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Modo: Corpus Pro

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. ES PROCEDENTE EL DERECHO DE OPOSICIÓN POR AQUEL CONTRA QUIEN SE PRONUNCIEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 183/2013. · Registro digital (IUS): 24691
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Pág. 1341.

AMPARO EN REVISIÓN 183/2013. 30 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. ENCARGADA DEL ENGROSE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIO: CIRO CARRERA SANTIAGO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son esencialmente fundados algunos de los agravios expresados en relación con el sobreseimiento decretado, respecto del acto reclamado consistente en el proveído de **********, dictado en los medios preparatorios a juicio de origen.

En efecto, los disconformes, a través de su representante, aducen lo siguiente:

1) La Jueza de Distrito inobserva que, en el caso, no se está en presencia de un verdadero juicio, dejándose de prestar atención, como consecuencia, que la resolución reclamada se trata de un acto dictado fuera de juicio, contra el que no existe recurso ordinario alguno por el que pueda ser revocada o modificada.

2) No asiste razón a la juzgadora para sobreseer, puesto que las resoluciones dictadas dentro de los medios preparatorios son totalmente autónomas del juicio que se pretende promover, es decir, las diligencias emitidas dentro de los medios preparatorios a juicio guardan autonomía con relación al juicio principal, ya que no constituye parte del procedimiento contencioso, pues éste se podrá o no promover en el futuro; por tanto, tales medios preparatorios tienen un procedimiento especial que nada tiene que ver con el procedimiento general del código mercantil.

3) Tratándose de recursos y medios de impugnación para combatir una resolución dictada dentro de medios preparatorios a juicio, no le son aplicables los artículos que regulan los juicios mercantiles ordinarios o ejecutivos, pues no se está en presencia de un procedimiento que se ventile en forma de juicio.

Argumentos que son esencialmente fundados.

En efecto, la juzgadora de amparo estimó que, antes de promoverse el sumario constitucional, la parte quejosa tuvo que agotar el principio de definitividad consagrado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo anterior, interponiendo el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio contra la resolución reclamada de **********, por la que se hizo efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad en perjuicio de la parte quejosa, imponiéndole una multa por la cantidad de ********** y, además, se le requirió de nueva cuenta para que exhibiera la documentación materia de los medios preparatorios a juicio promovido por su contraparte, apercibiéndole que, en caso de no acatar tal requerimiento, se haría acreedora a una multa por la cantidad de **********.

Sin embargo, como bien lo hace valer el promovente de este recurso, la resolución materia de reclamo en el amparo origen de esta instancia, fue emitida en unos medios preparatorios a juicio y no, propiamente, en un juicio; en el entendido de que tales diligencias preparatorias encuentran su regulación definida en el Código de Comercio, específicamente en los artículos 1151 a 1158 de dicha norma, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 1151. El juicio podrá prepararse:

"I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia;

"II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar;

"III. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;

"IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder;

"V. Pidiendo el examen de testigos, cuando éstos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida, o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean difíciles las comunicaciones y no sea posible intentar la acción, por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía;

"VI. Pidiendo el examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable y los testigos se hallen en alguno de los casos señalados en la fracción anterior;

"VII. Pidiendo el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero, y

"VIII. Pidiendo el juicio pericial o la inspección judicial cuando el estado de los bienes, salud de las personas, variaciones de las condiciones, estado del tiempo, o situaciones parecidas hagan temer al solicitante la pérdida de un derecho o la necesidad de preservarlo."

"Artículo 1152. Al pedirse la diligencia preparatoria debe expresarse el motivo porque se solicita y el litigio que se trata de seguir o que se teme."

"Artículo 1153. El Juez puede disponer lo que crea conveniente, ya para cerciorarse de la personalidad del que solicita la diligencia preparatoria, ya de la urgencia de examinar a los testigos.

"Contra la resolución del Juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un Juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por Juez menor o de paz."

"Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II y III del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el Juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo ésta, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata."

"Artículo 1155. Cuando se pida la exhibición de un protocolo o de cualquier otro documento archivado en oficina pública, si el Juez concede la diligencia preparatoria, mandará que se practique por el actuario, ejecutor o secretario, acompañado del peticionario, en el domicilio del notario, corredor o de la oficina respectiva, dejándoseles a estos, cédula de notificación en la que se transcriba la orden judicial, para que se realice la inspección, sin que en ningún caso salgan los originales. De ellos se expedirán copias certificadas por duplicado, a costa del solicitante, autorizadas por el notario, corredor o servidor público correspondiente, con la anotación de haberse extendido por mandamiento judicial, señalando la fecha del mismo, datos de identificación del procedimiento y fecha de expedición, de las cuales una se entregará al solicitante, mediante razón de recibo en autos, y la otra quedará agregada al expediente."

"Artículo 1156. Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano, y se ordenará, mediante notificación personal a aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley."

"Artículo 1157. Las diligencias preparatorias de que se trata en las fracciones V a VIII del artículo 1151 se practicará (sic) con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días, y se aplicarán las reglas establecidas para la práctica de las pruebas testimonial, pericial o la inspección judicial, según sean los casos."

"Artículo 1158. El Juez podrá utilizar sin limitación de ninguna especie, toda clase de apercibimientos de los que permite la ley para hacer cumplir las determinaciones que dicte en toda clase de medios preparatorios a juicio."

De donde se desprende que tales preceptos regulan la procedencia del recurso de apelación en determinados supuestos y su improcedencia en otros, dentro del trámite de los medios preparatorios a juicio, pues el artículo 1153 señala, de manera general, que contra la resolución del Juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno y contra la que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un Juez de primera instancia o el de revocación si fuere dictada por Juez menor o de paz; mientras que el diverso numeral 1154 (que prevé el supuesto de cuando los medios preparatorios se solicitan con fundamento en las fracciones II y III del artículo 1151) determina un caso específico, pues establece que la resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo de tramitación inmediata.

Así las cosas, como se hace valer en los agravios, en el particular debe dilucidarse si procede o no algún recurso contra la resolución reclamada, atendiendo a los numerales previamente transcritos que regulan el trámite de los medios preparatorios a juicio, no así a los que reglamentan los recursos cuando existe una contienda, esto es, una vez iniciado un juicio, pues debe atenderse al principio de "especialidad de la norma", en donde la norma especial prevalece sobre la general porque aquélla tiene preferencia en su aplicación.

Para tal efecto, de los preceptos invocados se desprende, en particular del 1151, que el juicio se puede preparar en diversos supuestos, y específicamente del contenido de la fracción IV se advierte que puede un socio o comunero pedir la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder, misma que sirvió de fundamento a las promoventes de los medios preparatorios a juicio de origen, ahora terceras perjudicadas.

Ahora bien, debe puntualizarse que el trámite para las diligencias a que se hace referencia en la fracción IV del referido artículo 1151, es el que prevé el diverso 1156 del propio código, pues si bien es cierto que aunque tal precepto comienza señalando: "Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente ...", con lo cual podría entenderse, en un primer término, que únicamente se refiere al supuesto de esa fracción y no de la IV (fundamento de la pretensión), no menos cierto es que después hace referencia a la siguiente expresión: "... así como acreditada su calidad de socio o condueño ...". Además de que la fracción III fue regulada en el artículo 1154 de la propia ley, según se aprecia de su transcripción, que obra en párrafos precedentes, por lo que no cabe duda de que se trata de un yerro del legislativo.

Similares consideraciones se hicieron valer en los diversos expedientes de amparo en revisión números ********** y **********, de este Tribunal Colegiado.

De ahí que si el artículo 1156 del Código de Comercio, que regula la petición de medios preparatorios a juicio cuando se fundamentan en la fracción IV del diverso 1151 del propio código, como sucede en la especie, no prevé expresamente la posibilidad o no de recurrir alguna determinación que se dicte durante el trámite; entonces debe aplicarse la regla general contenida en el diverso numeral 1153, segundo párrafo, que prevé: "... Contra la resolución del Juez que conceda la diligencia preparatoria no cabe recurso alguno. Contra la resolución que la deniegue habrá el de apelación en ambos efectos si fuere dictada por un Juez de primera instancia, o el de revocación si fuere dictada por Juez menor o de paz."

Lo anterior, porque en la determinación reclamada de **********, se hizo efectivo el apercibimiento decretado con anterioridad en perjuicio de la parte quejosa, imponiéndole una multa por la cantidad de ********** y, además, se requirió de nueva cuenta a ********** y a **********, como presidente del consejo de administración, para que compareciera debidamente, identificado al local que ocupa el juzgado responsable a poner a disposición de las promoventes de los medios preparatorios, la documentación que describió en su escrito inicial; por lo que resulta inconcuso que fue concedida la medida preparatoria solicitada y, por ende, encuadra tal supuesto en la primera hipótesis del multicitado artículo 1153, párrafo segundo, que determina la improcedencia de recurso alguno.

Sin que tenga aplicación al particular el diverso artículo 1154 (establece que la resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación inmediata), puesto que, como se vio, dicho numeral sólo es aplicable a los supuestos en los que se promueven las diligencias preparatorias con fundamento en las fracciones II y III del artículo 1151, como se corrobora de la primera parte de dicho precepto que establece: "La acción que puede ejercitarse, conforme a las fracciones II y III del artículo 1151, procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan ..."; mientras que en el particular los medios preparatorios a juicio se peticionaron con fundamento en la fracción IV del citado precepto.

En el entendido de que no se advierte indicio alguno por el cual considerar que el legislador pretendió la aplicación del referido artículo 1154 a lo previsto en la fracción IV del diverso numeral 1151 pues, por el contrario, estableció reglas específicas para cada supuesto de procedencia de medios preparatorios a juicio ya que, se reitera, las fracciones II y III fueron reguladas en el artículo 1154, mientras que la fracción IV en el artículo 1156 y las fracciones V a VIII en el artículo 1157, lo que denota la pretensión del legislador de separar la forma en cómo se tramita cada diligencia en particular y, por ende, no resulta admisible la mezcla de supuestos normativos.

Similares consideraciones se hicieron valer en el ya invocado expediente de amparo en revisión número **********, de este Tribunal Colegiado.

En esas condiciones, como se planteó en los agravios y contrario a lo estimado por la Jueza de Distrito, la resolución reclamada es irrecurrible y, por ende, no cobra aplicación el principio de definitividad invocado en la sentencia recurrida.

Sin que resulte obstáculo alguno para la procedencia del juicio de amparo que ahora se revisa, el hecho de que la parte ahora recurrente haya interpuesto recurso de apelación contra la resolución reclamada de **********, mismo que se admitió a trámite por el Segundo Tribunal Unitario de este circuito mediante proveído de ********** de ese mismo año dentro del toca número **********, el cual se resolvió el **********, en el sentido siguiente: "... ÚNICO. Se declara mal admitido (por inadmisible) el recurso de apelación interpuesto por **********, en su carácter de apoderado legal para pleitos y cobranzas de la persona moral ********** y de **********, contra el auto de **********, emitido en el expediente relativo a los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil número ********** del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla ..." (fojas 900, 930 y 951 del tomo anexo II).

Lo anterior, porque si bien es cierto que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra, lo que genera la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada, no menos cierto es que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva.

Tal afirmación, se sustenta en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 77/2012 (10a.), visible en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: ‘APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.’ y ‘DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).’, al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva."

Siendo que, en el particular, no opera la referida sustitución procesal, en virtud de que, como se dilucidó con antelación, la resolución reclamada de ********** es irrecurrible, conforme al artículo 1153, párrafo segundo, del Código de Comercio; de ahí que tal determinación se constituyó en definitiva por ministerio de ley para efectos del juicio de amparo indirecto, por ende, la circunstancia de que se haya interpuesto en su contra el recurso de apelación y que el mismo se haya resuelto, en los términos anteriormente relatados, no constituye un obstáculo para que proceda el juicio de amparo indirecto promovido contra el referido acto.

Cuanto más, porque el Tribunal Unitario en comento, al resolver el recurso de apelación planteado, decidió desecharlo por improcedente, precisamente, en los mismos términos como fue establecido en esta ejecutoria y en el diverso expediente de amparo en revisión número **********, de este Tribunal Colegiado.

En tal virtud, al resultar esencialmente fundados los conceptos de agravio previamente analizados, lo que procede es revocar el sobreseimiento recurrido y, por ende, entrar al estudio del fondo del asunto, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo anterior.

En el entendido de que, al haberse revocado la sentencia recurrida, fallándose favorablemente a los intereses de la parte recurrente por uno de los capítulos de queja, es innecesario que se analicen los restantes agravios que se hicieron valer, pues ello a nada práctico conduciría.

De aplicación al caso resulta la jurisprudencia de este Tribunal Colegiado, antes de su especialización, marcada con el número VI.1o. J/6, visible en la página 470, Tomo III, mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto disponen:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente."

SEXTO.-Son esencialmente fundados algunos de los conceptos de violación hechos valer, sin que exista necesidad de transcribirlos en este apartado, dado que ello ya se hizo con antelación.

En efecto, el representante de las quejosas afirma que el acto reclamado infringe el contenido del artículo 14 constitucional, porque no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ya que:

1) La responsable no sólo se apartó del procedimiento aplicable al caso, sino que, además, no tomó en consideración ni mucho menos estudió los argumentos expuestos en el escrito de oposición que formularon a los medios preparatorios a juicio, lo cual representa una violación a los principios de legalidad y de debido proceso; siendo que, además, en el referido escrito de oposición se exhibieron diversas pruebas suficientes para acreditar la materia de oposición, consistente en la falta de derecho de las promoventes para acudir a ejercitar los medios preparatorios a juicio de origen, así como la imposibilidad de exhibir los documentos que se pretende se exhiban, sin que se haya hecho una valoración al respecto.

2) La determinación reclamada carece de argumentación jurídica válida para señalar nueva fecha para que los disconformes exhiban los documentos que pretenden las actoras de los medios preparatorios a juicio, pues no han sido oídos ni vencidos o, por lo menos, no se han estudiado las causas de la oposición, por lo que se solicita que se respete el principio de congruencia de las resoluciones, para estar en aptitud legal de combatir esa determinación.

Los anteriores argumentos son esencialmente fundados.

Así es, ya se delimitó con antelación que el trámite para las diligencias a que se hace referencia en la fracción IV del referido artículo 1151 del Código de Comercio (fundamento de las promoventes en el expediente natural), es el que prevé el diverso 1156 del propio código.

Ahora bien, este último numeral señala que las diligencias se admitirán de plano, siempre y cuando se encuentre ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, y se ordenará, mediante notificación personal a aquél contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.

De donde se desprende que dicho numeral 1156 no dispone la posibilidad de que la persona a quien se pide la documentación o información relativa, pueda hacer valer argumentos para oponerse a la medida precautoria y que, a su vez, la Juez del conocimiento tenga la obligación de pronunciarse en relación con dicha oposición, considerando si son fundadas (debiendo declarar concluido el procedimiento) o infundadas (debiendo continuar con el requerimiento).

Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática y armónica de dicho numeral con diversos preceptos, es posible arribar a diversa conclusión.

En efecto, el artículo 1154 del Código de Comercio, que regula las diligencias preparatorias que se promuevan con fundamento en las fracciones II y III del artículo 1151, señala que se tramitarán mediante notificación personal a aquel contra quien se promueva, corriéndole traslado, para que en el término de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla, momento en el cual deberán ofrecerse las pruebas que, de admitirse, se recibirán en la audiencia y en donde se alegue y se resuelva sobre la exhibición solicitada.

Por su parte, el artículo 1157 del mismo ordenamiento, que prevé las diligencias preparatorias que se soliciten en términos de las fracciones V a VIII del artículo 1151, estipula que se practicarán con citación de la parte contraria, a quien se correrá traslado de la solicitud por el término de tres días.

Advirtiéndose que de los ocho supuestos que se prevén en el artículo 1151 del Código de Comercio, para peticionar diligencias preparatorias a juicio, sólo dos (las hipótesis establecidas en las fracciones I y IV -sustento de la pretensión en el expediente natural-) no establecen un procedimiento mediante el cual se da oportunidad a la persona contra la que se promueven para que se oponga a las medidas y, mucho menos, la obligación del Juez de pronunciarse al respecto.

Empero, como se dijo, haciendo una interpretación armónica y sistemática de los preceptos invocados, conjuntamente con el artículo 1156, que regula las diligencias preparatorias que se promueven con fundamento en la fracción IV del diverso numeral 1151, se arriba a la conclusión de que la oportunidad de oposición a la medida y, por ende, la obligación del juzgador de pronunciarse al respecto, es factible ejercerla en el supuesto que acontece en el procedimiento de origen.

Lo anterior es así, porque si bien es cierto que los diversos supuestos previstos en el artículo 1151 tienen objetos diferentes -1) pedir declaración bajo protesta de aquel contra quien se propone dirigir la demanda; 2) pedir la exhibición de la cosa mueble; 3) pedir la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida; 4) pedir los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad; 5) pedir el examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero; y 6) pedir el juicio pericial o la inspección judicial-, no menos cierto es que, todas las hipótesis, persiguen el mismo fin, consistente en la preparación del juicio que se pretende promover; de ahí que no existe justificación alguna para permitir el derecho de oposición para determinados supuestos de diligencias preparatorias y para otros no.

Sin que obste a lo anterior que el artículo 1156 en análisis, señale expresamente que las diligencias preparatorias, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño "se admitirán de plano", porque dicha expresión se refiere únicamente a la admisión de tales medidas, pero no que, con posterioridad, la persona contra quien se promueve esté impedida para ejercer su derecho de oposición y, por ende, obtener una respuesta a sus planteamientos; opinar lo contrario, sería tanto como darle un alcance diverso a esa expresión.

Cabe precisar, que la interpretación armónica y sistemática de los preceptos que regulan las medidas preparatorias a juicio adoptada en este apartado, sobre la posibilidad de oponerse a la medida y, por ende, la obligación del juzgador de pronunciarse al respecto, no significa contradicción alguna con la interpretación excluyente de los mismos preceptos que se formuló en el considerando quinto de esta ejecutoria, por lo que hace a la improcedencia de recurso alguno contra la resolución reclamada.

Esto es así, porque en esta parte de la ejecutoria se integró la norma, ante la omisión del legislador de establecer expresamente la posibilidad de oponerse a los medios preparatorios y, por tanto, del Juez de pronunciarse al respecto, en el caso particular, mientras que en aquel apartado de esta misma ejecutoria, existe precepto legal expreso que establece una regla general, consistente en no permitir la recurribilidad de la resolución que concede la diligencia preparatoria, lo que excluye la aplicación del diverso artículo que prevé un caso específico, que no se actualiza respecto del expediente de origen, esto es, el legislador no fue omiso al respecto; de ahí que, ante la presencia de supuestos diversos, no es factible interpretar la norma de la misma manera.

Ahora bien, en el particular, tal derecho de oposición a las medidas precautorias intentadas en el procedimiento natural, fue ejercido por los quejosos, como se advierte de su escrito recibido en el juzgado responsable el ********** (fojas 122); sin embargo, en el acuerdo reclamado de **********, por el que se impuso multa a ********** y a ********** y se les requirió nuevamente para que comparecieran debidamente identificados al local que ocupa el juzgado responsable, a poner a disposición de las promoventes de los medios preparatorios, la documentación que describieron en su escrito inicial, así como a proporcionar la información que se precisó en el mismo, la responsable no realizó pronunciamiento alguno en relación con los argumentos expuestos por los disconformes en su escrito de oposición a las medidas precautorias, no obstante que, para insistir en tal requerimiento, era necesario hacerlo, conforme a la interpretación sistemática del artículo 1156 del Código de Comercio que se hizo con antelación.

E

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24691-fc2dae0b/medios-preparatorios-a-juicio-ordinario-mercantil-es-procedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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