EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER UNA TASA FIJA DEL 17.5%, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL SER COMPLEMENTARIA DE LA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL.
EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LA TASA FIJA DEL 17.5% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, NO RESULTA CONTRARIA AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 674/2011. **********. 21 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL. PONENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: JESSICA ARIANA TORRES CHÁVEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Estudio de los agravios. Los motivos de disenso que hacen valer las recurrentes deben desestimarse.
En primer lugar, resulta conveniente precisar que por cuestión de orden y técnica jurídica, los mismos serán estudiados en un orden diferente al que fueron propuestos y algunos se analizarán en forma conjunta, por estar estrechamente vinculados y así permitirlo el artículo 79 de la ley que rige el juicio constitucional.
En el primero de ellos aducen las agraviadas que la sentencia impugnada viola los preceptos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo; 349 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que refieren que se les negó el amparo resolviendo conceptos de violación que en ningún momento formaron parte de la litis, en esencia, los que se enlistan a fojas cinco a siete de su escrito de agravios.
Argumentan que de la simple lectura de su demanda se advierte que únicamente hicieron valer los conceptos de violación referidos en las fojas ocho a diez del toca, por lo que resultaba claro que el juzgador había sustituido y modificado cuáles eran éstos, así como las pretensiones fundamentales, sustituyéndose en la acción ejercida.
Manifiestan que la no inclusión en la resolución de los conceptos de violación ilegalmente resueltos atiende a que, en algunos casos, ni siquiera encuadran en la hipótesis normativa, lo que afirman evidencia aun más que el Juez ni siquiera advirtió meridianamente los hechos por los cuales le fueron invocados dichos argumentos en contra de los actos reclamados, siendo innegable que no se atendió la litis efectivamente planteada, lo que conlleva que se haya emitido una sentencia contraria a derecho.
Lo anterior resulta inoperante porque, aun cuando resultara fundado que el a quo introdujo cuestiones que no se plantearon en la demanda, el estudio de esos temas en nada perjudica a la parte recurrente, ya que, en todo caso, son la parte considerativa y los puntos decisorios de la resolución que se dirigieron a contestar los conceptos de violación formulados en el escrito respectivo, los que pueden afectarla y, por consiguiente, los que serán materia del presente recurso siempre que exista agravio en su contra.
Además, el hecho de que el Juez de Distrito haya examinado en forma integral aspectos de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, lejos de causarles un perjuicio, permite conocer con una visión más completa y profunda, el cálculo, método y consecuencias jurídicas, a la luz de los principios de justicia tributaria, legalidad, proporcionalidad y equidad que prevé el numeral 31, fracción IV, constitucional, del impuesto citado, lo que no estaba por demás, dado que al momento de la presentación de la demanda de amparo, se trataba de un nuevo esquema de contribución que merecía un escrutinio de control constitucional más amplio.
Por las razones anteriormente expuestas es que, de igual manera, resulta inoperante lo esgrimido por las revisionistas en su noveno agravio en el que en esencia aducen que en el décimo primer concepto de violación, controvirtieron la violación de los artículos quinto y sexto transitorios de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias contenidas en el diverso ordinal 31, fracción IV, de la Carta Magna.
Ello, en virtud de que adujeron que en las inversiones adquiridas entre septiembre y diciembre de dos mil siete, el contribuyente del impuesto reclamado podría deducir el cien por ciento del monto invertido en tres ejercicios; mientras que por las adquiridas entre enero de mil novecientos noventa y ocho a diciembre de dos mil siete, gozarán de un crédito máximo del cincuenta por ciento del saldo pendiente de deducir, multiplicado por factores relacionados con las tasas vigentes del impuesto empresarial a tasa única.
Además, arguyen que eso provoca que se pudiera generar la llamada "base negativa" que se materializa cuando las deducciones son mayores que los ingresos del periodo (equivalente en impuesto sobre la renta a pérdidas fiscales) y que por su parte, el crédito previsto en el numeral sexto transitorio no daba lugar a esa base negativa y se pierde por el transcurso del tiempo si no es aprovechado; adujeron que no existe causa justificada para que unos contribuyentes gocen de una deducción del cien por ciento que puede dar lugar a "base negativa" y que podrá utilizarse en diez ejercicios fiscales a partir de que se genere y otros que sólo tendrán derecho a un acreditamiento que se perderá si no se usa en el ejercicio en que se conciba y sólo será por el cincuenta por ciento máximo del saldo total pendiente de deducir.
Refieren que el Juez de Distrito, en la sentencia que se recurre, atendió y resolvió cuestiones que no le fueron planteadas, como las siguientes:
"Que no es posible reclamar la incorporación de un derecho al quejoso, consistente en que la Ley del Impuesto al Activo (antecedente de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única) (sic).
"Que el quejoso parte de una premisa errónea, pues considera que la base del impuesto empresarial a tasa única grava ingresos acumulados.
"Que la parte quejosa aduce que el artículo quinto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, al no permitir deducir de la base del impuesto, la totalidad de las ‘inversiones nuevas’ adquiridas entre septiembre y diciembre de dos mil siete, en un solo ejercicio fiscal.
"Que el artículo sexto transitorio de la ley reclamada viola el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que en relación con las inversiones adquiridas del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, sólo permite acreditar contra el impuesto, un porcentaje equivalente al 5% durante diez ejercicios y no la totalidad de ellas, o un porcentaje mayor, como lo prevén los artículos 5 y quinto transitorio de la ley reclamada, respectivamente.
"Que no existe obligación del legislador para establecer determinadas deducciones, ni tampoco está obligado a prever la naturaleza, calidad, antigüedad o características específicas de éstas.
"Que si previo a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única se permitía la deducción del valor de los inventarios, ello no tiene el alcance de que esa deducción deba pervivir en forma perpetua e inmutable en un nuevo régimen fiscal.
"Que las normas de un sistema tributario constituyen un instrumento para alcanzar metas de política fiscal y económica.
"Que el objeto del impuesto empresarial a tasa única recae sobre los ingresos efectivamente percibidos.
"Que los ‘inventarios’ que refieren los quejosos, son un sistema de control minucioso de los activos circulantes en materias primas, productos terminados o semiterminados, es decir, de aquellos activos de tránsito breve y continuo, cuyo esquema contable permite determinar la ganancia obtenida en las ventas correspondientes, registrándose las existencias de insumo en almacén, así como sus importes en unidades monetarias.
"Que si lo que grava la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única es el flujo de efectivo y en esa medida, no considera a los ingresos percibidos con anterioridad a la vigencia (conforme a lo dispuesto en el artículo octavo transitorio), resulta congruente que tampoco consideró como deducciones a los inventarios existentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete.
"Por tanto, resulta infundado el concepto de violación que se analiza.
"Que al preverse una deducción adicional en relación con las ‘inversiones nuevas’ realizadas durante el periodo comprendido de septiembre a diciembre de dos mil siete, en ese ejercicio fiscal; en el artículo quinto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, lejos de ser violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de ese impuesto. Consecuentemente, resultan infundados los conceptos de violación que se analizan.
"Que en otro concepto de violación, la parte quejosa señala que el límite máximo de diez ejercicios fiscales, para que el contribuyente pueda aplicar el crédito otorgado por el legislador en el artículo sexto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, sobre el saldo pendiente de deducir en su complementario impuesto sobre la renta, viola en su perjuicio el principio de proporcionalidad tributaria, porque difiere la disminución de la deducción del impuesto a su cargo, lo que se ve reflejado en una mayor carga tributaria que no se relaciona con su capacidad contributiva.
"Que dicho concepto de violación es infundado porque esa disminución del impuesto, aun cuando es menor en la prevista en esos artículos 5 y quinto transitorio de la ley reclamada, no es violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que las inversiones adquiridas en el lapso del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, tienen un incremento dado por su valor económico presente; lo que representa un mayor beneficio para el contribuyente, que sobrecompensa el límite establecido para la disminución del impuesto empresarial a tasa única a su cargo.
"Que si por virtud de un régimen de transición, el legislador concedió una disminución (vía crédito fiscal) acreditable contra el impuesto empresarial a tasa única que el contribuyente enterará con motivo del cumplimiento de su obligación constitucional, ese beneficio tiene mayor beneficio económico, que el perjuicio que podría causar la limitante de su acreditamiento.
"Que se concluye que son infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, ya que el artículo sexto transitorio de la ley reclamada no viola el principio de proporcionalidad tributaria pues como ya se dijo, su capacidad contributiva se ve atendida en la medida en que recibe un beneficio fiscal por una inversión cuyos ingresos se generaron antes de la vigencia de la ley, sin que ellos hubieren sido gravados para el impuesto reclamado. Además, si el Estado está facultado para cambiar las bases de tributación cuando lo estime pertinente y, por ello, el contribuyente no tiene derecho adquirido, una forma específica de deducción, el tratamiento fiscal previsto en la disposición transitoria, en valor presente, sobrecompense al acreditamiento que se pueda efectuar a lo largo de los siguientes diez años, derivado de que el beneficio es mayor a la mecánica de ‘flujos de efectivo’ del impuesto empresarial a tasa única.
"Que la parte quejosa aduce que al excluir de la aplicación del crédito fiscal, a las erogaciones por inversiones efectuadas con anterioridad al uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, el artículo sexto transitorio viola el principio de proporcionalidad tributaria ya que el legislador no justifica esa exclusión.
"Que el concepto de violación antes referido, toda vez que en el proceso de creación de la ley reclamada, el legislador señalo que el crédito fiscal, respecto de las erogaciones efectuadas por las inversiones adquiridas en el lapso del primero de enero de dos mil ocho, al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se otorgaba con la finalidad de que el nuevo régimen fiscal no provocara una carga excesiva para el contribuyente; sin embargo, la imposibilidad de acreditar las erogaciones efectuadas con anterioridad a ese periodo, no causa esa afectación porque el costo de ésta fue y es deducible, para el impuesto sobre la renta del que es complementaria el impuesto empresarial a tasa única y, en caso de su enajenación, las erogaciones efectuadas por los activos con los que se sustituyan dichos bienes, adquiridos durante la vigencia de la ley reclamada, podrán ser deducibles en su totalidad.
"Que la parte quejosa señala que el artículo quinto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola la garantía de equidad tributaria, por que no trata igual a los contribuyentes que realizaron inversiones, previamente a su vigencia que aquellos que las efectuaron durante ésta.
"Que son infundados los conceptos de violación aducidos por los quejosos pues, en sentido contrario a lo que señalan, los artículos impugnados de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única respetan la garantía de equidad tributaria al otorgar un trato distinto a contribuyentes, que como ya quedó evidenciado, no se encuentran en un plano de igualdad.
"Que en otro concepto de violación, la parte quejosa argumente que existe violación al principio de equidad tributaria, toda vez que en términos del artículo quinto transitorio de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única los contribuyentes realizaron ‘inversiones nuevas’ durante el último cuatrimestre de dos mil siete, se les permita la deducción en una tercera parte del monto de la erogación que efectuaron por esa inversión, durante tres ejercicios fiscales; mientras que conforme el artículo sexto transitorio de la ley reclamada, a los contribuyentes que invirtieron durante el lapso del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil siete (con excepción del último cuatrimestre de dos mil siete, en el caso de ‘inversiones nuevas’), sólo se les permite un acreditamiento del 5% del valor de la erogación efectuada, aplicable durante diez ejercicios fiscales, equivalente al 50% del valor total de esos bienes, sin que el legislador justifique esa distinción, lo que evidencia un trato inequitativo a sujetos que se encuentran en la misma situación jurídica, ya que ambos invirtieron con fecha anterior al inciso de la vigencia de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los ingresos que los dos obtengan en el desarrollo de sus actividades serán gravados por el impuesto reclamado.
"Que son infundados los conceptos de violación antes aducidos, ya que si bien es cierto que existe el trato diferenciado que señala la parte quejosa, también lo es que éste no es violatorio del principio de equidad tributaria, porque los referidos contribuyentes no se encuentran en la misma hipótesis jurídica considerando, en principio, que en ambos casos, las inversiones generan un aumento en el patrimonio de los contribuyentes desde el momento en que fueron realizadas y se obtuvieron ingresos que fueron en diferentes lapsos.
"Que en las referidas condiciones son infundados los mencionados conceptos de violación aducidos por los quejosos pues, en sentido contrario a lo que señalan los artículos impugnados de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única respetan la garantía de equidad tributaria al otorgar un trato distinto a contribuyentes que, como ya quedó evidenciado, no se encuentran en un plano de igualdad, toda vez que las inversiones adquiridas en el lapso del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, tienen un incremento mayor dado por su valor económico presente; que las inversiones que se efectuaron durante el último cuatrimestre de dos mil siete."
Finalmente, afirman que de la comparativa de los argumentos de su demanda de amparo y las consideraciones vertidas por el a quo en la sentencia, se aprecia que introdujo planteamientos que no le fueron expuestos, siendo esto ilegal, pues sostienen que la negativa de amparo se basó sustancialmente en la resolución de argumentos y conceptos de violación que no fueron expresados.
Esto es, los revisionistas se limitan a decir que al dar contestación a su décimo primer concepto de violación, el resolutor introdujo argumentos que no le fueron hechos valer, pero no combaten las consideraciones que sí dieron respuesta a su petición; sin embargo, como ya se dijo en párrafos que anteceden, sólo la parte considerativa que se dirigió a contestar los motivos de inconstitucionalidad formulados y que son los que pudieran ocasionarles una afectación, son los que serán materia del presente medio de impugnación siempre que exista inconformidad en su contra, cuestión que en el caso no acontece pues, se reitera, que la parte agraviada sólo se limita a señalar cuáles fueron los argumentos que dio el Juez que no fueron hechos valer por lo que se afirma que dicho motivo de disenso también es inoperante.
ESTUDIO DE OMISIONES RECLAMADAS
Por otro lado, en parte de su décimo agravio, aducen los impugnantes que la sentencia viola los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo; 349 y 352 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como el principio de congruencia de la que debe estar investida toda resolución jurisdiccional.
Sostienen ello, en virtud de que refieren que el Juez de Distrito no estudió su décimo segundo concepto de violación en el que hicieron valer que el régimen transitorio del impuesto empresarial a tasa única es violatorio de las garantías de proporcionalidad y legalidad tributarias contenidas en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al no prever un régimen de transición para aprovechar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar sufridas en ejercicios anteriores; para deducir los inventarios existentes a diciembre de dos mil siete y para deducir, en las enajenaciones de inversiones y terrenos, el monto original de inversión que el contribuyente destinó para la adquisición de esos bienes.
Dicha manifestación resulta fundada, pues como lo aduce la parte quejosa, del análisis íntegro de la sentencia sujeta a revisión no se advierte que el Juez resolutor se haya pronunciado específicamente sobre dicho argumento, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción y procede analizar el concepto de inconstitucionalidad omitido.
VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL NO PREVERSE UN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA APROVECHAR PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR SUFRIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
En efecto, en su décimo segundo concepto de violación refieren las quejosas que el régimen transitorio del impuesto empresarial a tasa única es violatorio de las garantías de proporcionalidad y legalidad tributarias contenidas en el numeral 31, fracción IV, constitucional, al no prever un régimen de transición para aprovechar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, sufridas en ejercicios anteriores; para deducir los inventarios existentes a diciembre de dos mil siete y para deducir, en las enajenaciones de inversiones y terrenos, el monto original de inversión que el contribuyente destinó para la adquisición de esos bienes.
Aducen que aun considerando que el objeto gravado del impuesto empresarial a tasa única fuera el valor aportado por la empresa a la economía nacional, medido a través de las remuneraciones a los factores de la producción, o bien, el ingreso -como se dispone en el texto de la ley-, la carencia de un régimen transitorio para amortizar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar, así como la deducción de inventarios existentes al mes de diciembre de dos mil siete o la deducción del monto original de inversión, para el caso de terrenos adquiridos antes de dos mil ocho cuando sean enajenados, provoca la violación a los principios de proporcionalidad y legalidad tributarias.
Alegan que si bien el legislador tiene plena libertad para imponer los tributos que a su juicio sean necesarios para satisfacer el gasto público; sin embargo, aducen que siempre debe observar en su implementación las garantías tributarias referidas, porque al no hacerlo incurre en una omisión que debe traer como consecuencias que, en reparación de las garantías violentadas, se autorice a los contribuyentes aplicar la deducción de los inventarios existentes a diciembre de dos mil siete y amortizar las pérdidas fiscales pendientes de aplicar y deducir el monto original de inversiones y terrenos adquiridos antes de dos mil ocho cuando sean vendidos.
Continúan señalando que, en el caso que nos ocupa, tanto el valor aportado por la empresa a la economía nacional como el incremento patrimonial gravado por el impuesto empresarial a tasa única, deben ser medidos de acuerdo a la verdadera potencialidad tributaria del sujeto pasivo y que para la cuantificación de uno y otro, el legislador estaba obligado a considerar los elementos que llevaran a determinar su valor real y no ficticio; por lo que -insisten- al no darle efecto alguno a esos conceptos, la cuantía del valor aportado a la economía nacional o el ingreso, estarán medidos de manera artificial, porque su cuantía no correspondería al valor efectivamente aportado o al ingreso realmente percibido, de tal suerte que estaría gravando al contribuyente sobre una base irreal, lo que provoca la violación a los derechos humanos de que se duelen.
Arguyen que de acuerdo con la ley que ahora se analiza, los contribuyentes que se encuentren obligados al pago del impuesto y tengan inventarios de materias primas, productos semiterminados, productos terminados o mercancías al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, cuyo costo de lo vendido sea deducible para efectos del impuesto sobre la renta, no pueden hacer lo propio tratándose del empresarial a tasa única, pues la ley de la materia sólo contempla en modo genérico, la deducción de adquisiciones a partir de su entrada en vigor.
Precisan que no es óbice la circunstancia de que el Ejecutivo Federal diera a conocer un estímulo fiscal a los contribuyentes ubicados en estos supuestos, consistente en un crédito fiscal aplicable contra el tributo controvertido que resulte en los ejercicios fiscales subsecuentes, determinado a través del importe del inventario multiplicado por un factor y el resultado obtenido se acredita en un seis por ciento de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de dos mil ocho.
Ello porque refieren que, en primer término, no se logra una deducción al cien por ciento del inventario, pues sólo llega al sesenta por ciento; y, en segundo lugar, manifiestan que no se trata de una deducción en sentido estricto, sino simplemente de un crédito fiscal aplicable directamente al impuesto que resulte en el ejercicio respectivo.
Además, manifiestan que la diferencia enorme entre la deducción tácitamente negada y el crédito otorgado mediante el decreto presidencial, radica en que la primera pudiera llevar al contribuyente a una diferencia negativa con sus ingresos que se podría utilizar en los siguientes diez años; en cambio, el monto del crédito que resulte sólo se puede aplicar en el ejercicio que resulte sin posibilidad de emplearlo en los ejercicios siguientes.
Concluyen aduciendo que, por lo anterior, es procedente que se les conceda el amparo para el efecto de que se les autorice a deducir el inventario existente a diciembre de dos mil siete y que se les permita amortizar de la base del tributo impugnado, las pérdidas fiscales sufridas en ejercicios pasados pendientes de aplicar y al momento de enajenar inversiones o terrenos adquiridos antes de dos mil ocho para que puedan deducir el monto original de la inversión, todo ello para determinar la base del impuesto.
Dichas manifestaciones devienen inoperantes y, en tal virtud, este órgano colegiado se encuentra legalmente imposibilitado para estudiar el fondo de la cuestión planteada.
En este punto resulta conveniente precisar que si bien es cierto la parte quejosa, en el presente motivo de inconstitucionalidad, hace alusión a violación a las principios de legalidad y proporcionalidad, sin embargo, y toda vez que sus argumentos van dirigidos únicamente a controvertir la inconstitucionalidad de la ley reclamada en atención al principio señalado en segundo término, se hace la aclaración que a la luz de éste es que se examinarán sus manifestaciones.
En efecto, con los anteriores argumentos las quejosas, en esencia, pretenden poner de manifiesto que la ley controvertida es inconstitucional al violar el principio de proporcionalidad limitando el reconocimiento de erogaciones o situaciones que pudieran proyectarse con el efecto de alguna aminoración tributaria en la mecánica del impuesto, así también pretenden evidenciar la contravención al principio en comento, al no reconocer una deducción prevista en el diverso impuesto sobre la renta.
Sin embargo, sobre el tema tratado existe jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal que resuelve el punto en controversia, la cual es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, por lo que este órgano colegiado considera que no es dable analizar los argumentos planteados por las revisionistas, ya que no se podría arribar a una conclusión distinta de la ahí plasmada.
Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, abril de 1997, página 21, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."
Así es, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver el amparo en revisión 358/2009, señaló que el impuesto empresarial a tasa única no era una versión reeditada del impuesto sobre la renta, por más que ambos gravámenes formen parte de un sistema impositivo complementario o por más que compartan aspectos trascendentes en su mecánica.
Adujo que para determinar si la ley impugnada es desproporcional al no prever las deducciones referidas por las quejosas, debía tomarse en cuenta que, si el legislador seleccionó como manifestación de riqueza gravada por el impuesto empresarial a tasa única los ingresos brutos recibidos por la realización de las actividades indicadas en el artículo 1 de la ley que rige dicho tributo, entonces concluyó que la previsión de deducciones en el propio ordenamiento no tenía como finalidad determinar una utilidad a gravar, ya que sostuvo que para conocer cuál es la capacidad contributiva que revelan los sujetos pasivos de dicho tributo debía atenderse, en principio, única y exclusivamente al monto por el que reciban los referidos ingresos brutos, pues precisó que es la magnitud en la que éstos se obtengan la que evidencia en el caso del impuesto empresarial a tasa única la aptitud de los gobernados para contribuir proporcionalmente al financiamiento de los gastos públicos.
Concluyó diciendo que, en el caso del tributo impugnado, la previsión o no de determinadas deducciones resultaba irrelevante para determinar si las normas que rigen a dicha contribución respetan el principio de proporcionalidad tributaria, pues como se puso de manifiesto en párrafos que anteceden, adujo que la capacidad contributiva sobre la que recae es la revelada por los ingresos brutos recibidos por las actividades previstas en el numeral 1o. de la ley reclamada.
Por tal motivo, señaló que el acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria no está determinado por la existencia de deducciones o que éstas se reconozcan parcialmente.
Dichos argumentos dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 164/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 488, de rubro: "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 3, 5 Y 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE DIVERSOS CONCEPTOS, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008)."
Así como a la diversa 2a./J. 165/2010 de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 492, de rubro: "EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. LOS ARTÍCULOS 8, 9, 10, 11, QUINTO Y SEXTO TRANSITORIOS DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO RECONOCER TOTAL O PARCIALMENTE DIVERSAS EROGACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACONTECIDAS ANTES O DESPUÉS DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008)."
De igual manera, y en relación con su argumento en el sentido de que la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única viola en su perjuicio el principio de proporcionalidad tributaria al no permitir la deducibilidad de los inventarios existentes al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, también resulta ilustrativa la tesis P. LXXX/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 38, de rubro y texto siguientes:
"EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE LOS INVENTARIOS DEVENGADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008). Tomando en cuenta que el objeto del impuesto empresarial a tasa única son los ingresos brutos recibidos por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y que la magnitud o cua
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23360-221f5dd4/empresarial-a-tasa-unica-el-articulo-1-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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