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Modo: Corpus Pro

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD EN SUS MODALIDADES DE SECUESTRO Y SECUESTRO EXPRÉS. PARA CONSIDERAR ACTUALIZADA LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 164, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RESULTA RELEVANTE EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA EN EL MOMENTO JUSTO EN EL QUE ES PRIVADA DE SU LIBERTAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2012. · Registro digital (IUS): 24075
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 794.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2012. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE AGOSTO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre de dos mil once, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así, porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis, cuyas demandas de amparo que dieron origen a los criterios de conflicto, se presentaron con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Primer Circuito.

La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estaría supeditado a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiado de un mismo circuito (no especializado o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once en el Diario Oficial de la Federación, y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Primer Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que las demandas de amparo que dieron origen a los criterios en conflicto, fueron presentadas con anterioridad a la entrada en vigor al decreto de reforma constitucional, además de que fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente) y se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental -antes de su reforma; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal número 254/2011, el diecinueve de abril de dos mil doce, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"En cuanto al acreditamiento de las circunstancias agravantes del delito de secuestro que la autoridad responsable ordenadora estimó acreditadas en el auto de formal prisión, como lo indicó la a quo en la sentencia recurrida, fue correcto, toda vez que en el presente asunto están demostradas las calificativas de haberse cometido el delito a bordo de un vehículo, en grupo y mediante la violencia, por las razones siguientes: El artículo 164, fracciones I, III y IV, del Código Penal para el Distrito Federal establece: ‘Artículo 164’ (se transcribe). En cuanto a las agravantes mencionadas, la autoridad responsable ordenadora estuvo en lo correcto al tenerlas por acreditadas, principalmente con la declaración del ofendido, quien, en lo conducente, manifestó que el día de los hechos, al encontrarse afuera de su domicilio, fue interceptado por cinco sujetos que portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a subir a un vehículo y se lo llevaron, es decir, lo privaron de su libertad durante un lapso aproximado de ocho horas en el interior del automóvil relacionado con la causa. Lo que la Sala responsable estimó corroborado de manera legal, con la declaración del testigo **********, quien, en lo conducente, manifestó que el día del evento delictivo se reunió con los cinco sujetos que secuestraron al denunciante y acordó que sería quien personalmente entregaría la cantidad que pedían para dejarlo en libertad; además, los agentes de la policía que intervinieron en los hechos, coincidieron en manifestar que después de que persiguieron el automóvil en el que viajaban dos de los activos, precisamente donde tenían secuestrado al pasivo, éstos descendieron y realizaron disparos en su contra con las armas que traían. Probanzas las anteriores que, como lo indicó la autoridad responsable ordenadora, son suficientes en la especie para acreditar que el delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro, se realizó mediante violencia, en grupo y a bordo de un vehículo, en virtud de que el ofendido fue interceptado por cinco sujetos que traían armas de fuego, quienes lo obligaron a subir a un automóvil y se lo llevaron; además, lo mantuvieron en el interior de la unidad, en espera de que les fuera entregado el dinero que pedían a sus familiares. Sobre el particular, este Tribunal Colegiado estima pertinente señalar que el artículo 164, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, no distingue un mínimo de sujetos para la conformación de un grupo, sin embargo, debe indicarse que debido a que en el presente asunto se advierte la participación de por lo menos cinco sujetos, tal pluralidad es suficiente para acreditar la agravante de que se trata. Máxime que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, respecto a la definición gramatical de ‘grupo’, lo define como ‘pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto material o mentalmente considerado’; y como término de ‘pluralidad’, la ‘cualidad de ser más de uno’. Además, este Tribunal Colegiado estima pertinente señalar que en el presente asunto está acreditada la agravante de haberse cometido el delito a bordo de un vehículo, no obstante que el pasivo fue interceptado afuera de su domicilio, ya que de inmediato los sujetos activos lo obligaron a subir a un automóvil y se lo llevaron, pues, se reitera, lo mantuvieron en el interior de la unidad por un lapso aproximado de ocho horas. Por lo que de estimarse que tal agravante no se acredita, se inadvertiría que el injusto en estudio es de los clasificados como permanentes, de ahí que se consuma al momento de detener ilegalmente a la víctima y dura todo el tiempo que la misma se prolongue, es decir, a partir de que se impone al pasivo el impedimento físico de libertad de tránsito y hasta que el bien jurídico se le reintegre plenamente, al recuperar la posibilidad del libre desplazamiento. Por tanto, es procedente concluir que en el presente asunto es irrelevante el lugar en el que la víctima es materialmente privada de su libertad, esto es, que no estuviera a bordo de un vehículo, al estar demostrado que después de ello, el peticionario de amparo y otros sujetos lo introdujeron a un automóvil en el que lo privaron de su libertad. Es aplicable, en lo conducente, la tesis XIX/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, Novena Época, del tenor literal siguiente: ‘PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN INICIA A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CESA LA CONSUMACIÓN DEL DELITO.’ (se cita). Aunado a lo anterior, debe decirse que si bien es innegable que algunos tipos penales pueden tener dicha agravante como medio comisivo, ello no ocurre en la especie, dadas las circunstancias concretas de ejecución del ilícito de que se trata, pues la calificativa de haberse cometido a bordo de un vehículo, no fue un medio ni instrumento a través del cual se llevó a cabo tal antijurídico. De estimarse lo contrario, podría llegarse al absurdo del supuesto hipotético en que cuando se cometa un delito de tal naturaleza en un domicilio particular, no podría acreditarse si la víctima fue interceptada en la calle, y la privación de su libertad se realiza en una ‘casa de seguridad’; por lo que esa calificativa jamás cobraría vigencia, de estimarse que el delito se consumó y se agotó en el instante en que el pasivo fue privado de su libertad en la vía pública y, posteriormente, el cautiverio se prolongó en una casa o domicilio particular, que también es una calificativa prevista en el código sustantivo de la materia. Razones por las que tomando en consideración la naturaleza del delito a estudio, que se consuma de momento a momento y al haberse privado de la libertad al ofendido a bordo de un vehículo, es por lo que se afirma que dicha calificativa está acreditada plenamente."

2. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 118/2009, el veintinueve de octubre de dos mil nueve, en lo que a ésta contradicción de tesis interesa, señaló:

"Los agravios esgrimidos por la agente del Ministerio Público revisionista son infundados. Como se advierte, la recurrente atañe su inconformidad en cuanto a la concesión del amparo al quejoso para que se elimine del juicio de tipicidad efectuado por la autoridad responsable, la circunstancia agravante prevista en la fracción I del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal, concerniente a que el secuestro por el que se le seguirá el proceso, se haya realizado en un domicilio particular. Al respecto, la referida representante social expone que para la actualización de la indicada calificativa, es innecesario que el ‘levantamiento’ de la víctima ocurra en su domicilio, pues el legislador simplemente refirió, para su concreción, que el delito ‘se realice en un domicilio particular’, quedando demostrado en autos que el pasivo fue trasladado al inmueble en donde la víctima permaneció privada de la libertad. Previo a exponer las razones por las cuales carece de razón la aseveración de la revisionista, cabe precisar que por circunstancia del delito, se entiende a lo que lo rodea, lo cual supone lo principal, es decir, la existencia de un delito perfecto en su estructura, por lo que esa circunstancia puede o no existir sin que desaparezca aquél en su forma normal. Siguiendo a Antolisei, citado por el ex Ministro don Francisco Pavón Vasconcelos, por circunstancia del delito se entiende a lo que lo rodea, lo cual supone lo principal, es decir, la existencia de un delito perfecto en su estructura, por lo que esa circunstancia puede o no existir sin que desaparezca aquél en su forma normal (Derecho Penal Mexicano, Editorial Porrúa, décima octava edición, México, 2005, página 685). Ahora bien, toda circunstancia del delito, entendida bajo la óptica apuntada -como expone el insigne jurista mexicano, cuyo pensamiento se retoma-, representa una adición que determina una mayor o menor gravedad en el delito y, por consecuencia, se traduce en una mayor o menor punibilidad (Op. cit., página 686). Así, en ocasiones, esas circunstancias dan surgimiento a los denominados tipos penales especiales, ya sea que se trate de tipos especiales privilegiados o cualificados que suponen los caracteres del tipo básico, al que se agregan otros, creando una figura autónoma (que excluye la aplicación del tipo básico), o bien, simplemente generan un tipo complementado, conformado por el tipo básico más alguna otra circunstancia y, por lo mismo, al carecer de autonomía descriptiva, requieren la aplicación del tipo básico, identificándose a estos tipos resultantes como subordinados (Luis Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, tomo III, tercera edición, Editorial Losada, páginas 910 y 914). Es ilustrativa al respecto, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página sesenta y ocho del Volumen XV, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, al tenor siguiente: ‘DELITOS. AUTONOMÍA DE LOS TIPOS.’ (la cita). Ello nos conduce a analizar, por una parte, qué clases de circunstancias son las previstas en la mencionada fracción I del numeral 164 del código punitivo para esta ciudad, y por otra, su correcta connotación, a efecto de desentrañar su sentido. El invocado precepto, en lo conducente, prevé: ‘Artículo 164’. (se transcribe). En torno a la primer interrogante, dada la redacción del primer párrafo del numeral transcrito, es inconcuso que carece de autonomía, pues para su operatividad se exige la existencia previa de un delito perfecto en su estructura -como refiriera Antolisei-, ya sea que se trate del secuestro o el secuestro express (sic), contemplados en los ordinales 163 y 163 Bis de esa legislación sustantiva, respectivamente, de ahí que cuando concurra alguna de las circunstancias descritas en la fracción I del ordinal 164, se requiere la aplicación del correspondiente tipo básico, por lo que su conformación corresponde a la de un tipo complementado o subordinado -como expone el connotado Maestro Pavón Vasconcelos-; en cuanto a lo segundo, de igual modo en el texto legal que nos se indica que cuando opere alguna de esas circunstancias, las sanciones a imponer serán las del delito en su forma simple, incrementadas en una tercera parte, por lo que se trata de agravantes, es decir, implican una especial afectación al bien jurídico. Sobre esto último, el incremento en la punibilidad se justifica cuando además del bien jurídico tutelado por el tipo simple, se pretende salvaguardar otro, o bien, se destaca una forma especial de afectación, lo que da lugar a la distinción doctrinaria entre tipos simples y tipos complejos (Mariano Jiménez Huerta, La Tipicidad, Editorial Porrúa, página 104). Precisado lo anterior, tenemos que el tipo penal relativo a la privación ilegal de la libertad para obtener un rescate (secuestro), cuyo cuerpo del delito se consideró actualizado en la especie, puede configurarse concurran o no las circunstancias agravantes descritas en el artículo 164 del Código Penal capitalino, y por su naturaleza, se realiza cuando el activo coarta a la víctima de su libertad personal, en necesaria proyección temporal de sus efectos, que es la nota distintiva de los delitos permanentes o continuos que, de acuerdo con el numeral 17, fracción II, de esa misma codificación, surgen cuando se viola el mismo precepto legal, pero su consumación se prolonga en el tiempo. Sin embargo, ello no significa que su actualización quede inconclusa por tal prolongación, sino que se realiza, en toda su estructura, al coartarse la libertad del pasivo, tal y como se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 4/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y dos del Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:-‘PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE.’ (se cita). En la ejecutoria que dio lugar al invocado criterio obligatorio, se lee: (se transcribe). Entonces, retomando lo expuesto, son infundados los agravios, porque el tipo penal relativo a la privación de la libertad a que se refiere el artículo 163 del Código Penal para el Distrito Federal, constituye un tipo básico, cuya actualización depende, para su consumación, de que se coarte la libertad deambulatoria de la víctima, con independencia de que el estado de ilicitud generado se prolongue por más o menos tiempo; en consecuencia, para que se actualice alguna de las circunstancias agravantes contenidas en la fracción I del numeral 164 de esa legislación, necesariamente se requiere que éstas sean concomitantes al despliegue de la conducta de consumación, por referirse el legislador a la ‘realización’ del hecho, excluyéndose así la posibilidad legal de asimilar la expresión ‘en un domicilio particular’, con lo que coloquialmente se conoce como ‘casa de seguridad’, como esgrime la recurrente. Afirmar lo contrario implicaría que, a pesar de consumado el hecho, el delito en comento aun no se realiza, es más, ello permitiría considerar que si la víctima, una vez privada de su libertad, es trasladada por sus agresores del lugar en el que estaba a otro en un automóvil, también concurriría la calificativa de realizar el secuestro a bordo de un vehículo, lo que trastocaría, precisamente, el momento consumativo del evento y, por ende, se permitiría estructurarlo parcialmente, según vayan sucediendo los acontecimientos, a fin de incorporar alguna de las indicadas agravantes, cuando en los delitos permanentes lo que se prolonga son sus efectos, es decir, el estado o situación contraria a derecho que deriva de la realización de todos sus elementos en un momento determinado, y que en el caso fue cuando los intervinientes interceptaron al pasivo antes de abordar su automotor, privándolo desde ese momento de su libertad personal. En abundamiento, si las circunstancias agravantes se sustentan en que además del bien jurídico tutelado, se pretende salvaguardar algún otro, o bien, destacar una forma especial de afectación, como se expuso en párrafos precedentes, es inconcuso que la fracción I del artículo 164 del Código Penal para el Distrito Federal alude necesariamente al lugar en el que se encuentra la víctima al momento en que es privada de su libertad, dado que se considera debe protegérsele, con mayor rigor, cuando está en un domicilio particular, en un centro de trabajo o en un vehículo, por estimar que en esos lugares las personas deben contar con una especial seguridad. Por tanto, el a quo, en forma diversa a lo afirmado por la revisionista, sí apreció correctamente al acto reclamado, a la luz de los medios de convicción que se tuvieron a la vista para su emisión. Al ser infundados los agravios, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder al peticionario de garantías el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos precisados en la sentencia recurrida. ..."

CUARTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

De igual modo, con base en dicho criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)

Tomando en cuenta lo anterior, en la especie sí existe contradicción de criterios, entre los emitidos por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, ambos del Primer Circuito, por las razones que se exponen a continuación:

Los tribunales anteriormente referidos analizaron asuntos en los que se examinó si se actualizaba la agravante prevista en el artículo 164, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal.

Por un lado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que se actualizaba la agravante prevista en el artículo 164, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, ya que el delito penal de que se trata, se clasifica como permanente, por lo que se consuma al momento de detener ilegalmente a la víctima y dura todo el tiempo que la privación de la libertad se prolongue hasta que el bien jurídico se le reintegre plenamente, siendo irrelevante el lugar en el que la víctima es materialmente privada de su libertad, al estar demostrado que después de ello los activos lo introdujeron a un automóvil en el que lo privaron de la libertad; mientras que, por el otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo que para que se actualice alguna de las circunstancias agravantes previstas en el artículo 164, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, necesariamente se requiere que éstas sean concomitantes al despliegue de la conducta de consumación, por referirse el legislador a la "realización" del hecho, y que además en los delitos permanentes lo que se prolonga son sus efectos, es decir, el estado o situación contraria a derecho que deriva de la realización de todos sus elementos en un momento determinado, y que en el caso fue cuando los intervinientes interceptaron al pasivo, privándolo desde ese momento de su libertad, por lo que sí es relevante el lugar en el que se encuentre la víctima al momento de ser privada de su libertad, aunado a que se considera que debe protegérsele con mayor rigor cuando está en un domicilio particular, en un centro de trabajo o en un vehículo, por estimar que en esos lugares las personas deben contar con una especial seguridad.

Según se aprecia, existe contradicción de criterios entre los tribunales contendientes, relativa a si tratándose del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y de secuestro exprés ¿Para considerar actualizada la circunstancia agravante prevista en el artículo 164, fracción I, del Código Penal del Distrito Federal, resulta relevante el lugar en el que se encuentre la víctima al momento de ser privada de su libertad o si, por el contrario, el lugar en el que se encuentre resulta irrelevante y dichas circunstancias se actualizan en donde se haya continuado el delito?

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que los criterios en contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(5)

Sin que sea óbice a lo anterior, que se trate de dos tipos penales distintos (secuestro y secuestro exprés) los que se imputaban a los quejosos en los amparos de los que surgieron las contradicciones de tesis, pues en el punto de contradicción se aplica y se analiza un solo precepto, el artículo 164, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, pero que atañe a ambos tipos penales.

QUINTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones que enseguida se expresan:

Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si, tratándose del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y de secuestro exprés ¿Para considerar actualizada la circunstancia agravante prevista en el artículo 164, fracción I, del Código Penal del Distrito Federal, resulta relevante el lugar en el que se encuentre la víctima al momento de ser privada de su libertad o si, por el contrario, el lugar en el que se encuentre resulta irrelevante y dichas circunstancias se actualizan en donde se haya continuado el delito?

En primer término, es importante precisar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el delito de privación de la libertad se integra en todos sus elementos, constituidos desde el momento mismo en que se lesiona la libertad del individuo, al evitar el libre actuar del sujeto pasivo, siendo el elemento distintivo del deli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24075-cb344597/privacion-ilegal-de-la-libertad-en-sus-modalidades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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