INTERÉS JURÍDICO EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN A PETICIÓN DE PARTE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 329 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. NO LO TIENE LA PERSONA CONSUMIDORA PARA SOLICITARLA RESPECTO DE UN PRODUCTO QUE OSTENTA UNA MARCA SEÑALADA COMO REGISTRADA SIN ESTARLO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 119/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Décimo y Decimosexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer si la persona consumidora de un producto, cuenta con interés jurídico para instar el procedimiento de declaración administrativa, en términos del artículo 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, iniciado por la posible comisión de la infracción prevista en el artículo 386, fracción XVI, del propio ordenamiento.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Magistrada Presidenta del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado y el sustentado por el Décimo Tribunal homólogo, al resolver los amparos directos 639/2023 y 321/2023 respectivamente.
4. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 119/2024. En esa misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y turnó el expediente a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
5. Desahogo de los Tribunales Colegiados. En acuerdos de presidencia de tres y cuatro de abril de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes provenientes de los Tribunales Colegiados Decimosexto y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
6. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En proveído de siete de junio de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
7. Confirmación del turno electrónico. En acuerdo de presidencia de diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
8. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
9. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
10. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, porque la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
12. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la Magistrada Presidenta del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 321/2023.
14. Actuaciones en vía administrativa. Una persona física consumidora de un producto solicitó la declaración administrativa de infracción prevista en la fracción XVI del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que se engañaba al público, al vender un producto que ostentaba una marca señalada como registrada, sin que tuviera dicha característica.
15. El Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió resolución, en la que, entre otras cosas, desestimó la excepción opuesta por la demandada, respecto de la falta de interés jurídico del solicitante y declaró fundada la infracción contenida en el artículo 386, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, imponiendo una multa.
16. Juicio de nulidad. Inconforme, la sociedad sancionada promovió juicio de nulidad, del cual tocó conocer a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite y seguido el procedimiento dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución recurrida, al considerar que se actualizó la excepción relativa a la falta de interés jurídico de la solicitante de la infracción.
17. Juicio de amparo directo. En contra de dicha sentencia, la persona física solicitante de la declaración administrativa de infracción, promovió juicio de amparo directo, mientras que la sociedad sancionada promovió juicio de amparo adhesivo, de los que conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que los radicó con el número de expediente 321/2023; y seguido el trámite correspondiente, los resolvió por mayoría de votos en sesión de trece de octubre de dos mil veintitrés, concediendo el amparo solicitado por la impetrante de amparo principal y negando la protección constitucional a la quejosa adhesiva, con sustento en las consideraciones siguientes:
“(...)
SEXTO. Estudio.
(...)
Como se observa, el problema que se le presenta a este tribunal colegiado versa sobre el interés que debe acreditarse para solicitar la declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 386, fracción XVI de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Así, los conceptos de violación antes sintetizados se estudiarán en un orden distinto al propuesto y algunos de manera conjunta por estar estrechamente relacionados, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo. Para ello, en un primer momento, se definirá el tipo de interés requerido y, posteriormente, se determinará si el quejoso cuenta con éste.
Los artículos 328, 329 y 386, fracción XVI de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial ––vigente a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de infracción–– establecen lo siguiente:
‘Artículo 328.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este Capítulo y las formalidades que esta Ley prevé.
Artículo 329.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico. Cualquier persona podrá presentar información que le permita al Instituto, determinar el inicio de un procedimiento de declaración administrativa de oficio de considerarlo procedente.
Artículo 386.- Son infracciones administrativas:
(...)
XVI.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente;
(...)’
De una interpretación sistemática de los artículos antes transcritos se obtiene que el procedimiento de declaración administrativa de infracción podrá iniciarse de oficio o a petición de quién tenga interés jurídico. Lo que resulta aplicable para el caso de la infracción de poner a la venta productos indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Ello, en atención a que, como lo resuelve la Sala, en la hipótesis de la infracción no se advierte que exista una excepción respecto que para solicitar la declaración administrativa de tal conducta infractora sea suficiente con acreditar un interés simple.
En ese sentido, a juicio de este órgano colegiado, para solicitar la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción XVI del artículo 386 de la referida Ley la persona solicitante deberá contar con interés jurídico. Por lo que resulta infundado el tercer concepto de violación del quejoso principal en el que indica que basta con tener interés simple en el que se cumpla la Ley.
Una vez determinado lo anterior, se procede a analizar si ********** cuenta con interés jurídico para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la declaración administrativa de la infracción contenida en la referida fracción XVI. En este aspecto, las partes y la Sala difieren sobre las situaciones concretas que pueden dotar a una persona de interés jurídico, como se relata a continuación:
La Sala resolvió que el interés jurídico surge de la utilidad o ventaja directa, manifiesta y legítima que lleva a una persona a proteger un derecho. En concreto, porque se encuentre en trámite un procedimiento, porque se esté infringiendo algún registro marcario o porque se esté dando un aprovechamiento ilegítimo de uno de sus derechos.
La quejosa adhesiva, en su único concepto de violación, argumenta que una persona tendrá interés jurídico cuando sufra un detrimento en su esfera jurídica. Particularmente, por la existencia de un registro marcario.
El quejoso principal, en su primer concepto de violación, alega que su interés jurídico surge de la afectación a su esfera jurídica por comprar un producto que ostenta una marca como registrada, sin que para efecto lo esté. Es decir, considera que la afectación se actualiza por haber sido engañado por la presunta infractora.
Este tribunal colegiado determina que es sustancialmente fundado el primer concepto de violación del quejoso principal y suficiente para conceder el amparo. Ello, en virtud de que respecto la infracción, materia del presente amparo, las personas que compren un producto que ostente una marca como registrada sin que lo esté, tienen interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de infracción. Esta conclusión se sostiene, esencialmente, de que la protección a la propiedad industrial se traduce, finalmente, en una protección al público. Veamos.
En principio es importante tomar en consideración que las marcas son una forma de protección a las personas que adquieren bienes o servicios. Para arribar a esta determinación se debe atender a la regulación de éstas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
En un primer momento, la referida Ley establece como parte de su objeto proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de marcas, así como sancionando los actos que atenten contra ésta.(1) Para ello, establece que cualquier persona podrá hacer uso de marcas; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.(2) Posteriormente, establece un catálogo de supuestos en los que una marca no podrá ser registrada, a saber, formas que sean de dominio público, marcas que carezcan de distintividad, o bien, signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca en trámite de registro o a una registrada y vigente.(3)
Entonces, se concluye que en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial una de las finalidades más importantes de las marcas y su registro es proteger a las personas que adquieren los bienes o servicios ofertados. Particularmente, para evitar una desorientación o error respecto la naturaleza y origen de los productos que se encuentran en el mercado.
Conclusión que se corrobora con la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial ––antecesora de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial–– en la que se advierten cuatro objetivos. Primero, el mejoramiento de la productividad, de la innovación y de la tecnología en los sectores productivos. Segundo, la satisfacción de las demandas de calidad por parte del público. Tercero, la inserción ventajosa de México en la economía internacional. Cuarto, la acción oportuna ante los cambios legislativos de la propiedad industrial en el plano mundial. Respecto el segundo objetivo, se puntualiza que la referida Ley busca evitar que las expectativas de calidad por parte de las personas cuando adquieren bienes y servicios resulten defraudadas o se vean desorientadas y que, por ende, las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen tienen un papel especial para la defensa de los intereses de tales personas.(4)
La exposición de motivos anterior resulta relevante porque la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial tuvo como objetivo principal fortalecer al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y agilizar los procedimientos administrativos en beneficio de los titulares de los derechos marcarios y el público en general.(5) Sin embargo, los pilares esenciales de la Ley anterior prevalecen, e incluso, la infracción que se está analizando en este amparo está regulada de forma idéntica en ambas legislaciones.(6)
Para robustecer lo anterior, se hace alusión al criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el que determinó que el análisis de confusión de marcas tiene por objeto proteger al público que adquiere los productos para evitar el error respecto su naturaleza y origen. Tales consideraciones se ven reflejadas en la siguiente jurisprudencia:
‘MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. (Se transcribe)
(...)’
Ahora bien, para determinar, de forma concreta, quién puede tener interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de infracción contenida en la fracción XVI del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial es necesario recordar su fraseo. En esa hipótesis de infracción se sanciona poner a la venta productos o servicios indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Esto, por el uso no autorizado de las leyendas ‘Marca Registrada’, ‘Marca Colectiva Registrada’ o ‘Marca de Certificación Registrada’, las siglas ‘M.R.’ o el símbolo ®.(7)
Conforme a lo anterior, válidamente podemos indicar que el lenguaje empleado en la infracción sujeta a estudio no contrapone un interés específico de una persona titular de un derecho de propiedad industrial. Cuestión que sí acontece en otras infracciones. Por ejemplo, en la fracción XVIII se sanciona el uso de una marca registrada como elemento de un nombre comercial sin consentimiento de su titular, o bien, en las fracciones IX y X se sanciona la venta de productos amparados por un modelo de utilidad o diseño industrial sin el consentimiento de la persona titular. En estas fracciones el legislador especificó como interés contrapuesto el de la persona titular de la marca registrada, el modelo de utilidad o el diseño industrial; mientras que en el caso de la fracción XVI no lo limita, como erróneamente adujo la Sala y la quejosa adhesiva, a las personas titulares de derechos marcarios.
Por ende, es posible concluir que el bien jurídico tutelado en dicha infracción son los signos distintivos que constituyen marcas registradas. En ese sentido, si el objetivo final de éstas es proteger al público a quien se ofrecen los productos o servicios de que se trata y esta infracción sanciona a quienes ponen a la venta o en circulación productos que pretenden estar amparados por una marca, se obtiene que las primeras tendrán interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de dicha infracción.
Esto es, la conducta infractora prevista en la
fracción XVI no constituye, necesariamente, una transgresión a un particular sino a la Ley y al público que adquiere los productos y servicios. Por lo que, estimar que sólo las personas titulares de derechos marcarios o pendientes de registro son las únicas que pueden solicitar la declaración administrativa de esta infracción implicaría desconocer la afectación que sufren las personas que adquieren esos productos o servicios. De ahí lo infundado del único concepto de violación de la quejosa adhesiva y lo fundado del primer concepto de violación de la quejosa principal. Además, esta interpretación es acorde con el párrafo tercero del artículo 17 constitucional en el sentido de que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. Sobre este punto, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 16/2021 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece lo siguiente: ‘DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). (Se transcribe)
(...)’
Sin que la conclusión anterior signifique que otras personas, por ejemplo, competidores de la presunta infractora, no cuenten con interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de la infracción prevista en la referida fracción XVI. Particularmente, cuando la conducta infractora ––poner en venta productos con una marca indicando que está registrada sin que lo esté–– implique una competencia desleal en detrimento de sus competidores.(8)
Por todo lo anterior, a efecto de que ********** acreditara su interés jurídico bastaba con que demostrara que había adquirido un producto en el cual se ostentaba una marca como registrada sin estarlo, lo que sí aconteció. Así es, de su solicitud se advierte que exhibió un ticket de veintiséis de abril de dos mil veintidós y una factura emitida por ********** que amparan la compra de una pieza de ‘***** NARANJA 24-500 ML (JUGO)’. Asimismo, adjuntó la siguiente muestra física de la referida bebida en donde se observa el uso de la marca ‘**********’:
(Se reproduce)
Por lo tanto se determina que, contrario a lo resuelto por la Sala, ********** sí acreditó su interés jurídico y, por ende, es infundada la excepción de falta de interés jurídico opuesta por **********.
(...)
Así, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual deje insubsistente la sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés dentro del expediente ********** en la que declaró la nulidad de la resolución administrativa impugnada. Dicte otra en la que declare infundado el primer concepto de impugnación hecho valer por ********** al determinar, con base en las consideraciones aquí expuestas, que ********** cuenta con interés jurídico para solicitar la declaración administrativa de infracción respecto la conducta prevista en la fracción XVI del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Posteriormente, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto los restantes conceptos de impugnación.
(...)”(9)
18. La sentencia inmediatamente referida se encuentra firme, según lo informado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en auto de uno de abril de dos mil veinticuatro, acordado por este Pleno regional en proveído del día cuatro siguiente.
B. Criterio emitido por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 639/2023.
19. Actuaciones en vía administrativa. Una persona física consumidora de un producto solicitó la declaración administrativa de la infracción prevista en la fracción XVI del artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que se engañaba al público, al vender un producto que ostentaba una marca señalada como registrada, sin que tuviera dicha característica.
20. El Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, emitió resolución, en la que determinó que el accionante contaba con interés para solicitar dicha declaración administrativa de infracción y la declaró fundada, imponiendo multa.
21. Juicio de nulidad. En contra de dicha resolución, la persona moral sancionada promovió juicio de nulidad, del que conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, la que seguidos los trámites legales, dictó sentencia el diez de julio de dos mil veintitrés, en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en la que desechara por notoriamente improcedente la solicitud del procedimiento infracción, al carecer el solicitante del interés jurídico a que hacía referencia el numeral 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
22. Juicio de amparo. En contra de dicha sentencia, la persona física solicitante de la declaración administrativa de infracción promovió juicio de amparo directo, mientras que la sociedad sancionada, el amparo adhesivo, de los que conoció el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que los radicó con el número de expediente 639/2023, y seguido el trámite correspondiente, los resolvió en sesión de veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos, negando el amparo solicitado por la parte quejosa principal y dejando sin materia el amparo adhesivo, con sustento en las consideraciones siguientes:
“(foja 35 de la sentencia)
(...)
NOVENO. Estudio del amparo principal. Antes de abordar el análisis de los conceptos de violación, es conveniente destacar que en el juicio contencioso administrativo de origen, **********, aquí tercera interesada, demandó la nulidad de la resolución con número de folio **********, de doce de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Subdirector Divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el procedimiento de declaración administrativa de infracción **********.
En dicha determinación, la autoridad administrativa le impuso una multa de dos mil veces la Unidad de Medida y Actualización, por considerar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 386, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al poner a la venta productos tales como “bebidas de frutas/jugo” bajo la denominación **********, acompañada del símbolo ®, sin que se trate de una marca registrada, de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 388 de la citada ley.
En consecuencia, la conminó a que se abstuviera de poner a la venta productos como “bebida no alcohólica, jugos” bajo la denominación *********** acompañada del símbolo ®, a efecto de no continuar cometiendo la infracción señalada.
En la demanda de nulidad, la entonces actora alegó, entre otras cuestiones, que la resolución impugnada deviene ilegal porque fue el resultado de un procedimiento sustanciado a petición de quien carece de interés jurídico, toda vez que el denunciante, **********, aquí quejoso, se dolió de la utilización injustificada del símbolo ®, sin demostrar cómo es que dicha situación afecta su esfera jurídica.
En la sentencia reclamada, la sala administrativa estimó fundado dicho argumento, al considerar que, en efecto, el solicitante de la declaración administrativa de infracciones en materia de comercio debe sufrir una afectación a su esfera de derechos y obligaciones concretos y/o reconocidos, es decir, necesariamente debe contar con un derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho.
En ese sentido, determinó que, si en la especie, el procedimiento antecedente y origen del acto impugnado fue iniciado por **********, a efecto de que se averiguara y en su caso sancionara una conducta infractora de la empresa actora, por el uso del signo ********** y diseño, en la venta de bebidas de pulpa de frutas/jugos, en perjuicio de la marca **********, propiedad de **********; es inconcuso que el denunciante no satisfizo el requisito de ley para promover el procedimiento, pues carece de interés jurídico evidente, al no ser el titular de dicho registro.
Por tanto, conforme a lo previsto en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que el acto impugnado derivó de un procedimiento iniciado a petición de parte, la sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que deseche por notoriamente improcedente la solicitud del procedimiento infracción, al carecer su solicitante del interés jurídico a que hace referencia el numeral 329 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
En contra de las citadas consideraciones, el quejoso expone diversos conceptos de violación en los que pretende evidenciar que es ilegal la determinación de la sala responsable, al resolver que carece de interés jurídico para promover la solicitud de declaración administrativa de infracción prevista en el artículo 386, fracción XVI, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en detrimento de sus derechos de audiencia, acceso a la justicia, legalidad, en relación con los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, con base en los argumentos siguientes:
(...)
Los argumentos resumidos, los cuales se estudian en su conjunto, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados.
Con la finalidad de demostrar tal aserto, es preciso traer a colación el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33049-ccf5c9d1/interes-juridico-en-el-procedimiento-de-declaracion-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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