INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. ANÁLISIS DE DICHO PRINCIPIO CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, AL ADVERTIR QUE ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO CONTRA EL ACTO ANTE ÉL IMPUGNADO, EN LUGAR DE SOBRESEER, DEBA SEÑALAR AL PARTICULAR QUE LA VÍA DE IMPUGNACIÓN PROCEDENTE ES EL AMPARO INDIRECTO Y REMITIR LOS AUTOS AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. MULTA IMPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. DADA LA NATURALEZA DE LA NORMA EN QUE SE FUNDAMENTA, SI SE IMPUGNA MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE LA MATERIA DETERMINE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO DEBE SOBRESEER, SINO SEÑALAR CUÁL ES EL MEDIO DE DEFENSA PROCEDENTE Y REMITIR LAS ACTUACIONES AL ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDIENTE, CON LA FINALIDAD DE HACER EFICAZ EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL.
AMPARO DIRECTO 730/2011. 10 DE NOVIEMBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIO: MIGUEL MORA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El análisis de los conceptos de violación conduce a las consideraciones siguientes.
Previo a su estudio, es necesario tener presente que en el caso a revisión opera el principio de estricto derecho, sin advertirse razón legal alguna para suplir la queja deficiente bajo cualquier modalidad según se prevé en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo; por eso, el análisis del acto reclamado sólo se debe realizar en función de los argumentos vertidos por el inconforme.
Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2000, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XII, octubre de 2000, página 189, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA. Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."
Así, para mejor comprensión del caso a estudio, y de acuerdo con las constancias allegadas al juicio de origen, se traen a colación los hechos siguientes:
I) Señala la actora que le fueron impuestas multas debido a que no entregó la información requerida por los entes demandados (fojas 4 y 78 a 86 del expediente).
II) Inconforme con lo anterior, la persona sancionada promovió juicio de nulidad y, en sentencia definitiva, se consideró:
* Carecer de competencia legal para conocer de multas impuestas por una agencia del Ministerio Público, en actuación de sus funciones constitucionales de investigador de causas penales federales y no como ente meramente administrativo; de ahí lo procedente en sobreseer (foja 125 del expediente).
No conforme con la sentencia referida, la parte actora presentó demanda de amparo directo en su contra.
Así, la quejosa adujo que se violaron las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los numerales 14, 16, 17, 21 y 123 de la Carta Magna, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en tanto la responsable primero señala que sí tiene competencia legal para conocer del asunto, y después considera carecer de atribuciones para resolver sobre las multas en cuestión; así, se priva del derecho a la anulación de multas debido a la información pedida de forma directa por la agencia del Ministerio Público, en lugar de hacerlo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según prevé el ordinal 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, razón por la cual la fundamentación y motivación fue indebida.
Expone la inconforme que es erróneo lo considerado por la responsable, en tanto que las funciones jurisdiccionales del Ministerio Público se prevén en el artículo 21 de la Carta Magna, tales como investigar delitos, integrar la averiguación previa y ejercer acción penal, razón por la cual las demás funciones distintas a las citadas no son constitucionales, como la imposición de multas, y de ahí la competencia legal de la Sala para conocer del asunto; además, esas multas no pueden ser controvertidas por los medios de defensa del Código Federal de Procedimientos Penales, como es la revocación, apelación, denegada apelación y queja, por no ser un acto emitido dentro de las etapas del procedimiento penal, pues sólo a éstos se dirigen los recursos citados, aunado al hecho de no ser parte en esa instancia y tampoco tener interés jurídico en el asunto.
Añade la quejosa que con el proceder de la Sala se hace no tener medio alguno de defensa en contra de las multas y así se viola el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto prevé que todos los países firmantes del pacto deberán establecer en su legislación, cuando menos, un recurso por el cual el particular pueda controvertir actos considerados violatorios de sus derechos, tales como la multa y, en consecuencia de ello, se transgrede el numérico 133 de la Carta Magna, al indicar que los tratados formarán parte de la Ley Suprema de la Unión, en concordancia con el 17 constitucional, en tanto éste garantiza a toda persona el derecho de administrarle justicia.
Los argumentos sintetizados devienen ineficaces y fundados, tal como se verá a continuación.
A fin de dar respuesta a lo anterior, se trae a colación la tesis P. XII/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XIV, julio de 2001, página 7, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN ESA MATERIA EL CONOCIMIENTO DE UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE UNA SENTENCIA QUE DETERMINE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ FACULTADO PARA DICTAR MEDIDAS TENDENTES A ASEGURAR LOS BIENES RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE UN DELITO. Es competente un Tribunal Colegiado en Materia Penal para conocer del recurso de revisión en el que se reclama la resolución dictada por un Juez de Distrito que niegue el amparo al peticionario de garantías, al estimar que el Ministerio Público se encuentra legalmente facultado para dictar medidas tendentes a asegurar los bienes relacionados con la investigación de un ilícito. Ello es así, porque los actos procedimentales emitidos en la etapa de la averiguación previa por el Ministerio Público, consistentes en el aseguramiento, conservación y retención de bienes relacionados con la investigación de un delito tienen naturaleza intrínsecamente penal, pues aunque el titular del Ministerio Público es una autoridad administrativa que tiene a su cargo la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, cuando actúa en la fase de averiguación previa, que forma parte del procedimiento penal, lo hace en ejercicio del imperio que le otorgan los artículos 20, fracción X, 21 y 102 de la Constitución Federal, por lo que su proceder como titular exclusivo de la acción penal y encargado de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la plena responsabilidad del procesado, apoyándose en disposiciones aplicables en materia penal, sólo puede ser calificado como una actividad de contenido penal. Esto es, cuando se trata de actos o abstenciones del Ministerio Público en la averiguación previa, no es suficiente estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, se debe atender a la naturaleza del mismo, de modo que si éste se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe considerarse que corresponde a esa materia aunque provenga de una autoridad administrativa."
Del criterio transcrito, y para efecto de resolver la presente cuestión, se aprecia que los actos emitidos por el Ministerio Público dentro de la etapa de averiguación previa, relativos al aseguramiento, conservación y retención de bienes relacionados con la investigación de un delito son de naturaleza penal, en tanto esa indagatoria forma parte del procedimiento penal y su actuación se funda en los numerales 20, fracción X, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir, su actuar en carácter de titular exclusivo de la acción penal, en su función de aportar pruebas tendentes a acreditar la existencia del delito y la responsabilidad del sujeto, lo apoya en disposiciones de la materia penal y ello es lo que otorga la naturaleza penal a los actos emitidos en esa fase procedimental, con independencia de ser una autoridad formalmente administrativa encargada de tutelar intereses del Estado, en tanto lo relevante es atender a la propia esencia de la actuación en controversia para determinar la materia a la cual debe su gestión.
Aunado a lo expuesto, es conveniente traer a colación lo resuelto en la contradicción de tesis 36/2001-PS, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto dispuso:
"NOVENO. Esta Primera Sala resuelve que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia el criterio que se sostiene en la presente resolución. A efecto de ilustrar la decisión a la cual se habrá de arribar, conviene tener presente como cuestión previa lo siguiente. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la atribución del Ministerio Público de investigar y perseguir delitos, esta atribución se refiere a dos momentos procedimentales: el preprocesal y el procesal; el preprocesal abarca precisamente la averiguación previa, constituida por la actividad investigadora del Ministerio Público, tendiente a decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal; el mencionado precepto otorga, por una parte, una atribución al Ministerio Público que puede investigar delitos, de manera que la investigación se inicia a partir del momento en que el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho posiblemente delictivo a través de una denuncia o una querella, y tiene por finalidad optar en sólida base jurídica por el ejercicio o abstención de la acción penal, no necesariamente ejercitar la acción penal. La función investigadora del Ministerio Público tiene su fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, debe atender a lo preceptuado en el artículo 16 de este mismo ordenamiento y tiene por finalidad decidir sobre el ejercicio o abstención de la acción penal. Puede definirse la averiguación previa como la etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal. La averiguación previa se integra con las siguientes fases: recepción, investigación, determinación y consignación. La primera fase de la receptación en el trámite ordinario, en relación con la mayoría de los delitos contenidos en la parte especial del ordenamiento jurídico, son: la denuncia (verbal o escrita) que recibe en sus oficinas el órgano designado para ello por disposición constitucional, el Ministerio Público, o si se quiere ante cualquier servidor público de la procuraduría, situación que obliga legalmente a poner en movimiento al Ministerio Público, esto es, la maquinaria ministerial y su sistema de prosecución al ser receptores de estos hechos, circunstancias o situaciones, que están evidenciando un delito, formalmente procederán a llevar a cabo la diligenciación de todas aquellas actuaciones que están destinadas a cubrir la materialidad del tipo penal, motivo y razón de su proceder de oficio y posteriormente en llevar a cabo otras tantas actuaciones que complementan su función. Esta fase es la que da inicio a la averiguación previa, por ello puede y debe dicha institución utilizar los métodos más apropiados y los conocimientos técnicos legales justos al ilícito que se va acreditar, sin olvidar que de ser un simple receptor de pruebas, debe convertirse en un instrumentador, orientador, técnico legalista y protector del pasivo del delito y un consumado experto en integrar la averiguación previa. Ordinariamente en nuestro sistema penal mexicano, el Ministerio Público es el que conforma, por lo general, la fase de recepción de pruebas para integrar la averiguación previa, hasta el último momento que funge como autoridad que es hasta la consignación. La segunda fase es la de investigación, en la que la función persecutoria cobra real y verdadera relevancia legal, con base constitucional en donde el Ministerio Público se convierte en un auténtico investigador, cuya actividad principal es la de realizar diligencias que tengan como fin encontrar todos aquellos indicios, medios, instrumentos o cualquier otro tipo de elementos que se conviertan en los factores probatorios que le permitan, primeramente, integrar su investigación, su acción, los elementos del tipo y por supuesto la probable responsabilidad del inculpado; en esta etapa su función no es otra cosa más que el hecho de buscar y de abocarse a encontrar todos los elementos necesarios, bastantes y suficientes, para que una vez recibidos pueda dicha institución, mediante un análisis lógico, jurídico, interpretativo, concluir que de la investigación se sustraen los elementos materiales que acreditan el tipo y la probable responsabilidad, esta etapa debe encaminarse a realizar todas las diligencias. De esta manera el Ministerio Público realizará en esta elemental fase, una función realmente investigadora, misma que le compete y que se le faculta en el artículo 21 constitucional, para ello debe practicar las diligencias que sean necesarias, de una parte para la comprobación de los elementos constitutivos del tipo penal contenidas en la definición y descripción legal, y por supuesto la de indagar quién o quiénes son los responsables. Con las reformas constitucionales al artículo 21, la acción e integración del expediente ministerial dejó de ser secreta, consecuentemente, las diligencias que practique en el curso de su investigación, deberán ser lo más técnico, veraz, coherente y realmente acuciosas, cuyo matiz formal sea el científico, dado que se han comprobado cada una de las probanzas o diligencias recabadas, lo cual le darán eficacia jurídica en el momento solemne de la consignación. La propia Constitución no regula ni reglamenta las actividades del Ministerio Público, al igual que otras tantas acciones que de facto realiza. Por último, con la determinación se concluye una de las fases de la investigación ministerial previa, con ello se especifica técnica y legalmente el delito por el cual se consignará tal investigación; así, la determinación es calificar los hechos presumiblemente delictivos con los cuales una vez analizados de manera detallada por el Ministerio Público, se concluya con el estudio técnico y se pase a la fase de la consignación al ejecutar la acción penal, con lo cual prácticamente se cierra la fase de la receptación de pruebas y de la investigación de datos, hechos y sucesos delictivos que conformen el tipo penal y la probable responsabilidad. Una vez establecidas las fases que integran la averiguación previa, es posible establecer que el Ministerio Público es autoridad durante la averiguación previa y parte en el proceso desde que ejercita la acción penal, su carácter de autoridad durante la averiguación previa se pone de manifiesto por cuanto sus actuaciones en esta fase tienen valor probatorio. La averiguación previa comprende todas las diligencias necesarias para que el Ministerio Público resuelva sobre el ejercicio de la acción penal, en consecuencia, en este periodo se le confía desde recibir denuncias y querellas, practicar averiguaciones y buscar pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de los participantes, así como ejercer, en su caso, la acción penal. Siempre actúa el Ministerio Público como autoridad y no como parte durante la averiguación previa. De esta manera la averiguación previa tiene como objetivo directo preparar la determinación del Ministerio Público, entendida como el ejercicio de la acción penal; en esta preparación del ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público practica todas las diligencias necesarias que le permitan estar en aptitud de ejercer la acción penal debiendo para esos fines integrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Una vez limitada la función del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, resulta necesario a efecto de establecer el criterio que debe prevalecer, precisar que el Tribunal Pleno al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito, invariablemente ha atendido a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la autoridad de la que emana el acto, como se desprende de los siguientes criterios: ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 205-216, Primera Parte. Página: 10. ACTOS DE CONTENIDO MATERIALMENTE LABORAL REALIZADOS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Si se reclama el artículo 28, fracción I, del Reglamento Interior del Departamento del Distrito Federal, así como una multa impuesta por violación al artículo 132, fracción XXIV, de la Ley Federal del Trabajo, el conocimiento de la demanda de amparo corresponde, en términos de lo dispuesto por el artículo 42 bis, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues el contenido del precepto en cita es de naturaleza materialmente laboral, ya que otorga facultades a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social del Departamento del Distrito Federal, para vigilar y hacer efectivas las normas de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y disposiciones de ellos derivados; y, desde luego, las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia de trabajo, no obstante que esas autoridades sean formalmente administrativas y que los reglamentos sean expedidos por el Ejecutivo, puesto que, tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del ordenamiento y no a la índole de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. Además, la multa que se reclama también es de contenido materialmente laboral y no administrativo en sentido estricto, aun cuando la autoridad responsable sea administrativa, toda vez que fue impuesta por incumplir una disposición de la Ley Federal del Trabajo. Competencia civil 151/82. Suscitada entre el Tercer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 9 de septiembre de 1986. Mayoría de diecinueve votos. Disidente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Fernando Castellanos Tena. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. Séptima Época, Primera Parte: Volúmenes 175-180, página 205. Competencia 137/81. Suscitada entre los Jueces Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal. 7 de diciembre de 1982. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. Secretario: Arturo Iturbide Rivas.’. ‘Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 163-168, Primera Parte. Página: 29. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO CUANDO SE RECLAMAN REGLAMENTOS. DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA MATERIAL DE ÉSTOS. Es evidente que tratándose de reglamentos, a fin de determinar la competencia en amparo en razón de la materia, se debe atender exclusivamente a la naturaleza material del reglamento y no a la calidad de la autoridad emisora del mismo, pues es inconcuso que todo reglamento expedido por el presidente de la República constituye un acto formalmente administrativo, y de atenderse al criterio formal, ningún reglamento sería de naturaleza laboral. En esas condiciones, si en el caso a estudio se reclama una disposición reglamentaria de contenido materialmente laboral, aun cuando se dé injerencia a una autoridad administrativa, cabe concluir que el conocimiento de la demanda de amparo corresponde al Juez de Distrito en Materia de Trabajo, pues desde luego que las normas que otorgan facultades a las autoridades para vigilar el cumplimiento de las leyes laborales, también caen dentro del ámbito de la materia del trabajo, no obstante que esas autoridades formalmente sean administrativas. Competencia 137/81. Suscitada entre el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y el Juez de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Fermín Arrasate Lacoizqueta, contra actos del presidente de la República y de otras autoridades. 7 de diciembre de 1982. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos.’. De los criterios antes transcritos, se advierte que la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de los actos realizados por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa, debemos tomar en cuenta que dicho representante social al iniciar una averiguación previa por denuncia, acusación o querella, de oficio practica toda clase de diligencias con fundamento tanto en leyes sustantivas como adjetivas penales, esto es, desahoga testimoniales, or
ena prácticas periciales, inspecciones oculares, reproducción de hechos, da fe de objetos, practica cateos, ordena detenciones y arraigos, valora pruebas, todo ello para acreditar los elementos del tipo penal del delito de que se trate, lo cual implica que tenga que verificar la existencia de la correspondiente acción u omisión; la lesión del bien jurídico o, en su caso, el peligro al que estuvo expuesto; la forma de intervención de los sujetos activos; la realización dolosa o culposa de los hechos; la calidad de los sujetos activos cuando el tipo lo requiere; el resultado de la conducta y su atribuibilidad a la acción u omisión, o sea, la relación o el nexo causal entre la conducta y el resultado; el objeto material del delito, los medios utilizados; las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión en que ocurrieron los hechos, los elementos subjetivos específicos y las demás circunstancias que la ley prevea. De esta manera, si bien los actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa que no incidan en la libertad personal del quejoso, son por el órgano que los realiza formalmente administrativos, por su naturaleza intrínseca son materia penal, razón por la cual en caso de proceder el juicio de amparo en su contra es competente para conocer del recurso de revisión, un Juez de Distrito o Tribunal Colegiado en Materia Penal. Sobre el particular, el Tribunal Pleno al resolver por unanimidad de diez votos, el día tres de abril de dos mil, el conflicto competencial número 140/2000, suscitado entre el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y el también entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del mismo circuito, en la parte que interesa sostuvo lo siguiente: -La averiguación previa que levanta el Ministerio Público al hacerse la consignación al Juez del conocimiento, integra, junto con las diligencias judiciales, un todo indivisible que constituye el proceso; ciertamente, la primera etapa del procedimiento es la averiguación previa, la cual inicia con la denuncia o querella, lo que generalmente origina que el Ministerio Público ponga en práctica las diligencias necesarias para acreditar la existencia del delito o delitos, así como la probable responsabilidad de los autores y partícipes, las medidas para su detención cuando proceda o, en su caso, concederles la libertad; pero también deberá velar por la protección de los ofendidos por la comisión delictiva y restituirles sus derechos que hayan sido afectados; una vez practicadas las actuaciones pertinentes en tal sentido, esa etapa concluye en la decisión del investigador, de ejercer la acción penal ante las autoridades competentes, o bien, decidiendo no ejercerla, si a su criterio no están integrados los elementos de la figura típica, o estándolo no existen datos que hagan probable la responsabilidad de aquellos a los que se ha atribuido su comisión. -Cuando se trata de actos o abstenciones en la averiguación previa, no es suficiente estimar que por tratarse de una autoridad administrativa, los actos que emita revistan también ese carácter, ya que para determinar las características jurídicas del acto, se debe atender a la naturaleza del mismo, de modo que si éste se sujeta a disposiciones de naturaleza penal, debe estimarse que corresponde a la materia penal aunque provenga de una autoridad administrativa. -El agente del Ministerio Público al realizar los actos de la averiguación previa tendientes a satisfacer los requisitos que se exigen para el ejercicio de la acción penal actúa como autoridad, según lo ordenado por el artículo 21 constitucional que, en el párrafo conducente, depositó en el Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos; luego, la calidad de autoridad que ostenta en el ejercicio de la acción penal que es distinta y previa a la que realiza dentro del proceso (cuando actúa como parte), le da vida al ejercicio de esa acción penal. -Debe concluirse que en el periodo de averiguación previa, se impone un deber al Ministerio Público, que no es otro que el de justificar los requisitos a que alude el artículo 16 constitucional, y los datos que arroje dicha averiguación deberán ser bastantes, para que así el Juez del proceso tenga por comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en términos del primer párrafo del artículo 19 constitucional. -Si bien es cierto que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público por disposición constitucional, también lo es que en la dinámica de esa persecución tiene dos características, a saber, una de la autoridad a que antes se alude y que se extiende a través de la etapa del preproceso, y otra, la de parte que corresponde al proceso. -En la misma etapa del proceso puede surgir la actividad de autoridad que es inherente al Ministerio Público, tal sucede, por ejemplo, cuando se niega a entregar bienes que pueden estar vinculados con un delito penal, de ahí que todas las situaciones anteriores hagan compleja la actividad de la institución de que se trata. -Por lo demás, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, mas cuando ejerce tal acción deja de ser autoridad para convertirse en parte. Tal es, entonces, la razón para calificar, con distinto criterio, la actividad del Ministerio Público, y si durante la averiguación previa la quejosa solicita la devolución de la unidad y el Ministerio Público, que es una autoridad administrativa, se niega a entregarla, se infiere que tal decisión de la representación social, si bien no afecta directamente o indirectamente la libertad personal del indiciado, ésta se podría ver afectada con la orden de aprehensión que llegara a dictarse, en su caso, por la autoridad judicial. -Consecuentemente, los actos procedimentales emitidos en la fase de averiguación previa por la institución del Ministerio Público, consistentes en el aseguramiento, conservación y retención del vehículo, tienen naturaleza intrínsecamente penal. -Así las cosas, es patente que el hecho de que la institución del Ministerio Público tenga las características de órgano estatal dependiente del Ejecutivo y, por tanto, de naturaleza administrativa, así como que los actos reclamados en el juicio de garantías no sean directamente atentatorios de la libertad del quejoso; sin embargo, dicha institución es un organismo penal y el acto reclamado fue emitido durante la primera fase del procedimiento penal. -Se concluye que el acto que el quejoso reclamó, es un acto de naturaleza penal, y para resolver a qué Tribunal Colegiado le corresponde conocer sobre el recurso de revisión interpuesto, es necesario atender a la naturaleza de dicho acto y no solamente a la calidad que tienen las autoridades. -La apertura o iniciación de la averiguación previa que lleva a cabo el Ministerio Público con motivo de la denuncia formulada en contra de un presunto responsable de algún delito, es una actividad materialmente penal, ya que ésta tiende a comprobar la existencia del cuerpo del delito y determinar si se reúnen los elementos necesarios que hagan presumir la probable responsabilidad del presunto infractor, a efecto de decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. -No obsta el hecho de que el ti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23566-194d4380/instancia-de-parte-agraviada-analisis-de-dicho-principio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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