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Modo: Corpus Pro

MULTA. ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI NO CONCEDE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. VISITA DOMICILIARIA. LA SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE "DE INMEDIATO" EXHIBA LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE SU CONTABILIDAD, IMPLICA CONCEDER UN TÉRMINO CUYA INTERPRETACIÓN, CONFORME A LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, LLEVA A ESTABLECERLO POR TRES DÍAS.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 433/2011. · Registro digital (IUS): 23752
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE MONTERREY.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Pág. 1813.

REVISIÓN FISCAL 433/2011. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO DE MONTERREY. 27 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: EDUARDO LÓPEZ PÉREZ. RELATOR DE LA MAYORÍA: SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE. SECRETARIA: ELSA PATRICIA ESPINOZA SALAS.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Estudio de los agravios. Los motivos de inconformidad que hace valer la autoridad recurrente resultan infundado el primero e inoperante el segundo, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

En la sentencia que se revisa, la Sala del conocimiento declaró la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas al establecer que se actualizó la hipótesis de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque los hechos en que se apoyó la determinación de la autoridad se apreciaron de manera equivocada, específicamente el supuesto incumplimiento al requerimiento de información y documentación para el ejercicio de las facultades discrecionales de la autoridad.

En efecto, la Sala Fiscal estableció que la autoridad, al resolver el recurso de revocación confirmó en forma indebida una diversa resolución que no se encontraba debidamente fundada y motivada en cuanto a la aplicación de la multa controvertida, infringiendo lo dispuesto por el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

Señaló que la autoridad demandada, para la imposición de la multa originalmente recurrida, no tomó en consideración que el precepto en que sustentó el requerimiento de información y documentación necesarias para el ejercicio de las facultades de comprobación, a saber, 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no contiene un plazo o término preciso para el cumplimiento de la obligación relativa y, por tanto, dicha imprecisión, esa falta de fundamentación y motivación trae como resultado que no se encuentre debidamente actualizada la conducta infractora sancionada por la autoridad, como es la omisión en la presentación de documentos e informes necesarios para el desarrollo de las facultades de fiscalización.

Destacó que el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece que la autoridad, con motivo de sus facultades de comprobación, puede requerir a los contribuyentes informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, tales como los libros y registros que formen parte de su contabilidad, los cuales deben presentarse de inmediato.

Sin embargo, precisó, aunque es cierto que el referido vocablo en el contexto normativo del que forma parte significa que la obligación debe cumplirse sin dilación alguna, también lo es que el mismo resulta ambiguo, impreciso, que da lugar a que pueda interpretarse de distintas maneras.

Es decir, que el precepto de trato no fija de manera precisa el plazo o término en que debe cumplirse la obligación respectiva (dos horas, dos días, veinte minutos o en determinada fecha), sino que la ambigüedad del precepto da lugar a que subjetivamente se interprete el plazo o término correspondiente.

En ese contexto, resolvió que si el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó la autoridad demandada para requerir al contribuyente la información y documentación necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación, no establece un plazo o término preciso en que el contribuyente deba cumplir con dicha obligación, no es dable que la autoridad haya apoyado la decisión de imponer la multa recurrida en el supuesto incumplimiento de la obligación relativa, pues no existía certeza jurídica en cuanto al plazo o término en que debía cumplirse la obligación.

Por tanto, concluyó que la falta de precisión en cuanto al aspecto reseñado, trae como resultado que la imposición de la multa originalmente recurrida por la parte actora resulte ilegal, al no encontrarse debidamente fundada y motivada en cuanto a la aplicación de la conducta infractora prevista por el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo que originó la causa de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

En oposición a lo anterior, la autoridad recurrente alega en el agravio primero, que la determinación de la Sala Fiscal es ilegal, porque el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, al prever el término "de inmediato" para la presentación de la documentación solicitada durante el curso de una visita, debe entenderse que ha de realizarse enseguida a la solicitud correspondiente, pero sin que ello signifique que el cumplimiento deba ser tan rápido que ni siquiera le dé tiempo de buscar la documentación en sus archivos, sino que esté en condiciones de atender lo solicitado el mismo día en que se haga el requerimiento respectivo, de tal manera que el término "de inmediato", contrario a lo que resolvió la Sala del conocimiento, sí constituye un plazo para el cumplimiento de la obligación, el cual, aun cuando siendo breve, permite al visitado presentar la documentación solicitada el día en que ésta es requerida.

Agrega que al disponer el numeral en comento que la documentación que en él se indica deberá presentarse "de inmediato" no deja en estado de indefensión al visitado, porque la frase "de inmediato" debe entenderse que ha de realizarse enseguida a la solicitud de la documentación, pero no tan rápido que ni siquiera le dé tiempo de buscar la documentación en sus archivos, a la vez que tampoco da lugar a que el visitado desatienda lo solicitado el día en que se haga el requerimiento, como sucedió en el presente caso, lo que evidencia que el término "de inmediato" sí constituye un plazo y aun cuando breve, sí permite al visitado presentar la documentación solicitada el día en que ésta es requerida.

Invoca en apoyo a sus argumentos, la jurisprudencia de rubro: "CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ALCANCES DEL TÉRMINO ‘DE INMEDIATO’ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL.", así como las tesis aisladas de rubros: "VISITA DOMICILIARIA. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LOS VISITADORES RESPECTO DE LIBROS Y REGISTROS QUE FORMAN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE." y "VISITA DOMICILIARIA. PRESENTACIÓN INMEDIATA DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE CONFORMAN LA CONTABILIDAD (ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).", emitidos por los Tribunales Colegiados Primero, Tercero y Segundo, respectivamente, todos en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Del análisis de la sentencia impugnada y del agravio primero, se advierte que el problema jurídico planteado consiste en determinar si la expresión "de inmediato", contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, constituye o no un plazo para que el contribuyente visitado cumpla con la obligación de presentar, durante el transcurso de la visita, los libros y registros que formen parte de su contabilidad que les sean requeridos por la autoridad fiscal con motivo de sus facultades de comprobación.

En efecto, a fin de resolver la cuestión planteada, es necesario establecer si como lo resolvió la Sala Fiscal, el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no contiene un plazo o término preciso para el cumplimiento de la obligación relativa, que es ambiguo, impreciso, que da lugar a que pueda interpretarse de distintas maneras, en tanto que no fija de manera precisa el plazo o término en que debe cumplirse la obligación respectiva (dos horas, dos días, veinte minutos o en determinada fecha), que la ambigüedad del precepto da lugar a que subjetivamente se interprete el plazo o término correspondiente.

Imprecisión que conllevaría una falta de fundamentación y motivación, que originaría que no se encuentre debidamente actualizada la conducta infractora sancionada por la autoridad, específicamente, la omisión en la presentación de documentos e informes necesarios para el desarrollo de las facultades de fiscalización, prevista en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo que actualizaría la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

O bien, como lo alega la autoridad recurrente, la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en realidad sí constituye un plazo para que el contribuyente cumpla con la obligación de presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, que dicho plazo es el de un día, el día en que la autoridad fiscalizadora hace el requerimiento al visitado.

El agravio primero es infundado.

En efecto, no se conviene con la autoridad recurrente en que el término "de inmediato" contenido en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, deba necesariamente entenderse por un día, específicamente el día en que la autoridad fiscalizadora requiere al contribuyente visitado para que le exhiba los libros y registros que formen parte de su contabilidad, por las siguientes razones:

El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, establece:

"Artículo 53. En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten éstos informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente:

"Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:

"a). Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso. ..."

La porción normativa de previa inserción establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse "de inmediato".

La expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, generó incertidumbre sobre su significado entre las partes, pues mientras la Sala del conocimiento estableció que no puede considerarse un plazo o término preciso para el cumplimiento de la obligación relativa, que es una expresión ambigua, imprecisa, que da lugar a que pueda interpretarse de distintas maneras, en tanto que no fija de manera precisa el plazo o término en que debe cumplirse la obligación respectiva (dos horas, dos días, veinte minutos o en determinada fecha), y que esa ambigüedad da lugar a que subjetivamente se interprete el plazo o término correspondiente, la autoridad recurrente considera que la expresión "de inmediato", de referencia, sí constituye un plazo para que el contribuyente cumpla con la obligación de presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, que dicho plazo es el de un día, el día en que la autoridad fiscalizadora hace el requerimiento al visitado.

La incertidumbre entre las partes respecto al significado de la expresión "de inmediato" aludida en el párrafo anterior, revela que el contenido del artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en esa parte, es oscuro, lo que constriñe a este Tribunal Colegiado a desentrañar su significado mediante el método de interpretación que se considere más adecuado, a fin de conocer el verdadero sentido de la norma.

En efecto, el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la inmediatez en la exhibición de los libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, sin establecer un momento preciso en el que deba cumplirse esa obligación, lo que hace necesaria la interpretación de ese precepto.

En relación con que corresponde a los tribunales desentrañar el significado de las leyes cuando su sentido no es absolutamente claro, es aplicable la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Tomo CXXVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Las leyes deben ser interpretadas en los casos en que su sentido es oscuro, lo que obliga al juzgador a desentrañar su significado haciendo uso de los distintos sistemas de interpretación que la doctrina ha elaborado, pero no es procedente pretender que deban interpretarse aquellas normas cuyo sentido es absolutamente claro, pues a ello se opone la garantía establecida en el cuarto párrafo del artículo 14 constitucional, que manda que las sentencias deben ser conforme a la letra de la ley, ya que lo contrario lleva al juzgador a desempeñar el papel de legislador creando nuevas normas a pretexto de interpretar las existentes, lo que carece de todo fundamento legal."

Ahora bien, el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Art. 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"...

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

De acuerdo con el precepto constitucional aludido, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y sólo a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Dado que el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, constituye una disposición en materia fiscal, en su interpretación debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 5o. de ese ordenamiento legal, el cual dispone:

"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."

De acuerdo con el numeral de previa inserción, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta; y establecen cargas a los particulares aquellas normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

En el caso, el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, establece la obligación para el contribuyente de presentar, de inmediato, a la autoridad fiscalizadora que en el curso de una visita domiciliaria se los requiera, los libros y registros que formen parte de su contabilidad. Esto es, establece una carga para el particular, porque se refiere al sujeto: contribuyente visitado, y al objeto: obligación de exhibir los libros y registros que formen parte de su contabilidad. De donde se infiere que dicha norma es de aplicación estricta.

No obstante lo anterior, un principio de hermenéutica permite interpretar el aludido precepto legal en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenece, sin que interrelacionar las normas de manera sistemática resulte violatorio del principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de conformidad con la jurisprudencia 3a./J. 18/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Tomo VII, abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."

Más aún, porque en la interpretación de las leyes fiscales, se debe buscar un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, atendiendo incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por dichas normas, de acuerdo con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Volumen 82, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACIÓN DE. En el artículo 11 del Código Fiscal vigente, que dispone la aplicación estricta de las normas tributarias que señalan cargas a los particulares, se abandonó el principio de aplicación ‘restrictiva’ del precepto relativo del código anterior, y actualmente el intérprete debe buscar un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, utilizando para ello los diversos métodos de interpretación, atendiendo incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por dichas normas."

En ese sentido, una interpretación de la norma en cuestión, en función a las demás que integran el ordenamiento al que pertenece y en busca de un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, revela que el criterio de la autoridad recurrente, sustentado en la jurisprudencia que invoca, de rubro: "CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ALCANCES DEL TÉRMINO ‘DE INMEDIATO’ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL." emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resulta letrista y restrictivo al entender la inmediatez señalada en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, como el momento inmediatamente posterior al en que se hace el requerimiento al contribuyente por la autoridad fiscalizadora, no mayor a un día.

En efecto, de la temporalidad de un día aludida por la autoridad, ya establecida por el diverso órgano jurisdiccional mediante un criterio de interpretación, surgen diversas variantes que dan lugar a establecer si la inmediatez aludida es válida entenderla así o en mayor o menor medida.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la interpretación de la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe hacerse considerando los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la obligación, a fin de evitar una apreciación subjetiva de la norma que deje al particular desprotegido frente a una autoridad que pueda ejercer sus facultades arbitrariamente.

Es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deben llevarla en su domicilio fiscal.

Sin embargo, a fin de conocer el alcance de la inmediatez a que se refiere el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe atenderse también por un lado, al equilibrio procesal que debe existir entre el contribuyente y el fisco y, por otro, a las situaciones de índole comercial y de atención a las necesidades propias del contribuyente.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a la autoridad fiscalizadora se le otorga el plazo de doce meses para que concluya la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes.

Conforme al segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuyentes que integren el sistema financiero, así como de aquellos que consoliden para efectos fiscales de conformidad con el título II, capítulo VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo para la conclusión de la visita domiciliaria es de dieciocho meses contado a partir de la fecha en que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

Del mismo modo, acorde al tercer párrafo del numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México, el plazo para concluir la visita domiciliaria será de dos años a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

En términos de lo dispuesto por el artículo 48, fracciones VI y VII, del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, el contribuyente o responsable solidario cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Tratándose de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

Adicionalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de ese código, aludidos en el párrafo que antecede.

De donde se infiere que la autoridad fiscal o aduanera, según corresponda, una vez ejercidas sus facultades de comprobación, cuenta con un plazo adicional de seis meses para emitir la resolución determinante del crédito fiscal, en su caso.

La amplia extensión de los plazos otorgados a la autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación, así como para emitir la resolución respectiva, es indicativa de que el procedimiento fiscalizador no exige una actividad tan urgente como para que, en esa medida, pudiera justificarse el criterio que invoca la autoridad recurrente, en el sentido de que el contribuyente se encuentra obligado a exhibir los libros y registros que formen parte de su contabilidad, en el mismo día en el que se le requiere por parte de la autoridad fiscalizadora.

Desde otro aspecto, como se adelantó, en la interpretación de la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no pueden desatenderse las situaciones de índole comercial y de atención a las necesidades propias del contribuyente.

Lo anterior, en atención a que en términos de lo dispuesto por el artículo 33 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria de conformidad con el diverso numeral 2o. del Código de Comercio y 2o., fracción IV, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración y las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.

En el caso, el inicio de la visita domiciliaria se entendió con un tercero, ante la ausencia del contribuyente visitado, y los auditores hicieron constar en el acta parcial de inicio que dicho tercero no les proporcionó de inmediato la documentación que le solicitaron, sin atender que sería prácticamente imposible que se les proporcionara por no encontrarse presente el representante legal en el inicio de la visita, ya que la documentación contable podía estar en archiveros bajo llave, de los cuales no tuviera acceso dicho tercero, porque estuvieran en poder del contador de la negociación o por cualquier otra situación de orden fáctico que impidiera que, de manera inmediata, aun en el transcurso de ese día, se pudieran proporcionar al visitador.

Sobre el particular, debe atenderse a que la visita domiciliaria tiene el único propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no el de impedir o alterar el desarrollo y continuidad de las actividades empresariales propias del contribuyente visitado, motivo por el cual el visitador debe ser, además de cortés, paciente y tolerante en la verificación de la documentación relativa a las actividades comerciales, empresariales, de servicios o la que sea preponderante para el desarrollo de su existencia, pero sin que la actuación de la autoridad distraiga, interrumpa o entorpezca las actividades que desarrolla el contribuyente, en tanto que la atención a éstas constituye la fuente de las contribuciones para el sostén del Estado.

Por ende, la actuación de los visitadores debe desarrollarse en un plano de respeto y accesibilidad para el contribuyente visitado, en razón de que la actuación de la hacienda pública no es una actuación policíaca, sino que debe existir, en el desarrollo de la visita domiciliaria, una colaboración mutua para lograr que la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes se realice en un ambiente de armonía y no de represión.

El criterio aludido, resulta acorde al establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la interpretación jurídica de las leyes fiscales, debe tenerse presente que el fisco está obligado a obrar siempre de buena fe y, por lo mismo, a no seguir una conducta maliciosa, con objeto de sacar provecho de errores, inexactitudes u omisiones leves e intrascendentes de los causantes, como se advierte de la tesis publicada en la página 1508, Tomo LXXI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES FISCALES, INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS. En la interpretación jurídica de las leyes fiscales, debe tenerse presente que el fisco está obligado a obrar siempre de buena fe, y, por lo mismo, a no seguir una conducta maliciosa, con objeto de sacar provecho de errores, inexactitudes u omisiones leves e intrascendentes, de los causantes."

En ese contexto, también resulta aplicable el criterio relativo a que las leyes fiscales no deben interpretarse arbitrariamente, para justificar violaciones a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, contenido en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 3674, Tomo XLV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LEYES FISCALES, INTERPRETACIÓN DE LAS. Es cierto que las leyes fiscales establecen ciertas disposiciones, cuyo entendimiento no puede quedar sujeto estrictamente al derecho civil; pero también es cierto que esas disposiciones deben aplicarse en la forma en que se encuentren dictadas y para los casos que comprenden expresamente y no tratan de interpretarlas arbitrariamente, para justificar violaciones a las garantías que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal."

De ahí que la inmediatez aludida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, entendida como que el contribuyente debe cumplir con la obligación de presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad el mismo día en que se le requieren, resulta tan arbitrario como decir que debe ser en el momento mismo del requerimiento, a la hora o antes de transcurridas veinticuatro horas.

Por consiguiente, a fin de evitar cualquier arbitrariedad de la autoridad, corresponde interpretar la expresión "de inmediato" contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, bajo las reglas de razonabilidad y concordia, ya establecidas para los trámites en general. Es decir, en la interpretación del al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23752-664b8694/multa-es-ilegal-la-que-se-impone-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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