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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EXISTA UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA EN SU CONTRA POR UNA DE LAS PARTES, SU ABOGADO O REPRESENTANTE EN EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 230/2011. · Registro digital (IUS): 23412
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TER
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 1043.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 230/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: JOSÉ ALFONSO HERRERA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el tema sobre el cual tratan las ejecutorias participantes en la presente contradicción de tesis es de la materia común, y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente respectivamente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. ..."

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, participante en esta contradicción de tesis, al resolver el tribunal del cual forma parte, los impedimentos 9/2009 y 11/2011. Luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió su criterio en sesiones de once de junio de dos mil nueve y doce de mayo de dos mil once, al resolver los impedimentos 9/2009 y 11/2011, planteados ambos por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en los autos de los juicios de amparo 2197/2008 y 1033/2011, respectivamente.

En este caso, sólo se transcribirá la parte conducente de la ejecutoria recaída al impedimento 9/2009, dado que el diverso citado contiene idéntico razonamiento, y resultaría por ello ociosa su transcripción.

Así, en lo interesante, dicho Tribunal Colegiado sustentó las consideraciones siguientes:

"TERCERO. Es infundado el impedimento propuesto por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco para resolver el juicio de amparo número 2197/2008, promovido por **********. Previo a exponer las razones que sustentan lo expuesto en el párrafo próximo anterior, conviene transcribir el artículo 66 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ‘Artículo 66.’ (se transcribe). Ahora bien, las causas de impedimento no son enunciativas, sino limitativas, esto es, deben encuadrar exactamente en la hipótesis prevista al efecto por ese numeral. Al respecto, resulta dable invocar la jurisprudencia 1a./J. 5/95 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, mayo 1995, página 66, que dice: ‘IMPEDIMENTO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON ENUNCIATIVAS SINO LIMITATIVAS.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, a continuación este Tribunal Colegiado expondrá los motivos por los cuales estima desacertadas las razones expuestas por el Juez de Distrito para justificar la actualización de la hipótesis prevista en la fracción VI, del artículo 66 de la Ley de Amparo. El Juez de Distrito expuso que se surtía dicha causal debido a que, derivado del incidente de suspensión relativo al juicio de garantías 1519/2005 del índice del propio Juzgado de Distrito **********, en su carácter de apoderado del ahí quejoso, promovió denuncia penal en contra del citado titular. Que en el aludido incidente, el propio **********, solicitó al juzgador federal que se abstuviera de conocer de dicho asunto, debido a que, precisamente, el prenombrado ********** presentó la referida denuncia penal. El Juez de Distrito estimó que tal acto ‘constituía por lo menos una injuria que hacía reaccionar al suscrito con una enemistad manifiesta y que atentaba contra el decoro y buen nombre de los servidores públicos que laboran en este órgano de control constitucional’; puesto que en dicha denuncia se proferían calumnias y se realizaban manifestaciones denostadoras, con lo que ‘podría verse afectada mi imparcialidad, objetividad e independencia de criterio que la función jurisdiccional exige’. De lo relatado con antelación se advierte, en esencia, que la presentación de la denuncia penal en contra del Juez de Distrito, es lo que generó en el juzgador federal un rechazo hacia el autorizado de la parte quejosa, lo que, aduce, afecta su objetividad para fallar el asunto de que se trata. Pues bien, a juicio de este Tribunal Colegiado es dable considerar que los motivos que sustenta el Juez de amparo, no son suficientes ni aptos para acreditar la causal de impedimento que plantea. Ello se estima así, toda vez que la función de la denuncia o querella es reducida, en cuanto se limita a poner en conocimiento del órgano investigador la notitia criminis, lo que significa que es el acto por medio del cual cualquier persona informa al Ministerio Público sobre la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito, en el que pudo resultar afectado el querellante, denunciante o sólo tenga un interés legítimo. En esos términos, una vez presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir con sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercitar la acción penal. Por lo que la circunstancia de que alguna de las partes en el juicio de amparo presente una denuncia penal o querella contra el juzgador de garantías no implica, de manera patente e indudable, que se actualice un ánimo de aversión en perjuicio del denunciante o querellante, determinante de la enemistad manifiesta que como causa del impedimento establece el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo. Cierto, no justifica un sentimiento de enemistad apoyado en la simple presentación de una denuncia o querella penal, porque esto constituye el ejercicio de un derecho y, a su vez, una obligación que tienen los gobernados para conservar el orden jurídico. Cuenta habida que al exigir el legislador en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo que la enemistad sea manifiesta, quiso limitar esta causal de impedimento al caso de que sea patente y clara, sin dejar la menor duda; en tal virtud dicha causal no puede acreditarse con base en simples inferencias como lo sería la circunstancia de que una de las partes en el juicio hubiera formulado en contra de un funcionario del Poder Judicial Federal una denuncia de hechos que podrían ser constitutivos de delito, ya que la enemistad manifiesta, precisa acreditar los hechos evidentes o actitudes de aversión u odio del funcionario para con una de las partes. En esa tesitura, siendo la causal de enemistad manifiesta, prevista por el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, una aversión clara e indudable que siente un funcionario judicial federal hacia alguna de las partes en el juicio de garantías, o en relación con sus abogados o representantes, es inconcuso que la existencia de esa actitud peculiar generalmente debe estar exteriorizada con anterioridad a la formulación del impedimento mediante hechos o actitudes del funcionario o a través de situaciones concretas que la demuestren o la hagan inferir objetivamente. Cuestión que de suyo no puede colegirse por el simple hecho de que en el escrito relativo se exprese y se demuestre que en contra de los referidos funcionarios judiciales se ha formulado una denuncia o queja de cualquier índole pues, de lo contrario, se llegaría al absurdo de que bastaría la presentación de una acusación de carácter grave para que el alegante del impedimento consiguiera caprichosamente que el asunto que le interesa lo resuelva el órgano jurisdiccional que mejor le acomode. Exacto, en todo momento es menester acreditar la evidente actitud de aversión del funcionario para con una de las partes. Además, de admitirse que por el hecho de que una de las partes en el juicio haya interpuesto una denuncia penal en contra de un funcionario encargado de la administración de justicia dentro del Poder Judicial Federal, debe seguirse que el aludido funcionario necesariamente aloja un sentimiento de enemistad manifiesta en contra de quienes la formularon, propiciaría que quedara al capricho de las partes la citada causal lo que podría llevar a la interposición desmedida de este tipo de denuncias con la única finalidad de retrasar la solución del juicio. Apoya lo considerado con antelación, la jurisprudencia 3a./J. 21/94 sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 79, julio de 1994, página 22. ‘IMPEDIMENTOS DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS DE NATURALEZA PENAL EN SU CONTRA, POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO, NO ACREDITA LA CAUSAL RELATIVA A ENEMISTAD MANIFIESTA.’ (se transcribe). No pasa inadvertido que como consecuencia de la formulación de denuncias de hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de funcionarios del Poder Judicial Federal, podría darse el caso de que éstos llegaran a sentir resentimientos en contra de quienes las formulan; sin embargo, no debe perderse de vista que la formulación de una denuncia de carácter penal no implica necesariamente el surgimiento de ese sentimiento. De ahí que es menester que, en todo caso, se aleguen hechos y actitudes de animadversión u odio que hagan patente la enemistad. Sobre el tema tratado es dable citar, además, el criterio emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Octava Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VIII, agosto de 1991, página: 73, tesis 3a. CXIX/91. ‘IMPEDIMENTO. LA CAUSAL DE ENEMISTAD MANIFIESTA DEBE ESTAR EXTERIORIZADA CON ANTERIORIDAD A LA FORMULACIÓN DE EL, SIN QUE PUEDA INFERIRSE SU EXISTENCIA POR EL HECHO DE QUE EN EL ESCRITO RELATIVO SE EXPRESE Y SE DEMUESTRE QUE EN CONTRA DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES RESPECTO DE LOS CUALES SE FORMULA, SE HA PRESENTADO UNA DENUNCIA O QUEJA DE CUALQUIER ÍNDOLE.’ (se transcribe). Asimismo, es menester invocar el criterio -que se comparte- emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XVII, enero de 2003, página 1793, tesis I.3o.C.45 K. ‘IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. NO BASTA PARA QUE SE ACTUALICE LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA PENAL O QUERELLA CONTRA EL JUZGADOR DE AMPARO.’ (se transcribe). Así, no basta que el Juez de Distrito esgrima que con la presentación de la denuncia penal en su contra, ‘constituía por lo menos una injuria que hacía reaccionar al suscrito con una enemistad manifiesta y que atentaba contra el decoro y buen nombre de los servidores públicos que laboran en este órgano de control constitucional’; puesto que en dicha denuncia se proferían calumnias y se realizaban manifestaciones denostadoras, con lo que ‘podría verse afectada mi imparcialidad, objetividad e independencia de criterio que la función jurisdiccional exige.’. Cuenta habida que la enemistad manifiesta a que se refiere como causa de excusa para conocer de los juicios de amparo, no es el sentimiento de enemistad ocasional o pasajera que pudieran provocar en el ánimo del juzgador las palabras o escritos más o menos ofensivos que se le dirijan, con motivo de los asuntos de su conocimiento, ni las frases más o menos injuriosas que pudieran constituir un simple ardid para excluirlo de ese conocimiento, posiblemente en perjuicio de las otras partes y con menoscabo de la pronta administración de justicia. Por lo cual los funcionarios deben mantener un criterio de ponderación, no tomando en cuenta frases más o menos hirientes u ofensivas de los interesados, sin perjuicio de exigirles que les guarden el debido respeto, corrigiendo las faltas que cometan mediante la imposición de las correcciones disciplinarias que establezca la ley, y aun haciendo la consignación respectiva cuando el caso lo amerite. Para sostener lo anterior, este tribunal considera aplicable la tesis de la Séptima Época, de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 21, de la segunda parte del tomo 38, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘IMPEDIMENTOS EN EL AMPARO. ENEMISTAD MANIFIESTA.’ (se transcribe). Finalmente, no es óbice a lo anterior, la jurisprudencia que invoca el Juez de Distrito, de rubro: ‘IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO.’, toda vez que, precisamente, por las razones expuestas anteriormente, el juzgador no justificó una causa objetiva y razonable que acredite la enemistad manifiesta que alega. Consecuentemente, se reitera lo infundado del impedimento planteado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, para resolver el juicio de amparo número 2197/2008, de su índice."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el impedimento 83/2002 planteado por la parte quejosa en el juicio de amparo 7902/2002, en relación con el tema señalado en la denuncia de la presente contradicción de tesis, sustentó las consideraciones siguientes:

"CUARTO. Antes de abordar el estudio de los motivos de impedimento que plantea el promovente contra los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es necesario tener presente que el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, establece: ‘Artículo 17.’ (se transcribe). El dispositivo constitucional transcrito alberga el derecho fundamental de acceso a la justicia que se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y los órganos del Estado encargados de la jurisdicción tienen el correlativo deber jurídico de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes relativas. Asimismo el precepto constitucional en comento, establece cuatro subgarantías que deberán observar los órganos de administración de la justicia al momento de resolver las controversias planteadas, a saber: 1) justicia pronta, 2) justicia completa, 3) justicia imparcial y 4) justicia gratuita. De manera específica, la justicia imparcial significa que el juzgador emita una resolución no sólo apegada a derecho, sino, primordialmente, que no de lugar a que pueda considerarse que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Sobre el tema la subgarantía de justicia imparcial, el Órgano Revisor de la Constitución estableció en la iniciativa de reformas al artículo 17 que fueron publicadas el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete en el Diario Oficial de la Federación, lo siguiente: (se transcribe). Como puede advertirse de la exposición de motivos de reformas, la eficacia del acceso a la justicia no está limitada al trámite y decisión de los asuntos que se plantean a los órganos jurisdiccionales, sino también debe comprender ciertos matices que permitan suponer que el pronunciamiento relativo no está afectado de imparcialidad objetiva o subjetiva. En efecto, la justicia imparcial que debe prevalecer para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho se traduce, por una parte, en la observancia de la totalidad de las normas jurídicas que regulan el caso, pues su incumplimiento produce diversas consecuencias que afectan de modo cierto a alguno de los entes que intervienen en el litigio, favoreciendo al otro con esa actualización y por otra parte, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos debatidos sin crearse sentimientos de repugnancia o simpatía hacia alguna de las partes sea por los datos probatorios que se proporcionen o por conocimiento externo de las conductas del sujeto, es decir, las determinaciones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. En este tenor, las leyes reglamentarias, procesales y orgánicas del país establecen diversos medios y mecanismos a los que pueden acudir los gobernados para garantizar que sea imparcial el fallo que dirima la contienda, en sentido amplio, pero de igual manera las propias legislaciones permiten que los titulares de los órganos encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en la resolución que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento en aras de cumplir con la máxima constitucional de mérito. De esta manera, la Ley de Amparo regula determinadas circunstancias susceptibles de afectar la imparcialidad con que los Jueces, Magistrados y Ministros deben proceder en el ejercicio de sus cargos, estableciendo un catálogo de impedimentos que revisten la característica de ser limitativos, no ejemplificativos, sin embargo, algunos tienen cualidades objetivas y otros se basan en criterios subjetivos, que son susceptibles de aplicación analógica. Para demostrar tal aseveración debe tenerse en consideración lo dispuesto en el artículo 66 de la ley de la materia: ‘Artículo 66.’ (se transcribe). La lectura de las causas de impedimento que enumera el artículo reproducido permite afirmar que el legislador creó un sistema para garantizar el efectivo acceso a la justicia constitucional, disponiendo que la configuración de las circunstancias que afecten la imparcialidad debía ser limitada y estricta en las fracciones I, III, IV y V, esto es, exactamente aplicable a la hipótesis normativa, mientras que en las fracciones II y IV, fue intención que se materializaran con las conductas o hechos que encuentren en ellas. Al respecto, se advierte que el promovente plantea el impedimento argumentado que se surte, en primer plano y en cuanto a los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo. La fracción invocada establece: ‘Artículo 66.’ (se transcribe). De lo previsto en el artículo precitado, claramente se advierte que las afirmaciones del apoderado de la parte quejosa, en el sentido de que los señores Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y José Joaquín Herrera Zamora, se encuentran impedidos para intervenir en el recurso de reclamación y en el incidente de nulidad de actuaciones a que el presente asunto se refiere, son ajenas a las motivaciones que dan sustento a dicha causa, consistentes en evitar la mera expectativa de que el ánimo del juzgador pueda carecer de imparcialidad por haber tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, haber aconsejado como asesor de la resolución reclamada o haber emitido en otra instancia la resolución impugnada. Se expone tal aserto, toda vez que el promovente no precisó las circunstancias por las cuales estima que los aludidos Magistrados se encuentran impedidos en el conocimiento del recurso de reclamación interpuesto contra el acuerdo que declara firme el desechamiento de la demanda y del incidente de nulidad de actuaciones, ni aportó medio probatorio alguno que robusteciera su dicho, es decir, no acreditó fehacientemente que los mencionados funcionarios judiciales hubieran tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o, aconsejado como asesores de la resolución reclamada o emitido en otra instancia la resolución impugnada, extremos éstos exigidos por el precepto legal invocado. Luego, no es legal el impedimento de los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en cuanto a la hipótesis que se analiza, puesto que las constancias que integran el juicio de amparo directo número 7902/2002, son demostrativas de que dichos funcionarios no tienen el carácter de autoridad responsable, menos que hubiesen aconsejado como asesores de la resolución reclamada, ni siquiera que hayan emitido esa resolución en otra instancia o jurisdicción, por tanto, ante la negativa de los Magistrados en relación con los hechos que se les atribuyen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo, correspondía al promovente probar los extremos de su pretensión ofreciendo las pruebas idóneas para acreditar que existen motivos fundados de posible parcialidad, lo que no aconteció en la especie, pues valorados los documentos que ofreció en la audiencia correspondiente, no se arriba a una conclusión distinta a la expuesta. En esa tesitura, es conveniente señalar que de los documentos ofrecidos por el promovente mediante escrito del tres de septiembre de dos mil dos, destacan todo lo actuado en el juicio de amparo número 7902/2002 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, promovido por ********** contra actos de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como el original con sello de recibido de la denuncia penal presentada contra los Magistrados que integran ese órgano jurisdiccional, en la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República; sin embargo, ninguno de los medios de prueba reseñados conducen a este Tribunal Colegiado a la convicción que los Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y José Joaquín Herrera Zamora, se encuentran en ese supuesto de impedimento para conocer el recurso de reclamación y el incidente de nulidad de actuaciones a que este asunto se contrae, en razón de que dichas probanzas no desvirtúan la negativa de los Magistrados de encontrarse en la causa prevista en la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, invocada por el promovente, es decir, con esos medios probatorios no se arriba a la conclusión de que los mencionados funcionarios hubiesen tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o aconsejado como asesores de la resolución reclamada o emitido en otra instancia la resolución impugnada. Sirve de apoyo a la conclusión de mérito, la jurisprudencia número 18/99 de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: ‘IMPEDIMENTO. LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DE UNA CAUSAL, ANTE LA NEGATIVA DEL MAGISTRADO, ES INSUFICIENTE.’ (se transcribe). De todo lo anterior claramente se desprende que las afirmaciones del apoderado de la parte quejosa, en el sentido de que los Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y José Joaquín Herrera Zamora, se encuentran impedidos para intervenir en el recurso de reclamación y el incidente de nulidad de actuaciones planteados dentro del juicio de amparo 7902/2002, son totalmente ajenas a las motivaciones que dan sustento a la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el promovente aduce que los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito se encuentran impedidos para resolver los asuntos relativos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo. El artículo 66, fracción VI, de la materia, establece: ‘Artículo 66.’ (se transcribe). La causa de impedimento prevista en esa fracción tiende a evitar que el ánimo del juzgador pueda carecer de imparcialidad por la aparición de alguno de los dos factores diametralmente opuestos y excluyentes entre sí, que constituyen la amistad estrecha o la enemistad manifiesta. Sobre la ‘enemistad manifiesta’, cabe puntualizar que su interpretación axiológica y la intención del legislador ponen de relieve que la razón de su existencia es limitar esta causa de impedimento al grado de permitir su configuración exclusivamente en aquellos casos en que sea patente y clara, sin dejar la menor duda, por lo que su acreditamiento no puede estar sustentado en simples deducciones o inferencias. De igual importancia resulta precisar que la enemistad constituye un sentimiento de aversión que, en mayor o menor grado, experimentan las personas y, en el caso, los funcionarios judiciales hacia alguna de las partes o sus abogados o representantes y, por ese motivo, es lógico pensar que esas circunstancias hostiles influirán en el pronunciamiento de las resoluciones que se dicten, pues subsistiría la mala voluntad contra esos sujetos que indudablemente trae como consecuencia la parcialidad del fallo, en menoscabo del derecho fundamental de la administración de justicia imparcial. Ahora bien, el promovente estima que en la especie se actualiza la causa de impedimento por existir enemistad entre la parte que representa y los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, pues formuló denuncia penal contra dichos funcionarios federales ante la Procuraduría General de la República, atendiendo a que éstos, según afirma, incurrieron en supuesta responsabilidad al resolver lo conducente sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo número 8002/2001, promovido por su contraparte. En tal virtud, es indispensable señalar que el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, establece como requisito para que pueda expedirse una orden de aprehensión que proceda denuncia o querella. Así, la función de la denuncia es reducida, en cuanto se limita a poner en conocimiento del órgano investigador de la acusación de la notitia criminis, lo que significa que es el acto por medio del cual cualquier persona informa al Ministerio Público sobre la comisión de hechos que pueden llegar a constituir un delito, en el que pudo resultar afectado el denunciante o sólo tenga un interés legítimo. Entonces, la función del denunciante se limita a dar parte a la autoridad persecutora de la comisión de tales hechos, pero una vez presentada la denuncia, será dicha autoridad la encargada de cumplir con sus funciones de averiguar y, en su caso, de ejercitar la acción penal, por lo que la circunstancia de que se presente una denuncia penal contra los funcionarios federales de mérito no implica, de manera patente e indudable, que se actualice un ánimo de aversión en perjuicio del denunciante, pues existe la presunción de que los juzgadores cuentan con una formación y preparación para resolver las controversias que se sometan a su consideración de forma por demás honorable, aun ante las adversidades que se presenten en su función jurisdiccional, por ende, no es posible, por regla general, que surja un sentimiento de enemistad apoyado en la presentación de una denuncia penal porque éste constituye un derecho y obligación que tienen los gobernados, de ahí que es menester que se corroboren los hechos y actitudes de animadversión u odio con otros elementos de prueba que lo hagan evidente. Desde esa óptica, debe decirse que, por sí sola, la denuncia penal presentada el veinte de junio de dos mil dos, contra los Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, Luz Delfina Abitia Gutiérrez y José Joaquín Herrera Zamora no revela que estos servidores públicos se pronuncien con parcialidad de criterio en el incidente de nulidad de actuaciones o en el recurso de reclamación, pues en modo alguno les compele para actuar imbuidos por alguna repugnancia hacia el representante de la parte quejosa, sus abogados o contra ella misma, por tanto, ante la negativa de enemistad por esa situación, correspondía allegar al promovente otros datos que pudieran desestimar dicha afirmación, porque el documento de mérito es insuficiente para demostrar que los funcionarios federales alojaron un sentimiento o estado de ánimo en perjuicio de la persona moral quejosa, es decir, mala voluntad que los haría conducirse con arbitrariedad en el pronunciamiento de las resoluci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23412-3e879af8/impedimento-por-causa-de-enemistad-manifiesta-para-calificarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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