APELACIÓN EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. SE RIGE POR LA REGLA GENERAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO CONFORME A LA CUANTÍA DEL NEGOCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 69/2013. SUSCITADA ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: MÓNICA CACHO MALDONADO.
III. Competencia
10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II y III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
11. No pasa inadvertido que por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y el dos de abril de dos mil trece, que entraron en vigor el cuatro de octubre de dos mil once y el tres de abril de dos mil trece, respectivamente, se reformaron, entre otras disposiciones, los artículos constitucional y legales anteriormente citados que disponen que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
12. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
13. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
IV. Legitimación
14. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue interpuesta por la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado que emitió la resolución de uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción II y III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
V. Existencia de la contradicción
15. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado respecto de los criterios sostenidos entre los Tribunales Colegiados Segundo, Tercero, Décimo Primero y Décimo Segundo, todos en Materia Civil del Primer Circuito. Los requisitos para establecer la existencia de tales contradicciones, son:(6)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
16. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
17. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 743/2010, analizó un asunto con las siguientes características:
18. **********, por propio derecho y como representante de **********, promovió demanda de amparo directo contra la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diez, por medio de la cual el Juez Cuadragésimo Noveno en Materia Civil del Distrito Federal, resolvió los autos del juicio especial hipotecario **********, en la cual se consideró procedente la vía especial intentada y se les condenó al pago de diversas prestaciones.
19. El referido Tribunal Colegiado dictó sentencia en sesión de nueve de diciembre de dos mil diez, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del amparo directo, y ordenó su envío a los Juzgados de Distrito, en razón de que la sentencia reclamada no tenía el carácter de definitiva ni de fallo que hubiera puesto fin al juicio, por admitir en su contra recurso de apelación.
20. Las razones que el Tribunal Colegiado consideró para sostener la apelabilidad de la sentencia, fueron las siguientes:
• De acuerdo con la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala, titulada: "ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).",(7) el trámite de la acción hipotecaria debe realizarse ante un Juez de primera instancia -aun cuando conforme a la cuantía del negocio pudiera acudirse a la justicia de paz-, ya que al existir una vía específica para tramitar el juicio debe preferirse ésta, conforme al principio de especialidad.
• Además, porque la vía especial hipotecaria favorece las oportunidades de defensa, ya que los términos son más amplios que los establecidos para los procedimientos tramitados ante un Juez de Paz y las resoluciones dictadas en la primera son apelables de acuerdo con los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; mientras que en los segundos, los fallos son irrecurribles.
• Como la demanda se presentó ante el Juez de primer grado el cinco de agosto de dos mil ocho, la jurisprudencia referida es aplicable, toda vez que en ese entonces estaba vigente el contenido de los artículos interpretados en ésta.
• A mayor abundamiento, también procede el recurso de apelación, dijo el Colegiado, si se atiende a la cuantía del negocio, conforme al artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente en la fecha de interposición de la demanda, según el cual, causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias emitidas en juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales que tengan un valor hasta de sesenta mil pesos, y que conforme a la actualización prevista en el mismo precepto, ascendía a ciento sesenta mil setecientos cinco pesos, cinco centavos, a la fecha de la demanda, de manera que si en el caso se habían reclamado trescientos mil pesos, se superaba la suma fijada para que la sentencia no fuera recurrible.
21. De las anteriores consideraciones derivó la tesis de rubro y texto siguientes:
"APELACIÓN. PROCEDE EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 94/2007, determinó que la acción hipotecaria debe ejercerse en la vía especial ante un Juez de primera instancia y no ante un Juez de Paz. Lo anterior, porque al existir una vía privilegiada debe preferirse ésta y no una diversa. Además, porque la vía especial otorga mayores oportunidades de defensa, precisamente, porque las resoluciones dictadas en la misma son apelables, en términos de lo dispuesto por los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; mientras que las emitidas por un Juez de Paz son irrecurribles. En consecuencia, la sentencia dictada en un juicio especial hipotecario, puede combatirse a través del recurso de apelación, toda vez que la posibilidad de interponer dicho medio impugnativo fue una de las razones para preferir el trámite del juicio en esa instancia."
22. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito recibió una demanda de amparo directo promovido por **********, apoderado legal de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de fiduciario sustituto del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (Fovi), contra la sentencia de quince de agosto de dos mil once, dictada por el Juez Vigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el expediente del juicio especial hipotecario **********. Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil doce, el Tribunal Colegiado registró dicho asunto con el número DC. 467/2012, y determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de garantías, porque la sentencia reclamada no es definitiva ni tiene carácter de fallo que hubiera puesto fin al juicio, al admitir recurso de apelación en su contra, por lo siguiente:
• La sentencia impugnada es reclamable mediante recurso de apelación, al tratarse de un juicio especial hipotecario, en términos de los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.(8)
• No obsta a lo anterior, la cuantía de las prestaciones reclamadas, ya que dicho juicio se tramita en la vía especial ante un Juez de primera instancia en materia civil, conforme a las reglas establecidas en los artículos 468 a 488 del código adjetivo a que se ha hecho referencia, por lo que encuadra en la hipótesis de los artículos invocados en el párrafo anterior. Al efecto, citó la tesis de la Primera Sala: "ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."(9)
23. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 663/2012, analizó un asunto con las siguientes características:
24. ********** y ********** promovieron demanda de amparo directo contra la resolución de siete de agosto de dos mil doce, en virtud de la cual, el Juez Quincuagésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal resolvió los autos del juicio especial hipotecario **********, en el sentido de acoger las prestaciones reclamadas por la actora -**********-, y condenar a los demandados a su pago.
25. El referido Tribunal Colegiado dictó sentencia en sesión de once de octubre de dos mil doce, en la que, por mayoría de votos, declaró no tener competencia para conocer del juicio de amparo, porque la sentencia reclamada admite recurso de apelación en su contra, de manera que no es definitiva ni puso fin al juicio.
26. Las razones que el Tribunal Colegiado consideró para sostener lo anterior, fueron las siguientes:
• Se dice que la única referencia al recurso de apelación en la regulación relativa al juicio especial hipotecario, está en el artículo 487 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual procede dicho recurso contra la sentencia de primera instancia que declaró procedente o aprobó el remate. Por lo que debe entenderse que, si el recurso procede en la etapa de ejecución, también debe admitirse contra la sentencia definitiva que resuelve la litis, pues no hay norma que excluya expresamente la procedencia del recurso contra otro tipo de determinaciones distintas a la que aprueba el remate.
• Para corroborar lo anterior, citó la tesis de jurisprudencia 94/2007, de esta Primera Sala, de rubro: "ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).",(10) en la cual, si bien se abordó el tema de la procedencia de la vía especial hipotecaria ante el Juez de primera instancia y no ante el Juez de Paz, una vez analizadas las normas concluyó que ese tipo de procedimiento está regulado por sus propias normas en el capítulo III del título séptimo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que prevé mejores oportunidades de defensa para las partes, ya que establece términos más amplios y, además, permite apelar contra la sentencia, conforme a los artículos 487, 688, 689 y 714 del mencionado código.
• Dicha tesis implica que la Suprema Corte ya definió criterio sobre la procedencia general del recurso de apelación en contra de las resoluciones emitidas en los juicios hipotecarios, sin limitarlo sólo a las sentencias aprobatorias o desaprobatorias de remate, pues también se fundó en los últimos tres preceptos del capítulo general de apelación.
• Conforme a los cuatro preceptos mencionados, no se supedita la procedencia de la apelación a la cuantía del juicio, sino que se refieren a la materia del recurso, su trámite, la legitimación para apelar, así como los efectos en que procede la apelación en los procedimientos especiales y los de extinción de dominio.
• Aunque hubo un decreto de reforma publicado el diez de septiembre de dos mil nueve, por el que se introdujo en el artículo 691, un criterio de cuantía para determinar la apelabilidad de las sentencias que, inicialmente fue fijado en $********** (**********), y luego se modificó a $********** (**********), de suerte principal, dicha disposición se entiende aplicable a la generalidad de los procedimientos, pero no al juicio especial hipotecario, porque las reglas que lo rigen deben privilegiarse a las generales, y esas reglas especiales sobre la apelabilidad de las sentencias en dicho juicio están en los artículos 487 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
• Asimismo, refirió que tampoco era obstáculo para la determinación anterior, que en la mencionada reforma el legislador haya modificado el contenido del artículo 714 del ordenamiento citado, que prevé la apelación en los juicios especiales, porque el cambio se limitó a establecer que se admitiría en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, así como a incluir los juicios sobre extinción de dominio y excluir los de daños causados con motivo de tránsito de vehículos, pero que no se sujetó a la reforma en general.
• Lo anterior se desprende inclusive de la exposición de motivos que dio lugar a la variación en comento, en la que el legislador se refirió a los procesos orales y ratificó el hecho de que en los juicios especiales -como los hipotecarios-, al haber demostrado la eficacia de su estructura, quedarían incólumes las normas que regulaban su tramitación; por lo cual, el único cambio en cuanto al recurso de apelación en el juicio hipotecario se refiere a su trámite y el efecto en que es admisible.
• De lo que se concluye que lo relativo a la sujeción de la procedencia del recurso a las reglas de cuantía no resulta aplicable a los juicios mencionados, atento al principio de especialidad que debe regir en ese tipo de juicios. Ello, en virtud de que, de considerar lo contrario, se restringirían en el juicio hipotecario los medios de impugnación que se conceden.
27. En iguales términos, el Tribunal Colegiado referido resolvió los amparos directos DC. 687/2012, DC. 813/2012 y DC. 44/2013. Para efecto de apoyar dichas determinaciones, se citó la tesis aislada I.11o.C.14 C (10a.), aprobada por ese propio órgano federal, en sesión de quince de noviembre de dos mil doce, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, página 1924, de rubro y texto siguientes:
"APELACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DICTADA EN LOS JUICIOS PROMOVIDOS EN LA VÍA ESPECIAL HIPOTECARIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE SU INICIO Y DEL MONTO DE SU CUANTÍA, POR NO SER APLICABLE EN CUANTO A ESE ASPECTO, LA REFORMA AL ARTÍCULO 691 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE. Es cierto que mediante decreto publicado el diez de septiembre de dos mil nueve, fue reformado el numeral 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para introducir un requisito de procedibilidad de la apelación para los asuntos de cuantía determinada, supeditándolos a aquellos juicios cuyo monto sea superior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos; en la inteligencia que dicho numeral fue modificado posteriormente por decreto publicado el veinte de septiembre de dos mil doce, únicamente para aumentar el monto de la cuantía estableciendo la cantidad de quinientos mil pesos. Sin embargo, debe indicarse que el aludido numeral constituye una norma general aplicable a la generalidad de los procedimientos civiles; empero no así, al procedimiento especial hipotecario. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que da origen a la jurisprudencia 1a./J. 94/2007, cuyo rubro es: ‘ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’, determinó entre otros aspectos; que las reglas que rigen al juicio especial hipotecario, son normas especiales que deben ser observadas por encima de las disposiciones generales; que en el caso de la apelación en contra de la sentencia definitiva de esos juicios, su regulación se encuentra prevista en los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Ahora bien, de los preceptos aludidos, se aprecia que ninguno de ellos supedita la procedencia del recurso de apelación por aspectos de cuantía del asunto. Además, el hecho de que el legislador en la primera reforma aludida haya modificado el contenido del artículo 714 del ordenamiento en cita, tampoco trajo consigo que la procedencia del recurso se supeditara a aspectos de cuantía del asunto, pues el legislador ordinario sólo introdujo la porción normativa especificando que cuando fueran apelables las resoluciones en los juicios especiales conforme al código (hipotecario, entre otros), el recurso procedería en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo en los casos de la sentencia definitiva en procedimientos de daños causados con motivo del tránsito de vehículos (artículo 497), en cuyo caso, la apelación se admitirá en ambos efectos, así como lo relativo a la apelación en los juicios de extinción de dominio. Así, la reforma al dispositivo, no tuvo por objeto que el medio de impugnación en tratándose de juicios hipotecarios se sujetara a las reglas de la cuantía a que se refiere el artículo 691 del propio ordenamiento, sino que exclusivamente se modificó el aspecto atinente a la forma de tramitación de tales recursos, esto es, en el efecto devolutivo y de tramitación inmediata, que fue uno de los aspectos introducidos en materia de apelación en la reforma aludida, mas no se sujetó la procedencia del medio ordinario de impugnación a la reforma en general, es decir, a la aplicación de todos los cambios surgidos en el capítulo correspondiente, como tampoco lo prevén las normas especiales que regulan la vía especial hipotecaria. Incluso cabe destacar que en la exposición de motivos de dicha reforma, al referirse el legislador a los procesos orales ratificó el hecho de que en los juicios especiales, como los hipotecarios, al quedar demostrada la eficacia de su estructura, permanecieran incólumes las normas que regulan su tramitación; de lo que se concluye que lo único aplicable de las reformas aludidas a esa clase especial de juicios, en cuanto a las reglas generales atinentes a la apelación, fue en cuanto a su forma de tramitación y a los efectos en que ésta se admitía, mas no para limitar o sujetar la procedencia del recurso al monto o cuantía de los juicios. De esta manera, si en el caso no se adecuaron los artículos 487 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para sujetar la apelación a la cuantía indicada en el diverso 691 del propio ordenamiento; entonces, cabe concluir que para la tramitación de la acción especial hipotecaria, únicamente debe atenderse a las reglas especiales y, por ende, que la apelación es procedente contra la sentencia definitiva de primer grado que resuelve el juicio especial hipotecario, sin que para ello se deba atender a la cuantía del asunto."
28. Asimismo, también se transcribió la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo criterio se compartió, y cuyo rubro es el siguiente: "APELACIÓN. PROCEDE EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."(11)
29. Por último, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DC. 834/2012, analizó un asunto con las siguientes características:
30. ********** y **********, por conducto de su apoderado legal, promovieron demanda de amparo directo contra la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil doce, por medio de la cual el Juez Septuagésimo de lo Civil del Distrito Federal, resolvió los autos del juicio especial hipotecario **********, en la cual se consideró procedente la vía especial intentada y se les condenó al pago de diversas prestaciones a favor de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
31. El referido Tribunal Colegiado dictó sentencia en sesión de diecisiete de enero de dos mil trece, en la que se declaró legalmente competente para conocer del amparo, es decir, estimó que la resolución reclamada sí tiene carácter de definitiva, porque en su contra no procede recurso alguno.
32. Las razones que el Tribunal Colegiado consideró para estimar irrecurrible la sentencia de primera instancia, materia del juicio, fueron las siguientes:
• Para la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones emitidas en el juicio hipotecario deben observarse las reglas generales establecidas en los artículos 688, 689 y 691 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, porque en las normas específicas de dicho juicio no hay regulación especial sobre los recursos, con excepción del artículo 487 del mismo ordenamiento, que se refiere únicamente a la sentencia que aprueba el remate.
• Así, conforme al artículo 691 mencionado, se limitó la procedencia del recurso de apelación por razón de la cuantía y, en el caso, el asunto no rebasa el importe fijado en ese precepto como umbral para la admisión del recurso. Dicha norma es aplicable conforme a la vigencia correspondiente a la fecha de presentación de la demanda.
33. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada, como se verá a continuación:
34. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene que las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal sobre la procedencia del recurso de apelación por razón de la cuantía, sí son aplicables a las sentencias emitidas en el juicio especial hipotecario, en tanto que el resto de los tribunales contendientes estimó lo contrario.
35. Cabe señalar que, si bien el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, también se fundó en el criterio de la cuantía para sostener la recurribilidad de la sentencia reclamada en el caso concreto que resolvió con lo cual pareciera admitir la aplicabilidad de ese criterio para evaluar si el fallo admite o no recurso, lo cierto es que tal consideración sólo la hizo a mayor abundamiento y, tan es así, que emitió y publicó una tesis donde no hace esa aclaración, y más bien parece establecer que ese recurso procede siempre contra las sentencias de primera instancia del juicio especial hipotecario y, al efecto, se fundó en las consideraciones hechas en una tesis de esta Primera Sala. Por tanto, cabe incluir en el punto de disenso la tesis de dicho Tribunal Colegiado.
36. Lo anterior muestra que el punto de toque entre los criterios de los Tribunales Colegiados radica en establecer, si la regla general sobre la procedencia del recurso de apelación por razón de la cuantía es aplicable a las sentencias de primera instancia dictadas en el juicio especial hipotecario, o si dicho recurso procede con independencia del importe del negocio.
37. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta: ¿Es aplicable a las sentencias de primera instancia dictadas en el juicio especial hipotecario la regla general sobre la procedencia del recurso de apelación por razón de la cuantía, o dicho recurso procede con independencia del importe del negocio?
VI. Consideraciones y fundamentos
38. Esta Primera Sala considera que debe prevaler, con carácter de jurisprudencia, la tesis de que el juicio especial hipotecario sí se rige por las reglas que determinan la apelabilidad de la sentencia de primera instancia según la cuantía del juicio, conforme a lo siguiente:
39. La cuantía del negocio ha sido tomada en cuenta por el legislador, entre otros efectos, para establecer si la sentencia es recurrible.(12) Y esto se observa en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, desde su emisión en 1932, en el artículo 426, fracción I, en cuyo texto original se estableció que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria, lo cual ocurre con las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no pase de mil pesos.
40. Las reformas que sufrió esa norma hasta la fecha tienen que ver con el monto del importe del negocio, establecido como límite, así como para señalar excepciones. En 1967 se cambió el importe a cinco mil pesos; en 1987, a 182 veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, y se exceptuaron las sentencias dictadas en controversias de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a habitación; en 1996, el cambio fue para establecer que causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias pronunciadas en juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales que tengan un valor de hasta sesenta mil pesos, los demás negocios de jurisdicción contenciosa común o concurrente cuyo monto no exceda de veinte mil pesos, en la inteligencia de que tales montos se actualizarían el primero de enero de cada año, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México y, asimismo, se exceptuaron los interdictos, los asuntos de lo familiar, los reservados a los Jueces del arrendamiento inmobiliario y de lo concursal.
41. En la reforma publicada el diez de septiembre de 2009, el precepto fue modificado para establecer que causan ejecutoria por ministerio de ley, las sentencias dictadas en juicios cuyo monto sea hasta de **********, y que tal suma se actualizaría en términos del artículo 62. Se mantuvo la excepción de los fallos emitidos en interdictos, en juicios de lo familiar y en los relativos a la materia de arrendamiento inmobiliario. En la misma reforma se adicionó el artículo 691, para establecer que la apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a la suma mencionada, como suerte principal, sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda y que debía actualizarse conforme al artículo 62. Es decir, se reprodujo en el capítulo de la apelación la regla sobre el importe del negocio que permitiría recurrir la sentencia.
42. Finalmente, por decreto de reforma publicado el veinte de septiembre de 2012, el artículo 691 se modificó para cambiar únicamente la cuantía para la procedencia de la apelación a quinientos mil pesos, en tanto que el 426, fracción I, también lo fue sólo para hacer la remisión a la suma indicada en el artículo 691, sobre el valor del juicio en que es admisible el recurso de apelación.
43. Esta reseña muestra cómo durante toda la vigencia del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal siempre ha regido el criterio de la cuantía del negocio para estimar cuándo es apelable o recurrible la sentencia emitida en los juicios, si se considera que la sentencia que causa ejecutoria tiene carácter de cosa juzgada y,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24475-94e59a60/apelacion-en-el-juicio-especial-hipotecario-se-rige · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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