RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y GUANAJUATO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 286/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyo criterio participa en esta contradicción.
TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver en sesión de tres de junio de dos mil diez el amparo directo número ********** -en auxilio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-, en la parte que interesa, estableció:
"QUINTO. Resulta innecesario el análisis de las consideraciones que sustentan el sentido del fallo reclamado y de los conceptos de violación que en su contra formuló la quejosa Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), toda vez que este Tribunal Colegiado Auxiliar advierte de manera oficiosa que en el presente juicio de amparo directo se actualiza la causal de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 4o., 9o. y 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo (relativa a la falta de legitimación de las personas morales oficiales para promover el juicio de garantías), como enseguida se pasa a demostrar. Lo anterior obedece a que el estudio de los motivos de improcedencia del juicio constitucional necesariamente debe abordarse en forma preferente, e incluso de manera oficiosa como en el presente supuesto por ser ello una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 73 previamente citado. Sin embargo, antes de exponer los motivos por los que se considera demostrada la citada causal, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y de paso sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias que integran el original del expediente relativo al juicio de responsabilidad patrimonial número 4/2008 del índice del Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como está previsto en su 2o. numeral, cuyo examen revela lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil ocho, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de lo Administrativo, los terceros perjudicados ********** y **********, por su propio derecho, promovieron el juicio de referencia, en contra de la negativa ficta derivada del silencio de la persona moral oficial denominada Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), respecto de la reclamación de indemnización que los demandantes formularon el veintiuno de noviembre de dos mil siete, derivada del daño patrimonial que resintieron a consecuencia de la actividad administrativa irregular que atribuyeron a eso organismo (páginas 1 a 7 del juicio de origen). 2. La demanda antes aludida fue admitida por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo, en autos del expediente 4/2008 (páginas 39 y 40 de ese mismo expediente). 3. Una vez sustanciado el procedimiento respectivo, la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco emitió en ese expediente la sentencia de dos de diciembre de dos mil nueve, en la que: Consideró configurada la negativa ficta respecto de la solicitud de pago de indemnización formulada el veintiuno de noviembre de dos mil siete; declaró nula esa resolución; y estimó fundada la reclamación de los actos por el daño patrimonial causado por la actividad administrativa irregular atribuida al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), a efecto de que esa entidad cubriera a los demandantes la cantidad de ********** (páginas 437 a 469 ídem). 4. Inconformes con esa determinación, tanto los actores ********** y ********** como demandado el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) promovieron juicios de amparo directo, entre los que está el presente asunto. Precisados que fueron los pormenores del caso, a continuación se efectuará el análisis de procedencia del juicio constitucional que se anticipó al inicio de este considerando. Al respecto cabe reiterar, pues ya se dijo previamente, que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que surge de la interpretación conjunta de los artículos 4o., 9o. y 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de legitimación de las personas morales oficiales para promover el amparo, aunque para evidenciarlo así es necesario traer a la vista la invocada legislación, cuyo texto es el siguiente: (la transcribe). La correcta intelección de los numerales acabados de transcribir, pone de relieve la existencia de una clara limitante para que las personas morales oficiales puedan promover el juicio de amparo, circunscribiéndolas a los específicos casos en que se vean afectados sus intereses patrimoniales. Por otro lado, cabe destacar que en términos de lo previsto por los diversos artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a la que perjudica el acto o la ley que se reclama ocasionándole un agravio personal y directo, pues ello es, precisamente, lo que otorga la legitimación necesaria para promover la instancia constitucional; sin embargo, es importante precisar que la sola circunstancia de que una persona moral oficial haya intervenido en su carácter de autoridad como parte demandada en un juicio ordinario (como es el caso del juicio de responsabilidad patrimonial 4/2008 del que deriva el acto reclamado), no le permite acceder a la salvaguarda de garantías individuales que se encuentra reservada para las personas físicas y morales de derecho privado, porque en tal caso la autoridad de ninguna manera interviene en el trámite respectivo defendiendo derechos patrimoniales, lo cual únicamente se verificará en caso de que aquélla actúe o intervenga en su calidad de sujeto de derecho privado. Lo anterior se justifica, porque el juicio constitucional fue creado para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de sus garantías individuales; de tal manera que si dichas garantías constituyen, en esencia, meras restricciones al poder público que se dirigen a salvaguardar derechos fundamentales de todo individuo, se encuentra completamente al margen de toda discusión lo relativo a que el Estado como tal, es decir, como un ente dotado de derecho público, no goza ni podrá gozar de garantías individuales y, por lo mismo, no estará en aptitud de promover el juicio de garantías. En torno a dicha regla general sólo existe una excepción que se contempla, precisamente, en el invocado artículo 9o. de la Ley de Amparo, en cuanto dispone que las personas morales oficiales sólo pueden promover el amparo cuando se vean afectados sus intereses patrimoniales. Tal excepción se genera porque el Estado por conducto de las personas morales oficiales puede obrar con un doble carácter: es decir, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se encuentra investido como poder público; mientras que en el segundo de ellos, obra en las mismas condiciones que los particulares, es decir, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos o personas físicas. Lo anterior, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares consagrados a favor de todo individuo cuando obra como persona moral de derecho privado. Queda de manifiesto pues, que la excepción prevista en el citado numeral alude exclusivamente a la hipótesis en que las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando únicamente defienden intereses patrimoniales, pues en tal caso comparecen a un procedimiento en calidad de particulares y no como personas morales de carácter oficial. Aplicado lo anterior al presente asunto, resulta que si bien el artículo 9o. de la Ley de Amparo autoriza que las personas morales oficiales puedan ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas, esto sucede única y exclusivamente cuando el acto o la ley que se reclama afecta sus intereses patrimoniales, lo cual no acontece cuando en un procedimiento contencioso administrativo se demanda la responsabilidad patrimonial al Estado, derivado de la actividad administrativa irregular atribuida en este caso al Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), pues en esos casos la autoridad demandada actúa como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida, siendo inaceptable, por ende, que pueda solicitar amparo aun en caso de que ocurra, como en la especie, que la persona moral oficial aquí disconforme tenga que erogar la cantidad de **********, para pagar a los demandantes la indemnización por responsabilidad patrimonial a que lo condenó el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, puesto que ello no colocó a dicho organismo en el plano de igualdad frente a los particulares para reclamar una posible afectación a sus intereses patrimoniales, por el contrario, la mencionada obligación de pago deriva de la actuación de aquélla como autoridad investida de imperio, en relación con los actores a quienes la actividad administrativa irregular del organismo demandado ocasionó daños a su propiedad. De lo anterior se sigue, como se anticipó, que la autoridad aquí quejosa carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo en la vía directa, aun cuando haya ostentado la calidad de parte demandada en el procedimiento contencioso administrativo de origen. Es aplicable a lo razonado en forma previa, la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual puede consultarse en la página 254 del Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (la transcribe). Consecuentemente, es manifiesto que si en la especie se encuentra demostrado de manera fehaciente que la persona moral oficial aquí quejosa, en su calidad de autoridad demandada, peticiona el amparo en contra de una sentencia pronunciada por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que anuló lisa y llanamente la resolución negativa ficta configurada por el silencio en que el Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) incurrió, respecto de la reclamación de indemnización que los demandantes formularon el veintiuno de noviembre de dos mil siete, derivada del daño patrimonial que resintieron a consecuencia de la actividad administrativa irregular que atribuyeron a esa entidad pública; sin lugar a dudas se actualizó el motivo de improcedencia que se precisó al inicio de este considerando y, por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el tres de julio de dos mil nueve el amparo directo **********, si bien no hizo una consideración en torno a la procedencia del juicio por haberse promovido por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato, que figuró como autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, lo cierto es que resolvió el fondo del juicio de amparo, por lo que le reconoció implícitamente que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo. En la parte conducente estableció:
"TERCERO. **********, se encuentra legitimada para promover el presente amparo, en su calidad de apoderada legal de la demandada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato, como así la tuvo el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho. ... CUARTO. Seguido el juicio por sus trámites legales, el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, dictó sentencia el dieciocho de noviembre de dos mil ocho, resolviendo lo siguiente: ‘PRIMERO. Esta Sala resultó competente para tramitar y resolver el presente juicio. TERCERO (sic). No procede el sobreseimiento en este proceso, ya que no se actualizan las causales aducidas por el sujeto obligado, según lo dispuesto en el considerando tercero de la presente resolución. CUARTO. Esta Sala concluye que en el caso en concreto, sí existe una actividad administrativa irregular por parte de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato, y que el daño causado a la persona de **********, fue a consecuencia de esa actividad administrativa irregular; ello de conformidad con lo expuesto y fundamento en el considerando cuarto de esta sentencia. QUINTO. El monto de la indemnización por el daño causado a la persona del demandante asciende a la cantidad de **********; y la cantidad que debe cubrirse también al actor, por la actualización de ese monto de indemnización, es de **********. Por otro lado, el monto de la indemnización del daño moral que se debe pagar al demandante es de **********, más la actualización correspondiente que resulta de **********. Esto se decretó de acuerdo a los argumentos y preceptos legales expuestos en el considerando quinto de este fallo.’. ... SEXTO. De los anteriores conceptos de violación, es inoperante una parte del segundo e infundados el primero, la otra parte del segundo y el tercero, los cuales además se esbozan desde el apartado de antecedentes de la demanda de garantías. ... En las condiciones expuestas, son ineficaces los conceptos de violación y debe, por tanto, negarse el amparo. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 79, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en términos del considerando cuarto de este ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Guanajuato, contra el acto del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, consistente en la resolución pronunciada el dieciocho de febrero de dos mil nueve, en el toca relativo al recurso de reclamación 224/08 PL."
Además, se corrobora que le reconoció implícitamente a la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo local que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, porque con base en ese asunto, emitió la siguiente tesis:
"RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO NO REALIZAN ACTOS DE AUTORIDAD, ESTÁN LEGITIMADAS PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE LAS CONDENA AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato establece un procedimiento específico a través del cual puede hacerse efectiva la reclamación de una indemnización, debido a la actividad administrativa irregular de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, los Municipios y los organismos autónomos, que cause daño a la persona, bienes o derechos de los particulares que no tengan obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar dicho daño. Así, el propósito de ese procedimiento no es anular un acto de la autoridad emitido en ejercicio de sus atribuciones e investida de imperio frente al sujeto con derecho a la indemnización, sino determinar si procede condenarla al pago de ésta por el daño causado con motivo de su actuar irregular, y si así se resuelve, se afecta el patrimonio estatal, por lo que conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales demandadas en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no realizan actos de autoridad, están legitimadas para promover amparo directo contra la resolución definitiva del señalado procedimiento que las condena al pago de una indemnización por su actividad administrativa irregular."(1)
CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que exista contradicción de tesis basta que se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y los Tribunales Colegiados de Circuito hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, según se desprende de la siguiente tesis del Tribunal Pleno:(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
De igual forma, el Tribunal Pleno ha establecido que puede configurarse una contradicción de tesis aunque el criterio asumido por el Tribunal Colegiado de Circuito sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de la ejecutoria relativa como acontece con el asunto del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, ya que, es cierto, no formuló una consideración específica en relación con la procedencia del juicio de amparo promovido por la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, pero es indudable que le reconoció la posibilidad de controvertir a través de ese medio de control constitucional la resolución definitiva dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esa entidad federativa, en un juicio administrativo sobre responsabilidad patrimonial del Estado.
Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 93/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, consultable en la página 5 del Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(3)
Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que existe contradicción de tesis, ya que en las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes sobre la procedencia del juicio de amparo directo, en términos del artículo 9o. de la ley de la materia, en la medida en que el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Estado de Jalisco, sostuvo que no procedía tal medio de control constitucional en contra de la resolución definitiva del Tribunal de lo Administrativo Local sobre la reclamación fundada de responsabilidad patrimonial del Estado, porque la promovente es una persona moral oficial que actuó en el juicio contencioso como autoridad demandada y no se afectan sus intereses patrimoniales; mientras que se resolvió lo contrario por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se insiste de forma implícita, en tanto que le negó el amparo a una dependencia del Gobierno del Estado de Guanajuato, contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local que ordenó el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado y, del mismo modo, actuó como autoridad demandada en el juicio contencioso de origen.
Cabe mencionar que no es obstáculo para configurar dicha contradicción de tesis el hecho de que los asuntos dimanen de leyes sobre responsabilidad patrimonial de dos entidades federativas, en virtud de que tienen una regulación esencialmente igual, además tampoco queda sin materia o puede hacerse un criterio general derivado de la contradicción de tesis 27/2010, resuelta en sesión de veintidós de septiembre de dos mil diez, pues es necesario corroborar que la legislación local tenga los mismos matices que la que se analizó en esta última contradicción, o bien, considerar si esas diferencias en realidad son relevantes para estimar inaplicable el precedente.
Sobre el particular, las legislaciones de los Estados de San Luis Potosí -que se estudió en la contradicción de tesis 27/2010-, de Jalisco y de Guanajuato disponen:
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí
"Artículo 21. La parte interesada podrá presentar su reclamación ante la entidad presuntamente responsable; o bien ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, cuando se trate de las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo y de los Municipios del Estado."
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios
"Artículo 16. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado o Municipios se iniciarán de oficio o a petición de parte interesada."
"Artículo 18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá ajustarse, además de lo dispuesto por esta ley, a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, su resolución se considera acto administrativo de carácter definitivo constitutivo y su resolución no admitirá recurso administrativo alguno, ante la entidad que lo haya emitido."
"Artículo 19. La iniciación de oficio del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la entidad se efectuará por acuerdo del órgano competente, adoptado por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia. ..."
"Artículo 20. Cuando el procedimiento se inicie a petición de parte, la reclamación deberá ser presentada ante la entidad presuntamente responsable."
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato
"Artículo 21. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará a petición de parte interesada, debiendo presentar la reclamación ante:
"Por responsabilidad de los Poderes del Estado:
"I. En el Poder Ejecutivo, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Secretaría de la Gestión Pública. ..."
Como puede verse, existen diferencias en relación con el ente público que inicialmente resuelve la petición de responsabilidad patrimonial del Estado, porque puede ser la entidad que cometió la actividad administrativa irregular, otra dependencia específica o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Local, pero al final lo que interesa es que en el juicio administrativo la autoridad demandada es una persona moral oficial, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo y, por ende, conforme a este numeral debe analizarse si la sentencia definitiva de ese tribunal le causa afectación a sus intereses patrimoniales, desde la óptica del presupuesto de egresos que tiene asignado en cada ejercicio.
En ese sentido, el tema de la presente contradicción de tesis ra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22614-a0c4cdb1/responsabilidad-patrimonial-del-estado-la-sentencia-que-condena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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