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Modo: Corpus Pro

CERTIFICADO DE DERECHOS AGRARIOS EXPEDIDO EN FAVOR DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN. ES UN DOCUMENTO IDÓNEO Y VÁLIDO PARA TENER POR ACREDITADA LA CALIDAD DE EJIDATARIO DEL DE CUJUS, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS AGRARIOS QUE DERIVEN DE AQUÉL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2012. · Registro digital (IUS): 23734
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Pág. 539.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN. 25 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE Y PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ANTEMATE CHIGO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden agrario, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción la hizo el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Tres, con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en su carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo directo de los que derivaron los criterios que se denuncian como opositores, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el dos de septiembre de dos mil once el juicio de amparo directo ********** (expediente auxiliar **********), sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

"QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. De la lectura integral que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso hace valer lo siguiente: • Que el tribunal responsable realiza una errónea interpretación de los artículos 12, 14, 56, 74, 78 y cuarto transitorio, todos de la Ley Agraria, porque de su lectura no se desprende que los certificados parcelarios expedidos en el ejido **********, sustituyan al certificado de derechos agrarios **********. • Asevera, que de dichos preceptos se advierte que los hombres y mujeres pueden tener la calidad de ejidatarios como titulares de derechos ejidales, al estar autorizados por autoridad competente y que, en el caso, el certificado de derechos agrarios **********, fue expedido por el entonces presidente de la República Manuel Ávila Camacho, por lo que estima que con el certificado de derechos agrarios se acreditan los derechos de ejidatario, de ahí que se haya demostrado que el de cujus era titular de los derechos de ejidatario en el ejido **********. • Aduce, que el tribunal responsable dejó de considerar lo estipulado en el artículo 16 de la Ley Agraria, en el que se establece que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios, así como el artículo cuarto transitorio de dicha legislación, en el que se establece que los certificados de derechos agrarios expedidos bajo la vigencia de la Ley de la (sic) Reforma Agraria conservan en la actualidad su validez. • Explica, que en el artículo 69 de la Ley de la (sic) Reforma Agraria se consideraba que los derechos individuales de los ejidatarios se acreditaban con el certificado de derechos agrarios, pero al ser abrogada (sic) dicha ley, el legislador previno en las disposiciones transitorias de la nueva Ley Agraria que ese tipo de certificados seguiría teniendo validez pues, incluso, en el artículo 16 actual se estableció que dicho documento seguiría teniendo validez definitiva para acreditar la calidad de ejidatario. • Considera, que la premisa del artículo cuarto transitorio de referencia, obliga al tribunal agrario a reconocer el valor de los certificados parcelarios y de uso común, es decir, debe tomarlo como antecedente inmediato de la acreditación de la calidad de ejidatario y que no obliga a éste a cambiar ese certificado, pues conforme al artículo 27 de la Constitución Federal, se debe respetar la decisión de seguir conservando el certificado de derechos agrarios que amparan la calidad de ejidatario. • Expone que el tribunal responsable desconoce el derecho agrario del de cujus y, por consiguiente, el derecho a heredar del actor, no obstante que el artículo 16 de la Ley Agraria establece que la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; por tanto, que con el certificado de derechos agrarios **********, se demostró que el de cujus tiene los derechos de aprovechamiento y disfrute sobre las parcelas en forma legítima pero, ante todo, que tiene la calidad de ejidatario, pues en dicho documento se contienen los derechos constituidos del de cujus susceptibles de ser transmitidos mediante la sucesión de derechos, máxime que dicho documento está inscrito en el Registro Agrario Nacional, con lo cual hace prueba plena. • Aclara, que no es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que al de cujus no le fue asignada parcela alguna, pues con ello no se desvirtúa que deje de tener el carácter de ejidatario al amparo del certificado de derechos agrarios **********. Tales argumentos resultan esencialmente fundados, con base en las siguientes consideraciones. En la sentencia reclamada, el tribunal agrario determinó que el certificado de derechos agrarios **********, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, expedido a favor del autor de la sucesión, fue sustituido por la circunstancia de que la asamblea general del ejido **********, Chiapas, celebró la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras en el interior de dicho poblado, el siete de diciembre de dos mil tres, en la que al de cujus no le fue asignada parcela alguna; con base en tal premisa, el tribunal responsable estimó que con el certificado de mérito no se acreditaba que el de cujus fuera titular de derechos agrarios. Sin embargo, se estima incorrecta tal determinación, pues el certificado de derechos agrarios **********, constituye el documento idóneo para acreditar que el autor de la sucesión tenía la calidad de ejidatario y, por ende, que los derechos agrarios derivados de ese documento son susceptibles de transmitirse por sucesión agraria, aun cuando no exista asignación formal de tierras ejidales a favor del de cujus, por parte de la asamblea general de ejido **********, en el Estado de Chiapas. Para justificar el anterior aserto, debe tenerse presente que de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, la titularidad de los derechos agrarios de un ejidatario comprende lo siguiente: • El derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas; • Los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales (como son las de uso común); y, • Los demás derechos agrarios que legalmente les correspondan en su calidad de ejidatario. Lo anterior se corrobora con la parte conducente de la jurisprudencia 2a./J. 159/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: ‘SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE CARÁCTER.’ (se transcribe). Por consiguiente, el conjunto de derechos agrarios pertenecientes a un ejidatario puede transmitirse mediante sucesión agraria, en el entendido de que la masa hereditaria no sólo comprenderá los derechos sobre una parcela determinada, sino los demás derechos respecto de las tierras ejidales y los que deriven por tener la calidad de ejidatario. Ahora, para acreditar la calidad de ejidatario, el artículo 16 de la Ley Agraria establece los documentos mediante los cuales se puede colmar ese extremo, siendo uno de ellos el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente. En el caso, se advierte que el actor, aquí quejoso, exhibió el certificado de derechos agrarios **********, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, expedido por el entonces presidente de la República Manuel Ávila Camacho, a favor de **********, respecto del ejido **********, en el Estado de Chiapas (foja 5 del juicio agrario); documento con el que se encuentra acreditado que el autor de la sucesión era ejidatario legalmente reconocido al interior del referido núcleo agrario, cuyos derechos agrarios aún están vigentes, tal y como se advierte de la constancia expedida por el Registro Agrario Nacional, cuyo contenido es el siguiente (foja 44 del juicio agrario): ‘... le informo que revisado nuevamente los sistemas de derechos individuales y de inscripciones de Registro Agrario Nacional, se localizó que ********** (sic) **********, es ejidatario en el ejido **********, Municipio de **********, Chiapas, amparado con el certificado de derechos agrarios número ********** (sic), vigente a la fecha y el 07 de noviembre de 1991, designó como sucesores a ********** y **********, en ese orden de preferencia y revisada el acta de delimitación de tierras de fecha 07 de diciembre del 2003, no se localizó incluido, anexo remito copia certificada de la citada acta’. Como se aprecia, la autoridad registral en materia agraria hizo constar que el certificado de derechos agrarios **********, se encuentra formalmente inscrito y, por ende, vigente, con la particularidad de que al titular de dichos derechos no le ha sido asignada parcela alguna dentro del ejido **********, Chiapas, dado que en el acta de asamblea correspondiente no se encuentra incluido. Conforme a lo anterior, se estima que en el caso, el quejoso acreditó que el de cujus tiene la calidad de ejidatario dentro del ejido **********, Chiapas, con motivo del certificado de derechos agrarios **********, con independencia de que no exista asignación de una parcela en específico a favor del titular de dicho certificado pues, como se ha expuesto, los derechos agrarios que ampara ese certificado no sólo comprenden el uso y disfrute de una parcela, sino también los derechos respecto de las demás tierras ejidales conforme al reglamento interior del núcleo agrario y los inherentes a la calidad de ejidatario, por lo que los derechos derivados de ese documento pueden ser materia de sucesión agraria. Lo anterior se asevera, porque el hecho de que con motivo de la celebración de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras del ejido **********, del siete de diciembre de dos mil tres, al de cujus no le haya sido asignada parcela alguna, no implica la derogación de los demás derechos agrarios que derivan del certificado **********, pues no existe determinación expresa en ese sentido por parte del máximo órgano del ejido ni disposición jurídica que así lo establezca; de ahí que aun ante la falta de esa asignación, el titular de dicho documento no pierde su calidad de ejidatario respecto de los demás derechos agrarios que le correspondan en relación con aquel documento. Lo anterior se fortalece con el contenido del artículo cuarto transitorio de la Ley Agraria, cuya interpretación literal denota que los documentos expedidos antes de la vigencia de dicha legislación (febrero de mil novecientos noventa y dos), como es el certificado de derechos agrarios **********, expedido el diez de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, tienen validez plena, por lo que, en todo caso, dicho documento puede servir de base para que, posteriormente, se expida algún certificado parcelario en términos de las nuevas disposiciones jurídicas, lo que denota que el legislador en ningún momento restó vigencia o validez a los certificados de derechos agrarios expedidos con anterioridad a la reforma en materia agraria. Ahora bien, conforme a las anteriores premisas, debe tenerse presente que la validez del certificado de derechos agrarios **********, no trae como consecuencia el reconocimiento de la asignación de las parcelas que se detenten al amparo de ese documento, pues el tribunal agrario no está facultado para hacer esa designación, por ser una atribución exclusiva de la asamblea general de ejidatarios. Esto es, la única consecuencia que se generaría con la falta de asignación individual de tierras ejidales a favor del de cujus, sería que las tierras que se detenten al amparo del certificado de derechos agrarios no podrían ser transmitidas en sucesión agraria, en razón de que hacerlo haría las veces de una asignación por parte del tribunal agrario, y esa es una facultad exclusiva de la asamblea general de núcleo ejidal. Para sustento de lo anterior, cabe traer a cuenta el marco jurídico que a continuación se transcribe: El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: (se transcribe). Los artículos 9o., 21, 22, 23, fracción VIII, 56, 58 y 61 de la Ley Agraria vigente establecen en torno a las autoridades internas del ejido y las facultades de la asamblea general de ejidatarios, lo siguiente: (se transcribe). De las anteriores disposiciones legales, se advierte que la asamblea general de ejidatarios es el máximo órgano interno del ejido en el que participan todos sus miembros, que es competencia exclusiva de la asamblea el señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, la localización y relocalización del área de urbanización, así como el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y la regularización de la tenencia de los posesionarios sobre las tierras del núcleo. En atención a dichos elementos, es facultad exclusiva de la asamblea ejidal, la asignación de tierras ejidales de uso común y parceladas, por lo que ésta debe solicitarse y ventilarse ante la asamblea general de ejidatarios, y sólo en caso de una resolución desfavorable, el interesado podría hacer valer sus derechos ante el Tribunal Unitario Agrario. Por consiguiente, el tribunal agrario estaría imposibilitado legalmente para pronunciarse respecto de las parcelas que el actor aduce correspondían al autor de la sucesión, ya que, en el caso, no existe pronunciamiento del órgano supremo del ejido en cuanto al reconocimiento que pudiera tener el titular del certificado de derechos agrarios **********, respecto de las parcelas que el promovente pretende que se le transmitan, lo que no implica que los demás derechos agrarios que derivan de ese certificado, sí puedan ser materia de sucesión agraria. En este sentido, el tribunal agrario carece de facultades para reconocer la transmisión de derechos parcelarios cuando no se han asignado formalmente por quien resulta competente, pues ello constituiría una invasión de atribuciones reservadas legalmente al máximo órgano del ejido, quien debe seguir los procedimientos que al efecto se encuentran establecidos en la Ley Agraria. Es decir, no es permisible que previo al ejercicio de las facultades de la asamblea de un ejido, que es su órgano supremo, un tribunal agrario las realice en sustitución de aquél, pues conforme a lo previsto en el artículo 22 de la Ley Agraria, la asamblea es el órgano supremo del ejido y a ella compete, entre otros asuntos, determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar y reconocer el parcelamiento económico o de hecho, regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes, esto es, es a dicho órgano a quien corresponde la asignación de tierras, parcelas y solares. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 4/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE ASIGNAR LAS PARCELAS Y SOLARES URBANOS, PUDIENDO IMPUGNARSE ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO SUS DETERMINACIONES, INCLUSIVE AQUELLAS EN QUE DEJA EN CONFLICTO O A SALVO LOS DERECHOS DEL SOLICITANTE, PORQUE TALES DECISIONES EQUIVALEN A UNA NEGATIVA QUE OBLIGA A DICHO TRIBUNAL A PRONUNCIARSE EN CUANTO AL FONDO.’ (se transcribe). Cabe precisar que, conforme a lo antes expuesto, al no haberse asignado la superficie que el quejoso pretende le sea transmitida por sucesión, en todo caso tendría como consecuencia que quedaran a salvo sus derechos para que los hiciera valer ante el órgano supremo del ejido. De esta manera, se concluye que el certificado de derechos agrarios **********, de diez de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro, expedido a favor del autor de la sucesión, es un documento idóneo y válido para tener por acreditada la calidad de ejidatario del de cujus, en relación con los derechos agrarios que deriven de dicho certificado; de ahí que al no haber sido considerado así por el tribunal responsable, infringió en perjuicio del peticionario de amparo (sic) los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, al resultar fundados los motivos de agravio antes analizados, resulta innecesario el análisis de los demás conceptos de violación. Al efecto, es aplicable la jurisprudencia 3 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."

Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el diecinueve de mayo de dos mil once el juicio de amparo número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"SEXTO. Los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces para evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada. En efecto, en el concepto de violación primero, la peticionaria de amparo alega que la sentencia reclamada es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal, toda vez que carece de fundamentación y motivación por no haberse analizado todos los hechos y las pruebas allegadas al juicio. Además -continúa la quejosa-, a pesar de haber reconocido que el de cujus **********, tenía la calidad de ejidatario, en términos del certificado de derechos agrarios **********, no se tomó en cuenta que dicha calidad conlleva una serie de derechos reales, personales y corporativos susceptibles de ser transmitidos por la vía de sucesión agraria. Tampoco se tomó en cuenta que conforme al artículo 16, fracción I, de la Ley Agraria, la calidad de ejidatario se acredita con el certificado de derechos agrarios expedidos por la autoridad competente, tal como ocurrió en el caso justiciable, afirma el quejoso; razón por la cual, es ilegal la determinación de la autoridad responsable al negar la existencia de derechos agrarios del de cujus. En tanto que en el concepto de violación segundo, la impetrante aduce que es ilegal la consideración del tribunal responsable, al resolver que no se demostró que la parcela ejidal formara parte del haber hereditario del extinto **********, habida cuenta que no se probó que se le hubiese asignado la parcela reclamada; lo anterior, alega la quejosa, porque la autoridad responsable no tomó en cuenta que aquél falleció el veintiocho de abril de mil novecientos noventa y siete, en tanto que la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras en el ejido **********, Municipio del mismo nombre, se celebró el veintisiete de noviembre de dos mil cinco, circunstancias reveladoras del porqué no le fue asignada o reconocida formalmente pues, obviamente, ya no vivía en dicho momento. Sin embargo -continúa la peticionaria de garantías-, en el anexo tres del acta de asamblea correspondiente (foja 235 del juicio), en el listado de ejidatarios con parcela, aparece que la parcela cincuenta y dos, ubicada en el polígono uno, zona uno, con la misma superficie que la reclamada, fue reconocida a favor del de cujus, lo cual demuestra que existió un reconocimiento expreso, por parte de la asamblea, en el sentido de que tal superficie es la que en el parcelamiento económico o de hecho usufructuaba el occiso hasta antes de su fallecimiento. Además, del texto íntegro del acta de asamblea de que se trata, en ningún apartado dice que no se hubiese asignado parcela al de cujus y, por el contrario, en el listado de ejidatarios con parcela según superficie, en el polígono uno, zona uno, se asienta la parcela cincuenta y dos a favor de **********, con superficie de **********. De igual forma, la autoridad responsable soslayó que en el mencionado anexo tres el nombre del de cujus aparece como **********, reconocido como ejidatario con parcela ejidal, en tanto que el nombre de la persona a que se refiere el considerando ‘tercero’ de la sentencia reclamada, se menciona a **********, reconocido como posesionario y no como ejidatario; de ahí que la diferencia en los apellidos y la calidad agraria, evidencian que se trata de personas distintas, surgiendo una presunción juris tantum que el tribunal debió esclarecer para conocer la verdad de los hechos. Esto último, mediante el ejercicio, por parte del tribunal agrario responsable, de las facultades que le conceden los artículos 185, 186, 187 y 189 de la Ley Agraria; esto es, a fin de superar la ficción de que ********** y ********** (sic) son la misma persona, además de tomar en cuenta lo declarado por los testigos **********, **********, ********** y **********, debió requerir al comisariado ejidal de **********, Chiapas, un informe pormenorizado, así como practicar una diligencia de inspección ocular para precisar quién es o ha sido el titular y usufructuario de la parcela cincuenta y dos reclamada, en atención a que **********, aparece como ejidatario con parcela, en tanto que **********, fue reconocido como posesionario. Por último, la solicitante del amparo aduce que la sentencia reclamada adolece de falta de fundamentación y motivación, a más de ser incongruente, porque establece que su resolutivo primero se sustenta en las razones dadas en el considerando cuarto, cuando que dicha sentencia sólo se conforma por tres considerandos; de ahí que dicho resolutivo carece de sustentación alguna. Toda vez que en los conceptos de violación sintetizados se introducen argumentos que se refieren a violaciones formales y materiales, por razón de método se analizarán en orden diverso al planteado por la quejosa. El argumento planteado en el concepto de violación primero y parte final del segundo, relativo a que la sentencia reclamada adolece de falta de fundamentación y motivación, es infundado. En efecto, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.’, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, Novena Época, para que una resolución de índole jurisdiccional, como la que constituye el acto reclamado, cumpla con las exigencias constitucionales mínimas de fundamentación y motivación, debe satisfacer los requisitos siguientes: 1) Abordar el análisis de los puntos que integran la litis en forma exhaustiva, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate; 2) Apoyarse en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión; 3) Contener una exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; y, 4) La existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Con base en lo anterior, se afirma que la sentencia reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada. Cierto, un análisis detenido del fallo combatido permite advertir que el tribunal responsable fijó adecuadamente la litis, al señalar lo siguiente: ‘... II. Atento al planteamiento de la promovente, contenido en su escrito de demanda ... en la audiencia del veintiocho de agosto de dos mil nueve, la litis quedó fijada de la siguiente manera: «... Del contenido de la demanda, se desprende que la litis en el presente asunto se constriñe en determinar si es procedente el reconocimiento de **********, como sucesora de los derechos agrarios del extinto **********, en el ejido **********, Municipio de **********, Chiapas, como consecuencia el traslado de los derechos a su favor, bajo la tesitura que es concubina del de cujus y que no dejó inscrita lista de sucesores ...». III. Atendiendo en los términos que se encuentra fijada la litis, esta resolución tiene por objeto determinar si a la actora **********, en su calidad de concubina, le asiste o no la razón para que le sean adjudicados los derechos agrarios que pertenecieron al extinto **********, en el poblado denominado **********, Municipio de **********, Estado de Chiapas. En esa tesitura, la actora reclamó como pretensión toral, la sucesión agraria a bienes del de cujus **********, en el poblado **********, Municipio de **********, Estado de Chiapas, como se corrobora del inciso A), del capítulo de prestaciones, que para mayor comprensión, aquí se reproduce: A) Que mediante sentencia definitiva que emita ese H. Tribunal se declare judicialmente a la suscrita como sucesora preferente de los derechos agrarios, así como los demás derechos inherentes a la calidad de ejidatario que en vida perteneció a mi extinto concubino **********, mismo que está amparado con el certificado de derechos agrarios número de folio ********** (sic) de fecha 26 de mayo de 1988, e inscrito en el Registro Agrario Nacional, volumen número **********, de fecha 10 de febrero de 1988, el cual ampara un parcela que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23734-2741d970/certificado-de-derechos-agrarios-expedido-en-favor-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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