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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO POR ENEMISTAD MANIFIESTA. LA EXISTENCIA DE UNA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR ALGUNA DE LAS PARTES EN CONTRA DEL JUZGADOR QUE CONOCE DE UN ASUNTO DE SU COMPETENCIA, NO ES SUFICIENTE POR SÍ MISMA PARA CALIFICARLO DE LEGAL; SÍ LO ES EN EL CASO DE LA DENUNCIA FORMULADA A TÍTULO PERSONAL POR EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN CONTRA DE AQUÉLLAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2011. · Registro digital (IUS): 23526
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 431.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 255/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS DEL NOVENO CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: IGNACIO VALDÉS BARREIRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer, esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni formal ni materialmente el Pleno del Noveno Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Noveno Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, dado que figuró como parte en los impedimentos que dieron origen a la denuncia de contradicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

A) El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el treinta de marzo de dos mil once el impedimento 1/2011, deducido del juicio de amparo indirecto 176/2011-IV, promovido por **********, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en San Luis Potosí, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Debe declararse infundado el impedimento planteado, por las razones que a continuación se precisan. El examen de la resolución de veintidós de febrero de dos mil once, a través de la cual se plantea el impedimento materia de esta resolución, permite colegir que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado funda su determinación en las hipótesis previstas en los artículos 66, fracción VI, de la Ley de Amparo y 146, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Primeramente, es oportuno acotar que aun por regla general los supuestos de impedimento previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación operan en tratándose de todos aquellos medios de control constitucional y demás asuntos cuya competencia corresponda a los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, el juicio de garantías constituye una excepción a esa regla, en razón de que la Ley de Amparo prevé, de manera específica, las causas que actualizan los motivos de impedimento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito y demás autoridades que conforme al artículo 37 de la citada compilación, están facultados para conocer del juicio de garantías. En ese tenor, no es dable examinar el impedimento plateado (sic) por el Juez de Distrito en base a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Al particular adquiere puntual aplicación el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 7/2007, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyos epígrafe y texto enseguida se transcriben: ‘IMPEDIMENTOS. LAS CAUSALES QUE LOS ACTUALIZAN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y EN LOS RECURSOS EN ÉL PREVISTOS, SON LAS CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN EL NUMERAL 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (la transcribe). En ese sentido, procedemos al examen del impedimento formulado conforme a lo dispuesto en el artículo 66, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. El precepto de mérito es del siguiente tenor: ‘Artículo 66.’ (lo transcribe). Ahora bien, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado estima que en el caso opera la aludida causa de impedimento, bajo el argumento toral de que el impetrante de garantías **********, formuló en su contra denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, por supuesta conducta delictiva, así como que a su vez, el propio juzgador denunció a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, ante la autoridad en cita, circunstancia que puede ocasionar parcialidad para decidir en el juicio de amparo número 176/2011-IV, de su índice. Al juicio de amparo se glosó fotocopia certificada del oficio número 0183/2011, suscrito por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa IV, adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales ‘A’ de la Procuraduría General de la República (foja 43) a través del cual se solicita al licenciado **********, Juez Cuarto de Distrito en el Estado, se sirva enviar en un término no mayor de tres días y por escrito su declaración ministerial dentro de la averiguación previa número **********. Asimismo, anexa copia certificada del acuerdo de veintidós de febrero de dos mil once, del que se deduce que la averiguación previa de que se trata deriva de la denuncia interpuesta por **********, en relación con el juicio de amparo número 1161/2010-II, y fotocopia certificada del escrito a través del cual el Juez Cuarto de Distrito rinde su declaración en aquella indagatoria y denuncia a **********, por el delito señalado. Una vez acotadas las consideraciones en que se sustenta la causa de impedimento y las pruebas en que se funda, es dable estimar que la presentación de la denuncia penal en contra del Juez Cuarto de Distrito en el Estado, y la de éste en contra del quejoso, contrario a lo que se considera en la resolución que la invoca, no acredita la causa de impedimento alegada, pues esta circunstancia resulta insuficiente para demostrar la enemistad manifiesta a que se refiere la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo; amén de que con ello únicamente se demuestra que el quejoso formula una denuncia penal en su contra, y éste en contra de aquél, mas no que tal particularidad provoque en el citado Juez sentimientos de enemistad manifiesta hacia el denunciante, resultado del señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia. En efecto, al imponer el legislador que la enemistad sea manifiesta, su pretensión fue limitar la causa de impedimento al caso específico y que la misma resulte patente y notoria, sin dejar la menor duda, por lo que la causa no puede acreditarse con base en inferencias o manifestaciones de que la denuncia penal puede influir en su imparcialidad, lo que evidencia el término ‘podría’ utilizado en la resolución a través de la cual se propone el impedimento legal. Así las cosas, la enemistad no puede ni debe juzgarse como consecuencia de actos que no fueron realizados por la persona a quien se le atribuye ese sentimiento, sino que en todo momento es menester acreditar la evidente actitud de animadversión del funcionario para con el quejoso. Adicionalmente, de admitirse la postura del promovente en el sentido de que por el hecho de que una de las partes en el juicio interponga una denuncia penal en contra de un funcionario encargado de la administración de justicia dentro del Poder Judicial Federal, o de éste en contra del quejoso, debe seguirse que el aludido funcionario necesariamente aloja un sentimiento de enemistad manifiesta en contra de quien la formula, propiciaría que estuviera a la voluntad de las partes la citada causal, lo que podría llevar a la interposición desmedida de este tipo de denuncias con la única finalidad de retrasar la solución del juicio, de ahí la necesidad de que el juzgador exprese una causa objetiva y razonable susceptible de justificar su enemistad manifiesta y, por ende, la causa de impedimento. Al particular es ilustrativo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/2006, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese circuito, cuyos epígrafe y texto enseguida se transcriben: ‘IMPEDIMENTO POR CAUSA DE ENEMISTAD MANIFIESTA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL DEBE ATENDERSE A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN TAL SUPUESTO, ASÍ COMO AL SEÑALAMIENTO DE UNA CAUSA OBJETIVA Y RAZONABLE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFICARLO.’ (la transcribe). Luego, la formulación de denuncias recíprocas de naturaleza penal en contra de algún funcionario del Poder Judicial de la Federación encargado de administrar la justicia constitucional, no acredita la causa relativa a la enemistad manifiesta que prevé la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo. Adquiere puntual aplicación la jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce: ‘IMPEDIMENTOS DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS DE NATURALEZA PENAL EN SU CONTRA, POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO, NO ACREDITA LA CAUSAL RELATIVA A ENEMISTAD MANIFIESTA.’ (la transcribe). En ese tenor, y atendiendo a las consideraciones expuestas, los suscritos Magistrados estiman que en el caso no opera la causa de impedimento invocada. Este tribunal no desatiende que el Juez Cuarto de Distrito en el Estado sustenta su determinación en la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: ‘IMPEDIMENTO. DEBE CALIFICARSE DE LEGAL, SI SE DEMUESTRA EXISTE DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL TITULAR QUE CONOCE DE UN ASUNTO, PRESENTADA POR LAS PARTES, SUS ABOGADOS O REPRESENTANTES.’; sin embargo, al constituir una tesis aislada, la misma no es de aplicación obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, como sí lo es la jurisprudencia en que se sustenta esta ejecutoria, bajo el rubro: ‘IMPEDIMENTOS DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL FEDERAL. LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS DE NATURALEZA PENAL EN SU CONTRA, POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO, NO ACREDITA LA CAUSAL RELATIVA A ENEMISTAD MANIFIESTA.’."

Con igual criterio resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito los impedimentos 2/2011, 3/2011 y 4/2011.

B) El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el treinta de marzo de dos mil once el impedimento 1/2011, deducido del juicio de amparo 109/2011-I, promovido por **********, ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en San Luis Potosí, consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Es legal el impedimento planteado, por actualizarse la causa contenida en el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que el quejoso, en el juicio materia del impedimento, presentó una denuncia penal en contra del Juez de Distrito que se declaró impedido. Para una mejor comprensión del asunto, conviene señalar los antecedentes que se deducen del expediente 109/2011-1, remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio, en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del diverso 2o. de esta última legislación, y que son los siguientes: 1. ********** promovió demanda de amparo en contra del acto atribuido a **********, titular de la Unidad de Información Pública del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y ********** (Interapas). 2. El Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado admitió a trámite la demanda, la que registró con el número 109/2011-1. 3. ********** promovió demanda de amparo en contra del acto del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el juicio de amparo 1161/2010-II, también del índice del Juzgado Cuarto de Distrito. 4. El veintidós de febrero de dos mil once, el Juez Cuarto de Distrito ordenó remitir el juicio de amparo 109/2011-1, al Tribunal Colegiado en turno en esta ciudad capital, para la calificación de la causa de impedimento planteada. 5. Posteriormente, mediante oficio número I-1310, de dos de marzo de dos mil once, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado informó a este órgano colegiado de circuito, que en el juicio de amparo 109/2011-1, dictó un acuerdo en el que entre otras cosas, hizo constar que compareció ante el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa IV investigadora de la Subdelegación de Procesos Penales ‘A’; con residencia en esta ciudad, a efecto de denunciar a **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo; lo que en su opinión actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 146, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la que establece el numeral 66, fracción VI, de la Ley de Amparo. Una vez establecidos los antecedentes del caso, es necesario señalar que los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, es un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva y consiste en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial. A través de los concursos y con todas las garantías que están establecidas para que tales sujetos se presenten como los más idóneos para el cumplimiento de las delicadas funciones jurisdiccionales, el Estado asegura, de modo general, la finalidad y la tarea de la recta administración de la justicia, de suerte que sean llamados a formar parte del órgano judicial solamente aquellas personas que por sus conocimientos, cultura y su capacidad intelectual, así como por particulares requisitos de moralidad y de escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, aparezcan como las más apropiadas para el buen funcionamiento de las tareas judiciales. Esta relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado, es una relación de derecho público y tiene por contenido el deber fundamental del Juez o de otro funcionario del orden judicial, de cumplir las funciones de su oficio, y en especial las funciones jurisdiccionales, deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial). Esta exigencia del Estado al cumplimiento, por parte del funcionario, de las funciones a él atribuidas, y esa obligación correlativa del funcionario para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del funcionario, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer los poderes para los que ha sido puesto al frente de una función determinada. Los sujetos físicos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado. Aunque la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del sujeto para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplir dicha función respecto de una litis determinada. Esto proviene del hecho de que las garantías de que está rodeada la designación de tales sujetos físicos, se contemplan en abstracto, en relación con la función que ha de ejercerse en general y no en concreto, respecto de la función considerada en relación con determinada causa. Se suele hablar, por tanto, de una inidoneidad del Juez para juzgar, porque no está provisto de los requisitos de imparcialidad indispensables para juzgar según justicia (nemo iudex in causa propria). Estas razones contingentes de inidoneidad constituyen una forma particular de incapacidad de los sujetos llamados a asumir la calidad de órgano de la función jurisdiccional del Estado o de titulares de las funciones jurisdiccionales. Se trata, en sustancia, de una serie de condiciones que el sujeto físico debe llenar para que pueda cumplir las funciones a él encomendadas y ejercer la jurisdicción de que está investido, que constituyen una verdadera capacidad procesal especial de los sujetos. Por el contrario, la falta de estas particulares condiciones y cualidades en el sujeto, produce en éste una incapacidad procesal, pues dicho sujeto, aun habiendo sido designado como funcionario o encargado judicial, no posee, frente a determinada litis, tales cualidades y condiciones. No se trata, pues, de una incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitada, por un lado, por la competencia propia del órgano; por otro, por lo que a la persona del juzgador se refiere, ésta se encuentra limitada objetivamente por los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado Juez y subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto o de animadversión, e incluso un interés directo en el negocio. Cualquiera de tales circunstancias dan lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto. Pues bien, a todas esas relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en el juzgador se les denomina genéricamente impedimentos, éstos, según el procesalista Eduardo Pallares, ‘son los hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia.’ (Diccionario Jurídico de Derecho Procesal Civil, página cuatrocientos seis, Editorial Porrúa, México, 1997). La existencia de uno o varios de estos impedimentos hacen presumir razonablemente que el juzgador no está en aptitud de resolver con imparcialidad e independencia, tanto la legislación procesal como la de amparo establecen que el juzgador debe manifestar la existencia de dichos impedimentos para, consiguientemente, dejar de conocer la causa en donde se motiva, a la manifestación de un impedimento por parte del juzgador es lo que se denomina excusa. Puntualizado lo anterior, se debe atender al fundamento jurídico del impedimento, el que radica en lo que la Norma Fundamental dispone tratándose de la impartición de justicia, para lo cual en su artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal señala: (lo transcribe). De la transcripción expuesta destaca lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y, 2. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por tanto, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado; puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de la justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. La ley ha tratado de garantizar la imparcialidad del fallo mediante una serie de prescripciones tendentes a sustraer al Juez a la influencia de otros poderes o del medio en que deba actuar (inamovilidad, integridad del sueldo, incompatibilidades, sanciones administrativas y penales, etcétera), pues la eficacia de la administración de justicia reposa precisamente en la

onfianza que los que la ejercen inspira a los litigantes. Pero puede ocurrir que no obstante esas previsiones, el ejercicio de la función jurisdiccional se vea limitado por una incapacidad propia de los sujetos que asumen la calidad de órganos o que desempeñan la función jurisdiccional. De ahí que la finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en el artículo 66 las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y especialmente en el juzgador que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. En efecto, el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé: (lo transcribe). A su vez, los artículos 67, 68 y 70 del mismo ordenamiento establecen: (los transcribe). Del precepto transcrito en primer término, se infiere que son seis los únicos supuestos de impedimento, los cuales pueden clasificarse en función de poder constituir: a) Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes, fracciones I y VI. b) Interés que el juzgador pueda tener en el asunto, fracciones II, III y V. c) Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto o haber manifestado su opinión, fracción IV. De satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso, y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el primer artículo citado, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Pero además, el artículo 70 de la propia ley establece en su párrafo primero que el impedimento también podrá ser alegado por cualquiera de las partes, por tanto, son dos clases de sujetos los legitimados para aducir la existencia de alguna causal de impedimento: a) el propio juzgador; y, b) cualquiera de las partes; de ahí que en cualquier momento pueden invocarse las causales referidas. De los textos de los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se desprende que basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. En el caso, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado manifiesta que se actualiza la causa de impedimento contenida en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, así como la diversa contenida en el numeral 146, fracciones II y IV, esta última al ser análoga, en términos de la fracción XVIII de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se traducen en la explícita consideración del funcionario judicial de que se ubica en el supuesto respectivo, que conlleva la valoración personal de que está afectado en su ánimo interno para resolver un asunto, y así como en el señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia -querella o denuncia presentada en contra del servidor público o en contra de sus familiares-. Añadió que en el caso particular, respecto de las causas de impedimento señaladas, se estima que se encuentran actualizadas, toda vez que el impetrante en el juicio de garantías del que deriva, lo es **********, quien al estar tramitando el diverso juicio de amparo 1161/2010-II, también del índice del Juzgado Cuarto de Distrito presentó denuncia de hechos en su contra -en su calidad de Juez de Distrito-, por el probable delit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23526-3da43a5e/impedimento-por-enemistad-manifiesta-la-existencia-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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