Corpus
Modo: Corpus Pro

DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO. EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL LO PROTEGE CON MAYOR AMPLITUD QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES AL ESTABLECER QUE SÓLO LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PODRÁ IMPONER COMO PENA A LOS PARTICULARES LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS FORZADOS U OBLIGATORIOS, PERMITE UNA MENOR INTERFERENCIA ESTATAL A SU EJERCICIO QUE ÉSTA, LA CUAL TAMBIÉN FACULTA A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA A IMPONERLOS COMO SANCIÓN A LA INFRACCIÓN DE UN REGLAMENTO GUBERNATIVO O DE POLICÍA. (Mayoría de seis votos, con las salvedades del señor Ministro José Fernando Franco González Salas; los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor del sentido de la resolución pero por razones distintas, y los señores Ministros Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra) PARÁMETRO DE CONTROL DE LA REGULARIDAD DE LAS NORMAS PREVISTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL. NO DETERMINA EX ANTE UN CRITERIO DE JERARQUÍA ENTRE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES, SINO LA APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR QUE FAVOREZCA, EN CADA CASO CONCRETO, LA MAYOR PROTECCIÓN PARA LAS PERSONAS. (Mayoría de seis votos, con las salvedades del señor Ministro José Fernando Franco González Salas; los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor del sentido de la resolución pero por razones distintas, y los señores Ministros Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra) TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD EN EL ESTADO DE YUCATÁN. LOS ARTÍCULOS 72, FRACCIÓN V, Y 73, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y EL CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y TABACO DE LA ENTIDAD, AL ESTABLECERLO COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA, SON CONTRARIOS A LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA, QUE SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO SEGUNDO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, INTERPRETADO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, 2 DEL CONVENIO NÚMERO 29 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO RELATIVO AL TRABAJO FORZOSO Y OBLIGATORIO Y 6 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. (Mayoría de seis votos, con las salvedades del señor Ministro José Fernando Franco González Salas; los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor del sentido de la resolución pero por razones distintas, y los señores Ministros Luis María Aguilar Morales y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia votaron en contra)

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2007. · Registro digital (IUS): 24098
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Pág. 489.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2007. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE FEBRERO DE 2012. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: RAÚL M. MEJÍA GARZA Y LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de febrero de dos mil doce.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado el nueve de julio de dos mil siete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora Icaza, en su carácter de procurador general de la República promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, emitida y promulgada por el Congreso y gobernador de dicho Estado, respectivamente, publicada en el Diario Oficial de la entidad el ocho de junio de dos mil siete. Dichos preceptos establecen lo siguiente:

"Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Salud la imposición de sanciones por la comisión u omisión de los supuestos previstos en las fracciones IV, VI, IX, X, XII y XIII del artículo 68 de esta ley, y que serán las siguientes:

"...

"V. Al padre o tutor responsable que incumpla lo previsto en la fracción XII del artículo 68, será acreedor de una amonestación con apercibimiento, en caso de reincidencia dentro de un período de un año, será acreedor a la realización de trabajos en favor de la comunidad.

"Serán considerados en esta ley como trabajos en favor de la comunidad, los que se realicen para la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo hasta en 100 jornadas, en horarios distintos al de las laborales que representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder a la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad que la Secretaría de Salud determine;

"Artículo 73. Corresponde a la Secretaría de Salud y al Juez calificador municipal, y a falta de éste, al presidente municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, la imposición de sanciones por la comisión u omisión de los supuestos previstos en las fracciones V, VII, VIII, XI y XIV del artículo 68 de esta Ley, que serán las siguientes:

"...

"V. A quien o quienes incumplan lo señalado en la fracción XIV del artículo 68, se le impondrá una multa de entre 20 hasta 300 veces el salario mínimo, en caso de reincidencia se le impondrá como sanción la realización de trabajos a favor de la comunidad."

SEGUNDO. El promovente de esta acción estima que las disposiciones legales impugnadas son violatorias de los artículos 5o., 16, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. En sus conceptos de invalidez, el procurador general de la República argumenta lo siguiente:

1. Las disposiciones impugnadas facultan a autoridades administrativas para imponer una sanción consistente en obligar a los infractores a la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales. Lo anterior contraviene el artículo 21 de la Ley Fundamental, que señala que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, máxime que la propia Constitución, en relación con su artículo 18 distingue entre la imposición de penas, que corresponde constitucionalmente a la autoridad judicial, y la ejecución, a través de la autoridad administrativa.

Igualmente transgrede el artículo 5o. de la Carta Magna que establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Es decir, para que una persona sea obligada a prestar un servicio personal es necesario que, mediante un proceso, se emita una resolución dictada por autoridad judicial, donde califique, primero, al enjuiciado como responsable de una conducta ilícita y, segundo, establezca como pena la obligación de prestar un servicio a favor de la comunidad.

De acuerdo con los artículos 28 y 69 del Código Penal para el Estado de Yucatán, los trabajos a favor de la comunidad son considerados como una sanción o medida de seguridad, la cual puede ser impuesta como sustitución de penas o de manera autónoma por la comisión de actos ilícitos tipificados como delitos. De ahí que la prestación de servicios personales a la sociedad no puede ser impuesta para reprimir una falta administrativa, pues esa potestad está reservada a la rama judicial, lo cual se traduce en una garantía de seguridad a favor de los individuos, además de las de imparcialidad y seguridad jurídica que son consecuencia del ejercicio de la función jurisdiccional.

Los trabajos a favor de la comunidad establecidos el ordenamiento impugnado no cumplen con el principio de individualización de la pena, pues independientemente de la gravedad del hecho o los daños, siempre se aplicará la sanción de cien jornadas, sin que exista un rango entre mínimos y máximos.

2. El Congreso del Estado de Yucatán, al facultar a las autoridades administrativas a imponer una sanción que tiene el carácter de pena (que es competencia de la autoridad judicial) se extralimita en sus funciones, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal.

Igualmente, ello violenta lo dispuesto por el artículo 133 del Máximo Ordenamiento del País, pues pretende ubicarse por encima de la Carta Magna.

CUARTO. Mediante proveído de diez de julio de dos mil siete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 155/2007 y, por razón de turno, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas para que actuara como instructor en el procedimiento.

Por auto de once de julio de dos mil siete, el Ministro instructor admitió la acción relativa, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO. Las autoridades emisora y promulgadora de las normas generales impugnadas, al rendir sus informes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

Poder Legislativo del Estado de Yucatán, a través de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado:

1. La ley en análisis no quebranta la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que para su aprobación se observaron las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, previstas en la Constitución del Estado de Yucatán y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, por lo cual fundó y motivó el decreto que contiene los preceptos combatidos.

2. La facultad sancionadora en materia administrativa no se limita a la multa y al arresto.

Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán (gobernador constitucional):

La acción de inconstitucionalidad es improcedente en cuanto a quien suscribe este informe, pues la promulgación y publicación de la ley impugnada se realizó en cumplimiento a una obligación que debe realizar el gobernador constitucional.

SEXTO. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO. El asunto se sometió a consideración del Tribunal Pleno y en sesión de cuatro de octubre de dos mil diez, se decidió el returno del asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto correspondiente.

OCTAVO. En sesión de veintiuno de junio de dos mil once, el asunto se sometió nuevamente a consideración del Tribunal Pleno, el cual quedó en lista para verse en la sesión del veintitrés siguiente. En dicha sesión, a propuesta del Ministro presidente, el Tribunal Pleno acordó continuar el análisis del asunto en la sesión subsiguiente. En sesión del Tribunal Pleno de veintisiete de junio de dos mil once se decidió returnar el asunto al señor Ministro que correspondiera, conforme el turno que se lleva en la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de este Alto Tribunal.

NOVENO. Por acuerdo dictado por el presidente de esta Suprema Corte de veintinueve de junio de dos mil once, se decidió returnar el asunto al señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

DÉCIMO. En la sesión de siete de febrero de dos mil doce, el Tribunal Pleno desecho la propuesta presentada y, conforme al turno correspondiente, designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del engrose.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán,y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. En primer lugar se analizará si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el cómputo del plazo de treinta días naturales para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada, con la salvedad de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, el decreto por el que se dieron a conocer los preceptos impugnados fue publicado en el Diario Oficial de la Entidad el ocho de junio de dos mil siete. Por tanto, el plazo para ejercer esta vía inició el nueve de junio y concluyó el ocho de julio de dos mil siete, pero por ser inhábil (domingo), la demanda podía presentarse el primer día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 60 antes referido (nueve de julio de dos mil siete).

Toda vez que el oficio de la acción de inconstitucionalidad se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el nueve de julio de dos mil siete según se advierte de la certificación que obra al reverso de la foja dieciocho de autos, es evidente que su presentación fue oportuna.

TERCERO. Legitimación. A continuación se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Eduardo Medina Mora Icaza en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por parte del presidente de la República.

De acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal,(2) si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, el procurador general de la República cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior la tesis de jurisprudencia número P./J. 98/2001,(3) de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."

CUARTO. Improcedencia. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, al rendir su informe, sostiene que la presente acción de inconstitucionalidad es improcedente en cuanto a dicha autoridad se refiere, porque al promulgar y publicar la ley impugnada sólo cumplió con la obligación que le imponen distintos ordenamientos de la entidad, guardando las formalidades que señalan las normas de la materia. Por ello considera que tales actos no vulneran los artículos 5o., 16 y 21 de la Constitución Federal.

Sobre el particular, debe señalarse que el extremo hecho valer por la autoridad referida como una improcedencia, en el sentido de que sólo cumplió con las disposiciones jurídicas relativas al proceso legislativo de la ley impugnada -en el ámbito de su competencia-, no encuentra cabida en alguna de las causales que al efecto se prevén por el artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, al cual remite el diverso artículo 65 del citado ordenamiento, en materia de acciones de inconstitucionalidad.(4)

En cambio, el artículo 61, fracción II, de la ley referida dispone que en la demanda por la que se ejercita la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativos y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado las normas generales impugnadas; en tanto que el artículo 64, primer párrafo, del citado cuerpo legal, señala que el Ministro instructor dará vista a los órganos legislativos que hubieren emitido la norma y al órgano ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de quince días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

De este modo, lejos de actualizarse una causa de improcedencia por el hecho de que el gobernador del Estado de Yucatán se limitó a cumplir con su obligación de promulgar y ordenar la publicación de la ley tildada de inconstitucional, a dicho Ejecutivo Local debe darse vista en términos de ley para que rinda el informe señalado, por tener injerencia en el proceso legislativo que dio origen a la norma general impugnada.

En consecuencia, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, ya que la inejercitabilidad de la acción no depende de que cumpla con las obligaciones que le imponen las disposiciones regulatorias de sus funciones y atribuciones. En apoyo a la decisión se invoca la jurisprudencia P./J. 38/2010(5) del Tribunal Pleno que establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho Poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

Al no advertirse la actualización de otra causa de improcedencia o algún motivo de sobreseimiento, se procede al estudio de los conceptos de invalidez que hace valer el accionante.

QUINTO. Estudio de fondo. Se controvierte la constitucionalidad de los artículos 72, fracción V, y 73, fracción V, de la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán, que establecen una sanción administrativa por reincidencia, consistente en trabajos a favor de la comunidad,al padre o tutor responsable que desatienda los programas terapéuticos de sus hijos; y, a quienes impidan u obstaculicen la realización de actos que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley, conforme a lo previsto en el artículo 68, fracciones XII y XIV, del referido ordenamiento. Dichos preceptos disponen: Ver votación

"Artículo 72. Corresponde a la Secretaría de Salud la imposición de sanciones por la comisión u omisión de los supuestos previstos en las fracciones IV, VI, IX, X, XII y XIII del artículo 68 de esta Ley, y que serán las siguientes:

"...

"V. Al padre o tutor responsable que incumpla lo previsto en la fracción XII del artículo 68, será acreedor de una amonestación con apercibimiento, en caso de reincidencia dentro de un período de un año, será acreedor a la realización de trabajos en favor de la comunidad.

"Serán considerados en esta ley como trabajos en favor de la comunidad, los que se realicen para la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se llevará a cabo hasta en 100 jornadas, en horarios distintos al de las laborales que representen la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder a la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad que la Secretaría de Salud determine; ..."

"Artículo 68. Para los efectos de esta ley, se sancionará a quien o quienes incurran en las siguientes conductas:

"...

"XII. Al padre o tutor responsable, que desatiendan el programa terapéutico y de rehabilitación, establecido o determinado en favor de sus hijos, pupilos o representados; ..."

"...

"XIV. Impedir u obstaculizar la realización de los actos que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley."

"Artículo 73. Corresponde a la Secretaría de Salud y al Juez calificador municipal, y a falta de éste, al presidente municipal, de acuerdo al ámbito de su competencia, la imposición de sanciones por la comisión u omisión de los supuestos previstos en las fracciones V, VII, VIII, XI y XIV del artículo 68 de esta ley, que serán las siguientes:

"...

"V. A quien o quienes incumplan lo señalado en la fracción XIV del artículo 68, se le impondrá una multa de entre 20 hasta 300 veces el salario mínimo, en caso de reincidencia se le impondrá como sanción la realización de trabajos a favor de la comunidad."

A fin de dar respuesta a los conceptos de invalidez se advierte que éstos pueden distinguirse en relación con las normas constitucionales de las que son violatorias, de acuerdo con la promovente.

1. Infracción a la libertad de trabajo establecida en el artículo 5o., en relación con el 21 constitucionales, porque se faculta a una autoridad administrativa a que imponga como sanción el trabajo a favor de la comunidad, siendo que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial.

2. Los trabajos a favor de la comunidad que establece el ordenamiento impugnado no cumplen con el principio de individualización de la pena, pues independientemente de la gravedad del hecho o los daños, siempre se aplicará la sanción de cien jornadas, sin que exista un rango entre mínimos y máximos.

3. Violación a los artículos 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Congreso del Estado de Yucatán al facultar a las autoridades administrativas a que impongan una sanción que tiene el carácter de pena, se extralimita en sus funciones, contraviniendo lo dispuesto en los artículos mencionados, ya que dicha facultad es competencia de la autoridad judicial.

Una vez que fueron precisados los conceptos de invalidez se procede a su contestación.

Análisis de la violación a la libertad de trabajo (artículos 5o. y 21 constitucionales).

En el primer concepto de invalidez el promovente argumenta que las disposiciones impugnadas son inconstitucionales porque facultan a las autoridades administrativas para imponer una sanción como pena, consistente en obligar a los infractores a la realización de trabajos en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales. Considera que ello contraviene el artículo 21 de la Constitución Federal que señala que la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial.

En este sentido, sostiene que no puede considerarse a las penas y a las sanciones administrativas como sinónimos, pues el artículo 18 de la propia Constitución distingue entre imposición de penas (que corresponde constitucionalmente a la autoridad judicial) y su ejecución (a través de la autoridad administrativa).

Igualmente, la accionante afirma que las normas impugnadas transgreden el artículo 5o. de la Carta Magna, que establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Es decir, considera que para que una persona pueda ser obligada a prestar un servicio personal es necesario que, mediante un proceso, se emita una resolución dictada por una autoridad judicial que califique, primero, al enjuiciado como responsable de una conducta ilícita y, segundo, establezca como pena la obligación de prestar un servicio a favor de la comunidad.

A fin de dar contestación al primer argumento, esta Suprema Corte de Justicia advierte que debe responderse a la siguiente pregunta: ¿es contrario a la libertad de trabajo que las autoridades administrativas impongan como sanción a los particulares la realización de trabajos a favor de la comunidad?

Para dar respuesta a la pregunta anterior debe explicarse lo que las disposiciones constitucionales establecen en relación con la libertad de trabajo, para después realizar el contraste respectivo. En este entendido, se tiene en primer lugar, que el artículo 123, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.(6) En segundo lugar, que en relación con tal derecho, el artículo 5o. de la Ley Fundamental establece que:

"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

"La ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

"Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. ..."

En lo que se refiere a esta acción de inconstitucionalidad, el tercer párrafo del artículo transcrito establece que no puede obligarse a las personas a realizar un trabajo personal sin retribución y sin su consentimiento. De igual manera, establece que se exceptúan de tal prohibición los trabajos personales que las autoridades judiciales impongan a los particulares como penas, mismas que deberán ajustarse a lo establecido en las fracciones I y II del artículo 123 constitucional: una jornada máxima de ocho horas (fracción I) o de siete horas en caso de ser nocturno; quedando prohibidas las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche de los menores de dieciséis años (fracción II).

De lo anterior se desprende, como lo sostiene la accionante, que ese artículo constitucional únicamente faculta a las autoridades jurisdiccionales para imponer tales sanciones a los particulares. Sin embargo, ello no puede llevar a este Tribunal Pleno a declarar automáticamente que el primero de sus argumentos resulte fundado, pues debe atenderse a todo el marco constitucional que se refiere a la libertad de trabajo, aun cuando no haya sido planteado por la accionante. Lo anterior parte de la concepción que la norma constitucional no es un conjunto de normas aisladas, sino un cuerpo normativo que debe ser analizado de manera integral y sistemática para lograr su pleno sentido.

De igual manera, debido a que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto de constitucionalidad, este tribunal ha determinado que, al hacer el análisis o estudio de validez respectivo, hay que atender al marco constitucional que se encuentre vigente y no limitarse al estudio de las normas que lo estuvieran al momento en que la accionante realizó la impugnación.(7)

Es por ello que debemos tomar en cuenta que con posterioridad a la promoción de la presente acción fueron realizadas dos reformas constitucionales que resultan relevantes para la resolución del asunto.

La primera se refiere a la que modificó el cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, a fin de que estableciera lo siguiente:

"Artículo 21. ...

"Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. ..."

De la lectura del artículo transcrito se advierte que su reforma está intrínsecamente relacionada con el análisis que esta Suprema Corte realice para determinar la constitucionalidad de las normas impugnadas, pues genéricamente faculta a las autoridades administrativas para imponer como sanción a los particulares la realización de trabajos a favor de la comunidad.

Es decir, a partir de esta primera reforma se advierte que nuestro marco constitucional relacionado con la libertad de trabajo, quedaría establecido de la siguiente manera: nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo que ocurra alguna de las siguientes excepciones: primera, que este trabajo sea impuesto como pena (establecida en la ley) por una autoridad judicial en las condiciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 123 (artículo 5 constitucional); y segunda, cuando sea impuesto un trabajo a favor de la comunidad como sanción por una autoridad administrativa, como consecuencia a la infracción de un reglamento gubernativo y de policía (cuarto párrafo del artículo 21 constitucional).

Así, tras la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que la Constitución Federal establece excepciones a la libertad de trabajo, para que tanto las autoridades jurisdiccionales como las administrativas puedan imponer, como sanción, ciertos trabajos a los particulares en las condiciones que ya han sido descritas.

La segunda de las reformas que debe ser tomada en cuenta para determinar la validez de las normas impugnadas es la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, por virtud de la que fueron reformados diversos artículos de la Constitución Federa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24098-1741be40/derecho-humano-a-la-libertad-de-trabajo-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.