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Modo: Corpus Pro

COSTAS. PARA SU CUANTIFICACIÓN EN LOS JUICIOS TRAMITADOS EN EL DISTRITO FEDERAL CONFORME AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ARANCELARIAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 128 Y 129 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 466/2011. · Registro digital (IUS): 23648
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA RE
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, Pág. 167.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 466/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE ABRIL DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.

La anterior interpretación, es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma-; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El veintinueve de septiembre de dos mil once, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (tribunal denunciante) resolvió el amparo en revisión administrativa **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:

1. **********, demandó en la vía ordinaria administrativa federal a la **********, la nulidad de la rescisión administrativa del contrato de obra pública **********, la rescisión de dicho contrato por causa imputable a la demandada y otras prestaciones.

2. El cuatro de marzo de dos mil ocho, un Tribunal Unitario declaró en definitiva la nulidad de la rescisión administrativa del contrato de obra, la rescisión de dicho contrato por causa imputable a la demandada y condenó a ésta al pago de algunas prestaciones, absolviéndola de otras y, la condenó al pago por concepto de costas.

3. El diecinueve de enero de dos mil diez, la actora promovió incidente de liquidación de sentencia por cinco conceptos, de los cuales cuantificó las costas del juicio con base en el contrato que celebró con su abogada, en la que se estipuló que los honorarios de ésta corresponderían al 25% de los créditos generados en el juicio, estableciendo que las costas ascendían a $ ********** (********** M.N.).

4. La demandada incidental controvirtió la cuantificación de las costas, argumentando que el contrato de prestación de servicios no le era aplicable y que conforme al artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles,(3) las costas deben cuantificarse conforme a las disposiciones arancelarias, las cuales no contiene dicho código, por lo que debía aplicarse el artículo 128 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.(4)

5. El dieciocho de febrero de dos mil diez, la Juez dictó interlocutoria, en la cual aprobó la planilla de liquidación que presentó la actora.

6. Inconforme, la demandada interpuso recurso de apelación que fue resuelto el veintiocho de febrero de dos mil once, por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que era improcedente la liquidación de costas propuesta por la actora, dado que las costas se debían cuantificar conforme a las disposiciones arancelarias de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

7. Inconforme, **********, promovió juicio de amparo indirecto. El cuatro de mayo de dos mil once, el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, negó el amparo solicitado.

8. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, que correspondió resolver al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.

Ese tribunal, por mayoría de votos,(5) determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- El juzgador no cuenta con facultades para aplicar disposiciones de ordenamientos legales diversos cuya supletoriedad no esté legalmente permitida en la ley directamente aplicable. Por lo que las disposiciones arancelarias de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no son aplicables para determinar el monto de las costas del juicio a que se refiere el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- El artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles establece dos criterios para determinar el monto de las costas, el objetivo y el subjetivo, siendo que el primero consiste en las disposiciones arancelarias, mientras que el segundo consiste en la apreciación judicial. Sin embargo, en el Código Federal de Procedimientos Civiles no existen disposiciones arancelarias, ni alguna que permita la aplicación supletoria de alguna legislación que las contenga, por lo que para la cuantificación de las costas en los juicios tramitados conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles, el juzgador únicamente debe aplicar el criterio subjetivo, es decir, la apreciación judicial. El juzgador deberá fallar discrecionalmente, apreciando las pruebas aportadas en el juicio sobre el particular, tomando en cuenta de manera enunciativa, pero no limitativa, el acuerdo adoptado entre el prestador del servicio y su cliente, el juicio de peritos, la costumbre, el lugar, la importancia de los trabajos prestados, la del asunto, la capacidad pecuniaria de quien reciba el servicio, la reputación de quien lo haya prestado, así como la utilidad y relación directa entre los gastos y el litigio, con base en la información proveniente de las constancias de autos, conforme con el artículo 2607 del Código Civil Federal,(6) satisfaciendo además los requisitos de fundamentación o motivación conforme el artículo 16 constitucional.

- La supletoriedad es la única que permite jurídicamente complementar una ley respecto de otra, para integrar una omisión o laguna en la ley, siendo necesario satisfacer los requisitos señalados en la tesis: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."(7)

- La interpretación o hermenéutica jurídica, sólo tiene el alcance de explicar o esclarecer el sentido de una determinada disposición jurídica con base en su propio contenido, sin poder completar o sustituir la legislación interpretada por una diversa norma legal, pues ello implicaría una supletoriedad.

- Se aplicó indebidamente la tesis: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE REGULE LOS MECANISMOS LEGALES RELATIVOS Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE.",(8) ya que el artículo 1054 del Código de Comercio, vigente hasta el trece de junio de dos mil tres, sí contempla expresamente la supletoriedad de la legislación local a los juicios mercantiles; sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Civiles no contempla disposición alguna que permita la aplicación supletoria de la legislación local al Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que no existe identidad jurídica entre el supuesto contemplado en la jurisprudencia con el caso. La parte que sí es aplicable de la jurisprudencia, es aquella en donde se establece que cuando no existan aranceles aplicables para determinar las costas, el juzgador debe fallar discrecionalmente, es decir, conforme al criterio subjetivo.

- Ésa fue la intención del legislador al no establecer los aranceles aplicables para la determinación de las costas ni determinar la posibilidad de aplicar supletoriamente alguna legislación que sí contemple dichos aranceles. Esto tiene su justificación en que al no sujetar al juzgador a determinados aranceles para cuantificar las costas, entonces podrá determinarlas de manera más justa, en el entendido de que lo justo es conforme a lo objetivo y materialmente probado; es decir, conforme a la verdad legalmente probada, tan es así, que el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que debe quedar excluido de las costas todo gasto de cualquier acto y forma de defensa considerado superfluo, lo cual significa que el juzgador deberá resolver discrecionalmente apreciando el caso y las pruebas aportadas en el juicio.

- El a quo consideró que en la sentencia reclamada habían sido debidamente aplicadas al caso las tesis aisladas: "COSTAS EN LOS JUICIOS CIVILES DE NATURALEZA FEDERAL." y "COSTAS. CONFORME AL ARTÍCULO 7o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, PARA CUANTIFICARLAS, EL JUZGADOR DEBE HACER USO DEL ARANCEL AUN CUANDO SE CONTENGA EN UNA LEGISLACIÓN DE CARÁCTER LOCAL.". Sin embargo, resulta contrario a lo determinado por el propio tribunal, por lo que existe una posible contradicción de tesis.

- Revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo a la empresa quejosa sobre la base de que para la cuantificación de las costas de un juicio sustanciado conforme con el Código Federal de Procedimientos Civiles no es jurídicamente posible aplicar las disposiciones arancelarias establecidas en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

II. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (tribunal denunciado) resolvió el seis de marzo de dos mil ocho, el amparo en revisión **********, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:

1. ********** demandó en la vía ordinaria civil federal a la ********** y al **********, diversas prestaciones. El veintitrés de julio de dos mil cuatro, el Juez Séptimo de Distrito "B" en Materia Civil en el Distrito Federal condenó a la **********; absolvió a ********** de las prestaciones reclamadas; y condenó a la actora al pago de las costas a favor de la institución bancaria.

2. Inconformes con la determinación, la actora y la codemandada Comisión Federal de Electricidad interpusieron sendos recursos de apelación. El cuatro de marzo de dos mil cinco, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito emitió su fallo.

3. Después de varios amparos directos, el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, dicho Tribunal Unitario modificó la resolución apelada en cumplimiento de las ejecutorias federales.

4. El diecisiete de febrero de dos mil cinco, la institución bancaria promovió incidente de liquidación de costas, por $********** (********** M.N.).

5. El veintidós de marzo de dos mil siete, el Juez dictó interlocutoria, en la cual aprobó la cantidad de $********** (********** M.N).

6. Inconformes, la actora incidental y como la demandada incidentista interpusieron recurso de apelación. El dieciséis de noviembre de dos mil siete, en el toca civil **********, el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito modificó la sentencia interlocutoria.

7. Inconforme, **********, promovió juicio de amparo indirecto. El catorce de enero de dos mil ocho, el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito negó el amparo solicitado.

8. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión, y la tercero perjudicada revisión adhesiva que correspondió conocer con los registros ********** y **********, respectivamente, por su estrecha relación, al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Al resolver dichos recursos, el tribunal, por unanimidad de votos determinó confirmar la sentencia recurrida y no amparar a la quejosa bajo las siguientes consideraciones:

- La recurrente sostuvo que al ser la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal una ley local, no puede aplicarse al juicio civil federal, en atención al principio de respeto al fuero de ley, previsto en el artículo 121 de la Constitución Federal. Sin embargo, los artículos 41 y 121 de la Constitución Federal establecen el sistema jurídico federal, el cual se integra con dos órdenes jurídicos: federal y local. El primero es de aplicación en toda la República, mientras que el segundo se limita a cada uno de los Estados de la Federación, no pudiendo ser obligatorias fuera del ámbito territorial del mismo. Por lo que, si a una persona no radicada en un Estado se le pretende aplicar la ley de su Estado, pero sin encontrarse en él, conforme al principio de territorialidad, se vulnerarían sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, ya que se le aplicaría una ley en territorio en el que ésta no tiene validez.

- En el caso, no se vulneró dicho principio, ya que el contrato de obra pública base de la acción, se suscribió en el Distrito Federal y se ejecutó jurisdiccionalmente en él, por lo que la cuantificación de las costas de acuerdo al arancel previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no es inconstitucional.

- Además, el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles es una norma de remisión que posibilita a los juzgadores federales, la aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en la determinación de las costas, ya que el citado código no establece un procedimiento para su determinación.

- El establecimiento de aranceles aprobados por el Estado, garantiza que los gastos no puedan ser establecidos arbitrariamente por las partes o discrecionalmente por el juzgador, siendo el propio ordenamiento legal el que determine su existencia y procedencia.

- Si bien el artículo 2607 del Código Civil Federal establece cómo se determinan los honorarios del prestador de servicios a falta de convenio no resulta aplicable al caso del procurador que haya intervenido en juicio, ya que dicho artículo establece una excepción que excluye su aplicación, porque si los servicios están regulados por arancel, éste servirá para fijar el importe de los honorarios reclamados, y sí está regulado el arancel en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

- Ante la falta de un arancel o mecanismo para determinar el monto de las costas de los juicios civiles federales, y al establecerse en el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles que las costas se determinarán con base en las disposiciones arancelarias, es aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Además sustentó su criterio en la tesis: "COSTAS EN LOS JUICIOS CIVILES DE NATURALEZA FEDERAL.",(9) cuyo texto ya fue citado con anterioridad en el cuerpo de esta ejecutoria.

Con motivo de esa ejecutoria, el Tribunal Colegiado emitió la tesis de rubro: "COSTAS EN LOS JUICIOS CIVILES DE NATURALEZA FEDERAL."

III. El otro tribunal denunciado, Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el veintinueve de octubre de dos mil nueve, el amparo en revisión **********. Para una mejor comprensión, es necesario conocer los siguientes antecedentes respecto a ese juicio de amparo en revisión:

1. **********, demandó en la vía ordinaria civil federal a **********, diversas prestaciones, entre ellas, el pago de las cantidades que resultaran de la venta del "Libro vaquero" y "Libro policiaco de color" por concepto de autoría de obra literaria.

2. La codemandada ********** contestó la demanda oponiendo la excepción de incompetencia, misma que se resolvió mediante sentencia interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil cinco, dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el que se declaró fundada la excepción planteada y no se hizo especial condena en costas.

3. Inconformes, la parte actora y demandada, interpusieron sendos recursos de apelación, los que fueron resueltos en definitiva el primero de agosto de dos mil siete, en el sentido de modificar la sentencia interlocutoria, condenando a la parte actora en el principal a pagar las costas causadas en la primera instancia.

4. El veintisiete de marzo de dos mil ocho, ********** promovió incidente de liquidación de costas, el cual fue resuelto mediante sentencia interlocutoria de treinta y uno de julio de dos mil ocho, en la cual se aprobó parcialmente la liquidación.

5. Inconforme, ********** interpuso recurso de apelación. El Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito resolvió confirmar la sentencia interlocutoria recurrida sin hacer condena en costas en la alzada.

6. Inconforme, la quejosa promovió juicio de amparo. El veintisiete de agosto de dos mil nueve, el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito concedió el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, emitiera otra en la que reitere las razones que tuvo para estimar aplicable la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en lo atinente a la determinación de costas, pero además con plena jurisdicción resolviera lo relativo a otros gastos que el quejoso sostuvo que debían ser incluidos (honorarios de peritos, pago de derechos, copias certificadas y expedición de poderes notariales).

7. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión ********** ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Al resolver dicho recurso, el tribunal, por unanimidad de votos, determinó confirmar la sentencia recurrida y amparar al quejoso bajo las siguientes consideraciones:

- El artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles establece dos criterios para determinar el monto de las costas: el objetivo (disposiciones arancelarias) y el subjetivo (apreciación judicial). Sin embargo, ni el citado código, ni alguna otra legislación federal prevén aranceles. Por tanto, la remisión del artículo comentado, debe entenderse forzosamente a la aplicación de una diversa norma, sin especificar o establecer una prohibición de que no pudiera ser una local. En consecuencia, el juzgador puede acudir a la ley local para calcular las costas.

- Lo anterior se robustece con el artículo 121 de la Constitución Federal, conforme el cual, las leyes de un Estado o del Distrito Federal, tendrán efecto en su propio territorio, lo que conlleva a que puede existir concurrencia normativa entre esas leyes y las disposiciones federales que rigen en todo el territorio de la República.

- Conforme al principio del legislador racional según el cual debe partirse de la base de que aquél es conocedor de las instituciones jurídicas y que el diseño propuesto en la legislación tiene un estudio previo claramente definido, se concluye que la remisión del artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la aplicación de un arancel, se refiere a cualquier ley federal o local, siendo que al faltar la primera, debe aplicarse la segunda.

- Respecto a la circunstancia de si en todos los casos en que exista condena de costas debe tomarse en cuenta tanto el arancel que en su caso resulte aplicable, como el arbitrio judicial, se estima aplicable por analogía la tesis: "COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU CUANTIFICACIÓN DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE REGULE LOS MECANISMOS LEGALES RELATIVOS Y, EN SU DEFECTO, EL JUZGADOR DEBERÁ RESOLVER DISCRECIONALMENTE.". De su ejecutoria destaca que si bien, la legislación mercantil no es idéntica a la adjetiva civil federal, concurren similitudes como es que predomina un criterio objetivo para la procedencia de la condena en costas, pero que en cuanto a su cuantificación, es más difícil la aplicación de un criterio subjetivo.

- No es obstáculo el hecho de que dicho artículo utilice la conjunción "y" en vez de "o", ya que para aplicar ambas hipótesis, es decir, el arbitrio judicial y el arancel, se refiere a los casos en que alguno de los gastos erogados en el juicio y que hayan quedado demostrados, no se encuentren previstos en la ley aplicable, que en el caso era la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; o bien, que en la entidad federativa no exista algún arancel.

- También de la ejecutoria destaca la preponderancia de la aplicación de los aranceles para cumplir las garantías de seguridad y certeza jurídica contenidas en el Pacto Federal.

- Cuando concurran los criterios subjetivos y objetivos para calcular las costas, debe privilegiarse el segundo, sin que ello implique una derogación a lo establecido por el legislador al unir a ambas hipótesis con la conjunción "y", pues para armonizar esa intención y respetar las garantías de seguridad y certeza jurídica, debe hacerse uso del arbitrio judicial cuando en materia federal o local no existan bases objetivas, como se establece en la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Fue correcto determinar la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pues en ese territorio se llevó el juicio de conformidad con el artículo 121, fracción I, de la Constitución Federal, sin implicar una invasión de esferas, ya que el juzgador no puede dejar de resolver una controversia bajo tal argumento, sino que debe interpretar la ley de forma sistemática atendiendo a todo el orden normativo y funcional en el sentido de cumplir con los fines del sistema jurídico.

- Si bien el legislador no hizo remisión expresa a la ley local para aplicar un arancel, sí fue contemplada al haberse plasmado de esa forma en el artículo 7o. del Código Federal de Procedimientos Civiles y ante la oscuridad, debe acudirse conforme el artículo 121 de la Constitución Federal, al ámbito espacial y temporal de validez de las normas locales y sólo en el caso de que tampoco exista norma aplicable, se debe acudir al arbitrio judicial.

IV. El mismo Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el dos de diciembre de dos mil diez, el amparo en revisión **********. Para una mejor comprensión, es necesario conocer los siguientes antecedentes respecto a ese juicio de amparo en revisión:

1. **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil, de ********** y otros, diversas prestaciones.

2. Seguido el juicio, en la sentencia definitiva se determinó condenar a la sociedad demandada al pago de la suerte principal más intereses ordinarios y moratorios, así como al pago de las costas del juicio a favor de la actora. Además, se absolvió a dos codemandados físicos por falta de legitimación pasiva y respecto de ellos se condenó a la actora al pago de costas en su favor.

3. La actora interpuso recurso de apelación. La Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal determinó confirmar la sentencia recurrida y condenar a la actora en costas también por esa instancia a favor de los codemandados físicos.

4. El veinticinco de marzo de dos mil diez, la codemandada física **********, promovió incidente de liquidación de intereses y seguidos los trámites legales el Juez de origen determinó que era infundado el incidente.

5. Inconforme con tal resolución, la actora incidentista interpuso recurso de apelación, en el que el tribunal de alzada confirmó la interlocutoria apelada.

6. Inconforme nuevamente, la actora incidentista promovió demanda de garantías que correspondió conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, mismo que determinó negar el amparo solicitado.

7. En contra de tal resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión que correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito con el número **********.

Al resolver dicho juicio constitucional en revisión, el tribunal, por unanimidad de votos, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo a la quejosa bajo las siguientes consideraciones:

- El Juez de amparo actuó de manera incorrecta al declarar inoperantes los conceptos de violación, pues la quejosa sí controvirtió las consideraciones del tribunal de apelación.

- Pese a lo fundado de los agravios en la revisión, los mismos resultan inoperantes, porque los conceptos de violación hubieran sido desestimados, dado que acorde con el artículo 1054 del Código de Comercio, es aplicable supletoriamente en materia de costas el Código Federal de Procedimientos Civiles.

- Ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni el Código de Comercio, señalan la forma de cuantificar las costas. Sin embargo, atendiendo a una interpretación armónica de los artículos 1089 del Código de Comercio y 2607 del Código Civil Federal, aplicado en forma supletoria, se evidencia que cuando las costas se encuentren reguladas por arancel, éste deberá tomarse como base para fijar el importe a que debe ser condenado el reo.

- Son aplicables de manera analógica los criterios de tesis P./J. 78/2003 y P./J. 31/2010, relativos a las costas en materia mercantil.

- Tratándose de asuntos mercantiles en los que se apliquen las reformas al Código de Comercio con fecha de publica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23648-6485d717/costas-para-su-cuantificacion-en-los-juicios-tramitados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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