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Modo: Corpus Pro

COSA JUZGADA EN UN JUICIO CIVIL O MERCANTIL. LA CONSTITUYEN LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO CUANDO ABORDAN CUESTIONES DE FONDO EN ESAS MATERIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2011. · Registro digital (IUS): 23588
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Pág. 655.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 127/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. AUSENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la denuncia fue formulada por la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra, integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien se encuentra facultada para tal efecto.

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, se apoyan en los hechos y argumentos lógico-jurídicos que se exponen a continuación:

A) Asunto planteado ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien conoció del amparo directo 320/2010, cuyos antecedentes son los siguientes:

Ver antecedentes 1

Las consideraciones jurídicas que sostuvo el Tribunal Colegiado, son las siguientes:

"Sentado lo anterior, debe decirse que asiste razón a la quejosa cuando afirma que el tribunal ad quem no debió desestimar los agravios en que se puso de relieve la procedencia de la excepción de cosa juzgada, que se hizo consistir en que la controversia de origen fue dirimida en el primero de los procedimientos enunciados, el cual fue sometido al análisis constitucional a través del juicio de garantías que se promovió finalmente contra el fallo de segundo grado.

"Porque, ciertamente, no puede desconocerse el pronunciamiento efectuado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en la ejecutoria dictada en el amparo directo **********, emanado del apuntado juicio ordinario mercantil **********, ya que esa resolución constituye cosa juzgada, al haber adquirido firmeza por ministerio de ley, atendiendo a que es inimpugnable por no ubicarse en el supuesto contemplado en el precepto 83, fracción V, de la ley de la materia; de suerte que, finalmente, es un acto jurídico y debe respetarse en todos sus términos, habida cuenta que, de no considerarlo así, prácticamente se estarían negando sus efectos y se dejaría abierta la posibilidad de emitir un criterio contrario.

"Al respecto, se estima útil invocar los comentarios vertidos acerca del tema por el jurista Ignacio Burgoa, en su libro ‘El Juicio de Amparo’, quinta edición, Editorial Porrúa, página 475, que indican: ‘En el juicio de amparo, así como en materia general procesal, una sentencia puede erigirse a la categoría de ejecutoria de dos maneras, a saber: o por ministerio de ley o por declaración judicial. En el primer caso, como fácilmente se puede inferir, la ejecutoriedad de una sentencia deriva de la ley misma; es ésta la que de pleno derecho, sin necesidad de cualquier acto posterior, la considera ejecutoriada, bastando que reúna los requisitos y condiciones para el efecto. En esta hipótesis, la sentencia se vuelve ejecutoriada por el mero hecho de pronunciarse, en cuyo caso la ley le atribuye la categoría respectiva. En el juicio de amparo, las sentencias que causan ejecutoria por ministerio de la ley, ipso jure, desde el momento en que entran a la vida procesal, son aquellas que recaen en los amparos respecto de los cuales la Suprema Corte (funcionando en Pleno o en Salas) o los Tribunales Colegiados de Circuito conocen en única instancia (amparos directos), y las que se pronuncian en los procedimientos relativos a la sustanciación de los recursos de revisión, de queja o de reclamación en sus respectivos casos. La Ley de Amparo no trata ni reglamenta esta cuestión expresamente; sin embargo, a través de algunos preceptos que aluden a las mencionadas resoluciones, se denomina a éstas, «ejecutorias», denominación que no implica sino que una sentencia se erige en ejecutoriada en los términos apuntados con antelación (por ejemplo, el artículo 104), a diferencia de lo que sucede cuando habla de las sentencias de los Jueces de Distrito, a las que no llama de esa manera ...’

"Además, no debe pasar desapercibido el valor y la trascendencia que aquel fallo tiene, considerado como un mandato, y las consecuencias que produce en la realidad y a la luz de los diferentes ordenamientos legales que rigen la materia del debate. Con independencia de que repercutan en aspectos formales o sustanciales de la contienda, debido a que, al margen de que esa distinción aplica de modo más propio al litigio que se plantea directamente ante la potestad común y no a la de índole constitucional, que más que constituir, extinguir, declarar o modificar los derechos de los particulares, involucrados en determinadas relaciones jurídicas, revisa la actuación de las autoridades que integran los tribunales ordinarios.

"Sobre el particular, se traen a colación las explicaciones que efectúa el doctrinista Enrico Tullio Liebman, en la obra titulada ‘Eficacia y Autoridad de la Sentencia y otros Estudios sobre la Cosa Juzgada’, editada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Dirección General de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, 2002-2003, páginas 70 a 72 que, en lo que interesa, señalan: ‘15. Definición de la cosa juzgada ... La eficacia de la sentencia debe lógicamente y prácticamente distinguirse de su inmutabilidad. La misma se puede genéricamente definir como un mandato, ya tenga la finalidad de declarar la certeza, ya tenga la de constituir o modificar o determinar una relación jurídica. No se pretende con esto resolver aquí el problema general de la naturaleza volitiva o intelectiva de la actividad del Juez, o de la cualidad más o menos autónoma del mandato. La sentencia vale como mandato, al menos en el sentido de que contiene la formulación autoritativa de una voluntad de contenido imperativo; y esto basta para que se pueda hablar, al menos desde un punto de vista formal, del mandato que nace de la sentencia. Ahora bien, este mandato, aun cuando sea plenamente eficaz, no sólo es susceptible de reforma a causa de la pluralidad de instancias y del sistema de gravámenes sobre el que está construido el proceso, sino que está también expuesto al riesgo de ser contradicho por otro mandato pronunciado también por un órgano del Estado. Esto se verifica igualmente para todas las formas de la actividad del Estado, salvo, se entiende, la posible variedad del ordenamiento positivo que puede reconocer, por ejemplo, la facultad de contradecir un mandato (y, por consiguiente, de abrogarlo) solamente al mismo poder que lo ha pronunciado. Así, la eficacia de una sentencia no puede, en sí y por sí, impedir a un Juez posterior, investido también él de la plenitud de los poderes ejercitados por el Juez que ha emanado la sentencia, examinar de nuevo el caso decidido y juzgar de un modo diferente. Sólo una razón de utilidad política y social -como se ha recordado ya- interviene para evitar esta posibilidad haciendo el mandato inmutable cuando el proceso haya llegado a su conclusión con la preclusión de las impugnaciones contra la sentencia pronunciada en el mismo. En esto consiste, pues, la autoridad de la cosa juzgada, que se puede precisamente definir como la inmutabilidad del mandato que nace de una sentencia. La misma no se identifica simplemente con la definitividad e intangibilidad del acto que pronuncia el mandato; es, por el contrario, una cualidad especial, más intensa y más profunda, que inviste el acto también en su contenido y hace así inmutables, además del acto en su existencia formal, los efectos cualesquiera que sean del acto mismo. La eficacia natural de la sentencia, con la adquisición de esta ulterior cualidad, se encuentra, pues, intensificada y potenciada, porque se afirma como única e inmutable formulación de la voluntad del Estado al regular concretamente el caso particular decidido. Y esta característica inmutabilidad del mandato, dentro de los límites en que está dispuesta por la ley, opera no ya respecto de determinadas personas, sino respecto de todos aquellos que en el ámbito del ordenamiento jurídico tienen institucionalmente el cometido de establecer, de interpretar o de aplicar la voluntad del Estado, sin excluir al mismo legislador, que ni siquiera él podrá cambiar la concreta regulación de la relación, según resulta ya sellada por la autoridad de la «cosa juzgada» ...’

"Luego, si como se evidenció, en observancia al apuntado fallo protector y a los razonamientos formulados en la ejecutoria de la contradicción de tesis que originó la jurisprudencia de rubro: ‘VÍA EJECUTIVA MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU EJERCICIO EN CONTRA DEL GARANTE HIPOTECARIO CUANDO NO TIENE A LA VEZ EL CARÁCTER DE ACREDITADO, MUTUATARIO U OBLIGADO SOLIDARIO (ARTÍCULOS 68 Y 72 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).’, se estableció que tratándose de contratos de crédito garantizados con hipoteca, donde quien funge como garante comparece sólo con esa calidad sin obligarse con el adeudo en forma directa o solidaria, por la naturaleza civil y las características del pacto accesorio, que es de tipo real y persigue a cualquier poseedor de la cosa (en contraposición al principal que es personal y se dirige en singular al deudor), de carácter subsidiario y susceptible de responder de la obligación fundamental hasta por el valor del bien; el aludido garante hipotecario sólo puede ser demandado en el juicio especial hipotecario, en el que sí podría ordenarse el remate del inmueble objeto del gravamen, a diferencia de lo que acontece con el mercantil, donde únicamente sería viable ese proceder si previamente se secuestró el bien.

"En esas condiciones, es claro que lo resuelto en aquel asunto fue determinante para la posición en que se encuentra la impetrante, puesto que desde entonces quedó definida la particularidad del vínculo que la une al acuerdo de voluntades fundatorio y el modo en que podía ser juzgada, siendo innegable que con ello se excluyó la posibilidad de plantear un litigio en términos distintos.

"A lo que se añade que, el tercero perjudicado, atendiendo precisamente a ese mandato, planteó el juicio sumario hipotecario que, según se expuso, finalizó declarando la caducidad de la vía por no haberse incoado dentro del término previsto por el numeral 669 del enjuiciamiento civil local, que también quedó firme por no haber sido impugnado. Con lo que innegablemente se cerró la oportunidad de ejecutar la finca hipotecada.

"A mayor abundamiento, cabe decir que si el acreditante originalmente eligió la vía ordinaria mercantil, sin duda optó por la acción personal encaminada a exigir el pago del crédito, en la inteligencia de que se le haría frente con cualesquiera de los bienes del deudor, renunciando, implícitamente, a hacer efectiva la garantía hipotecaria. Máxime que al someter el conflicto a tal materia, aquél debió estar consciente de que en el Código de Comercio no están previstos trámites como la expedición de una cédula, ni lo que atañe a ordenar, desde la sentencia, en concreto, la ejecución del bien gravado, si previamente no se trabó el embargo.

"Apoya lo expresado la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Cuarta Parte, Volumen 28, página 79, que prescribe: ‘HIPOTECA. VÍA PROCEDENTE PARA EL COBRO DEL MUTUO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe)

"Consiguientemente, procede otorgar la protección federal a efecto de que en la nueva sentencia que habrá de dictar una vez que deje insubsistente la reclamada, la autoridad responsable, atendiendo a lo explicado en esta ejecutoria, considere fundados los agravios relacionados con la excepción de cosa juzgada y resuelva después lo que en derecho corresponda."

B) Asunto planteado ante el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, quien resolvió el juicio de amparo directo 4/88. Los antecedentes son los siguientes:

Ver antecedentes 2

"En la demanda de garantías se expresa, por una parte, y sustancialmente, que en la especie existe una ‘doble cosa juzgada’, la primera, que se apoya en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 548/85; y la segunda, que se funda en la sentencia que se dice dictó el Juez responsable en cumplimiento de dicha ejecutoria; misma excepción, agrega la quejosa, que debió estimarse procedente en virtud de que la acción ejercitada en el juicio de origen ya se había deducido en otro asunto idéntico, entre las mismas partes y por la misma causa; y también porque la arrendadora estaba jurídicamente imposibilitada para deducir acciones con base en un contrato de arrendamiento que se estimó nulo por ejecutoria de este tribunal.

"Ahora bien, la cosa juzgada civil presupone una sentencia de mérito que acoja o rechace la demanda, decidiendo sobre las cuestiones de derecho sustancial planteadas por las partes.

"La acción de amparo no es un derecho de acción ordinaria que se dirija a la declaración del derecho de los particulares, ni tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va encaminada a controlar el acto de autoridad. El juicio de amparo no puede considerarse como una tercera instancia o un recurso donde el órgano encargado de emitir una decisión resuelva sobre los derechos y obligaciones de las partes, sino que constituye un juicio autónomo cuya materia es diversa de la que lo es en los juicios ordinarios, y lo que en él se juzga es si el acto reclamado de la autoridad responsable debe reputarse violatorio de garantías. La sentencia que se emite en los juicios de amparo, cuando se otorga la protección constitucional, se limita a amparar y proteger al agraviado en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, y su efecto jurídico es el de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, y obligado a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma exija, si aquél es negativo, sin que los tribunales de amparo tengan jurisdicción plena para sustituirse a las autoridades responsables, pues se produce reenvío a estas autoridades para que sean ellas las que se dicten una nueva sentencia ajustándose al fallo protector. Atendiendo, pues, a la naturaleza de la acción inconstitucional y del juicio de garantías, no es dable aceptar que las ejecutorias de amparo produzcan los efectos inherentes a una sentencia estimatoria o desestimatoria de la acción procesal ordinaria, ni tampoco que sustituyan a las sentencias reclamadas o a las que deban ser pronunciadas para cumplimentar aquellas ejecutorias.

"Y lo anterior pone de manifiesto que las sentencias de amparo, por sí mismas, no producen excepción de cosa juzgada susceptible de hacerse valer en un juicio del orden común, como título justificativo, puesto que no tienen los mismos efectos que una sentencia ordinaria, ni juzgan propiamente sobre las cuestiones de derecho sustancial (sic) planteadas por las partes y, en todo caso, constituyen la premisa de la decisión que debe pronunciar la autoridad responsable, siendo esta última, la que reviste las características inherentes a la cosa juzgada en su aspecto civil.

"Ya se dijo previamente que, en el caso a estudio, no aparece que la autoridad responsable dictara sentencia alguna en la que declarase la nulidad del contrato de arrendamiento, por lo que no existe base para considerar procedente la excepción de cosa juzgada civil, al estar ausente el presupuesto lógico que la sustenta, y que lo es la existencia de una sentencia de mérito que resolviese sobre las cuestiones de derechos sustancial controvertidas y, por tanto, es infundado el concepto de violación."

De las consideraciones anteriores surgió la siguiente tesis:

"COSA JUZGADA CIVIL. NO LA CONSTITUYEN LAS SENTENCIAS DE AMPARO. El juicio de amparo no puede considerarse como una tercera instancia o un recurso en donde el órgano decisorio resuelva sobre los derechos y obligaciones de las partes, sino que constituye un juicio autónomo cuya materia es diversa de la que lo es en los juicios ordinarios; lo que en él se juzga es si el acto reclamado de la autoridad responsable debe reputarse violatorio de garantías. La sentencia que se emite en los juicios de amparo se limita a amparar y proteger al agraviado en el caso expreso sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, y su efecto jurídico es el de restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir lo que la misma exija, si aquél es negativo, sin que los tribunales de amparo tengan jurisdicción plena para sustituirse a las autoridades responsables, pues se produce reenvío a estas autoridades para que sean ellas las que dicten una nueva sentencia ajustándose al fallo protector. Atendiendo, pues, a la naturaleza del juicio de garantías, no cabe aceptar que las ejecutorias de amparo produzcan los efectos inherentes a una sentencia estimatoria o desestimatoria de la acción ordinaria, ni que sustituyan a las sentencias reclamadas o a las que deban ser dictadas para cumplimentar aquellas ejecutorias, lo que pone de manifiesto que las sentencias de amparo por sí solas no producen excepción de cosa juzgada susceptible de hacerse valer en un juicio del orden común, como título justificativo, y en todo caso constituyen la premisa de la decisión que debe pronunciar la autoridad responsable, siendo esta última la que puede revestir las características de la cosa juzgada.

"Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito.

"Amparo directo 4/88. **********. 17 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Hernández Martínez. Secretario: Abraham S. Marcos Valdés."

CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada número XLVII/2009, emitida por el Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.",(2) así como el criterio jurisprudencial de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

En la especie, sí se actualiza la contradicción de criterios, pues ambos tribunales abordan un mismo problema jurídico, a saber, si las consideraciones vertidas en una sentencia de amparo pueden constituir cosa juzgada en un diverso juicio ordinario civil o mercantil, o bien, si para ello es menester que las haga suyas la autoridad responsable en cumplimento a la ejecutoria de amparo, sin embargo, resuelven de manera contradictoria.

En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 320/2010, sostuvo que la autoridad responsable sí debió considerar actualizada la cosa juzgada, en virtud de que el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el juicio de amparo directo 383/2006, determinó cuál era la naturaleza del vínculo jurídico que unía a las partes y el tipo de litigio bajo el cual deberían ventilar sus diferencias, lo cual excluye la posibilidad de plantear el litigio en otros términos ante la jurisdicción ordinaria.

En cambio, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 4/88, sostuvo que si bien fue emitida con anterioridad la ejecutoria correspondiente al juicio de amparo directo 548/85, misma que deriva de un juicio ordinario idéntico, entre las mismas partes y por la misma causa, ello no autoriza la cosa juzgada civil.

Lo anterior, porque la acción de amparo no es una acción ordinaria que se dirija a la declaración del derecho de los particulares, ni tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va encaminada a controlar el acto de autoridad. El juicio de amparo no puede considerarse como una tercera instancia o un recurso donde el órgano encargado de emitir una decisión resuelva sobre los derechos y obligaciones de las partes, sino que constituye un juicio autónomo cuya materia es diversa a la de los juicios ordinarios, y lo que en él se juzga es si el acto reclamado de la autoridad responsable debe reputarse violatorio de garantías, sin que los tribunales de amparo tengan jurisdicción plena para sustituirse a las autoridades responsables. Así, no es aceptable que las ejecutorias de amparo produzcan los efectos inherentes a una sentencia estimatoria o desestimatoria de la acción procesal ordinaria, ni tampoco que sustituyan a las sentencias reclamadas o a las que deban ser pronunciadas para cumplimentar aquellas ejecutorias.

Toda vez que la parte quejosa planteó una "doble cosa juzgada", la primera, que se apoya en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 548/85; y la segunda, que se funda en la sentencia que dictó la autoridad responsable en cumplimiento de dicha ejecutoria, el Tribunal Colegiado agregó que en el caso tampoco se advierte que la autoridad responsable hubiera dictado sentencia alguna en la que declarase la nulidad del contrato base de la acción, por lo que no existe fundamento para considerar procedente la excepción de doble cosa juzgada civil.

Por tanto, es claro que los dos tribunales contendientes analizan un mismo problema jurídico, al cual le confieren una respuesta distinta, motivo por el cual sí se actualiza la contradicción de tesis, la cual consiste en determinar si las consideraciones vertidas en una sentencia de amparo directo pueden constituir cosa juzgada en un diverso juicio ordinario de carácter civil o mercantil.

QUINTO. Para resolver la problemática planteada, conviene referir, en primer lugar, qué es el juicio de amparo directo, cuál es la teleología de este medio extraordinario de defensa y cuál es el alcance que deben tener sus sentencias.

El juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal constituye un procedimiento federal extraordinario de control constitucional, por virtud del cual los gobernados se encuentran en aptitud de solicitar a los tribunales de la Federación la protección de sus garantías constitucionales, cuando a través de un acto de autoridad se vulneran sus derechos fundamentales.

De la lectura de los artículos 107, fracciones III, V y VII, de la Constitución Federal; 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que una de las condiciones de procedencia del juicio de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es que el acto reclamado consista en una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, y respecto del cual no proceda recurso ordinario por el que pueda ser modificado o revocado.(4)

En cuanto a la teleología y alcances de las sentencias que se dictan en este medio de control constitucional, la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el siguiente criterio:

"Séptima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"121-126, Tercera Parte

"Página: 70

"SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS. Para precisar el alcance legal que tienen las sentencias definitivas que se pronuncien en los juicios de amparo, precisa referir ante todo sus efectos y limitaciones desde que esta defensa constitucional extraordinaria fue establecida por primera vez en nuestro régimen jurídico federal, hasta como están señalados en la Constitución vigente. Por iniciativa de don Mariano Otero ante el Congreso Constituyente de 1846 y la urgencia ‘de acompañar el restablecimiento de la Federación -como decía en aquélla, de una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más ... los ataques dados por los Poderes de los Estados y por los mismos de la Federación a los particulares’, era preciso que se elevase ‘a gran altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les asegure la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión’, el propio Congreso acogió la defensa del particular contra tales actos (que posteriormente fueron ampliados a los provenientes de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federación) a través del juicio de amparo, aunque limitando el alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. Y así, el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatuía: ‘Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o del acto que lo motivare’. Mediante una acertada diferenciación propuesta por la comisión encargada de redactar la Constitución de 1857, que ella misma la calificó como ‘la reforma tal vez más importante que tiene el proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de la Federación o de los Estados, que ataquen sus respectivas facultades o que violen las garantías otorgadas por la Const

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23588-0a57fd31/cosa-juzgada-en-un-juicio-civil-o-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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