PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PARA SU OTORGAMIENTO ES NECESARIO ACREDITAR QUE EL HECHO QUE LA ORIGINA ACAECIÓ DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL TRABAJADOR ESTUVO SUJETO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO O DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 9 DE MAYO DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo laboral **********, en sesión de ocho de marzo de dos mil doce, en lo conducente, sostuvo:
"SEXTO. ... Por otro lado, aduce el quejoso que del escrito de contestación no se aprecia que el instituto demandado opusiera formalmente la excepción de fuera del periodo de conservación de derechos; motivo de queja que deviene infundado. Lo que se afirma, en virtud de que, como ya se dijo, en su escrito de contestación a la demanda, el instituto manifestó que al momento de interponerse la demanda el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos en términos de los artículos 182 y 183 de la abrogada Ley del Seguro Social; de ahí lo inacertado del argumento. Como ya se vio, de la lectura integral del laudo reclamado se advierte que la Junta responsable estableció que resultó procedente la excepción de falta de acción y de derecho para el otorgamiento de la pensión, en virtud de que el actor no reunió los requisitos de los artículos 182 y 183 de la abrogada Ley del Seguro Social, por haber presentado la demanda fuera del periodo de conservación de derechos. Este tribunal advierte que fue ilegal que la autoridad responsable determinara que era improcedente el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada solicitada por el actor, bajo el argumento de que de las pruebas aportadas al juicio se advertía que la vigencia de conservación de derechos del quejoso era hasta el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco y que la presentación de la demanda se encontraba fuera de ese periodo. Es decir, la autoridad responsable determinó que era improcedente la acción del actor porque la hizo valer cuando ya había fenecido el periodo de conservación de derechos, lo cual, como se anticipó, es ilegal. Para apoyar la anterior determinación, es pertinente precisar lo siguiente: El artículo 280 de la Ley del Seguro Social de 1973, establecía: ‘280. Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente ley para gozar de las prestaciones correspondientes. En el supuesto de que antes de cumplir con los requisitos relativos a número de cotizaciones o edad se termine la relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir la pensión; sin perjuicio de lo anterior, para la conservación y reconocimiento de sus derechos se aplicará lo dispuesto en los artículos 182 o 183 de esta ley, según sea el caso.’. Conforme al precepto transcrito, el derecho al otorgamiento de la pensión por vejez es inextinguible si el asegurado cumple los requisitos correspondientes, e incluso, esa imprescriptibilidad se corrobora con el contenido de las tesis de rubros: ‘PENSIÓN DE VEJEZ. PARA SU OTORGAMIENTO EL ASEGURADO DEBE SATISFACER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY DEROGADA DEL SEGURO SOCIAL.’ (tesis I.6o.T.213 L, Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 181909, página 1593, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta); ‘PENSIÓN POR VEJEZ, IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A SOLICITARLA EN EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.’ (tesis XIX.1o.22 L, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, registro 197072, página 1137, Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta); ‘SEGURO SOCIAL, IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA PENSIÓN DEL.’ (tesis I.3o.T. J/2, Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, registro 230807, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, página 687, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación); y ‘SEGURO SOCIAL. PENSIÓN POR VEJEZ. EL DERECHO A EXIGIR SU OTORGAMIENTO ES IMPRESCRIPTIBLE.’ (tesis s/n, registro 224226, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Tomo VII, enero 1991, página 472, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación). También los anteriores razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 104/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, septiembre de 1999, materia laboral, página 204, registro 193374, que dice: ‘SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE.’ (se transcribe). También es oportuno transcribir el artículo 182 de la Ley del Seguro Social abrogada a que se refiere la Junta en el laudo impugnado, cuyo texto es el siguiente: (se transcribe). De donde se sigue que el derecho a la obtención de la pensión por cesantía en edad avanzada se encuentra condicionado, en principio, a que el trabajador preste su servicio personal y subordinado, cuestión en relación con la que el legislador estimó conveniente extender a una cuarta parte del tiempo por el cual hubiera cotizado en el pasado, lapso durante el cual pudiera acceder a ese derecho, precisamente a través de ese artículo 182; de lo que se observa que si el trabajador asegurado reúne todos los requisitos para obtener alguna pensión dentro del periodo de conservación de derechos, tendrá derecho a exigir la pensión correspondiente y ese derecho es inextinguible, es decir, una vez que se reunieron los requisitos señalados, la reclamación puede hacerse en cualquier momento. Ahora bien, los requisitos para la obtención de la pensión de cesantía en edad avanzada se encuentran contenidos en el artículo 145 de la anterior Ley del Seguro Social, que establece: (se transcribe). En base a lo anterior, son tres los requisitos para obtener la referida pensión: 1. Tener reconocidas un mínimo de quinientas cotizaciones semanales. 2. Haber cumplido sesenta años de edad. 3. Quedar privado de trabajo remunerado. El instituto de salud tercero perjudicado, al contestar la reclamación formulada en su contra, señaló que el actor no tiene derecho a la pensión mencionada, por no cumplirse ninguno de los requisitos indispensables para el otorgamiento de la pensión de cesantía en edad avanzada que señala el artículo 182 de la abrogada Ley del Seguro Social. Bajo esa óptica legal, en el caso, resulta evidente que, conforme a las constancias de autos, la parte trabajadora sí tiene el derecho a la pensión de cesantía en edad avanzada, ya que reunió los requisitos apuntados, debido a que el requisito necesario para la obtención de esa pensión, consistente en la edad, aconteció el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno, es decir, antes de que feneciera el periodo de conservación de derechos, mientras que el mismo instituto reconoció que cotizó quinientas cuarenta y seis semanas, esto es, más de quinientas. En efecto, de la copia certificada del acta de nacimiento exhibida por el propio actor, se advierte que nació el dieciocho de noviembre de mil novecientos treinta y uno, por lo que la edad de sesenta años la cumplió el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y uno. De lo que se advierte que a la fecha en que feneció el periodo de conservación de derechos (dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cinco), ya había cumplido los sesenta años de edad requeridos. En conclusión, si para la fecha en que feneció el periodo de conservación de derechos, el actor ya había cumplido más de sesenta años de edad y tenía más de quinientas semanas cotizadas ante el régimen obligatorio del seguro social, es fácil determinar que sí había reunido los requisitos establecidos para tener derecho a la reclamación de la pensión que se analiza. Es aplicable, al respecto, la jurisprudencia número XXII.1o. J/22, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1365 del Tomo XXXII, noviembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 163451, cuyos texto y rubro son: ‘PENSIÓN DE INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA O MUERTE. PARA TENER DERECHO A SU PAGO ES MENESTER QUE EN EL JUICIO SE ACREDITE QUE EL HECHO QUE LO ORIGINE HAYA ACAECIDO DURANTE EL TIEMPO QUE SE ESTUVO SUJETO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO, O BIEN, DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS.’ (se transcribe)."
CUARTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo números **********, **********, **********, ********** y **********, en sesiones de ocho de septiembre de dos mil cinco, quince de junio de dos mil seis, veintitrés de agosto de dos mil siete, once de diciembre de dos mil siete y veintinueve de enero de dos mil nueve, respectivamente, en la parte que interesa, consideró:
En el juicio de amparo directo **********:
"CUARTO. ... Atento a dicha excepción, este órgano colegiado estima que el actuar de la Junta resultó correcto, pues analizó la procedencia de la excepción de legitimación activa, la que concluyó resultaba procedente en los términos siguientes: ‘... Del análisis de las pruebas ofrecidas por las partes, en particular la documental ofrecida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en su numeral IV, consistente en la hoja de certificación de derechos que obra a foja 30 de autos, de fecha 6 de febrero de dos mil dos, a nombre de la **********, se puede observar que la actora cuenta con 42 semanas reconocidas al 6o. bimestre de 1999, que causó baja del último periodo cotizado el 15/12/1999, que la conservación de derecho en base al artículo 182 de la Ley del Seguro Social de 1973, vence el 14/12/2000, documental a la que se le concede valor probatorio para los efectos antes descritos, ya que la misma no fue objetada en cuanto autenticidad de contenido y firma y literalidad. Por lo que atendiendo a lo establecido por el artículo 182 de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, que establece: «Artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen del seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanas (sic), contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos, no será menor de 12 meses ...», por lo anterior, esta Junta estima que la actora se encuentra fuera de la vigencia de derechos en virtud de que si contaba con 42 semanas al sexto bimestre de 1999, conservaba sus derechos al 14 de diciembre de dos mil, por lo que si reclamó sus pretensiones el 26 de noviembre de dos mil uno, se insiste, se encontraba fuera de la vigencia de derechos ...’. Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano colegiado el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia identificada con el registro 2a./J. 104/99, visible en la página doscientos cuatro del Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que lleva por rubro y texto, los siguientes: ‘SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS AL OTORGAMIENTO DE UNA PENSIÓN SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA Y ES INEXTINGUIBLE.’ (se transcribe). En tales condiciones, conviene precisar que si bien el anterior criterio sostiene que el derecho de los trabajadores al otorgamiento de una pensión es inextinguible en términos de la Ley Federal del Trabajo (sic), por regirse por la Ley del Seguro Social, lo cierto es que la referida jurisprudencia refiere que al encontrarse reguladas las pensiones por la Ley del Seguro Social, no le son aplicables los términos prescriptivos contenidos en la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, tal circunstancia no exime a los trabajadores de dar cumplimiento a todos los requisitos contenidos en la propia Ley del Seguro Social, en particular a los que refieren a la conservación de derechos que son el 182 y 183 de la anterior Ley del Seguro Social, que coinciden con los actuales artículos 150 y 151 de la nueva Ley del Seguro Social, y que sostienen lo siguiente: ‘Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses.’. ‘Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente: I. Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones; II. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones; III. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento, y IV. En los casos de pensionados por invalidez que reingresen al régimen obligatorio, cotizarán en todos los seguros, con excepción del de invalidez y vida. En los casos de las fracciones II y III, si el reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar el periodo de conservación de derechos establecido en el artículo anterior, se le reconocerán de inmediato todas sus cotizaciones anteriores.’. En este contexto, es de señalarse que todos los asegurados, una vez que dejan de pertenecer al régimen de seguro obligatorio sea cual fuera la causa de esta separación, conservarán los derechos generados para acceder a pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones, sin que dicho periodo sea menor a un año y terminado éste, sin que el trabajador haya reingresado al régimen de seguridad social obligatorio, se entiende que ya no tiene como de suyo el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de pensiones provenientes de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, pues entonces ya no cumpliría con todos los requisitos que establece la Ley del Seguro Social para el otorgamiento y pago de una pensión, no obstante que se acrediten los supuestos contenidos en el anterior artículo 128 de la multicitada Ley del Seguro Social. En efecto, a fin de corroborar la anterior afirmación, se hace necesario transcribir el contenido del artículo 301 de la actual Ley del Seguro Social, el que es coincidente con el anterior 280 de la anterior ley y que, en lo conducente, establece lo siguiente: ‘Artículo 301.’ (se transcribe). De la lectura del citado artículo, se advierte que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, sin embargo, para su otorgamiento se deberá cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de los apartados correspondientes a prestaciones de seguridad social y tal circunstancia es sin perjuicio del cumplimiento que se dé a los artículos 150 o 151 (que son coincidentes con los anteriores 182 y 183), relativos a la conservación de derechos, lo que nos lleva a la conclusión de que no basta la referencia de que el otorgamiento de pensiones es inextinguible, sino que se debe cumplir con una serie de requisitos para su obtención, destacando uno de ellos, consistente en que el asegurado se encuentre dentro del periodo de conservación de derechos, ya que de no encontrarse dentro de este periodo no resultaría procedente el otorgamiento de la pensión de invalidez, lo que acontece en el caso que nos ocupa, pues la actora si bien acreditó encontrarse dentro del supuesto normativo del artículo 182 de la anterior Ley del Seguro Social, sin embargo, al momento en que presentó su demanda ante la autoridad responsable, ya se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, razón por la cual, la Junta en forma correcta consideró que la actora carecía de legitimación activa para reclamar el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez."
En el juicio de amparo directo **********:
"TERCERO. ... Por otro, lado alega el quejoso que la responsable omitió considerar que el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que feneció la conservación de derechos ante el instituto demando (sic), el actor gozaba de sesenta y tres años de edad, por lo que tenía derecho al pago de una pensión de cesantía por edad avanzada. Es infundado el anterior argumento, por las razones siguientes: La Junta responsable, en el considerando del laudo que se reclama, manifestó lo siguiente: ‘... para los efectos de esta ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajo remunerado después de los 60 años de edad ... de ahí que si el demandante nació con fecha 25 de septiembre de 1936 y fue dado de baja ante el demandado el 16 de abril 1992, periodo en que transcurrieron 56 años, por lo que no cumple con el requisito de los 60 años ...’ (foja 91). Para el estudio del presente concepto de violación, cabe señalar que el actor expresamente manifestó que se le aplicará la antigua Ley del Seguro Social, al decir: ‘... E) La prestación que se reclama del otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada, deberá ser tomada en consideración a lo establecido por la Ley del Seguro Social, sección cuarta del seguro de cesantía en edad avanzada, así como de la sección segunda en sus artículos 143, 144, 145, 146 y 148 de la ley anterior a las reformas de 1997 ...’ (foja 14). Ahora bien, los artículos 145 y 146 de dicho ordenamiento dicen lo siguiente: ‘145. Para gozar de las prestaciones del seguro de cesantía en edad avanzada se requiere que el asegurado: I. Tenga reconocida en el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales. II. Haya cumplido sesenta años de edad. III. Quede privado de trabajo remunerado.’ y el artículo ‘146. El derecho al goce de la pensión de cesantía en edad avanzada comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior, siempre que solicite el otorgamiento de dicha pensión y haya sido dado de baja del régimen del seguro obligatorio.’. Como se aprecia de lo anterior, la Junta responsable correctamente consideró que el actor no cumplía con los requisitos establecidos en los citados artículos 145 y 146 de la antigua Ley del Seguro Social, específicamente en lo relativo al requisito de la edad, y para llegar a tal aseveración, la autoridad responsable valoró los siguientes aspectos: que el asegurado había nacido el veinticinco de septiembre de mil novecientos treinta y seis, tal y como se desprende del acta de nacimiento exhibida por el trabajador, y que obra glosada a foja 35 del expediente laboral, así como que el asegurado fue dado de baja ante el instituto demandado el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y dos, según el certificado de derechos exhibido por la patronal, que fue debidamente cotejado y que obra glosado a foja 55 del expediente; por lo que llegó a la conclusión de que el actor al ser dado de baja ante el instituto demandado, contaba con cincuenta y seis años de edad, por lo tanto, no cumplía con lo establecido en los citados artículos 145 y 146 de Ley del Seguro Social, que son muy claros al exigir que el asegurado para poder gozar de la prestación de cesantía por edad avanzada, requiere cumplir con los siguientes requisitos: a) Que haya un reconocimiento mínimo de quinientas cotizaciones semanales del asegurado; b) Que tenga sesenta años de edad cumplidos; y, c) Que se encuentre privado de un trabajo remunerado y que haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, así como que el asegurado solicite tal otorgamiento; situaciones que en la especie no acontecieron, dado que el actor, como ya quedó demostrado, al momento de darse de baja en el régimen obligatorio del instituto demando (sic), no contaba con sesenta años de edad, como lo exige la Ley del Seguro Social. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 28/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, página 293, de la Novena Época, materia laboral, que a la letra dice: ‘PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FECHA QUE DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE SU PAGO.’ (se transcribe). Por último, reclama el quejoso que la Junta responsable violó lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, toda vez que no fundó ni motivó la resolución reclamada, y omitió valorar las acciones, excepciones y las pruebas planteadas por el actor. El anterior concepto de violación es igualmente infundado, por las razones siguientes: El instituto demandado al contestar la aclaración a la demanda instaurada en su contra, manifestó lo siguiente: ‘... en segundo lugar, el accionante ya no cuenta con el periodo de conservación de derechos, por lo que me permito oponer desde este momento, la excepción de incumplimiento de tiempo de espera, es decir, que la parte actora se encuentra fuera de la conservación de derechos que como requisito exige el artículo 182 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, ahora 150 de la Ley del Seguro Social vigente, el cual, para mayor ilustración de esta Junta a continuación, se transcribe: «Artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen de seguro obligatorio, conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de doce meses. ...». Es decir, que tal como se probará en el momento procesal oportuno, el hoy actor acumuló al 16 de junio de 1992, última fecha en la cual se encontró inscrito en el régimen obligatorio que imparte mi mandante, acumuló un total de 1444 semanas de cotización, por lo que su tiempo de espera (periodo de conservación de derechos) feneció desde el 19 de marzo de 1999, para hacer la presente reclamación, lo que no hizo sino hasta el 30 de enero de 2003, dejando transcurrir casi 4 años para hacer su reclamo, por lo tanto el hoy actor no cumple con el requisito contemplado en la ley de mi mandante, específicamente en el artículo antes transcrito, y el artículo 150 de la Ley del Seguro Social en vigor, tesis que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de: «PENSIÓN, CONSERVACIÓN DE DERECHOS ADQUIRIDOS.». Tesis conforme al artículo 91 (ahora 182) de la Ley del Seguro Social, los asegurados que dejan de estar sujetos al régimen del seguro social obligatorio y no se acojan a la continuación voluntaria de ese seguro sólo conservarán los derechos que tuvieran adquiridos a pensión por invalidez, vejez o muerte por el término que fija ese precepto, por lo que si los ejercitan fuera del propio lapso no es violatoria de garantías la resolución que les niegue la pensión, sin que obste a eso la circunstancia de que conforme al artículo 280 de la Ley del Seguro Social es inexigible el derecho a una pensión, porque esta disposición no es aplicable a los trabajadores que no reúnan los requisitos previos para gozar de una pensión.’ (foja 28). Por su parte, la autoridad responsable en el laudo que se reclama dijo: ‘... Sin embargo, al manifestar el demandado que el actor se encuentra fuera de la conservación de sus derechos, en primer lugar, es prudente analizar tal afirmación, en razón de que el propio actor admite en su demanda haber dejado de cotizar para el demandado desde el 27 de octubre 1992 (hecho 3, F. 2), y al quedar acreditado con la hoja de certificación de derechos que obra a foja 54 de autos que el demandante conservó sus derechos hasta el 19-III-99 y fue dado de baja el 16 de abril 1992, por tanto, para el cómputo respectivo, debemos tomar en cuenta lo siguiente: a) tiempo cubierto de cotizaciones semanales; b) el lapso por el cual considera que estuvieron vigentes los derechos; y, c) el día en que fenecieron; datos que, de modo indudable, ponen en evidencia que la reclamación se presentó fuera de la vigencia del derecho social y que por esa razón, se haya extinguido el derecho para exigir su cumplimiento y, en la especie, al haber cotizado el actor 1444 semanas ante el demandado (F. 54), a las cuales incluso se refiere el actuante en su demanda, que divididas entre 4, conforme a lo dispuesto por el artículo 182, relativo a que «los asegurados que dejen de pertenecer al régimen de seguro obligatorio conservarán los derechos que tuvieren adquiridos a pensiones en los seguros de ... vejez ... por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Este tiempo de conservación de derechos no será menor de 12 meses»; resultan 361 semanas, que divididas entre 52 semanas que constituyen un año arroja 6.94, lo cual se cierra a 7 años que se cuentan a partir de que el actor fue dado de baja, esto es, de 16 de abril 1992, más los 7 años a que nos referimos antes, se traduce al año 1999, por tanto, el actor se encuentra fuera de la vigencia de sus derechos, en consecuencia, se debe absolver al demandado de todos y cada uno de los conceptos reclamados por el actor en su demanda y ampliaciones ...’ (fojas 90 y 91). Como se aprecia de lo anterior, la Junta responsable sí fundó y motivó su determinación de absolver al instituto demandado del pago de las prestaciones reclamadas por el actor, pues analizó tanto las acciones del actor, como las excepciones del demandado, atendiendo correctamente la excepción opuesta por el instituto demandado, quien argumentó que el actor no podía exigir la cesantía por edad avanzada, dado que ya había fenecido su periodo de conservación de derechos al momento de su exigencia, y en ese sentido la Junta responsable concluyó que, efectivamente, la conservación de derechos del asegurado feneció en el año de mil novecientos noventa y nueve; determinación a la que llegó la responsable siguiendo lo establecido en el artículo 182 de la citada ley, pues dividió entre cuatro las mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (1444) semanas que cotizó el asegurado, resultando trescientas sesenta y un (361) semanas adicionales, que a su vez dividió entre cincuenta y dos, que son las semanas que integran un año, resultando seis punto noventa y cuatro (6.94), lo que se cierra a siete (7) años, mismos que la responsable sumó a partir de la fecha en que fue dado de baja el actor, es decir, si a mil novecientos noventa y dos se le suman los siete años antes referidos, efectivamente resulta lo aseverado por la responsable, o sea, que terminó el derecho del actor para exigir la cesantía por edad avanzada el año de mil novecientos noventa y nueve. En ese orden de ideas y considerando que el asegurado, ahora quejoso, presentó su demanda laboral el treinta de enero de dos mil tres, como se aprecia del reloj checador de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que obra a foja uno del expediente laboral, es por lo que se considera que fue correcta la determinación de la Junta pues, como ya se dijo con antelación, el actor debió no sólo cubrir los requisitos establecidos en los artículos 145 y 146 de la ley en comento, sino que también debió de tener vigentes sus derechos como asegurado al momento de reclamar la cesantía por edad avanzada, situación que, como ya se dijo, no aconteció, por lo que se concluye que la responsable dictó un laudo legal, apreciando en conciencia y de manera congruente los elementos que forman parte del expediente laboral, resultando un laudo debidamente fundado y motivado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 4/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 732, de la Novena Época, que a la letra dice: ‘SEGURO SOCIAL. AL OPONER LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS, DEBE PRECISAR LOS ELEMENTOS QUE LA SUSTENTAN.’ (se tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23654-542639e6/pension-de-cesantia-en-edad-avanzada-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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