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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2011. · Registro digital (IUS): 23047
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y SEGUNDO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 384.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 136/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y SEGUNDO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, es decir, uno de los Tribunales Colegiados presuntamente discrepantes.

TERCERO. En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que los denunciantes estiman divergentes.

Así, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al fallar el ********** la revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

"TERCERO. El recurso de revisión fiscal es procedente, como lo manifiesta la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto por el referido numeral 63, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la resolución impugnada ante la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue emitida por la subadministradora local jurídica de Villahermosa, Tabasco, en suplencia por ausencia del administrador, mediante el cual resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución contenida en el diverso **********, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, Tabasco. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 204/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendiente de publicar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya versión certificada puede consultarse en la página electrónica de ese Alto Tribunal, con el vínculo ... cuyos rubro y texto dicen: ‘REVISIÓN FISCAL. PROCEDE CUANDO EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES, SIEMPRE QUE COINCIDA CON ALGUNO DE LOS TEMAS FISCALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 140/2008).’ (se transcribió). ... SÉPTIMO. Previo al estudio de los agravios planteados por la autoridad recurrente, se analizará la causa de improcedencia invocada por **********, actor en el juicio de nulidad, a través de su autorizado en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto del presente recurso de revisión, para lo cual se apoya primordialmente en la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, del rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’, al estimar que en la especie no se llenan los requisitos de importancia y trascendencia. Como preámbulo de porqué (sic) sí es procedente el presente recurso de revisión, en principio, se precisa, que la tesis en la que el actor en el juicio natural apoya sus argumentos por los cuales estima que el recurso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad inconforme es improcedente, no es aplicable al caso, en virtud de que en la lectura (sic) de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia mencionada permite apreciar que en ese caso se abordó la interpretación de la fracción VI del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que se refiere a resoluciones en materia de aportaciones de seguridad social, en cualquiera de sus determinaciones ahí contempladas, en tanto que el recurso interpuesto por la autoridad disidente es con base en lo previsto en la fracción III, inciso c, última parte, del numeral y ordenamiento legal citados, que se refiere a resoluciones dictadas por la Administración Local de Auditoría Fiscal, en el caso, a la de Villahermosa, Tabasco, supuesto diferente al de la tesis invocada por el actor en el juicio natural, en el que apoya sus argumentos y que de alguna manera constituyen una reiteración de los razonamientos de dicha jurisprudencia, pues como ha quedado visto, el tema toral que se dilucidó en el juicio de nulidad, fue el ejercicio de la facultad de comprobación de la exactora para solicitar la documentación vinculada con cuentas bancarias del contribuyente, en tratándose de revisiones de gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, de ahí que los argumentos planteados para desestimar el recurso de revisión resultan ineficaces. Lo anterior es así, si se toma en consideración que la Sala Regional Chiapas-Tabasco, al resolver el juicio de nulidad número **********, de su índice, en la parte que interesa determinó lo siguiente: ‘De la porción de la ejecutoria inserta que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 44/2010, se advierte con claridad que nuestro Máximo Tribunal concluyó que el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación contiene la facultad material de la autoridad para requerir las cuentas bancarias del contribuyente, cuando se trata de revisiones de gabinete, a fin de verificar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, de ahí que en el caso que nos ocupa era imperativo que en la solicitud de información y documentación examinada, la autoridad fiscalizadora para colocarse en aptitud legal y material de requerir los estados de cuentas bancarios, invocara el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, al no haberlo hecho así es incuestionable que ese acto no satisfizo el requisito de la debida fundamentación y, por ende, también la resolución determinante de créditos impugnada de él emanada así como la resolución impugnada, están indebidamente fundadas y motivadas, dado que la referida solicitud no pudo desde el punto de vista jurídico servir de sustento para la emisión de la liquidación y, por ende, a través de la resolución impugnada indebidamente se confirmó un acto que resulta ilegal al estar viciado de origen. Esto es, en la medida que la resolución determinante recurrida, contenida en el oficio número ********** de ********** (sic) «lo correcto es **********», tiene su origen en un acto viciado de ilegalidad como es la solicitud de información y documentación con número de oficio **********, de **********, se actualiza la causal de ilegalidad prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo tanto, se impone declarar la nulidad lisa y llana de aquella y de la resolución impugnada por confirmar indebidamente un acto ilegal, conforme al diverso 52, fracción II, de la citada legislación adjetiva.’. Lo resuelto por la Sala del conocimiento en el sentido de decretar la nulidad lisa y llana de la resolución determinante contenida en el oficio ********** de ********** por tener su origen en un acto viciado como fue la solicitud de información y documentación, hecha mediante oficio **********, de **********, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Villahermosa, en relación con cuentas bancarias del contribuyente, porque la exactora no invocó el último párrafo del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, por lo mismo, desde el punto de vista jurídico, la emisión de la citada orden no tuvo sustento, por ende, si a través de la resolución impugnada indebidamente se confirmó un acto que resultó ilegal al estar viciado de origen, ello trae como consecuencia que la autoridad demandada, aun cuando subsanara la irregularidad destacada, no podrá decretar nuevamente el crédito fiscal relacionado con el de la omisión de pago de impuestos sobre la renta, impuestos al valor agregado, recargos y multas, así como la orden de repartir utilidades, por las sumas que se especifican en el juicio de origen, de ahí que, opuesto con lo que asevera el actor a través de su representante legal, en la especie sí se generen (sic) las hipótesis a que se refiere el artículo 63, fracción III, inciso d), última parte, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo mismo el recurso de revisión sí es procedente; por ende, en el caso no resulta aplicable la tesis que invoca en apoyo a sus argumentos ..."

A su vez, el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el ********** la revisión fiscal número **********, consideró, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

"TERCERO. No se analizarán las consideraciones que sustentan el sentido del fallo recurrido, ni los agravios que en su contra se formulan, debido a que este Tribunal Colegiado Auxiliar advierte de manera oficiosa que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente y, desde luego, debe ser desechado. La inejercitabilidad del recurso de revisión fiscal deriva de considerar que en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que desde el establecimiento de ese medio de defensa ha sido intención del legislador dotarlo de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándolo únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia que revistieran los asuntos que se pretendieran revisar a través de su interposición, ameritaran la instauración de una instancia adicional. Para evidenciarlo, es oportuno aludir al estudio basado en la evolución legislativa del recurso de revisión fiscal, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó al resolver la contradicción de tesis 167/2007-SS, en la cual sostuvo lo siguiente: (se transcribió). A partir de ese análisis, el Máximo Tribunal de la Nación consideró medularmente si bien (sic) era cierto que la disposición que regulaba dicho medio de defensa no distinguía en cuanto a si la resolución recurrida debía consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si bastaba con que la resolución se hubiere declarado nula por vicios formales, lo cierto era que en este último supuesto no se podía considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justificara la procedencia de dicho medio de impugnación. En opinión del Alto Tribunal del País, lo anterior debía ser estimado de esa manera debido a que el recurso de revisión que se interponía en contra de las sentencias dictadas por la Sala Fiscal, en las que declaraba la nulidad por vicios formales, implicaba que el análisis efectuado por el Tribunal Colegiado que conociera de dicho recurso se hiciera consistir en una cuestión ajena a la materia que consideró el legislador como importante y trascendente, lo que sería contrario a la naturaleza excepcional del mencionado recurso que consideró el legislador como importante y trascendente. Ese criterio recientemente fue reiterado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 256/2010, en la cual, a partir de que distinguió los requisitos de procedencia del recurso de revisión fiscal que el legislador había establecido en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, resumiéndolos en cuatro grandes apartados que se rigen por la cuantía, por la importancia y trascendencia del asunto, con independencia de la cuantía, por la autoridad demandada y por razón de la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada, reafirmó que la intención del legislador había sido ‘dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional’. Con base en esa premisa, el Alto Tribunal del País concluyó, acorde el criterio que ya había sustentado, que si la instauración del recurso de revisión había sido creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, entonces ese medio de defensa sería improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa detectara la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado. Lo anterior, ya que esos casos (sic) la Sala resolutora no emitía pronunciamiento alguno que implicara la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resolvía respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limitaba al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debía revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como eran la fundamentación y la motivación. Concluyó que, por tanto, el estudio de tales aspectos debía confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo ya resuelto. De esa manera, el Máximo Tribunal de la Nación estimó que debía reservarse a los Tribunales Federales el conocimiento de aquellos asuntos en que por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tuviera un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para ello, precisó como ya lo había hecho, que si bien era cierto que el referido artículo, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distinguía en cuanto a si la resolución recurrida debía consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si bastaba con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo era que en este último supuesto no se podía considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justificara la procedencia de dicho medio de impugnación. De tal ejecutoria emanó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de dos mil diez, página 694, que dice: ‘REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribió). Sobre el particular, igualmente importa destacar que al resolver la contradicción de tesis 256/2010, la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, partió del análisis de criterios que contendieron sobre la procedencia del recurso de revisión fiscal de acuerdo con la fracción VI del invocado artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente, del segundo de los supuestos que se contienen en dicha fracción, el cual alude al caso en que se trata de una resolución dictada sobre cualquier aspecto relacionado con pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; no obstante ello, el contenido íntegro de la ejecutoria de referencia permite considerar que la conclusión a la que el Alto Tribunal arribó, de ninguna manera quedó circunscrita al tema de procedencia regulado por la citada fracción, sino que abarcó todos y cada uno de los supuestos de procedencia previstos en el señalado artículo 63, volviendo exigible en todos ellos, la existencia de un pronunciamiento de fondo respecto de la declaración de un derecho o la exigibilidad de una obligación. En el caso concreto, la Sala resolutora sustentó su determinación en la insuficiente o indebida fundamentación de la competencia de la autoridad emisora del acto impugnado, bajo el argumento sustancial que a continuación se transcribe de manera textual: ‘... del análisis del documento de referencia, se desprende que tal funcionario si bien invocó el artículo 14, fracción XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pretendiendo relacionarlo con el diverso 16 de dicho ordenamiento legal, no menos cierto es que omitió citar el párrafo de este último que le permite ejercer las facultades previstas en el primero de los numerales invocados, que prevé las facultades del administrador general de Servicios al Contribuyente. Del contenido de los preceptos legales referidos, se desprende que: a) el artículo 14, fracción XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, prevé las facultades del titular de la Administración General de Servicios al Contribuyente y b) el artículo 16 del ordenamiento legal en comento (que contempla las atribuciones específicas de los Administradores Locales de Servicios al Contribuyente), contiene varios párrafos, sin que la autoridad demandada hubiese precisado en cuál sustenta su actuación. En ese sentido, esta Sala considera que la autoridad demandada omitió fundar de manera correcta su competencia material, dado que si bien invocó los artículos 14, fracción XL y 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, también lo es que el primero de los preceptos legales de referencia establece un catálogo de facultades conferidas al administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, mientras que el segundo, autoriza a los administradores locales de Servicios al Contribuyente para ejercer algunas de las de aquél, es decir que en la especie las atribuciones invocadas por la autoridad emisora del acto, que en realidad se encuentran previstas en el artículo 14, fracción XL, del ordenamiento legal en comento, están conferidas expresamente al administrador general de Servicios al Contribuyente y de manera indirecta, a los administradores locales de Servicios al Contribuyente; de modo que estos últimos, solamente pueden ejercerlas, en la medida en que señalen de manera correcta, suficiente y completa, el diverso precepto legal que así se los permita, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa, pues la autoridad emisora del acto omitió citar el párrafo del artículo 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria que la faculta para ejercer las atribuciones previstas en el referido 14, fracción XL, de dicho cuerpo normativo. Por tanto, es evidente que no existe la precisión o exactitud en la fundamentación de la competencia material de dicha autoridad, resultando por tanto ilegal el requerimiento de obligaciones del cual derivan las sanciones combatidas. De esta manera, el vicio en que incurrió la autoridad no resulta menos grave que la ausencia de fundamentación, pues en ambos supuestos la parte actora desconoce si dicha autoridad tiene o no facultades materiales para emitir el re

uerimiento de obligaciones en comento, de modo que las resoluciones impugnadas que son frutos de actos viciados, también resultan ilegales, en virtud de que tienen su origen en dicho requerimiento. ... De esta manera, toda vez que la administradora local de Servicios al Contribuyente no citó el párrafo correspondiente del artículo 16 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que lo faculta para ejercer las atribuciones previstas en el diverso 14 del reglamento en cita, entonces, dicho vicio no resulta menos grave que la ausencia de fundamentación, pues en ambos supuestos la parte actora desconoce si dicha autoridad tiene facultades o no para emitir el requerimiento de obligaciones que antecedió a las multas controvertidas, de ahí que esta juzgadora, válidamente concluye que la parte actora quedó en estado de inseguridad jurídica y de indefensión. ...’ (folios 202 a 209 del expediente de origen). De lo acabado de transcribir, fácilmente puede advertirse que la nulidad decretada en la sentencia recurrida, únicamente obedeció a aspectos formales, específicamente, a la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia material de la autoridad emisora del crédito fiscal controvertido que, en opinión de la Sala resolutora, se actualizó en la especie, tal como lo destacó en su fallo al referir que del análisis de la copia simple del requerimiento de contribuciones omitidas, que obra agregado a fojas de la ********** a la **********, de **********, emitido por el administrador local de Servicios al Contribuyente de Tepic, se advierte que dicha autoridad no fundó de manera correcta, suficiente y completa su competencia material para requerir el cumplimiento de obligaciones formales, pues si bien citó el artículo 14, fracción XL, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pretendiendo relacionarlo con el diverso 16 del mismo ordenamiento legal, lo cierto es que omitió citar el párrafo de éste que le permite ejercer las facultades previstas en el primero de los numerales indicados, que prevé las facultades del administrador general de Servicios al Contribuyente. En esas condiciones, es aplicable indudablemente el criterio jurisprudencial invocado el último (sic) término, según el cual, el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sólo declaren la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, pues al igual que en los supuestos mencionados en la citada jurisprudencia por contradicción de tesis, en la especie la nulidad se decretó ante la existencia de una violación netamente formal, y como ya se vio, ello sin lugar a dudas conduce a estimar que en el caso concreto la Sala Fiscal no emitió decisión de fondo alguna, ni siquiera en lo atinente al tema de la competencia de la autoridad, pues ya se dijo previamente, pero se insiste, que lo único que se resolvió en el caso concreto fue la omisión de citar un precepto legal que, en opinión de la Sala Fiscal, debió servirle como fundamento de su competencia a la autoridad emisora del crédito fiscal controvertido. acerca (sic) de lo cual agregó que debía declararse la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas, en términos de lo previsto en la tesis de rubro: ‘NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.’. Precisión esta última que, dicho sea de paso, pone aún más en evidencia que la nulidad del acto se debió a vicios formales que permitirán a la autoridad fiscal enmendar la omisión advertida por la Sala resolutora y emitir, en un momento dado, una nueva determinación en la que funde y motive suficientemente su competencia material, pudiendo reiterar, desde luego, un diverso acto impugnado con similares efectos; de ahí que, se insista, en que el caso concreto encuadra perfectamente en el supuesto previsto en la citada jurisprudencia por contradicción de tesis, según la cual, deviene improcedente el recurso de revisión fiscal cuando se interpone en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que únicamente declaró la nulidad del acto administrativo impugnado por violaciones formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad emisora. Desde luego, con la anterior determinación de ninguna manera se pierde de vista que en el inciso c), correspondiente a la fracción III del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se contempla un supuesto de procedencia del recurso de revisión fiscal en los siguientes términos: ‘... III. Sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria o por autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales y siempre que el asunto se refiera a: ‘... c) Competencia de la autoridad que haya dictado u ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento del que deriva o al ejercicio de las facultades de comprobación ...’. Hipótesis legal que, como puede apreciarse, pone de relieve el hecho de que tratándose de resoluciones dictadas por autoridades del Servicio de Administración Tributaria, entre otras, resultará procedente el recurso de revisión fiscal siempre que el asunto se refiera al tema de la competencia de la autoridad; sin embargo, de ninguna manera puede soslayarse que tal determinación alude a los supuestos diversos en los cuales el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resuelva de fondo lo relativo a la competencia de la autoridad, es decir, estableciendo en su caso si la misma tiene o no facultades para emitir determinados actos, y no cuando ocurre, como en la especie, que la nulidad se decretó por la sola omisión de citar un fundamento legal que prevé la competencia de la autoridad, pues ello constituye, como se dijo, una mera decisión de carácter formal que, en el caso concreto, se relaciona con la indebida o insuficiente fundamentación de dicha competencia; lo cual, sin lugar a dudas podrá ser subsanado por la autoridad con la emisión, de ser el caso, de una nueva determinación en la que se citen los fundamentos necesarios para sustentar sus atribuciones. Lo anterior se corrobora, sobre todo, si se toma en cuenta lo dicho con anticipación en el sentido de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir las jurisprudencias 2a./J. 220/2007 y 2a./J. 150/2010, sin lugar a dudas privilegió la naturaleza excepcional del recurso de revisión fiscal, partiendo para ello del hecho de que para tornarla procedente, en todo momento deben estimarse satisfechos los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a las resoluciones en contra de las cuales se interponga el aludido medio de impugnación, e inclusive destacó, que ello no acontecerá cuando se decrete la nulidad sólo por violaciones formales. Luego, se corrobora la aplicación de los criterios jurisprudenciales en cita, si se toma en cuenta que los asuntos contendientes en las contradicciones de tesis respectivas, versaron sobre el tema de la fundamentación de la competencia, como sucede en el presente caso, donde también se declaró la nulidad de la resolución impugnada por vicios formales derivados de la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad fiscalizadora. Cabe precisar que con la anterior determinación no se desatiende lo determinado por la jurisprudencia 45/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XIV, octubre de 2001, página 427, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD INCONFORME PRECISE O NO LA O LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE CONSIDERE QUE SE ACTUALIZAN EN EL CASO.’ (se transcribió). Ciertamente, de acuerdo al criterio jurisprudencia (sic) recién transcrito, que se invoca por analogía, la procedencia de la revisión fiscal debe estudiarse de oficio, con independencia de que la autoridad inconforme precise o no la o las hipótesis de procedencia que considere actualizadas al caso, esto es, que el Tribunal Colegiado que conozca de dicho asunto debe analizar si se actualiza o no, alguno de los supuestos de procedencia del recurso de que se trata, previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aun cuando no se hayan invocado por la recurrente. Sin embargo, como se vio, de conformidad con la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 256/2010, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, a que se hizo alusión, la revisión fiscal es improcedente contra las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando la sentencia recurrida declara la nulidad por vicios formales; cuestión que, como se vio, es aplicable a todas las fracciones contenidas en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, ese Alto Tribunal determinó que la intención del legislador, al establecer los requisitos de procedencia de la revisión fiscal, fue dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional. Que en congruencia con lo anterior, si la instauración del recurso de revisión fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, éste será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó la nulidad por vicios formales, pues la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23047-562abc63/revision-fiscal-es-improcedente-contra-las-sentencias-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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