Corpus
Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA EN LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE SU INICIO Y DEL MONTO DE SU CUANTÍA, POR NO SER APLICABLE, EN CUANTO A ESE ASPECTO, LA REFORMA AL ARTÍCULO 691 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 663/2012. · Registro digital (IUS): 24159
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Pág. 1893.

AMPARO DIRECTO 663/2012. 11 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. PONENTE: IVAR LANGLE GÓMEZ, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: ANDRÉS VEGA DÍAZ.

CONSIDERANDO:

ÚNICO. Este Tribunal Colegiado es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, toda vez que la sentencia que se reclama no tiene el carácter de definitiva en términos de lo dispuesto por los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo.

A efecto de evidenciar lo anterior, se considera necesaria una breve relación de constancias.

De las actuaciones que motivan la formación del presente expediente, las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que ********** y **********, promovieron demanda de garantías en contra de la sentencia definitiva dictada el siete de agosto de dos mil doce, por el Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, en los autos del juicio especial hipotecario seguido por **********, en su carácter de apoderada de **********, en contra de los propios quejosos, expediente número **********.

Ahora bien, teniendo a la vista las constancias del juicio antes referido, las cuales también merecen plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos ya mencionados, se aprecia que mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil once, **********, en su carácter de apoderada de **********, demandó en la vía especial hipotecaria de **********, las prestaciones que a su derecho convinieron.

Seguido el juicio en sus trámites correspondientes, el siete de agosto de dos mil doce, el Juez natural dictó sentencia definitiva en la que determinó procedente la vía instaurada, en la que la actora probó su acción y los demandados se constituyeron en rebeldía, por lo que los condenó al pago de las prestaciones reclamadas.

Siendo éste el acto reclamado en la presente demanda de amparo.

Por otro lado, resulta también necesario hacer cita de los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 44, 46, párrafos primero y segundo, 47, párrafo tercero y 158 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio."

"Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."

"Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia."

"Artículo 47. ... Si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un Juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda, con sus anexos, al que corresponda su conocimiento, y el Juez designado en este caso por el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de un Juzgado de Distrito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si el Juzgado de Distrito no pertenece a la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, podrá plantearse la competencia por razón del territorio, en los términos del artículo 52."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

"Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: ... c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y ..."

De los preceptos legales transcritos, se advierte:

1. Los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido en contra de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio

2. Para los efectos anteriores, y en lo que interesa para este juicio de garantías, por sentencia definitiva, se debe entender aquella que decida el juicio en lo principal y respecto de la cual no exista medio de defensa alguno a través del cual pueda ser revocada o modificada o la dictada en primera instancia cuando las partes hubieran renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios procedentes, siempre y cuando la ley ordinaria permita esa renuncia.

3. En el supuesto de que un Tribunal Colegiado de Circuito reciba un juicio de garantías que sea competencia de un Juez de Distrito, el primero debe declarar su incompetencia legal y remitir la demanda respectiva con todos sus anexos al Juez que estime competente.

Ahora bien, este tribunal considera que, en el caso concreto, la sentencia de primer grado que constituye el acto reclamado, no es una sentencia definitiva en términos del artículo 46 de la Ley de Amparo y, por ende, se carece de competencia legal para conocer de la presente demanda de garantías.

En la especie, como ya se vio, de los autos del juicio natural se advierte que la actora ejercitó su acción en la vía hipotecaria, que es una vía especial o privilegiada, regulada en el capítulo III del título séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Los preceptos específicos que la regulan son los 468, 469, 470, 471, 473, 476, 477, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 y 488 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen el procedimiento que se sigue una vez que se presenta el escrito de demanda, señalando los plazos del juicio y las características del mismo.

Dichos artículos son del tenor siguiente:

"Artículo 468. Se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien, el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice. Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponda en los términos de la legislación común, y registrado en el Registro Público de la Propiedad y que sea de plazo cumplido, o que éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 469. Procederá el juicio hipotecario sin necesidad de que el contrato esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, cuando: I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo; II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado, y III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."

"Artículo 470. Presentado el escrito de demanda, acompañado del instrumento respectivo, el Juez, si encuentra que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, admitirá la misma y mandará anotar la demanda en el Registro Público de la Propiedad y que se corra traslado de ésta al deudor y, en su caso, al titular registral del embargo o gravamen por plazo inferior a que se refiere la fracción III, del artículo anterior, para que dentro del término de quince días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que no podrán ser otras que: I. Las procesales previstas en este código; II. Las fundadas en que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo; III. Falta de representación, de poder bastante o facultades legales de quien haya suscrito en representación del demandado el documento base de la acción; IV. Nulidad del contrato; V. Pago o compensación; VI. Remisión o quita; VII. Oferta de no cobrar o espera; VIII. Novación de contrato, y IX. Las demás que autoricen las leyes. Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII sólo se admitirán cuando se funden en prueba documental. Respecto de las excepciones de litispendencia y conexidad sólo se admitirán si se exhiben con la contestación las copias selladas de la demanda y contestación de ésta o de las cédulas del emplazamiento del juicio pendiente o conexo, o bien la documentación que acredite que se encuentra tramitando un procedimiento arbitral. El Juez bajo su más estricta responsabilidad revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autorizan, o aquéllas en que sea necesario exhibir documento y el mismo no se acompañe, salvo los casos a que se refieren los artículos 95 y 96 de este código. La reconvención sólo será procedente cuando se funde en el mismo documento base de la acción o se refiera a su nulidad. En cualquier otro caso se desechará de plano. Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare término de gracia para el pago o cumplimiento de lo reclamado, el Juez dará vista al actor para que, dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el Juez resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes."

"Artículo 471. Tanto en la demanda como en la contestación a la misma, en la vista que se dé con ésta a la actora, y en su caso en la reconvención y en la contestación a ésta, las partes tienen la obligación de ser precisos, indicando en los hechos si sucedieron ante testigos, citando los nombres y apellidos de éstos y presentando todos los documentos relacionados con tales hechos. En los mismos escritos, las partes deben ofrecer todas sus pruebas, relacionándolas con los hechos que se pretendan probar. En el caso de que las pruebas ofrecidas sean contra la moral o el derecho, sobre hechos que no han sido controvertidos por las partes, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o no se hayan relacionado con los mismos, el Juez las desechará. Las pruebas que se admitan se desahogarán en la audiencia. Salvo el caso de allanamiento total a la demanda, en que el Juez citará para sentencia definitiva, con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor para que manifieste lo que a su derecho convenga, hecho lo cual o transcurrido el plazo para ello, se señalará fecha para la celebración de la audiencia que deberá fijarse dentro de los veinticinco días siguientes. Si hubiere reconvención se correrá traslado de ésta a la actora principal para que la conteste dentro de los nueve días siguientes y en el mismo proveído, dará vista por tres días con las excepciones opuestas para que manifieste lo que a su derecho convenga. Contestada la reconvención o transcurrido el plazo para ello, se señalará día y hora para la audiencia dentro del término arriba señalado."

"Artículo 473. Terminada la sección de ejecución se agregará al cuaderno principal del juicio."

"Artículo 476. Si en el título con base en el cual se ejercita una acción hipotecaria se advierte que hay otros acreedores hipotecarios anteriores, el Juez mandará notificarles la existencia del juicio para que manifiesten lo que a su derecho corresponda."

"Artículo 480. Si la finca no se halla en el lugar del juicio, se librará exhorto al Juez de la ubicación, para que ordene la anotación de la demanda como se previene en el artículo anterior."

"Artículo 481. Desde el día del emplazamiento, contrae el deudor la obligación de depositario judicial respecto de la finca hipotecada, de sus frutos y de todos los objetos que con arreglo al contrato y conforme al Código Civil, deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos, siempre que lo pida el acreedor. Para efecto del inventario, el deudor queda obligado a dar todas las facilidades para su formación y en caso de desobediencia, el Juez lo compelerá por los medios de apremio que le autoriza la ley."

"Artículo 482. El deudor que no quiera aceptar la responsabilidad de depositario, entregará desde luego la tenencia material de la finca al actor o al depositario que éste nombre."

"Artículo 483. Las partes deberán ofrecer sus pruebas para acreditar los hechos de su acción o de sus excepciones en los escritos que fijan la controversia, exhibiendo los documentos que tengan en su poder o la copia sellada en que se solicite la expedición de tales documentos que no tuvieran, según ordenan los artículos 96 y 97 de este ordenamiento. Las pruebas admitidas deberán ser preparadas por las partes, y en consecuencia en la audiencia deberán presentar a sus testigos. En cuanto a la pericial, deberá estarse a lo ordenado en el juicio ordinario en cuanto a dicha prueba. No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir verdad, manifiestan no poder presentar a los testigos, ni obtener los documentos que no tengan a su disposición, el Juez mandará citar a dichos testigos, con el apercibimiento que de no comparecer a declarar, sin justa causa que se los impida, se les impondrá una multa que no será inferior de dos mil pesos ni superior de seis mil pesos, dicho monto se actualizará en los términos del artículo 62, o arresto hasta de treinta y seis horas, y se dejará de recibir tales testimoniales. De igual manera auxiliará al oferente, expidiendo los oficios a las autoridades y terceros que tengan en su poder documentos, apercibiendo a las primeras con la imposición de una sanción pecuniaria, en favor de la parte perjudicada, que no será inferior de dos mil pesos ni superior de seis mil pesos, dicho monto se actualizará en los términos del artículo 62 y que se hará efectiva por orden del propio Juez; y a los segundos con la imposición de un arresto hasta de treinta y seis horas, en la inteligencia de que estos terceros podrán manifestarle al Juez, bajo protesta de decir verdad, que no tienen en su poder los documentos que se le requieren. El Juez debe presidir la audiencia, que se iniciará resolviendo todas las excepciones procesales que existan, los incidentes que hubiere y desahogará las pruebas admitidas y preparadas. Si no se llegaren a desahogar por falta de preparación, se diferirá la audiencia y bajo su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen las pruebas para desahogarse en la fecha que se señale, que no excederá en su fijación de los diez días posteriores y la misma no podrá diferirse nuevamente por ninguna circunstancia, salvo caso fortuito o fuerza mayor. En todo lo no previsto en lo relativo al ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo de las pruebas así como al desarrollo de la audiencia y diferimiento de la misma, se observarán las normas del juicio ordinario. Desahogadas las pruebas, las partes alegarán lo que a su derecho convenga y el Juez dictará la sentencia que corresponda en el término de ocho días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del auto en que se hizo la citación, a menos que se trate de expedientes o pruebas voluminosas, en cuyo caso contará el Juez con un plazo de ocho días más para dictarla."

"Artículo 484. Anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad, no podrá verificarse en la finca hipotecada ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa a la misma finca, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda."

"Artículo 485. Para el avalúo de la finca se observará lo prevenido en el capítulo IV, sección IV del título sexto."

"Artículo 486. Para el remate, se procederá de la siguiente forma: I. Cada parte tendrá derecho de exhibir, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, avalúo de la finca hipotecada, practicado por un corredor público, una institución de crédito o por perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura, los cuales en ningún caso podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio; II. En el caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo referido en la fracción anterior, se entenderá su conformidad con el avalúo que haya exhibido su contraria; III. En el supuesto de que ninguna de las partes exhiba el avalúo dentro del plazo señalado en la fracción I de este artículo, cualquiera de ellas lo podrá presentar posteriormente, considerándose como base para el remate el primero en tiempo; IV. Si las dos partes exhibieren los avalúos en el plazo a que se refiere la fracción I de este artículo y los valores determinados de cada uno de ellos no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista un treinta por ciento de diferencia entre el más bajo y el más alto, en cuyo caso el Juez ordenará se practique nuevo avalúo por el corredor público o la institución bancaria que al efecto señale; V. La vigencia del valor que se obtenga por los avalúos será de seis meses para que se lleve a cabo la primera almoneda de remate. Si entre ésta y las subsecuentes mediara un término mayor de seis meses se deberán actualizar los valores, y VI. Obtenido el valor del avalúo, según el caso que corresponda de acuerdo a las fracciones anteriores, se procederá a rematar la finca en los términos de la sección tercera, del capítulo V del título séptimo de este ordenamiento."

"Artículo 487. Si el Superior revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente el remate, luego que vuelvan los autos al juzgado de su origen, se mandará cancelar la anotación de la demanda en el registro público y en su caso se devolverá la finca al demandado, ordenando al depositario que rinda cuentas con pago en el término que le fije el Juez, que no podrá exceder de treinta días. Si el remate se hubiera ya verificado, se hará efectiva la fianza en la vía de apremio."

"Artículo 488. En el caso de la adjudicación prevista en el segundo párrafo del artículo 2916 del Código Civil, se deberá solicitar avalúo del bien para fijar el precio que corresponda a la cosa en el momento de exigirse el pago, debiéndose aplicar en lo conducente lo señalado en el artículo 486 de este ordenamiento. La venta se hará de la manera que se hubiere convenido, y a falta de convenio, por medio de corredores. El deudor puede oponerse a la adjudicación alegando las excepciones que tuviere, y esta oposición se substanciará incidentalmente. También pueden oponerse a la venta los acreedores hipotecarios posteriores, alegando prescripción de la acción hipotecaria."

Como se observa de los preceptos antes indicados, la única referencia que se hace en tratándose del juicio ejercitado en la vía especial hipotecaria al recurso de apelación, es la contenida en el artículo 487 del código adjetivo citado, conforme al cual se infiere que procede la apelación en contra del fallo de primera instancia que declaró procedente o aprobó el remate; razón por la cual debe entenderse que si el recurso procede en contra de una resolución dictada en la etapa de ejecución, también debe proceder contra la sentencia definitiva de primer grado que resuelva la litis planteada entre las partes, dado que el capítulo de referencia, no excluye expresamente la procedencia del recurso contra otro tipo de determinaciones distintas a la resolución que aprueba el remate.

Lo anterior se corrobora, incluso, del hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 94/2007, en la que si bien es cierto que se abordó el aspecto relativo a la procedencia de la vía especial hipotecaria ante Juez de primera instancia y no ante Juez de Paz; una vez analizadas las normas atinentes al procedimiento hipotecario, también lo es que concluyó, esencialmente, que ese tipo de procedimiento constituye un juicio especial regulado por sus propias normas procedimentales previstas en los artículos 468 a 488, contenidos en el capítulo III del título séptimo del citado código; que en ese sentido y atento al principio de especialidad, del mismo debía conocer un Juez de primera instancia en materia civil, conforme a las reglas del mencionado capítulo y no un Juez de Paz pues, de sostener lo contrario, conllevaría la disminución de las oportunidades de defensa de las partes en tanto que, por un lado, los términos para contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas, son menores que los establecidos en el capítulo relativo a la tramitación y sustanciación del juicio especial hipotecario y, por otro, se restringiría la admisión del recurso de apelación previsto en el artículo 487, en relación con los diversos 688, 689 y 714 del mencionado código.

Dicho criterio se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 5, cuyos rubro y texto disponen:

"ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De los artículos 12, 462 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se advierte que tratándose de créditos garantizados con hipoteca, los acreedores tienen la opción de elegir entre la vías ordinaria, ejecutiva o hipotecaria para intentar su cobro, y que cuando el juicio tenga por objeto, entre otros, el pago o prelación del crédito que garantice la hipoteca, aquél se tramitará en la vía especial hipotecaria; de manera que constituye un juicio especial al encontrarse regulado por sus propias normas procedimentales previstas en los artículos 468 a 488, contenidos en el capítulo III del título séptimo del citado código. En ese sentido y atento al principio de especialidad, se concluye que cuando se intenta la acción hipotecaria para obtener el pago del crédito respectivo, el juicio debe tramitarse en la vía especial ante un Juez de primera instancia en materia civil, conforme a las reglas del mencionado capítulo. Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que el artículo 2o. del título especial, relativo a la Justicia de Paz, de dicho código adjetivo, disponga que los juzgadores de paz en materia civil conocerán de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción, ya que se trata de una regla de competencia por razón de la cuantía, además de que sostener la procedencia de la acción hipotecaria en la vía oral ante el Juez de Paz conllevaría la disminución de las oportunidades de defensa de las partes en tanto que, por un lado, los términos para contestar la demanda, ofrecer y desahogar pruebas son menores que los establecidos en el capítulo relativo a la tramitación y sustanciación del juicio especial hipotecario y, por otro, mientras en esta última vía se admite el recurso de apelación, conforme al artículo 487, en relación con los diversos 688, 689 y 714 del mencionado código, el artículo 23 del aludido título especial establece la irrecurribilidad de las determinaciones de los juzgadores de paz."

Lo anterior evidencia que el Máximo Tribunal ya definió criterio en cuanto a la procedencia del recurso de apelación en general, en contra de las resoluciones emitidas en los juicios tramitados en la vía especial que nos ocupa, sin supeditar su procedencia sólo a las sentencias aprobatorias o desaprobatorias del remate, y estableciendo el fundamento de la misma también en lo dispuesto en los artículos 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Conforme a lo hasta aquí expuesto, se concluye como primer premisa, que el juicio especial hipotecario constituye un procedimiento especial que se encuentra regido por sus propias normas procedimentales, en el cual es procedente el recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas en esa clase de juicios, en los términos de los preceptos aludidos con antelación, de cuyo contenido se aprecia que ninguno de los preceptos en mérito supedita la procedencia de la apelación a aspectos atinentes a la cuantía del asunto.

Al efecto, se transcriben los artículos 688, 689 y 714 del ordenamiento procesal invocado, para corroborar la certeza de la afirmación que antecede, los cuales son del tenor literal siguiente:

"Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior."

"Artículo 689. Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al juicio y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. No puede apelar el que obtuvo todo lo que pidió; pero el vencedor que no obtuvo la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios o el pago de costas, podrá apelar también."

"Artículo 714. En las resoluciones dictadas en los procedimientos y juicios especiales, que fueren apelables conforme a este código, el recurso procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata; salvo lo dispuesto en el artículo 497 de este código. En el mismo efecto devolutivo de tramitación inmediata se substanciarán las apelaciones a que se refiere la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal."

Como se aprecia de los preceptos indicados, los mismos regulan la materia del recurso, el trámite que debe darse a la apelación atendiendo al efecto en que la misma proceda; quiénes pueden y quiénes no pueden apelar; así como los efectos en los que deben admitirse las apelaciones en los procedimientos y juicios especiales y en los juicios de extinción de dominio.

En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado estima que la sentencia de primer grado que se reclama, para efecto del juicio de amparo directo no tiene el carácter de definitiva, toda

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24159-afe44ab5/apelacion-procede-en-contra-de-la-sentencia-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.