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Modo: Corpus Pro

COMPURGACIÓN DE LA PENA IMPUESTA EN SENTENCIA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE RECAE A LA PETICIÓN DEL REO, PUEDE PROMOVERSE EL AMPARO INDIRECTO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 278/2011. · Registro digital (IUS): 23285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 201
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Pág. 2159.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 278/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 66/2011, fallado el diecinueve de mayo de dos mil once, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"PRIMERO. Por escrito presentado el uno de marzo del año en curso, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, *********** solicitó la protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó del secretario de Gobierno del Distrito Federal y director ejecutivo de Sanciones Penales, de la propia secretaría, que hizo consistir en: ‘a) Del secretario del Gobierno del Distrito Federal, reclamo el oficio número SG/A/271/2010, el cual fue notificado en fecha seis de diciembre del año dos mil diez, en el cual informa mediante volante de turno con número de salida 03310, que remitió a la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales para su atención correspondiente. b) Del director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, reclamo el oficio número SG/DESP/CES/SUDAD/5692/2010, notificado en fecha seis de diciembre del año dos mil diez, en el cual se contesta a petición del quejoso, en el sentido de que se realice la extinción de la pena de prisión que me fue impuesta por compurgamiento retroactivo por homologación más favorable; que dicha dirección carece de facultades, toda vez que con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la modificación de las penas corresponde a la autoridad judicial.’. ... QUINTO. Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad que expresa al ahora recurrente y suficientes para revocar el auto impugnado. En efecto, el uno de marzo de dos mil once, el recurrente promovió demanda de amparo, en la que señaló como actos reclamados: el oficio SG/A/271/2010, signado por el secretario de Gobierno del Distrito Federal, así como el diverso SG/DESP/CES/SUDAD/5692/2010, suscrito por el director ejecutivo de Sanciones Penales de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal. Respecto de los cuales, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, al considerar que, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el precepto 73, fracción XII, del invocado ordenamiento legal, por tratarse de actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del término que señalan los artículos 21, 22 y 218. Ahora bien, este órgano colegiado advierte que, contrario a lo que sostuvo el Juez de Distrito en el auto recurrido, los actos reclamados sí afectan la libertad personal del solicitante de amparo, pues si bien es cierto la privativa de libertad que padece, deriva de la ejecución de una sentencia condenatoria, también lo es que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tienen como consecuencia material tal privación, sino también por aquellos que, de alguna forma, pueden modificar las condiciones en que deba ejecutarse la privativa de libertad. Luego, es evidente que la tutela a la garantía de libertad puede realizarse contra tales actos, sin necesidad de sujetarlos al término de quince días que prevé el numeral 21 de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior y aplicada por analogía, la jurisprudencia 56/2001, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/2000, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, aprobada el cuatro de julio de dos mil uno, de conformidad con el ordinal 192 de la Ley de Amparo, cuya aplicación es obligatoria a este órgano de control constitucional, en cuanto precisa: ‘AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL.’ (se transcribe)."

2. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 237/2010, fallado el trece de enero de dos mil once, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"SÉPTIMO. Tomando en consideración lo previsto en los artículos 73, último párrafo, 74 y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluyendo las de improcedencia, deben ser examinadas de oficio, sin importar que las partes lo aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la deficiencia de la queja, pues se trata de dos figuras distintas: El análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. ... Puntualizado ello, este Tribunal Colegiado de Circuito considera procedente sobreseer el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al advertir que se actualiza la causal de improcedencia contemplada en su diverso numeral 73, fracción XII, párrafo primero. Es así, al observarse de las constancias allegadas por la autoridad responsable señalada como ordenadora, que el acto reclamado consistente en la resolución de quince de junio de dos mil diez, que desechó de plano el incidente no especificado de que se trata, emitida por el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa penal 58/2006 de su índice, fue notificada personalmente al impetrante el dieciséis de junio en cita, como consta en la cédula de notificación elaborada por el actuario judicial de esa adscripción, glosada a foja quinientos cincuenta y siete del tomo correspondiente a la causa en comento, en la cual se advierte que firmó para constancia de ello; sin embargo, la demanda de garantías que dio origen al presente juicio, fue presentada ante la autoridad responsable hasta el veintiséis de julio de dos mil diez, esto es, en forma extemporánea para hacer valer la acción constitucional y sin encontrarse en alguno de los casos de excepción que al efecto contempla el numeral 22, fracción II, párrafos primero y segundo, de la legislación invocada, como a continuación se explicará: En efecto, el ordenado 73, fracción XII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a la letra dice: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21, 22 y 218.’. Mientras que el precepto 22 aludido, en su fracción II, párrafos primero y segundo, indica: ‘Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ... II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, ...’. Por su parte, el dispositivo 21 de la misma Ley de Amparo dice: ‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al (sic) en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’. De lo expuesto, primeramente se obtiene que el acto reclamado a la autoridad mencionada, como se precisó, es la resolución de quince de junio de dos mil diez, que desechó de plano el incidente no especificado para el cómputo simultáneo de la prisión preventiva, en términos de lo previsto por los arábigos 25 y 64 del código punitivo, en la causa penal 58/2006 aludida, por estimarse que era notoriamente improcedente, en razón de advertirse que el director general de Ejecución de Sanciones de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante oficio SSP/SSPF/OADPRS/CGPRS/DGES/6298/2010, dio a conocer que la pena de prisión impuesta al quejoso en el citado expediente, por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, seguida ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, se dio por compurgada con efectos retroactivos al diecinueve de abril de dos mil nueve. Por tanto, derivado de ello, es factible obtener que tal acto no implica un ataque a la libertad personal del promovente, al evidenciarse que se encuentra afectada no por aquél, sino por razón de la sentencia condenatoria con motivo de la cual aún se encuentre privado de ella en el establecimiento de prisión preventiva que menciona en su demanda, por ende, debe estimarse que no está en la hipótesis que al respecto contempla la fracción II del numeral 22 transcrita y, en ese sentido, para promoverse la acción constitucional, el quejoso debió sujetarse al término de quince días previsto en la disposición 21 de la Ley de Amparo, al no encontrarse en algún caso de excepción para ‘interponerse en cualquier tiempo’. Es aplicable, en lo conducente, por similitud jurídica sustancial, la tesis VI.1o.P.163 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, que este homólogo comparte, publicada en la página 1112, Tomo XIV, octubre de 2001, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘DEMANDA DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL, EXTEMPORANEIDAD DE LA, CUANDO NO SE INTERPONE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO Y EL ACTO RECLAMADO NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO NI ENCUADRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, DE LA MENCIONADA LEY. Cuando sea promovido un juicio de amparo, en el que únicamente se reclamen cuestiones pecuniarias, la presentación de la demanda debe llevarse a cabo dentro del término de quince días, pues aun cuando tal acto provenga de un acuerdo dictado en los autos de un proceso penal, al no afectarse con el mismo la libertad personal del quejoso, ni encuadrar en alguno de los supuestos de excepción establecidos por el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, la presentación de la demanda fuera de ese término, que para tal fin establece el artículo 21 de la misma, obliga al sobreseimiento en el juicio, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 73 de la ley en cita.’. Entonces, al tomarse en consideración que el acto reclamado fue notificado al quejoso, como ya se expuso, el dieciséis de junio de dos mil diez, el término de quince días que le asistía para promover la acción constitucional, era el establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, que transcurrió del diecisiete de junio al siete de julio de ese año, con descuento de los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de primer mes, así como tres y cuatro del segundo, por ser inhábiles, acorde también con lo dispuesto en el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales; en consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiséis de julio de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, según se aprecia del sello fechador correspondiente que obra en el libelo de demanda de garantías, es inconcuso que fue presentada extemporáneamente y, en esas condiciones, debe tenerse como tácitamente consentido el acto reclamado que se precisa, consistente en la resolución de quince de junio de dos mil diez, que desechó de plano el incidente no especificado de que se trata, emitida por el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa penal 58/2006 de su índice, por lo que es indudable que se surte en la especie la invocada causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante lo cual, lo procedente será sobreseer el juicio, con apoyo en su diverso numeral 74, fracción III. Cobra aplicación al respecto, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con la que este diverso está de acuerdo, que obra en la página 235, Tomo XI, junio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, que a la letra dice: ‘ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita.’."

Cabe señalar que en este asunto, el Magistrado Manuel Bárcena Villanueva formuló voto particular, en el sentido de que los actos impugnados en dicho amparo sí afectaban la libertad personal del sentenciado y, por tanto, se actualizaba la excepción prevista en la fracción II del artículo 22 transcrita de la Ley de Amparo y, por tanto, podía presentar el amparo en cualquier tiempo.

CUARTO. Procedencia de la contradicción. En primer término, es necesario precisar que no se surte en el caso ninguna hipótesis de improcedencia de la contradicción.

En efecto, debe destacarse que el hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se haya apoyado en las consideraciones sustentadas por esta Primera Sala, contenidas en la tesis de jurisprudencia 56/2001, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL."; no da lugar a considerar que la tesis denunciada es improcedente, pues el propio tribunal en cita señala, en la sentencia transcrita, que dicha tesis y sus consideraciones se aplican por analogía, precisando que dicho criterio orienta el sentido del fallo pronunciado por ese órgano colegiado.

Lo anterior es así, debido a que como se advierte de la tesis de jurisprudencia aludida, dicho criterio se refiere exclusivamente a los beneficios para suspender la ejecución de la pena (específicamente al beneficio de la libertad preparatoria y sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad); sin embargo, el caso analizado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se refería a la solicitud del sentenciado respecto al cómputo para la compurgación de la pena, por lo que no era aplicable directamente la tesis de jurisprudencia para resolver el punto jurídico que se le presentaba, por ello, sólo se apoyó, por analogía, en la tesis que consideró orientaba su criterio, pero sin realizar una aplicación directa.

Asimismo, cabe anotar que sobre ese mismo punto, referente a la resolución que recae a la petición del sentenciado respecto del cómputo para la compurgación de la pena, se pronunció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, sin que de sus argumentos se advierta que considerara que la tesis en comento fuera aplicable, ya que como se advierte son dos cuestiones diversas los beneficios para la suspensión de la ejecución de la pena y el cómputo para el compurgamiento de la pena, el cual de manera alguna se puede considerar como un beneficio de los que se refiere la tesis en comento, ni tampoco se puede pensar que se trata de una tesis temática al no haberse señalado así por este Alto Tribunal, dado que dicha tesis derivó de una contradicción de tesis en el que resolvió el específico caso de los beneficios para la suspensión de la ejecución de la pena.

Por lo anterior, debe considerarse que la contradicción de tesis planteada se presenta entre las consideraciones del Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, y no así entre el último y esta Primera Sala; y, en consecuencia, como se dijo, la contradicción de tesis es procedente.

QUINTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

De igual modo, con base en dicho criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)

Tomando en cuenta lo anterior, en la especie, sí existe contradicción de criterios entre los emitidos por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer Circuito, por las razones que se exponen a continuación:

Los tribunales anteriormente referidos analizaron asuntos en los que se impugnaba la resolución recaída a la petición del sentenciado respecto al cómputo para la compurgación de la pena que le fue impuesta en sentencia; sin embargo, la divergencia entre los criterios se dio respecto a si las determinaciones relativas a la compurgación de la pena implican o no un ataque a la libertad personal del promovente, que actualice la excepción contemplada en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, al término de quince días para promover el juicio de garantías previsto en la disposición 21 de la propia ley.

En efecto, la diferencia de criterios se da al establecer si las determinaciones relativas al cómputo para la compurgación de la pena representan un ataque a la libertad personal del quejoso que le permita interponer el amparo en cualquier tiempo tal como lo establece la fracción II del citado artículo 22.

Desde el punto de vista del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, los actos reclamados que recayeron a la petición del quejoso en el sentido de que se realizara la extinción de la pena por el compurgamiento retroactivo por homologación más favorable; sí afectan la libertad personal del solicitante de amparo, pues si bien es cierto la privativa de libertad que padece deriva de la ejecución de una sentencia condenatoria, también lo es que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tienen como consecuencia material tal privación, sino también por aquellos que, de alguna forma, pueden modificar las condiciones en que deba ejecutarse la privativa de libertad; por lo que la tutela a la garantía de libertad puede realizarse contra tales actos, sin necesidad de sujetarlos al término de quince días que prevé el numeral 21 de la Ley de Amparo

Mientras que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito considera que la resolución que desechó de plano el incidente no especificado para el cómputo simultáneo de la prisión preventiva, debido a que la autoridad administrativa dio a conocer que la pena de prisión impuesta al quejoso en el citado expediente se dio por compurgada con efectos retroactivos a cierta fecha; no implica un ataque a la libertad personal del promovente, al evidenciarse que se encuentra afectada no por aquél, sino por razón de la sentencia condenatoria con motivo de la cual aún se encuentre privado de ella, por ende, debe estimarse que no está en la hipótesis que al respecto contempla la fracción II del numeral 22 transcrita y, en ese sentido, para promoverse la acción constitucional, el quejoso debió sujetarse al término de quince días previsto en la disposición 21 de la Ley de Amparo.

Según se aprecia, existe contradicción de criterios entre los tribunales contendientes, referente a si la resolución recaída a la petición del sentenciado respecto del cómputo para la compurgación de la pena que le fue impuesta en sentencia; ¿implica o no un ataque a la libertad personal del promovente, que actualice la excepción contemplada en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, al término de quince días para promover el juicio de garantías previsto en la disposición 21 de la propia ley?

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.

En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(5)

SEXTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan:

Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar, si la resolución recaída a la petición del sentenciado respecto al cómputo para la compurgación de la pena que le fue impuesta en sentencia; ¿implica o no un ataque a la libertad personal del promovente que actualice la excepción contemplada en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, al término de quince días para promover el juicio de garantías previsto en la disposición 21 de la propia ley?

A efecto de resolver la interrogante planteada, en principio, conviene señalar que esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 21/2000, en la parte que interesa a este asunto, consideró lo siguiente:

Que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala de este Alto Tribunal, en diversos criterios precedentes,(6) han considerado que la libertad personal de los individuos, no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de la libertad personal que en ese momento disfrute, sino que tal afectación también surge a la vida jurídica con actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en su situación actual de privación de libertad personal o modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse.

Que el derecho a la libertad personal que tiene el hombre, le es propio y deriva de su naturaleza, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella, por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos. Así, en el caso estudiado en ese asunto, señaló los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios mencionados, aun y cuando sea distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo.

Así, señaló que en el supuesto que se analizaba, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata.(7)

Se sostuvo que, es indudable que la resolución en que se niega el trámite o bien alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa.

De dicha contradicción de tesis derivó la jurisprudencia que a continuación se transcribe, en la que se plasman algunas de las consideraciones reseñadas anteriormente:

"AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL."(8)

De lo anterior se tiene que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23285-7a8206e0/compurgacion-de-la-pena-impuesta-en-sentencia-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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