COSTAS. MEDIDAS PRECAUTORIAS, PROCEDE SU CONDENA CUANDO SE DECLARA SU IMPROCEDENCIA Y SE ORDENA SU LEVANTAMIENTO POR EL TRIBUNAL DE ALZADA.
AMPARO EN REVISIÓN 261/2012. 30 DE AGOSTO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: INDALFER INFANTE GONZALES. PONENTE: MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES. SECRETARIA: LETICIA JARILLO GAMA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. En el único agravio, la recurrente aduce infracción a los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, por inobservancia y falta de aplicación de los principios de congruencia, exhaustividad y debida motivación y fundamentación.
Cita como apoyo las siguientes tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros:
1. "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS."
2. "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."
En el punto número 1 del único agravio, aduce que el argumento expuesto por el Juez de Distrito en el sentido de que la sentencia reclamada se encuentra apegada a derecho, resulta infundado e inmotivado, porque en el mismo pretende sustentar que las providencias precautorias fueron "improcedentes", en lugar de "revocadas" o "levantadas".
Que es importante dilucidar la diferencia entre providencias precautorias que resultaron: "improcedentes", "revocadas" o "levantadas", pues, es con base en dicha supuesta "improcedencia", que la Sala pretende sustentar la condena al pago de gastos y costas.
Que las providencias precautorias no pudieron resultar "improcedentes", porque para ello hubiera sido necesario que el Juez natural o la Sala así lo hubieran determinado, al resolver sobre la acción de petición de las providencias precautorias o al resolver el recurso de apelación, ya que en ese supuesto, la "improcedencia" se hubiera determinado en el mismo procedimiento de las providencias precautorias.
Que al no haber sido interpuesto el recurso de apelación, ello tuvo como consecuencia que hubieran sido declaradas procedentes por el Juez natural, circunstancia que prevaleció todo el tiempo hasta que fueron revocadas por determinación de este Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de revisión número 370/2011.
Que las providencias precautorias resultaron procedentes desde el diecinueve de febrero de dos mil nueve, fecha en que fueron decretadas, hasta el veintisiete de enero de dos mil doce, en la que fueron revocadas, por lo que el estado de su procedencia se mantuvo durante casi tres años, por lo que resulta ilógico e inmotivado determinar que resultaran improcedentes.
Que la hipótesis normativa prevista en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, no resulta aplicable porque es clara al determinar que la condena en costas es cuando se intenten acciones "improcedentes", y en este caso, las providencias precautorias fueron procedentes por casi tres años.
Que si las providencias precautorias fueron después revocadas con motivo de la resolución de un incidente, ello no significa que no hubieran sido procedentes y que dicha procedencia hubiera surtido plenos efectos legales, lo cual constituye una razón suficiente para que la hipótesis normativa de que las costas aplican cuando las acciones sean "improcedentes", no pueda ser aplicada en el caso.
Que el Juez omitió realizar un análisis exhaustivo del artículo 1084 del Código de Comercio, que hubiera bastado para darse cuenta que efectivamente en el caso no se materializa ninguno de los supuestos que prevé, por lo siguiente:
Que la ley no prevé para el caso de que las providencias precautorias sean revocadas, o incluso, para cuando sean declaradas "improcedentes", que la parte que las hubiera promovido deba pagar costas sino, por el contrario, establece que en caso de que las providencias sean declaradas improcedentes o revocadas, la parte que las promovió debe pagar daños y perjuicios, los cuales, incluso, se garantizan por el promovente, pero de ninguna manera establece que se deban pagar costas.
Que lo anterior resulta obvio y lógico, pues las providencias precautorias constituyen un acto prejudicial, en el cual no interviene la parte contra la cual se declaran y, por tanto, no existe intervención de sus abogados, por consiguiente, no puede existir condena en costas, sino de daños y perjuicios, como lo prevé el Código de Comercio, en sus artículos 1179 y 1182.
Que la sentencia recurrida es incongruente, que dicha incongruencia deriva del hecho de que el Juez de Distrito determina que las costas son los gastos que las partes erogan por la tramitación del proceso respectivo, originadas con motivo del pago de los honorarios del abogado patrono o procurador efectuados a razón de la asistencia jurídica recibida por un profesionista del derecho, que intervino como su abogado patrono o subprocurador, sin embargo, en el caso se está ante unas providencias precautorias que fueron tramitadas sin intervención del demandado y, por tanto, sin intervención de su abogado patrono o procurador, lo que conlleva a determinar que no puede existir una condena en costas en caso de que se declaren improcedentes o revocadas las providencias precautorias.
Que es importante señalar que en el trámite de las providencias precautorias, jamás se determinó o quedó acreditado que hubiera actuado con temeridad o mala fe, por lo que tampoco se surte la hipótesis normativa prevista en el artículo 1084 del Código de Comercio.
Que no es aplicable la fracción I del artículo 1084 mencionado, porque sí presentó pruebas en las providencias.
Que tampoco es aplicable la fracción II, porque no presentó instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados.
Que las fracciones III y IV no son aplicables, y la V tampoco, porque no intentó acción alguna, sino un acto prejudicial, de ninguna manera una acción per se; que aun cuando se pudiera interpretar que inició una "acción improcedente", las providencias precautorias no resultaron improcedentes, sino revocadas.
Estos argumentos son infundados.
En efecto, los artículos 1084, fracción V, 1171, 1172, 1179, 1181, 1182, 1187, 1188, 1189, 1190 y 1191 del Código de Comercio, disponen:
"Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: ... V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes."
"Artículo 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las establecidas en este código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo de la persona en el caso de la fracción I del artículo 1,168, y en el secuestro de bienes en los casos de las fracciones II y III del mismo artículo."
"Artículo 1172. El que pida la providencia precautoria deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida que solicita."
"Artículo 1179. Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo en título ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya porque, entablada la demanda sea absuelto el reo."
"Artículo 1181. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria, se citará a la persona contra quien ésta se pida."
"Artículo 1182. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide; por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen."
"Artículo 1187. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo."
"Artículo 1188. Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se sustanciará por cuaderno separado y conforme a los artículos siguientes."
"Artículo 1189. Reclamada la providencia en escrito de demanda en el que se ofrezcan las pruebas por el tercero, el Juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y en su caso al deudor para que la contesten dentro del término de cinco días, debiendo en su caso, ofrecer las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el Juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha para su desahogo dentro de los quince días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten."
"Artículo 1190. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibirán las pruebas y concluido su desahogo las partes alegarán verbalmente lo que a su derecho convenga, y el tribunal fallará en la misma audiencia."
"Artículo 1191. Si atendido el interés del negocio hubiere lugar a la apelación, ésta se admitirá sólo en el efecto devolutivo y será de tramitación inmediata. Si la sentencia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa fianza que dé la parte que obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno."
Ahora bien, de las constancias que integran el expediente de amparo de origen, las cuales tienen valor probatorio pleno por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte:
Que mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil doce, **********, a través de su representante **********, ocurrió en solicitud del amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los actuarios, ejecutores y/o notificadores adscritos a dicha Sala, así como en contra de actos del Juez Octavo de lo Civil también del Distrito Federal, los cuales hizo consistir en:
La sentencia de quince de febrero de dos mil doce y el auto que la aclara de dieciséis del mismo mes y año, pronunciados en los autos del toca número 714/2011, formado con motivo de la interposición del recurso de apelación que **********, interpuso en contra de la interlocutoria de veintidós de marzo de dos mil once, dictada en los autos de las providencias precautorias 205/2009, promovidas por la empresa quejosa en contra de **********, y su ejecución.
Por otra parte, de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes con justificación, las cuales también tienen valor probatorio pleno por constituir documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 antes invocados, se advierte:
Que mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil nueve, **********, por conducto de su representante **********, promovió providencias precautorias como acto prejudicial, en su modalidad de secuestro de bienes en contra de ********** (fojas 1 a 13 del tomo de copias certificadas número 4).
Por auto de once de febrero de dos mil nueve, se dio entrada a las medidas sin audiencia de la presunta demandada.
En fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, tuvo lugar la celebración de la audiencia señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por el peticionario del otorgamiento de las medidas, a cargo de **********, procediendo el Juez del conocimiento, con posterioridad al desahogo de dicho medio probatorio, a decretar el embargo precautorio a bienes de la empresa **********, en los términos siguientes:
"... se decreta el embargo precautorio a bienes de la empresa **********, suficientes a garantizar el pago hasta por la cantidad de USD $1'229,780.00 (un millón doscientos veintinueve mil setecientos ochenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norte América), o su equivalente en moneda nacional, así como la cantidad de $3'276,063.92 (tres millones doscientos setenta y seis mil sesenta y tres pesos 92/100 M.N.), por lo que como se solicita gírese oficios a Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple (Banorte), BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bancomer), HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC), Scotiabank Inverlat, S.A. (Inverlat), IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero (IXE México), a efecto de que se sirvan al aseguramiento de las cuentas, instrumentos financieros, fondos de inversión e instrumentos bursátiles, los que deberán realizar dentro del término de cinco días debiendo remitir dichas cantidades a este juzgado mediante billete de depósito, y rendir un informe detallado de los movimientos de dichas cuentas de seis meses anteriores a la fecha, con el apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia. Asimismo, se previene a la presunta actora para que dentro del término de tres días exhiba la fianza por la cantidad de cien mil pesos 00/100 M.N., para garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiere ocasionar a la presunta demandada, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1179 del Código de Comercio, quedando subsistente el apercibimiento decretado en el proveído de fecha once de febrero del año en curso, respecto a la presentación de su demanda. Con lo que se da por concluida la presente audiencia ..." (fojas 23 a 24 del tomo de copias certificadas número 4).
Mediante escrito de diez de enero de dos mil once, en la vía incidental, **********, por conducto de su representante legal **********, promovió incidente de reclamación de providencias precautorias, expediente número 205/2009, del Juzgado Octavo de lo Civil del Distrito Federal, consistentes en el embargo precautorio de bienes de la empresa promovente, suficientes para garantizar el pago hasta por la cantidad de USD $1'229,780.00 (un millón doscientos veintinueve mil setecientos ochenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica), o su equivalente en moneda nacional, y la cantidad de $3'276,063.92 (tres millones doscientos setenta y seis mil sesenta y tres pesos 92/100 M.N.), entre otras prestaciones, decretado mediante resoluciones de diecinueve de febrero, nueve de octubre, veintiséis de octubre y tres de noviembre de dos mil nueve, respectivamente, solicitadas por ********** (fojas 1 a 11 del legajo de copias certificadas número 2).
En fecha veintidós de marzo de dos mil once, la Juez Octavo de lo Civil del Distrito Federal resolvió dicho incidente, con estos puntos resolutivos:
"PRIMERO. Ha resultado improcedente el incidente de reclamación de providencias precautorias promovido por **********. SEGUNDO. Notifíquese ..." (foja 193 del tomo de copias certificadas número 2).
Dicha determinación fue impugnada por **********, a través del recurso de apelación, el cual fue admitido en efecto devolutivo de tramitación inmediata, dando lugar a la formación del toca número 714/2011.
En fecha veinte de junio de dos mil diez, la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal resolvió dicho recurso, en cuyos puntos resolutivos declaró inoperantes los agravios expuestos por dicha apelante, y confirmó la sentencia apelada, sin hacer condena al pago de costas en dicha instancia (fojas 223 a 243 del legajo de copias certificadas número 2).
Esta determinación fue impugnada por **********, a través del juicio de amparo indirecto número 604/2011-III, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Dicho expediente fue remitido para su resolución a la titular del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, donde se registró bajo el número 295/2011.
La Juez mencionada pronunció la sentencia correspondiente a dicho juicio de amparo indirecto, misma que fue terminada de engrosar el cinco de octubre de dos mil once, en la que determinó negar a **********, el amparo y protección de la Justicia Federal.
Inconforme con dicha determinación, **********, la impugnó a través del recurso de revisión, el cual dio lugar a la formación del toca número RC. 370/2011, resuelto por este Tribunal Colegiado en ejecutoria de veintisiete de enero de dos mil doce, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, para los efectos siguientes:
"1. La Sala deberá dejar sin efectos la sentencia que constituye el acto reclamado; 2. Enseguida, dictará una diversa resolución en la cual, conforme a los lineamientos del presente fallo, considerará que las testimoniales carecen de valor probatorio pleno para acreditar la necesidad de que se decrete la providencia precautoria, es decir, el temor de que el demandado oculte o enajene sus bienes, por lo que no se dan los requisitos del artículo 1168 del Código de Comercio para la procedencia de las medidas. 3. Resuelva lo que en derecho proceda en el incidente de reclamación" (fojas 187 a 188 del RC. 370/2011).
En cumplimiento de dicha ejecutoria, la Sala responsable pronunció sentencia el quince de febrero de dos mil doce, señalando en la parte final del considerando III, en el considerando IV y en sus puntos resolutivos, lo siguiente:
"En este sentido al resultar improcedente (sic) el incidente de reclamación de providencias precautorias se condena a la promovente **********, a pagar a ********** los gastos y costas generados en primera instancia. IV. Por no actualizarse los supuestos contenidos en el artículo 1084 del Código de Comercio, no ha lugar a realizar especial condena al pago de gastos y costas causados en esta segunda instancia. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y, se; RESUELVE: PRIMERO. Los agravios expuestos por la sociedad mercantil promovente, **********, por conducto de su representante legal, son fundados y suficientes para revocar la sentencia interlocutoria impugnada. SEGUNDO. En consecuencia, se revoca la sentencia interlocutoria recurrida de fecha veintidós de marzo del dos mil once, dictada por la C. Juez Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los autos del juicio ordinario mercantil, promovido por **********, en contra de **********, expediente número **********, para quedar en los siguientes términos: ‘PRIMERO. Ha resultado procedente el incidente de reclamación de providencias precautorias promovido por **********, en donde se considera que las testimoniales rendidas por **********, carecen de valor probatorio pleno para acreditar la necesidad de que se decrete la providencia precautoria, es decir, el temor de que la demandada ********** oculte o enajene sus bienes, por lo que no se dan los requisitos del artículo 1168 del Código de Comercio para la procedencia de las medidas precautorias solicitadas. SEGUNDO. En consecuencia, se revocan las providencias precautorias decretadas mediante resolución de fecha diecinueve (19) de febrero del dos mil nueve (2009), consistente en el embargo precautorio a bienes de la empresa **********, así como el nombramiento del depositario interventor con cargo a la caja de la referida sociedad mercantil demandada; debiéndose restituir las cantidades de dinero embargadas a la misma, por lo que se ordena a **********, que sean puestas a disposición de este juzgado dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que sea ejecutable la presente sentencia con fundamento en la fracción VI del artículo 1079 del Código de Comercio. TERCERO. Se condena a la promovente de las providencias precautorias **********, al pago de los daños y perjuicios ocasionados a **********, con motivo de las providencias precautorias decretadas, consistentes en el interés calculado al tipo legal del seis por ciento anual que devenguen las cantidades que le fueron embargadas a **********, desde que se decretó dicha providencia precautoria y hasta que se le restituyan éstas a calcularse en cantidad líquida en ejecución de sentencia. Con la precisión de que se hará efectiva mediante compensación hasta donde alcance la garantía exhibida por **********, de fecha veinticuatro (24) de febrero del dos mil nueve (2009), mediante billete de depósito expedido por Bansefi, número **********, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) a favor de **********. Lo anterior con fundamento en el artículo 362, primer párrafo, del Código de Comercio, en relación con los artículos (sic) 2117, párrafo segundo, del Código Civil Federal de aplicación supletoria al primero. CUARTO. Al resultar improcedente (sic) el incidente de reclamación de providencias precautorias se condena a la promovente **********, a pagar a **********, los gastos y costas generados en primera instancia. QUINTO. Notifíquese ...’. TERCERO. No se hace condena al pago de gastos y costas en esta segunda instancia." (fojas 121 vuelta a 123 del legajo de copias certificadas número 6).
En proveído de dieciséis de febrero de dos mil doce, se aclaró la sentencia antes referida para establecer que fueron las providencias precautorias las improcedentes y no el incidente de reclamación; por lo que el cuarto resolutivo quedó aclarado del modo siguiente:
"CUARTO. Al resultar improcedente las providencias precautorias se condena a la promovente **********, a pagar a ********** los gastos y costas generados en primera instancia." (foja 126 vuelta del tomo de copias certificadas número 6).
Éstos fueron los actos precisados como reclamados en la demanda de amparo de origen.
Cabe destacar que como se aprecia de los agravios, el único tema a dilucidar en el presente recurso, es la procedencia o no de la condena en costas decretada en contra de la ahora quejosa, dentro de las medidas precautorias que promovió.
Ahora bien, del capítulo XI del título primero del libro cuarto del Código de Comercio, específicamente del artículo 1171 se advierte que las únicas medidas precautorias que se contemplan en la materia mercantil consisten en:
a. El arraigo de la persona, en caso de que exista temor de que se ausente u oculte la persona contra quien debe entablarse o se haya entablado una demanda.
b. El secuestro de bienes, en el caso de que exista temor de que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real, o cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tenga otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que oculte o enajene.
De los antecedentes antes narrados se desprende que mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil nueve, la Juez Octavo de lo Civil del Distrito Federal, concedió a **********, la medida precautoria que solicitó al efecto de ordenar el embargo precautorio de bienes de la empresa **********, hasta por la cantidad de USD $1'229,780.00 (un millón doscientos veintinueve mil setecientos ochenta dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Norteamérica), o su equivalente en moneda nacional, entre otras prestaciones, de lo que se deduce que, en el caso, las medidas decretadas son las referidas en el apartado b.
Ahora bien, de la interpretación armónica de los artículos 1187 al 1191 del Código de Comercio se advierte que el legislador previó como medio ordinario para levantar las medidas precautorias decretadas por el Juez, la reclamación que puede ser promovida por el presunto demandado, en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoria, o bien, por el tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro.
Tal medio ordinario de impugnación es optativo promoverlo, pues también puede ocurrirse al medio extraordinario, que lo constituye el juicio de amparo para su reclamo. Debe tramitarse incidentalmente, debiendo ser resuelto en la audiencia de desahogo de pruebas, en la inteligencia de que la sentencia que se dicte será apelable en el supuesto de que el interés del negocio (cuantía) permita la procedencia de tal recurso.
La medida precautoria es decretada sin intervención o audiencia del presunto demandado, de conformidad con el artículo 1181 del Código de Comercio, conociendo éste de la misma, ya sea en el acto de su ejecución, o bien, en caso de que la diligencia no se entienda con él en lo personal o con su representante legítimo, cuando se le notifique la resolución en la cual se decretó.
Por consiguiente, la forma ordinaria de obtener su levantamiento, sea por improcedencia de la medida o por alguna otra razón, es a través del incidente de reclamación, a través del cual se tendrá apersonado al presunto demandado a las medidas precautorias.
En ese orden de ideas, a criterio de este Tribunal Colegiado, resulta inexacto lo que alega la parte recurrente en el sentido de que el presunto demandado pudo ocurrir directamente en apelación para obtener la revocación del auto que decretó la medida precautoria en contra de sus bienes, y que sólo a través de tal recurso puede resultar improcedente la medida decretada; pues en términos de lo dispuesto por el artículo 1191 del Código de Comercio, la apelación resulta procedente si el interés del negocio lo permite, pero en tratándose del presunto demandado, sólo en contra del fallo que se dicte para resolver el incidente de reclamación de las medidas precautorias y no directamente contra el auto que las decreta; de otra forma no tendría ningún objeto prever el incidente de reclamación para obtener su levantamiento.
De ahí lo infundado del argumento correlativo.
Por otra parte, si bien es cierto que el objeto de la reclamación es levantar la medida precautoria, también lo es que el recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia dictada en la reclamación cuando no concede la razón al reclamante; sin embargo, tal levantamiento, cuando se logra con motivo de que no fueron satisfechos los requisitos necesarios para decretarla en forma legal, evidentemente trae inmersa la improcedencia de la medida por la falta de requisitos para obsequiarla y ejecutarla.
Se estima lo anterior, porque de lo dispuesto por el artículo 1172 del Código de Comercio, se advierte que el actor que pide el otorgamiento de una providencia precautoria debe acreditar dos cuestiones:
1. El derecho que tiene para gestionar.
2. La necesidad de la medida que solicita.
Ahora bien, si el promovente de las medidas precautorias no satisface cualquiera de estos dos requisitos, la medida no puede prosperar, resultando, por ello, improcedente.
En el caso concreto, la Sala responsable en el fallo reclamado y en cumplimiento de la ejecutoria de este Tribunal Colegiado, después de analizar y valorar la prueba testimonial que la ahora recurrente ofreció ante la Juez Octavo de lo Civil del Distrito Federal, a efecto de acreditar la necesidad del otorgamiento de la medida que solicitó, es decir, el temor alegado de que el demandado ocultara o enajenara sus bienes, concluyó que con dicho medio probatorio no se acreditó dicho extremo, en términos del artículo 1172 antes mencionado.
Partiendo de la premisa apuntada, se concluye que si faltó uno de los requisitos necesarios para decretar la medida precautoria del secuestro de bienes del presunto demandado, ello trajo consigo que el levantamiento implicó la improcedencia de la misma, por falta de uno de los requisitos de procedibilidad.
En tales circunstancias, y tomando en consideración que en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio se establece que siempre será condenado al pago de costas, el que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo, se estima que en el caso se actualizó dicho supuesto ante lo fundado del incidente de reclamación, que determinó el levantamiento de la medida por su improcedencia.
Ello se considera así, a criterio de este Tribunal Colegiado, partiendo de que la acción, se define como el poder jurídico de provocar la actividad del juzgamiento de un órgano judicial para que decida los litigios de intereses jurídicos.(1)
Por consiguiente, si la medida se levantó con motivo de la declaración de que es fundada la reclamación prevista por el artículo 1187 del Código de Comercio, en virtud de que no se acreditó uno de los requisitos de procedencia de aquélla, como lo es, la necesidad que justifique su otorgamiento; de ello se colige que la acción ejercitada para la obtención de la medida precautoria, es improcedente generándose un conflicto a través de la solicitud de la medida y de la interposición de la reclamación para su levantamiento, que tuvo que ser decidido por la autoridad judicial.
De ahí que la solicitud de la medida precautoria sí trae consigo el ejercicio de una acción sui géneris, que en caso de ser improcedente trae consigo la procedencia de la condena en costas, pues no debe perderse de vista que lo que pretende el legislador al regular dicha condena en la hipótesis que nos ocupa, es que se sancione a quien ejercitó cualquier tipo de acción, excepción, incidente o defensas que resulte improcedente por no haber quedado satisfechos o demostrados los requisitos legales para su ejercicio.
En tal virtud, si la presunta demandada tiene que recurrir a la reclamación para obtener el levantamiento de la medida por haber sido decretada sin la demostración de los requisitos necesarios para su procedencia y obtiene el fallo favorable, de ello se hace patente que sin perjuicio de la condena al pago de daños y perjuicios que establece el artículo 1179 del Código de Comercio, será procedente también el pago de costas a cargo de la promovente de la medida, en términos del artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, puesto que la condena al pago de daños y perjuicios que se prevé en el capítulo respectivo a las medidas precautorias, no excluye la procedencia de la condena
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24171-d2734c2b/costas-medidas-precautorias-procede-su-condena-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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