TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LOS JUICIOS CONTENCIOSOS PROMOVIDOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONGRESO LOCAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 123/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos tercero, quinto y octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia especialidad y competencia de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de distinto o del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
Es aplicable al caso, la tesis plenaria número P. I/2012 (10a.), que enseguida se reproduce:
"Registro: 2000331
"Décima Época
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012
"Materia: Común
"Tesis: P. I/2012 (10a.)
"Página: 9
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.
"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, porque no resuelve el tema de la contradicción planteada.
"El Tribunal Pleno, el veintisiete de febrero en curso, aprobó, con el número I/2012 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil doce."
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Expuesto lo dicho, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el Magistrado denunciante considera contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el siete de julio de dos mil once el amparo directo número **********; el primero de septiembre siguiente el amparo directo número **********; el veintiséis de enero de dos mil doce el amparo directo número **********; y el ocho de marzo del mismo año los amparos directos ********** y **********, sostuvo, en lo que al caso importa, lo siguiente:
Amparo directo número **********
"QUINTO. Son ineficaces los conceptos de violación. ... Por último, tampoco es de acogerse lo que alega el referido **********, por su representación, en el sentido de que la citada causal de improcedencia no se actualiza, ya que la resolución impugnada en el referido juicio contencioso, emitida por la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, el veinticinco de septiembre de dos mil nueve, dada la naturaleza intrínseca de sus funciones, se trata de un acto meramente administrativo; empero, adversamente a lo argüido, cabe decir que, tal y como en puridad jurídica lo estimó la referida Sala Superior, atento a lo que los numerales 2, fracciones I y II, del aludido código, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado disponen, respectivamente, que (se transcribieron las fracciones I y II del artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), que (se transcribió el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave), y que (se transcribió el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), se colige, en lo que aquí concierne, que son únicamente los actos emanados de la administración pública estatal y municipal, o sea, formalmente administrativos, los que conoce el citado Tribunal Contencioso, de los que se excluyen, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 1, último párrafo, del repetido Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, aquellos relacionados con las materias laboral (salvo que se trate de integrantes de las instituciones policiales del Estado y municipales), electoral, de derechos humanos, de procuración de justicia, así como los de nombramiento y remoción de los servidores públicos estatales y municipales, razón por la cual, al no atender dichos ordenamientos a los actos materialmente administrativos, o sea, a los emitidos por cualquier autoridad que ejerzan (sic) funciones de esta índole, ni la mencionada Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado formar (sic) parte de la administración pública estatal o municipal, sin que ello lo objete el citado autorizado de los disconformes quejosos, es evidente que el repetido Tribunal Contencioso carece de competencia para analizar la legalidad de sus actos. Así las cosas, y por cuanto que no se está en el caso de suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."
Amparo directo número **********
"IV. Son ineficaces los conceptos de violación transcritos. ... Ahora bien, sentada la premisa anterior, debe decirse que es ineficaz lo aducido por el quejoso **********, actor en el referido juicio contencioso **********, en su calidad de tesorero municipal del Ayuntamiento Constitucional de Acula, en torno a que la Sala Superior responsable, al resolver el toca **********, y revocar la sentencia dictada en ese juicio, para el efecto de que la Sala Regional dicte una nueva y sobresea en el juicio, pasó por alto que (se transcribió) (foja 6 del amparo), así como que (se transcribió) (foja 6 del amparo), y que (se transcribió) (foja 7 del amparo), y se afirma lo anterior, ya que como sostuvo la Sala Superior, para revocar la sentencia recurrida y disponer el sobreseimiento del juicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo careció de competencia legal para conocer del acto impugnado, consistente en la resolución emitida por el director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, la (sic) cual es una autoridad distinta a las que conforman la administración pública estatal o municipal, pues el Texto Constitucional Local (se transcribió) (foja 22 vuelta del toca **********), lo que es correcto, según se desprende del artículo 2, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para la entidad, el cual estatuye que (se transcribió la fracción II del artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), y si de acuerdo al diverso 67, fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Política Estatal, los organismos autónomos a que alude el precepto antes transcrito, son únicamente el Instituto Electoral, el Órgano de Fiscalización Superior, ambos del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, debe entenderse que sólo las unidades administrativas de esos organismos forman parte de la administración pública, supuestos en los que no se encuentra la unidad administrativa denominada Dirección de Servicios Jurídicos de la Legislatura Estatal, razón por la cual es claro y patente, como sostuvo la Sala Superior, que la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Poder Judicial de la entidad (sic), no es legalmente competente para conocer del juicio promovido por el ahora quejoso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el cual dice que (se transcribió el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave). Sentado lo anterior, como no existe queja que suplir, debe negarse la protección constitucional. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."
Amparo directo número **********
"IV. Sobre la base de que son inoperantes los argumentos que se alegan en contra de la sentencia de primer grado emitida el veintiocho de febrero de dos mil once por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, dado que el presente juicio de garantías no se admitió por ésta, sino por la definitiva, o sea, la dictada el primero de junio siguiente por la Sala Superior del propio tribunal, con sede en esa ciudad, en el toca **********, son ineficaces los restantes conceptos de violación transcritos. ... En ese sentido, aunque la resolución impugnada en el referido juicio contencioso, emitida por la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, dada la naturaleza intrínseca de sus funciones, se trata de un acto meramente administrativo, adversamente a lo argüido, cabe decir que, tal y como en puridad jurídica lo estimó la referida Sala Superior, atento a lo que los numerales 2, fracciones I y II, del aludido código, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, disponen, respectivamente, que (se transcribieron las fracciones I y II del artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), que (se transcribió el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave), y que (se transcribió el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), se colige, en lo que aquí concierne, que son únicamente los actos emanados de la administración pública estatal y municipal, o sea, formalmente administrativos, los que conoce el citado Tribunal Contencioso, excluyéndose, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 1, último párrafo (sic) del repetido Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, aquellos relacionados con las materias laboral (salvo que se trate de integrantes de las instituciones policiales del Estado y municipales), electoral, de derechos humanos, de procuración de justicia, así como los de nombramiento y remoción de los servidores públicos estatales y municipales, circunstancia por la que, al no atender dichos ordenamientos a los actos materialmente administrativos, o sea, a los emitidos por cualquier autoridad que ejerzan (sic) funciones de esta índole, ni la mencionada Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado forme (sic) parte de la administración pública estatal o municipal, es evidente que el repetido Tribunal Contencioso carece de competencia para analizar la legalidad de sus actos, máxime si de acuerdo al diverso 67, fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Política Estatal, los organismos autónomos a que alude la fracción II del primero de los preceptos antes transcrito, son únicamente el Instituto Electoral, el Órgano de Fiscalización Superior, ambos del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, debe entenderse que sólo las unidades administrativas de esos organismos forman parte de la administración pública, supuestos en los que no se encuentra la repetida unidad administrativa denominada Dirección de Servicios Jurídicos de la Legislatura Estatal. Lo anterior, no obstante que el repetido disconforme arguya que se restringe su acceso a la justicia y pretenda apoyar sus argumentos con la jurisprudencia número 891, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro: ‘TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD QUE SE PROMUEVA CONTRA RESOLUCIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO QUE IMPONGAN SANCIONES ADMINISTRATIVAS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).’, así como con el voto particular de uno de los Magistrados integrantes de la indicada Sala Superior, pues con independencia de que esa tesis se refiere a la legislación de otra entidad y el indicado voto no pueden (sic) ser considerado como fundamento de los conceptos de violación que le corresponde expresar al quejoso respecto de la sentencia que resolvió la litis, razón por la que no vinculan u obligan a este tribunal, el sobreseimiento decretado tampoco implica denegar justicia, ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante ellos con su promoción, a la cual debe darse el trámite en relación con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento, lo cual es acorde con la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribió), así como con la jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de voz y sinopsis siguientes: ‘DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA.’ (se transcribió), siendo de advertirse, que en similares términos se resolvieron los amparos directos ********** y **********, en sesiones de trece de julio y primero de septiembre de dos mil once, respectivamente. Así las cosas, y por cuanto que no se está en el caso de suplir la queja, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve: ..."
Amparo directo número **********
"QUINTO. Son ineficaces los conceptos de violación. ... Precisado lo anterior, se sostiene que no son de acogerse dichos motivos de reclamación, dado que, al margen de que las consideraciones expuestas por las referidas Salas Regional y Superior del tribunal responsable, a criterio de este tribunal, se advierten objetivamente correctas, la alegada aplicación supletoria de lo dispuesto en la fracción V del artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para la entidad, tampoco resulta procedente, en contra de lo que los quejosos arguyen. Lo primero, puesto que es verdad, como en puridad jurídica estimaron dichas Salas, que atento a lo que disponen los numerales 2, fracciones I y II, del aludido código, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en torno a que: (se transcribieron las fracciones I y II del artículo 2 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), a que (se transcribió el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave), y a que (se transcribió el artículo 4 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave), se colige, en lo que aquí concierne, que son únicamente los actos emanados de la administración pública estatal y municipal, o sea, formalmente administrativos, de los que conoce el citado Tribunal Contencioso, excluyéndose, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 1, último párrafo, del repetido Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, aquellos relacionados con las materias laboral (salvo que se trate de integrantes de las instituciones policiales del Estado y municipales), electoral, de derechos humanos, de procuración de justicia, así como los de nombramiento y remoción de los servidores públicos estatales y municipales, circunstancia por la que, al no atender dichos ordenamientos a los actos materialmente administrativos, o sea, a los emitidos por cualquier autoridad que ejerzan (sic) funciones de esta índole, ni la mencionada Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado forme (sic) parte de la administración pública estatal o municipal, es evidente que el repetido Tribunal Contencioso carece de competencia para analizar la legalidad de sus actos, máxime si de acuerdo al diverso 67, fracciones I, II, III y IV, de la Constitución Política Estatal, los organismos autónomos son únicamente el Instituto Electoral, el Órgano de Fiscalización Superior, ambos del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, debe entenderse que sólo las unidades administrativas de esos organismos forman parte de la administración pública, supuestos en los que no se encuentra la repetida unidad administrativa denominada Dirección de Servicios Jurídicos de la Legislatura Estatal. Conclusión que se corrobora, además, por el hecho de que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esa competencia limitada para los tribunales de que se habla, al disponer, en su artículo 116, fracción V, que: (se transcribió), pues es claro que la Constitución Local, lo mismo que sus normas reglamentarias, en ese aspecto, no pueden contrariar el texto de la primera, sino, como en aquel precepto se apunta, sujetarse a las reglas que sobre tal cuestión establece, mismas entre las que sólo se prevé, expresamente, la competencia de los repetidos Tribunales de lo Contencioso Administrativo para conocer de controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, y no entre éstos y algún otro poder distinto. En tanto que lo segundo, es decir, la improcedencia de la aplicación supletoria, en el caso, de lo dispuesto en el artículo 280, fracción V, del repetido código adjetivo local, deriva de que si bien es cierto que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, es decir, el propio ordenamiento que establece el procedimiento con base en el cual fueron sancionados los quejosos, no prevé un procedimiento o medio de defensa en contra de la precisada resolución impugnada, puesto que, como apuntó la Sala Superior responsable, el artículo 49 de esa ley, sólo dispone en su numeral 1, que: (se transcribió); lo que implica que dichos juicio y recurso sólo podrán promoverse o interponerse en contra de las resoluciones definitivas que dicte el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad, ente distinto al demandado en el juicio natural, o sea, que esa norma plantea la existencia de una laguna u omisión legislativa en cuanto a ese aspecto, motivo por el cual, como también sostienen los quejosos, es procedente la aplicación integradora de los ordenamientos previstos como supletorios de la ley de mérito, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 20, punto 1, el cual dispone: (se transcribió), de lo que deriva que el primer ordenamiento que debe fungir como supletorio de aquella ley, es el destacado código adjetivo de la entidad, mismo que, como se dijo, en su artículo 280, fracción V, previene que el juicio contencioso administrativo procede en contra de (se transcribió), no es menos cierto que el concepto de ‘autoridad’ al que alude, no tiene el amplio alcance que los peticionarios de amparo pretenden darle. Así es, el mencionado artículo 2 del código en cita, el cual formula una serie de definiciones o conceptos legales de diversos términos empleados en él, consigna, en su fracción IV, que por ‘autoridad’, debe entenderse a los ‘servidores públicos, estatales o municipales, así como las personas físicas o morales de carácter privado que realicen funciones derivadas de la concesión de un servicio público, que con fundamento en la ley emiten actos administrativos que afectan la esfera jurídica del gobernado, susceptibles de exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades’; por su parte, la fracción XX de ese numeral registra el concepto de ‘servidores públicos’, precisando que son ‘las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal’, de ahí que si, por ésta, como se dijo, en términos de lo previsto en la distinta fracción II, debe comprenderse a ‘las dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado; así como las áreas o unidades administrativas de los organismos autónomos, en los términos que establezcan las leyes ...’, cabe concluir, que las resoluciones en materia de responsabilidad administrativa a que alude el numeral en análisis del propio código multicitado, no son cualquier género de ellas, al margen de la autoridad que las emita, sino sólo aquellas que pronuncien las mencionadas dependencias centralizadas y entidades paraestatales del Poder Ejecutivo; las dependencias centralizadas y entidades paramunicipales de los Ayuntamientos del Estado; así como las áreas o unidades administrativas de los organismos autónomos. En consecuencia, si la dictada en el caso se atribuye, como se dijo, a la Dirección de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, se colige que no es susceptible de combatirse a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la propia entidad, previsto en el artículo 280, fracción V, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, por más que se refiera a una cuestión de responsabilidad y se emita en contra de funcionarios de la administración municipal, precisamente porque la referida dirección del Congreso del Estado no tiene el carácter de una dependencia de la administración pública estatal o municipal en los términos de la ley aplicable. Lo anterior, sin que se soslaye que por más que la responsabilidad de que se trata, se hubiera fincado a los quejosos en términos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23782-fc8fccc7/tribunal-de-lo-contencioso-administrativo-del-poder-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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