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Modo: Corpus Pro

TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 277/2011. · Registro digital (IUS): 23624
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: CORMAPLAST, S.A. DE C.V.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Pág. 1743.

AMPARO EN REVISIÓN 277/2011. CORMAPLAST, S.A. DE C.V. 2 DE FEBRERO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA MAGDALENA CÓRDOVA ROJAS. SECRETARIO: JUAN FRANCISCO VALVERDE CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En el presente asunto no habrán de transcribirse los agravios que plantea la recurrente Cormaplast, Sociedad Anónima de Capital de Variable, por conducto de su representante legal, en atención a que la sentencia impugnada no será examinada a la luz de éstos, ya que de la lectura que se realiza a la citada resolución se advierte que no causa perjuicio alguno a la aquí inconforme y, por ende, ésta no se encuentra legitimada para interponer el presente medio defensivo.

Lo anterior es así, ya que los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como el 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada para el seguimiento del juicio de garantías, premisa que prevalece para el recurso de revisión, en términos de lo previsto en los numerales 83, fracción IV y 88 de la mencionada ley, cuyo contenido literal es el siguiente:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. ..."

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. ..."

"Artículo 4o. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"IV. Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, o por el superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia."

"Artículo 88. El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada. ..."

De la interpretación sistemática que se efectúa a los numerales transcritos, se colige que los tres primeros prevén como requisito sine qua non para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la esfera jurídica del quejoso, principio que a su vez se hace extensivo al recurso de revisión, pues de los artículos 83 y 88 de la Ley de Amparo se desprende implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de combatir tal afectación.

Tal exigencia se justifica, además, porque ningún efecto práctico tendría admitir y dar trámite al aludido medio de defensa, si la sentencia de amparo no contiene una violación que reparar a favor del recurrente.

Ahora bien, en el caso a estudio, la Juez de Distrito consideró que la autoridad responsable vulneró el contenido del artículo 17 constitucional, por lo que concedió el amparo al quejoso para efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en cuanto se le requiera el cumplimiento de la sentencia deje insubsistente el acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil once, en la parte conducente en la que determinó que no había lugar a acordar de conformidad la petición de la actora, para que se girasen oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de investigar la identidad del demandado que se signó como el dueño de la negociación ubicada en calle Los Pinos número 9, colonia Ignacio Mariscal en esta ciudad de Puebla, para que éste fuera emplazado.

En tales términos, los efectos de la sentencia protectora recayeron exclusivamente sobre la autoridad responsable, quien está obligada a realizar diversos actos procesales tendentes a localizar el domicilio del tercero perjudicado; de ahí que la empresa recurrente no se encuentra legitimada para acudir a la revisión, pues con tal medida no se le causa un agravio personal y directo que afecte materialmente su interés jurídico.

No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 90/2010, cuyo texto se copia a continuación, que el tercero perjudicado sí existe cuando se reclamen violaciones al derecho de petición o al principio de plenitud y expeditez, ya que tal determinación de ese Alto Tribunal no faculta al tercero perjudicado para acudir a la revisión cuando la sentencia de garantías no le depara perjuicio alguno, como ocurre en la especie.

A fin de esclarecer lo anterior, se hace necesario determinar, en primer lugar, los alcances de la jurisprudencia antes mencionada, misma que fue emitida al resolver la contradicción de tesis 96/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, materia común, página 448, de rubro y texto siguientes:

"TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado."

De igual forma, los argumentos torales en que descansa la ejecutoria que dio origen a la tesis invocada, son los que se citan a continuación:

"Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del derecho de petición y de los principios de plenitud y de expeditez en la administración de justicia, se advierte que cuando en un juicio de amparo, se reclame la violación de dichos principios exclusivamente, resulta jurídicamente inadmisible admitir que por ese hecho, la figura del tercero perjudicado deja de existir, pues ésta nace en el juicio de garantías precisamente cuando se origina de una controversia seguida por diversas partes. Por tanto, cuando el acto reclamado provenga de un juicio o procedimiento de primer orden, no debe excluirse a la contraparte del agraviado en las siguientes instancias, siendo que éste tiene el carácter de tercero perjudicado en términos del inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues con independencia de los intereses que pudiere tener el tercero perjudicado tratándose de juicios de amparo en los que se reclamen violaciones a los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, por la omisión de contestar una petición, o dictar una resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio, respectivamente, debe considerarse que la existencia o no del tercero perjudicado, como parte en el juicio, no es una cuestión que pueda determinarse en esos casos por la naturaleza del acto que se impugne, pues en estos casos, el tercero perjudicado es una de las partes en el juicio de garantías, por el simple hecho de haber participado directamente en el procedimiento o juicio seguido en primera instancia. Es decir, para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 5o. de la Ley de Amparo, en su fracción III, inciso a), es suficiente que exista una persona que haya sido parte en un procedimiento previo o juicio natural, pues el hecho de que dicha persona no haya gestionado en su favor el acto que se reclame, consistente en una omisión que se reclama como violatoria del derecho de petición y de los principios de plenitud y expeditez en la administración de justicia, consagrados en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, no excluye la actualización de la hipótesis normativa contenida en el referido inciso a) del mismo precepto, de manera que quien intervino como contraparte del agraviado en el procedimiento que siguió al acto que fue impugnado, siempre tendrá el carácter de tercero perjudicado, independientemente de la naturaleza del acto que se haya reclamado. En esa tesitura, debe considerarse que el tercero perjudicado no puede desaparecer del mundo jurídico por el hecho de que se reclamen transgresiones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 constitucionales, pues tal carácter deviene por disposición legal, a aquellas partes que intervinieron, ya sea en el juicio o en el procedimiento seguido en forma de juicio previo a la impugnación constitucional, pues la ostentación de dicho carácter se entiende como un derecho procesal protegido por la ley. Es por todo lo visto, que se afirma que el tercero perjudicado a que se refiere el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, esto es, cuando éste haya sido contraparte del agraviado en el juicio o en el procedimiento seguido en forma de juicio que haya dado lugar al juicio de amparo, no puede dejar de existir, aun cuando se reclamen las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 constitucionales, en cuanto al derecho de petición, y la expedición de una justicia pronta y expedita, en específico, cuando se desprenda la falta de acuerdo a una solicitud o promoción de un gobernado, o por la omisión de algún órgano de dictar la sentencia correspondiente, dentro de los términos legales. En consecuencia, esta Primera Sala concluye que, en términos del artículo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, debe prevalecer la tesis que a continuación se precisa, debiendo ordenarse su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, para los efectos señalados en el precepto legal mencionado: ‘TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO ...’

Del análisis a la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, así como de la ejecutoria de la cual se originó, se desprende que la superioridad concluyó medularmente que la figura del tercero perjudicado tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal.

Por tanto, sostuvo ese Alto Tribunal, la referida figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, como en el caso lo es la transgresión a la garantía de justicia pronta y expedita y, consecuentemente, si el acto reclamado deriva de un procedimiento seguido en forma de juicio, no debe excluirse a la contraparte del quejoso en las siguientes instancias, pues es suficiente con que haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional.

Ahora bien, el anterior criterio permite determinar el alcance de la tesis en comento, habida cuenta que, si la razón por la que debe ser citado el tercero perjudicado al juicio de garantías se debe a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que pueda acudir al recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata.

En ese sentido, es posible que al dictar la sentencia de amparo se imponga una multa al tercero perjudicado, o bien, que se incurra en alguna incongruencia, ya sea porque se resuelva sobre partes ajenas a los interesados o que se ordene a la responsable realizar algún acto que afecte la esfera jurídica de la mencionada parte, por lo que en tales hipótesis resultará evidente la legitimación de éste para acudir a la revisión a fin de impugnar los actos que le perjudican directamente.

Sin embargo, las características descritas no se advierten en la sentencia sujeta a revisión, pues como se ha indicado, la Jueza Federal se limitó a amparar al peticionario de garantías para que el tribunal laboral acuerde, de conformidad lo solicitado por la parte quejosa, es decir, que provea de manera congruente lo que en derecho corresponda respecto a la solicitud que formuló la amparista en el juicio laboral de origen. (foja 42)

Bajo este tenor, al no prevalecer el interés contrario de la moral recurrente en la sentencia impugnada, ésta carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, sin que obste para ello que haya tenido el carácter de tercera perjudicada en el juicio de amparo, al resultar contraparte del quejoso en el juicio de origen.

Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época, materia común, página 1637, que este órgano colegiado comparte y textualmente establece:

"RECURSO DE REVISIÓN. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO LA RESOLUCIÓN RECURRIDA NO LE IRROGA PERJUICIO ALGUNO AL PROMOVENTE. El recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por el Juez de Distrito en la audiencia constitucional sólo puede ser interpuesto por una persona, física o moral, a quien afecta la resolución impugnada. Así se desprende de la teleología de los artículos 107, fracción VIII, inciso a) y b), párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 83, fracción IV, 86 y 88 de la Ley de Amparo, en tanto que disponen que el recurso de revisión en amparo indirecto sólo procederá cuando se presente oportunamente y que con el dictado de la resolución que se impugna se causen agravios al recurrente. Esto es, para interponer recursos en el juicio de amparo, como el de revisión, se requiere que exista legitimación, es decir, un interés concreto para que no subsista o desaparezca la resolución impugnada porque le causa al recurrente un agravio personal y directo, pues sólo de esta manera se puede acreditar el elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada que rige al juicio de amparo tanto para ejercer la acción constitucional como para continuar esta última hasta su decisión definitiva, a fin de que se modifique o revoque una resolución. Si la resolución recurrida no irroga perjuicio a la parte recurrente en su esfera jurídica o material, ni trasciende a su esfera jurídica o importa una modificación al acto reclamado objeto de la litis constitucional, que altere su situación como parte en el juicio de amparo debe desecharse por no contar con legitimación para promoverlo."

De igual forma, sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época, materia común, página 1371, que esta potestad federal comparte y se copia a continuación:

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PROCEDENCIA DE TAL RECURSO NO SÓLO DEPENDE DE QUE SE TENGA EL CARÁCTER DE PARTE Y QUE SE HAYA INTERPUESTO OPORTUNAMENTE, SINO ADEMÁS, QUE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA CAUSE AGRAVIO AL RECURRENTE. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 83, último párrafo, 86, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se concluye que para la procedencia del recurso de revisión se requiere no sólo que se tenga el carácter de parte y que se haya interpuesto oportunamente, sino además, que la resolución recurrida cause agravio al recurrente; ello, debido a que los recursos se encuentran previstos en la legislación para la corrección o enmienda de un acto que afecte los intereses de las partes; de tal manera que de no darse tal agravio la interposición del recurso es improcedente al no existir violación alguna que deba subsanarse, que es la razón de ser de los recursos, pues ningún beneficio traería su interposición y sí, por el contrario, se dilataría la resolución definitiva del amparo indirecto."

A su vez, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época, materia común, página 735, que comparte este órgano jurisdiccional y cuyo rubro y texto literalmente señalan:

"LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUIERE MATERIALMENTE DE UN AGRAVIO QUE LE CAUSE PERJUICIOS. Tratándose del juicio de amparo, la legitimación para interponer recursos requiere de la satisfacción de las siguientes condiciones: a) Ser parte en el juicio de amparo; y, b) Tener interés para que subsista o desaparezca una resolución. Es por ello que no basta ser formalmente parte en el juicio de garantías, para estar ya en aptitud de interponer el recurso de revisión, sino que es preciso que la sentencia del Juez de amparo cause al recurrente un agravio personal y directo, esto es, que materialmente se vean afectados sus intereses, como un elemento fundamental y estructural del principio de instancia de parte agraviada."

Asimismo, tiene aplicación la tesis número 98 de este Tribunal Colegido, aprobada en sesión plenaria de seis de enero de dos mil once, pendiente de publicarse cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"TERCERO PERJUDICADO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CUANDO LA SENTENCIA IMPUGNADA NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS NÚMERO 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la tesis de referencia, que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral el cual instituye a la citada parte procesal en su fracción III y particularmente en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo ese Alto Tribunal que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anteriormente expuesto permite determinar el alcance de la jurisprudencia en comento, habida cuenta que, si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado a juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda acudir al recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como el 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83 fracción IV y 88 de la Ley de Amparo se desprende implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de combatir tal afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al peticionario de garantías para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión, resultando procedente desechar el citado medio de defensa."

Idéntico criterio ha sostenido este cuerpo colegiado al resolver los amparos en revisión 202/2011, 223/2011, 262/2011 y 257/2011, en sesiones de ocho de diciembre de dos mil once y doce de enero de dos mil doce, respectivamente.

En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar el presente recurso de revisión, quedando firme la sentencia recurrida.

Con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por Cormaplast Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal.

SEGUNDO.-En consecuencia, queda firme la sentencia recurrida.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado correspondiente y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados María Magdalena Córdova Rojas, Rolando Nicolás de la A. Romero Morales y Samuel Alvarado Echavarría, siendo ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23624-64b20c41/tercero-perjudicado-si-los-efectos-de-la-sentencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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