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Modo: Corpus Pro

MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2011. · Registro digital (IUS): 23423
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Pág. 1218.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 357/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SEGUNDO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: JUAN PABLO RIVERA JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sustentada entre los Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos de materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por ********** apoderado legal de **********; y **********, quienes fueron partes quejosas en los juicios que originaron los criterios.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tener en cuenta las consideraciones de los asuntos sometidos a la decisión de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el amparo directo **********, y dicha ejecutoria, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:

"... Es infundado que exista omisión de estudio de los argumentos planteados en el escrito de alegatos, en torno al tema del interés jurídico, pues de la sentencia reclamada se advierte lo contrario y que al respecto la Sala regional consideró: (transcribe parte conducente). Como se advierte de la transcripción parcial de la sentencia reclamada, la Sala regional sí dio contestación a los argumentos que la quejosa hizo valer en el escrito de alegatos; de ahí lo infundado del concepto de violación. En cambio, es fundado el concepto de violación en el que alega que no existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de ‘anterioridad’. Se dice que no existe fundamento para exigir ese requisito porque así lo reconoce en la sentencia reclamada la propia Sala regional, al afirmar que ‘no se encuentra señalado en la Ley de la Propiedad Industrial que para acreditarse el interés jurídico para solicitar la declaración de caducidad de un registro marcario, debe citarse como «anterioridad» el registro marcario respectivo’. Luego, si no existe fundamento que establezca que para acreditar el interés jurídico sea necesario el aludido requisito de anterioridad, es evidente que la determinación de autoridad que afirma lo contrario sin que haya un precepto legal que apoye dicha exigencia, adolece del vicio de falta de fundamentación e importa una violación directa al artículo 16 de la Constitución. Además, como lo hace ver la quejosa, la exigencia del requisito de anterioridad, no puede tener sustento en la necesidad de establecer si existe o no similitud con otro registro marcario, dado que no se trata de la acción de nulidad, sino de la diversa de caducidad, la cual opera por el simple transcurso del tiempo. A mayor abundamiento, si de conformidad con el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, la declaración de caducidad del registro de una marca, se hará administrativamente por el instituto bien de oficio o a petición de parte, resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que, al tratarse de declaraciones administrativas que incluso procede hacer de oficio, bastará que el instituto tenga conocimiento de hechos que puedan configurar la infracción a la ley en torno a la caducidad, para que se encuentre constreñido a resolver lo que proceda sobre el particular, habida cuenta que en términos de los artículos 1o. y 80, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en el supuesto de actualizarse y operar la caducidad de un registro marcario, ello tendrá por efecto que éste entre al dominio público, lo cual desde luego es de orden público, máxime que conforme al último párrafo del numeral citado en segundo término, ‘La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto’; de ahí que, como se apuntó, resulte poco comprensible que la autoridad exija el cumplimiento de requisitos para instar. En consecuencia, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Sala regional deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que, sin perjuicio de reiterar la consideración de que la autoridad denominada subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial, adscrita al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sí cuenta con existencia legal, prescinda de las razones que expresó para negar interés jurídico a la quejosa, establezca que sí quedó acreditado dicho interés y se proceda al estudio de fondo de la caducidad del registro marcario denunciada ..."

Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, por unanimidad de votos, el amparo en revisión **********, en los siguientes términos:

"... Como punto de partida debe precisarse que la juzgadora federal negó el amparo, al considerar que la autoridad responsable no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca; además consideró la resolutora que eran infundados los argumentos de la demandante de amparo en los que planteó: que la responsable no le otorgó la oportunidad de argumentar lo que a su derecho conviniera, al estudiar de oficio el interés jurídico, supliendo la deficiencia de la queja a favor de la tercera perjudicada; ello dijo la Jueza Federal, porque la autoridad debe analizar oficiosamente el interés jurídico al ser un presupuesto procesal; añade la Jueza de Distrito que la simple solicitud de declaración de caducidad de una marca, no acredita el interés jurídico de la quejosa, pues quien tiene tal facultad es el que demuestre la afectación real y directa a su esfera jurídica. En contra de las anteriores consideraciones, la ahora recurrente expone que las consideraciones de la juzgadora van más allá de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, al limitar la solicitud de declaración de caducidad administrativa de una marca, al hecho de que se haya pedido un registro de marca y el mismo se haya negado por existir uno previo, pues si esa hubiera sido la intención del legislador, así lo establecería la norma, de ahí que no exista fundamento para exigir tal requisito; aunado a que en términos del artículo 155 del cuerpo legal en cita, la declaración administrativa de caducidad de una marca se hace de oficio o a petición de parte, por lo que no es dable exigir el cumplimiento de requisitos para presentarla. Con el fin de resolver los anteriores planteamientos, debe tenerse en cuenta lo que sigue: El marco normativo que rige en el caso es el siguiente: Ley de la Propiedad Industrial. ‘Artículo 152.’ (se transcribe). ‘Artículo 155.’ (se transcribe). El primero de los numerales reproducidos establece que el registro de una marca caduca cuando no se renueva en los términos de ley, así como cuando dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad; el segundo de los artículos copiados, dispone que la declaración de caducidad del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto de oficio, a petición de parte o del representante social. Sentado lo anterior, debe precisarse que en el caso, la quejosa solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********; empero, el citado instituto consideró que la quejosa carecía de interés jurídico. Pues bien, el agravio en estudio es infundado, porque contrariamente a lo aducido por la recurrente, fue correcta la consideración de la juzgadora federal en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca. En efecto, para que la quejosa obtuviera la caducidad de un registro marcario, debió de acreditar su interés jurídico, esto es, demostrar que había solicitado el registro de una marca y que por ese motivo se le había notificado y dado vista con la existencia de un registro anterior, el cual constituía un impedimento para la consecución de su propósito, que es el de obtener el citado registro, lo que hace indispensable la eliminación del primero, para evitar consecuencias jurídicas derivadas de su solicitud. En otras palabras, si la quejosa pretendía obtener la caducidad de un registro marcario, es porque previamente había solicitado un registro; empero para que éste se le pudiera otorgar, primero debía quitar el obstáculo, esto es, lograr la caducidad del primero o tener una expectativa de derecho a la misma. Por ende, si en el caso, la Jueza Federal determinó que fue correcta la decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al determinar que la empresa quejosa no acreditó su interés jurídico, porque no exhibió la solicitud de registro marcario y con ello justificar la caducidad de la marca, fue certera; ello, en razón de que es criterio del Máximo Tribunal del País, que si la Ley de la Propiedad Industrial otorga al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la caducidad de una marca registrada, de ahí lo infundado del argumento en estudio. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, las jurisprudencias 70/95 y 71/95, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas doscientos uno y doscientos cuarenta y nueve, respectivamente, Tomo II, de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ‘MARCAS. EL MISMO DERECHO QUE LA LEY LE OTORGA AL SOLICITANTE DE UN REGISTRO MARCARIO PARA PEDIR EL REGISTRO, LE CONCEDE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA AUNQUE LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO CONSTITUYA UNA EXPECTATIVA DE DERECHO.’ (se transcribe). ‘MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.’ (se transcribe). Por tanto, en sentido opuesto a lo señalado por la recurrente, la juzgadora no va más allá de lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial, máxime que en términos de los criterios copiados, era preciso que la quejosa acreditara haber solicitado el registro de una marca, para que pudiera pedir la caducidad del registro de la misma. En otro planteamiento, señala la recurrente que la Jueza Federal no tomó en cuenta que la marca registrada con el (sic) ********** ********** no fue usada durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, por lo que, era procedente la misma; de igual forma, que la tercera perjudicada **********, no acreditó el uso de la marca. El argumento resumido es inoperante, porque con el mismo no controvierte las consideraciones torales con base en las cuales la juzgadora determinó que tal y como lo resolvió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la quejosa carecía de interés jurídico para solicitar la caducidad de un registro marcario. En ese sentido, debe decirse que para tener operancia los agravios formulados por la recurrente en este recurso de revisión tienen que satisfacer entre otros requisitos, el de estar enderezados a combatir las consideraciones torales en que está sustentada la sentencia recurrida. Eso es así, porque en esta revisión la litis se integra solamente por las consideraciones en que basó su sentencia la Jueza Federal, por un lado, y, por otro, con los agravios que en contra de dicho fallo haga valer la recurrente; razón por la cual sus argumentos son inoperantes. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 13/89 emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y siete, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’ (se transcribe). Además, debe precisarse que los argumentos que refiere en relación al tiempo que según la recurrente se dejó de usar el registro de la marca, atañen a la cuestión de fondo relacionada con la solicitud de la caducidad de la marca, tópico que no fue abordado, al estimarse que la quejosa carece de interés jurídico para pedir la caducidad de un registro marcario. Por último, también es inoperante el argumento en el que aduce la agraviada que el convenio celebrado entre ********** y la tercero perjudicada, fue elaborado para engañar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento administrativo, cuestión que lo torna inexistente; ya que las documentales ofrecidas por la demandada no poseen circunstancias de tiempo, modo y lugar; además, el escrito de quince de julio de dos mil nueve, por el cual se solicitó al referido instituto la inscripción de una transmisión de derechos, no fue ofrecido como prueba en la contestación, de ahí que no pueda surtir efectos. Lo anterior es así, en razón de que con tal planteamiento no controvierte las consideraciones de la resolutora, mediante las cuales determinó que la admisión del escrito de contestación de la solicitud de declaración administrativa por parte de la empresa tercera perjudicada y de las pruebas (contrato de prestación de servicios para el uso de la marca), en nada influyeron para que la responsable resolviera respecto de la solicitud de caducidad de la marca. En las anotadas condiciones, al resultar infundados e inoperantes los argumentos expuestos en vía de agravios, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida ..."

CUARTO. Es criterio del Pleno de este Alto Tribunal que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, sino que lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.

Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 72/2010,(1) del rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

Por ello, resulta indispensable tomar en cuenta los elementos esenciales de las consideraciones de los Tribunales Colegiados, a fin de establecer si la contradicción de criterios se presenta o no.

Efectivamente, los antecedentes del juicio de amparo directo **********, fallado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y las consideraciones que éste externó al resolverlo son, en síntesis, los siguientes:

1. Con fecha siete de septiembre de dos mil uno, **********, solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********, bajo la consideración de que la marca en cuestión no había sido utilizada durante los últimos tres años inmediatos anteriores a la fecha de presentación del escrito de demanda inicial, dándose así inicio al procedimiento contencioso **********.

2. Previos los trámites de ley, con fecha treinta de abril de dos mil tres la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio **********, a través del cual resolvió que no procedía entrar al fondo del asunto, por haber operado la excepción de falta de interés jurídico de la actora.

3. Inconforme con la determinación anterior, con fecha dos de septiembre de dos mil tres, ********** presentó demanda de nulidad, misma que dio inicio al juicio contencioso administrativo **********, tramitado ante la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

4. Seguidos los trámites legales correspondientes, la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con fecha diez de junio de dos mil cuatro, dictó sentencia reconociendo la validez de la resolución impugnada, bajo el argumento de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual solicitaba su caducidad.

5. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso juicio de amparo directo **********, del que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien, en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en lo que aquí interesa, consideró:

• No existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de haber solicitado el registro marcario del cual se pide la caducidad ("anterioridad").

• Luego, si no existe fundamento que establezca que para acreditar el interés jurídico sea necesario el aludido requisito de anterioridad, es evidente que la determinación de la autoridad que afirma lo contrario, sin que haya un precepto legal que apoye dicha exigencia, importa una violación directa al artículo 16 de la Constitución.

• Si de conformidad con el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, la declaración de caducidad del registro de una marca se hará administrativamente por el instituto de oficio o a petición de parte, resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que, al tratarse de declaraciones administrativas que, incluso, procede hacer de oficio, bastará que el instituto tenga conocimiento de hechos que puedan configurar la infracción a la ley en torno a la caducidad, para que se encuentre constreñido a resolver lo que proceda.

• En términos de los artículos 1o. y 80, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en el supuesto de actualizarse y operar la caducidad de un registro marcario, ello tendrá por efecto que éste entre al dominio público, lo cual desde luego es de orden público, máxime que, conforme al último párrafo del numeral citado en segundo término, "La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del instituto"; de ahí que, como se apuntó, resulte poco comprensible que la autoridad exija el cumplimiento de requisitos para instar.

Por otra parte, los antecedentes del amparo en revisión ********** fallado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y las consideraciones que éste externó al resolverlo son, en síntesis, las siguientes:

1. Con fecha veintinueve de octubre de dos mil ocho, ********** solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro marcario ********** **********, propiedad de **********.

2. Previos los trámites de ley, con fecha catorce de abril de dos mil diez la subdirectora divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió el oficio **********, a través del cual resolvió que no procedía entrar al fondo del asunto por haber operado la excepción de falta de interés jurídico de la actora, bajo la consideración de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual pedían su caducidad.

3. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso juicio de amparo indirecto **********, mismo que le tocó conocer a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien con fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada.

4. Inconforme con la determinación anterior, ********** interpuso recurso de revisión en el que argumentó, en esencia, que la sentencia dictada por la Juez Federal resultó ilegal, en virtud de que:

• Limita la posibilidad de poder iniciar la declaración administrativa de caducidad de una marca, únicamente cuando se haya solicitado un registro de marca y a dicha solicitud le haya recaído como impedimento la existencia de un registro, en contra del cual se deberá iniciar el procedimiento correspondiente.

• De haber sido voluntad del legislador que la solicitud de la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario únicamente pudiera ser solicitada cuando el registro a caducar es solicitado con anterioridad, así lo habría establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que no acontece en la especie, y trae como consecuencia que la a quo fuera más allá del texto legal.

• No existe fundamento legal conforme al cual, para acreditar el interés jurídico de una declaración administrativa de caducidad de un registro marcario, deba citarse el requisito de anterioridad.

• La exigencia del requisito de anterioridad no puede ser sustentada en la necesidad de establecer si existe o no similitud con otro registro marcario, dado que no se trata de la acción de nulidad, sino de la de caducidad, la cual opera por el simple transcurso del tiempo.

• Resulta poco comprensible exigir el cumplimiento de requisitos para instar, cuando que al tratarse de declaraciones administrativas que, incluso, procede hacer de oficio.

• Que dentro de los autos quedó acreditado que la marca registrada número ********** no ha sido usada dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Del recurso de revisión **********, le tocó conocer al Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito quien, por ejecutoria de fecha veinticinco de marzo de dos mil once, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

• Fue correcta la consideración de la juzgadora federal en el sentido de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no infringió los principios rectores del procedimiento administrativo, al determinar que debía estar en trámite una solicitud de registro marcario de la quejosa, requisito indispensable que la facultaría para solicitar la declaración de caducidad de una marca.

• Lo anterior es así, en razón de que, para que la quejosa obtuviera la caducidad de un registro marcario, debió acreditar su interés jurídico, esto es, demostrar que había solicitado el registro de una marca y que, por ese motivo, se le había notificado y dado vista con la existencia de un registro anterior, el cual constituía un impedimento para la consecución de su propósito, que es el de obtener el citado registro, lo que hace indispensable la eliminación del primero, para evitar consecuencias jurídicas derivadas de su solicitud.

• Si la quejosa pretendía obtener la caducidad de un registro marcario, es porque previamente había solicitado un registro, empero, para que éste se le pudiera otorgar, primero debía quitar el obstáculo, esto es, lograr la caducidad del primero o tener una expectativa de derecho a la misma.

• Era criterio del Máximo Tribunal del País que si la Ley de la Propiedad Industrial otorga al solicitante el derecho para pedir el registro de una marca, ese mismo derecho le otorga acción para demandar la caducidad de una marca registrada, de ahí lo infundado del argumento en estudio.

De los antecedentes correspondientes a los asuntos materia de la presente contradicción de criterios, se advierte en ellos:

1. Determinadas personas solicitaron la caducidad de diversos registros marcarios, bajo la consideración de que no habían sido utilizados en un lapso de tres años consecutivos.

2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dio el trámite respectivo a la solicitud y resolvió que los promoventes carecían de interés jurídico para solicitar la caducidad de los registros marcarios, bajo el argumento de que resultaba necesaria la solicitud previa de la marca respecto de la cual solicitaban su caducidad. Respecto a dicha conclusión, los tribunales contendientes sostuvieron posturas contradictorias.

Ahora bien, los dos Tribunales Colegiados hicieron pronunciamiento sobre la misma cuestión jurídica, a saber, la determinación respecto al interés jurídico para promover la caducidad de un registro marcario; sin embargo, mientras que el primero de los mencionados Tribunales Colegiados estimó que para acreditar el interés jurídico en la declaración de caducidad de un registro marcario, no debía acreditarse que se hubiese pedido previamente el registro en cuestión; el otro Tribunal Colegiado refiere que para acreditar el interés jurídico en el procedimiento de caducidad es necesario que el promovente, previamente, hubiera solicitado el registro respectivo.

A partir de lo anterior, queda de manifiesto que los Tribunales Colegiados, para determinar el interés jurídico para la declaración de caducidad de un registro marcario, sostuvieron posturas contrarias, pues mientras uno afirmó que no era necesaria la solicitud previa del registro respectivo, el otro estimó lo contrario.

De lo anterior se tiene que la materia de la contradicción se circunscribe a determinar qué elementos se deben satisfacer para acreditar el interés jurídico para la declaración de caducidad de un registro marcario, cuando dicha declaración se hace a solicitud de parte.

No es obstáculo para estimar existente la presente contradicción de tesis el hecho de que tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas en juicios de amparo de distinta naturaleza, dado que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió un juicio de amparo directo, mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en la citada materia y circuito conoció de un juicio de amparo indirecto en revisión, toda vez que de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de juicios de amparo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptibles de configurar la contradicción de tesis.

Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. LXXXVII/2009,(2) del rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE ORIGINARSE ENTRE CRITERIOS SUSTENTADOS UNO EN AMPARO DIRECTO Y OTRO EN INDIRECTO EN REVISIÓN. La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen en criterios sustentados en sentencias dictadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de distinta naturaleza, no es razón suficiente para estimarla inexistente, pues acorde con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, los criterios contradictorios pueden provenir de juicios de amparo competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes corresponde conocer tanto de amparo directo como de amparo indirecto en revisión, en cuyas sentencias puede surgir divergencia de criterios sobre un mismo punto o tema jurídico, susceptible de configurar contradicción de tesis."

QUINTO. De conformidad con los argumentos que a continuación se exponen, el criterio que debe prevaler con el carácter de jurisprudencia es el que emite esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Sobre la determinación del interés jurídico en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Segunda Sala ha sustentado algunos criterios que resulta necesario tomar en cuenta para resolver la presente contradicción de tesis.

En efecto, en la contradicción de tesis 8/92, fallada en sesión de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, estableció que el interés para demandar la nulidad de una marca surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima, que lleva a una persona a proteger un derecho, o sea, cuando sin que exista una verdadera violación se actualiza un estado jurídico o de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho que se pretende hacer valer.

La ejecutoria en cuestión sostuvo, entre otras, las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO. Con el fin de resolver la contradicción planteada, se hace necesario partir de que la misma se originó en la valoración que ambos Tribunales Colegiados hicieron -en cada caso- de la situación consistente en si la solicitud de registro de una marca, otorga interés jurídico al solicitante para demandar la nulidad de una marca registrada igual o semejante en grado de confusión a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23423-34a0e145/marcas-para-satisfacer-el-interes-juridico-para-demandar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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