo antes expuesto, se cumple con los requisitos previstos en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, para acreditar la procedencia del presente recurso de revisión, por lo que al configurarse violaciones fundamentales en perjuicio de esta secretaría, se hace valer el siguiente: ...’. En relación con los anteriores conceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en forma reiterada que se estará en presencia de un asunto de importancia y trascendencia, cuando se expresen razones que demuestren que se reúnen los dos requisitos; es decir, que se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando tales argumentos no puedan convenir a la mayoría o a la totalidad de los asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia y, además, que la resolución que se pronuncie trascenderá en resultados de índole grave. Los anteriores argumentos deben desestimarse, ya que de la lectura del argumento expresado por la autoridad recurrente en relación con la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, se advierte que la hace consistir en que el tema tratado en el asunto es genérico para todas las pólizas de fianza expedidas para garantizar obligaciones fiscales, y en el caso es importante determinar si es aplicable o no la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con base en la que resolvió la Sala responsable, para determinar si es aplicable la figura de la caducidad que prevé el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente el quince de julio de mil novecientos noventa y tres, porque el propio Poder Judicial a través de su Máximo Tribunal ha sostenido que es inaplicable tal precepto. También los anteriores argumentos deben desestimarse, porque pueden convenir a una gran cantidad de asuntos, toda vez que con frecuencia las partes afectadas aducen, que se han resuelto indebidamente determinados puntos de derecho y, además porque se trata de argumentos que se refieren al fondo de la litis planteada, los que no pueden tomarse en consideración en este análisis previo, relativo a la procedencia del recurso, máxime que la importancia y trascendencia del negocio debe darse en el asunto en si mismo considerado y no en la forma en que sea resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 306, visible a fojas 510, de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que aparece bajo el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL RECURSO. FUNDAMENTOS INEFICACES PARA JUSTIFICAR ESOS REQUISITOS.’. En consecuencia, al no haberse justificado la importancia y trascendencia del asunto que se analiza, el recurso de revisión fiscal resulta improcedente y, por ende debe desecharse, sin que sea obstáculo el hecho de que la Sala haya fallado con base en una jurisprudencia, porque esto en todo caso sirve para no agotar el recurso de apelación previsto en el artículo 245 del Código Fiscal de la Federación pero no para justificar la importancia y trascendencia del asunto."
Asimismo, las consideraciones que sustentó el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver con fecha seis de abril de dos mil once, la revisión fiscal número **********, son en lo conducente, las siguientes:
"QUINTO. Resulta innecesario analizar y transcribir las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada, así como los agravios aducidos en su contra, toda vez que el recurso que se hace valer es improcedente, y por ende, debe desecharse, en atención a las consideraciones siguientes. En efecto, los argumentos expresados por la autoridad recurrente, no justifican los requisitos de importancia y trascendencia del asunto, para que resulte procedente el presente recurso de revisión fiscal, en términos de lo previsto en el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Así es, el artículo 63, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: ‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta Ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... II. Sea de importancia y trascendencia cuando la cuantía sea inferior a la señalada en la fracción primera, o de cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. ...’. El precepto legal transcrito establece que las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, pueden ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, a través del recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, cuando el asunto sea de importancia y trascendencia -entre otros supuestos-, así como que el recurrente debe razonar esa circunstancia para efectos de la admisión del recurso. En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que, contrario a lo que manifiesta la autoridad recurrente, el recurso de revisión fiscal intentado no reúne los requisitos de importancia y trascendencia que exige el artículo 63, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para su procedencia, de conformidad con las siguientes consideraciones. Los requisitos de importancia y trascendencia han sido definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 541, publicada en la página 390 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo III, Parte SCJN, bajo el rubro y sinopsis del tenor siguientes: ‘REVISIÓN FISCAL ANTE LA SUPREMA CORTE. IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL ASUNTO PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. En los artículos 240, 242 y 244 del Código Fiscal de la Federación se emplean reiteradamente las expresiones «importancia y trascendencia», referidas a los requisitos que deben satisfacer los asuntos cuyas sentencias pueden ser recurridas, respectivamente, las de las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación ante el Pleno del mismo, y las que éste pronuncie en tales recursos, ante la Suprema Corte de Justicia, mediante la revisión fiscal. Pero si las expresiones son las mismas, existe la diferencia de que la calificación de la importancia y trascendencia del asunto, cuando el recurso se interpone ante el Pleno del Tribunal Fiscal, queda al solo criterio de la autoridad legitimada para hacerlo valer, sin que el Tribunal «ad quem» tenga facultad legal para examinar si se da la importancia y trascendencia del asunto, a efecto de admitir o rechazar el recurso, pues en todo caso deberá admitirlo si se satisfacen los demás requisitos legales. En cambio, cuando se trate de la revisión fiscal, la Suprema Corte de Justicia sí puede y debe examinar, previamente al estudio del fondo del negocio, si se ha justificado su importancia y trascendencia, y en caso de que a su juicio dichos requisitos no estuvieren satisfechos, desechará el recurso (artículo 244), con la salvedad de que si el valor del negocio es de quinientos mil pesos o más, se considerará que tienen las características requeridas para ser objeto del recurso (artículo 242). Así pues, corresponde a la Suprema Corte, concretamente a esta Segunda Sala, determinar en cada revisión fiscal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23198-922604b7/revision-fiscal-la-inobservancia-de-una-jurisprudencia-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBE PROCEDER UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO ESTIME QUE LA EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTA ALGUNA INEXACTITUD (CONTRADICCIÓN DE TESIS)
- TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2008-PL)
- SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONDICIONES PARA QUE OPERE RESPECTO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2006-PL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JURISPRUDENCIA. LA OBLIGATORIEDAD CONSTITUCIONAL DE LA SUSTENTADA POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXIGE DE LOS JUZGADORES ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO PERMANENTES DE LOS MEDIOS I (2a. CV/2000)
- JURISPRUDENCIA. SISTEMAS DE FORMACIÓN.- (302)
- JURISPRUDENCIA. SISTEMAS DE FORMACION. (1132)
- JURISPRUDENCIA. SISTEMAS DE FORMACIÓN. (1727)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis