MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. SON PROCEDENTES CONTRA LA SOCIEDAD ANÓNIMA A LA QUE PERTENECE QUIEN LOS PROMUEVE (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 1151 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 16 DE MARZO DE 2021. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ HUÍZAR, VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, MARTÍN ÁNGEL GAMBOA BANDA, HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y VÍCTOR JÁUREGUI QUINTERO. DISIDENTE: RIGOBERTO BACA LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Resolución del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la sesión de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.
VISTA para resolver la contradicción de tesis 6/2020; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio 35/2020 de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunció la contradicción de tesis entre los siguientes criterios: a) el sostenido por ese órgano al resolver el amparo en revisión 142/2019, en sesión de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve; y, b) el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al fallar el amparo en revisión 64/2019, el cuatro de julio de esa anualidad.
SEGUNDO.—Trámite. La denuncia fue registrada con el número 6/2020. Admitida en auto del nueve de noviembre de dos mil veinte. En el que, además, se ordenó recabar la información relativa a la vigencia del criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en el mencionado recurso; así como informar sobre la radicación del asunto al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al resto de los integrantes del Pleno.
TERCERO.—Recepción de información. El presidente del Tercer Tribunal Colegiado confirmó la vigencia del criterio denunciado, a través del oficio 3184, recibido el cuatro de diciembre de la anualidad en cita.
Por su parte, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis del Alto Tribunal comunicó no haber localizado alguna contradicción de tesis en trámite, sobre el tema de este asunto.
CUARTO.—Turno y returno. Al estar integrado el expediente, en auto de catorce de diciembre siguiente, se ordenó turnarlo al entonces integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, Magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías. Sin embargo, a raíz del cambio de integración del Pleno, el asunto fue returnado al Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez, el veintiséis de enero de dos mil veintiuno.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima, puesto que fue planteada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. En observancia de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.—Criterios contendientes.
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito:
Antecedentes:
a) En lo que a esta denuncia de contradicción trasciende, **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado solicitó el amparo –en la vía indirecta–, respecto de la resolución que había admitido medios preparatorios a juicio mercantil ordinario, en su contra. Con el objeto de que se requiriera a la mencionada sociedad por la exhibición de sus documentos, cuentas, libros de asamblea, libros de registro de accionistas, así como libros contables.
b) El Juez de Distrito otorgó la protección de la Justicia de la Unión, por haber considerado que los medios preparatorios a juicio, previstos en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, resultaban improcedentes por haberse promovido en contra de la sociedad quejosa y no de un consocio. Estableció que dicho procedimiento no podía interponerse en contra de la sociedad a la que pertenecen sus integrantes; sino únicamente en contra del consocio que tenga en su poder la información que pretenden recabar para iniciar el juicio mercantil ordinario.
c) Los terceros interesados impugnaron la resolución del Juez de Distrito. En lo medular, enfatizaron su derecho a la información y al acceso efectivo a la justicia y tutela judicial, consagrados en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
d) Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por mayoría de votos, estimó legal la determinación precisada del Juez de Distrito, con base en las siguientes razones:
• Como lo determinó el Juez Federal, los medios preparatorios del juicio mercantil, en los términos del artículo 1151 del Código de Comercio, no son procedentes en contra de la sociedad a la que pertenecen los socios que los promueven, sino únicamente en contra del consocio o condueño (así lo exige la ley) que tenga en su poder la información que pretenden recabar para iniciar el juicio correspondiente.
• Lo anterior, con independencia de las facultades conferidas en el numeral 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, en cuanto a la presentación de documentos a la asamblea de accionistas; puesto que se trata de dos supuestos diversos. De ahí que estimar lo contrario, implicaría acudir a un supuesto no previsto en la disposición que rige los medios preparatorios.
• Tampoco le asiste razón a las recurrentes en relación con que se trastocó el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, si se tiene presente que la tramitación de los medios de defensa dependerá de su idoneidad y de la satisfacción de los requisitos de procedibilidad exigidos por el marco normativo aplicable.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
Antecedentes:
a) **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la resolución que admitió los medios preparatorios a juicio incoados en su contra, y le ordenó presentar las cuentas de la sociedad desde su nombramiento hasta la fecha, incluidos estados financieros y declaraciones fiscales de la sociedad por los años de dos mil tres a dos mil diecisiete; así como diversos libros de asambleas y de registro de accionistas.
b) El Juez de Distrito negó el amparo solicitado, por considerar legal la resolución reclamada. Consideró que los artículos 1151 y 1156 del Código de Comercio establecen la procedencia de los medios preparatorios a juicio, respecto de la solicitud de información en cuanto al manejo de una sociedad mercantil, de la cual la parte accionante era socio y, como tal, podía solicitar la presentación de documentos y cuentas. Agregó que al tratarse de documentación de la sociedad, la persona moral quejosa era la idónea para proporcionarla, por ser ella quien debía tenerla en su poder. Precisó que los miembros de la sociedad tienen derecho a conocer su administración, por ser de su interés.
c) La persona moral quejosa recurrió la negativa del amparo. Entre sus agravios, esgrimió que la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio no permite la interposición de los medios preparatorios a juicio por parte de un socio contra la sociedad de la cual es integrante.
d) Sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito:
Asunto que tocó resolver al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien decidió confirmar la sentencia impugnada, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, sobre las siguientes consideraciones torales:
• La aplicación de técnicas hermenéuticas de interpretación pro persona y conforme, consignadas en el artículo 1o. constitucional, permite sostener que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, el socio también está facultado para pedir en la vía de medios preparatorios a juicio, la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad a esta misma, por conducto de su representación legal; y no sólo de socio a consocio.
• Es así, porque cuando no es el consocio el que tiene la documentación necesaria, sino la persona moral, puede accederse a los documentos, cuentas, libros de asamblea, registro de accionistas y contables, a través de los medios preparatorios a juicio en su contra.
• No considerarlo así implicaría violentar el derecho a la información y de acceso a la propiedad que todo gobernado debe tener, haciendo una aplicación restrictiva de las normas.
• El citado numeral expresamente hace referencia a la facultad del juzgador de garantizar el derecho del solicitante de dichos medios, de requerir la exhibición de los elementos necesarios que le garanticen la procedencia de una acción. Cuestión que, de negarse, imposibilitaría al solicitante la garantía de su derecho de acceso a la justicia, al no tener los elementos necesarios para acreditar sus pretensiones.
• La información que tiene en su poder el consocio o condueño o futura demandada, implica una gran ventaja para ésta, en tanto no permite que el socio que recurre a un juicio paraprocesal como los medios preparatorios a juicio, pueda tener por otro mecanismo la información que se busca garantizar, y con ello se generaría inequidad procesal en contra del promovente, contra lo tutelado por el artículo 17 constitucional.
• Sobre esa base, haciendo una interpretación conforme y pro persona de los numerales citados, se puede concluir que si los medios preparatorios a juicio pueden ser promovidos por un socio frente a un consocio, con mayoría de razón pueden promoverse contra la sociedad con independencia del número de acciones con las que se cuente, cuando como en el particular, no es propiamente la celebración de una asamblea lo que se quiere preparar, sino la acción ordinaria mercantil sobre rendición de cuentas, así como la responsabilidad civil de los miembros del consejo de administración de la persona moral.
• Si incluso un socio puede judicialmente demandar la celebración de una asamblea, cuando no se ha celebrado durante dos ejercicios consecutivos (185), o no se hubiesen ocupado de lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esa facultad, en acato a los derechos fundamentales de propiedad, información y acceso a la justicia, permite considerar lo antes apuntado, esto es, que los medios preparatorios también pueden ser ejercidos en contra de la sociedad.
• El hecho de que el órgano de administración tenga la obligación de presentar a la asamblea de accionistas el informe a que hace referencia el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no puede vedar el derecho de los societarios a vigilar su correcto funcionamiento, en tutela al derecho de propiedad que les asiste al ser titulares de acciones de la empresa.
• La limitación contenida en el artículo 43 del Código de Comercio no opera en tratándose de los socios, siempre que no se trate de información clasificada como reservada.
• La única limitante de ese derecho a la información lo es el marco del funcionamiento de la sociedad, a fin de que le permita solamente evaluar la marcha de la sociedad, la actuación de los administradores y los planes a futuro.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Se estiman reunidos los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, precisados en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(1) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme con la cual es necesario se cumplan las condiciones siguientes:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento acerca de si la manera de abordar la cuestión jurídica, es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Requisitos que, como se adelantó, se configuran en el caso a estudio, según se explica a continuación:
a) Primer requisito: ejercicio interpretativo de la norma o de una figura jurídica.
Requisito que se colma en el caso, en atención a que los tribunales contendientes interpretaron el mismo precepto legal: la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio. Aunado a que ambos órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre la porción de esa norma que se refiere a la procedencia de los medios preparatorios a juicio promovidos por un integrante respecto de otro, de una sociedad anónima.
Ello, al haber tenido que ejercer su arbitrio para determinar si con base en el mencionado fragmento del artículo 1151 en cita, es posible instaurar un procedimiento paraprocesal en contra de la sociedad –para que exhiba documentación en su poder–, a pesar de que la norma sólo contempla su procedencia respecto de otro socio.
b) Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios.
Después de haber analizado el mismo precepto legal, en casos análogos, los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a posturas antagónicas. Se explica:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito realizó una interpretación literal del artículo 1151, fracción IV, del Código de Comercio, que lo llevó a considerar improcedentes los medios preparatorios a juicio ordinario mercantil hechos valer en contra de la sociedad anónima, por uno de sus miembros. Lo cual justificó en el hecho de que el precepto legal en consulta sólo prevé la posibilidad de incoarlos respecto de un consocio que tenga en su poder la documentación buscada.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito acudió a la interpretación conforme y pro homine, para deducir que en aras de los derechos de acceso efectivo a la justicia, a la equidad procesal, a la propiedad privada y a la información del socio, el medio preparatorio a juicio contemplado en el artículo 1151, fracción IV, del Código de Comercio, también puede ser incoado en contra de la sociedad anónima, cuando se pretenda demandar la acción ordinaria mercantil sobre rendición de cuentas, así como la responsabilidad civil de los miembros del consejo de administración de la persona moral.
Posturas que evidencian un punto de toque sobre el mismo tramo de interpretación; por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en cita estableció que es improcedente el medio preparatorio a juicio previsto en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, en contra de la sociedad a la que pertenece el promovente, de acuerdo con el texto gramatical de la norma. En tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado de referencia determinó que sí procede el mencionado procedimiento paraprocesal respecto de la sociedad, y no sólo contra el consocio, porque de no interpretarse así el mencionado supuesto legal, impediría el acceso a la tutela judicial efectiva del socio, así como a sus derechos de equidad procesal, información y propiedad privada.
c) Tercer requisito: pregunta que detona la existencia de la contradicción de tesis.
Ante la confrontación de los criterios reseñados, es menester precisar el punto jurídico sobre el que debe resolverse la divergencia surgida:
¿Los medios preparatorios a juicio previstos en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio pueden ejercerse en contra de la sociedad anónima a la que pertenece el promovente?
QUINTO.—Estudio de la contradicción de tesis. Este Pleno de Circuito considera que sí es posible solicitar medios preparatorios a juicio ordinario mercantil, en contra de la sociedad que integra quien los promueve, con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio.
Para sostener esa afirmación, es menester analizar el supuesto jurídico objeto de contradicción de criterios a través del método hermenéutico sistemático.(2) Técnica de interpretación conforme a la cual deben considerarse las leyes como un conjunto de normas jurídicas debidamente unificadas por la finalidad que con ellas se trata de realizar. No deben analizarse aisladamente, sino como parte de un todo, que es el sistema normativo al que pertenecen. Sólo así podrá desentrañarse su significado jurídico y no simplemente gramatical.
Por ello, se analizará la institución jurídica relativa a los medios preparatorios a juicio mercantil, a la luz de los derechos de acceso efectivo a la justicia, de equidad procesal y de información de los accionistas de una sociedad anónima, para estar en aptitud de realizar una interpretación pro homine de la norma legal en estudio.
1. Medios preparatorios a juicio mercantil.
La porción normativa que generó el presente asunto está contenida en el libro quinto: "De los juicios mercantiles", título primero: "Disposiciones generales", capítulo X: "Medios preparatorios a juicios", artículo 1151, fracción IV, del Código de Comercio, que dispone:
"Artículo 1151. El juicio podrá prepararse:
"I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretenda demandar, de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia;
"II. Pidiendo la exhibición de la cosa mueble, que en su caso haya de ser objeto de acción real que se trate de entablar;
"III. Pidiendo el comprador al vendedor, o el vendedor al comprador en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida;
"IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder."
A su vez, el artículo 1156 del ordenamiento legal en consulta, establece:
"Artículo 1156. Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III (sic) del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano, y se ordenará, mediante notificación personal a aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley."
De lo transcrito puede advertirse que el artículo 1151 del Código de Comercio contempla los "medios preparatorios a juicio". Es decir, aquellos procedimientos anteriores al juicio, que tienden a proporcionar a quien los promueve, elementos de conocimiento o de prueba, que le permitirán instaurar un juicio mercantil posterior.(3)
El supuesto previsto en la fracción IV del artículo en estudio no ha sufrido modificaciones en su texto desde su creación por el Ejecutivo. Ha sido objeto de estudio por ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con la cita que al respecto se hizo por la primera de ellas, al resolver el amparo en revisión 281/2015, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil quince, que en lo conducente dice:
"36. En principio, esta Sala estima conveniente la transcripción de los preceptos legales del Código de Comercio, que se impugnan en el presente recurso:
"‘Artículo 1151. El juicio podrá prepararse: ...
"‘IV. Pidiendo un socio o comunero la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad y comunidad, al consocio o condueño que los tenga en su poder.’
"‘Artículo 1156. Las diligencias preparatorias a que se refiere la fracción III del artículo 1151, de encontrarse ajustada la petición del promovente, así como acreditada su calidad de socio o condueño, se admitirán de plano, y se ordenará, mediante notificación personal a aquel contra quien se pide, que exhiba los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, en el día y hora que al efecto se señale, para que se reciban por el tribunal, con el apercibimiento que de no realizarlo se le aplicará alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.’
"37. Como se advierte de los preceptos legales impugnados, el artículo 1151, fracción IV, del Código de Comercio establece como medio preparatorio a juicio la solicitud por parte de un socio y/o comunero, de documentos y cuentas de la sociedad y comunidad al consocio y/o condueño que los tenga en su poder. Dicha disposición se relaciona con el artículo 1156 del mismo ordenamiento legal, pues, en caso de no ser exhibida dicha información por el consocio y/o comunero, se le impondrá una medida de apremio.
"38. Al respecto, la Segunda Sala de este Alto Tribunal estableció al resolver el amparo en revisión 468/1999, que la medida de apremio establecida en la disposición legal impugnada tiene la naturaleza jurídica de la llamada ‘acción exhibitoria’ o ‘acción ad exhibendum’, que consiste en un procedimiento donde el Juez obliga al futuro demandado a exhibir en la vía judicial alguna cosa mueble, y el objeto de este procedimiento es dar al actor la posibilidad de reconocer la cosa mueble exhibida para que sea identificada, reconocida y examinada, con la finalidad de que se recaben todos los elementos o datos necesarios para promover con posterioridad una acción que dé origen a un litigio.(4)
"39. Esta medida se sustancia en un procedimiento paraprocesal, toda vez que tiene por finalidad la obtención de todos los elementos necesarios que le permitan a la persona que los promueve, ejercitar con posterioridad una acción.
"40. Este Alto Tribunal ha estimado que las medidas de apremio tienen el carácter de un acto de molestia, en el cual, la autoridad judicial competente solicita la exhibición de ciertos documentos y contratos del que los tenga en su poder, con la finalidad de que sean reconocidos por un futuro actor. En ese sentido, las medidas de apremio se encuentran justificadas en el artículo 16 constitucional, al ser consideradas un acto de molestia.
"41. En virtud de todo lo anterior, se advierte que este medio preparatorio a juicio tiene por finalidad que el consocio o condueño exhiba aquellos documentos o contratos que tenga en su poder y que solicita el socio o comunero por medio del juicio paraprocesal de medios preparatorios a juicio." (parte del texto fue resaltado por este órgano)
Las consideraciones de la ejecutoria invocada reafirman que el objeto del medio preparatorio a juicio contemplado en la fracción IV del artículo 1151 del Código de Comercio, es la obtención de todos los elementos necesarios para que el promovente (miembro de una sociedad mercantil) esté en aptitud de ejercer una acción con posterioridad. Una vez recabados los documentos del consocio que los tiene en su poder, con la finalidad de que sean conocidos por el futuro actor.
Precisado el objeto del procedimiento paraprocesal que contempla la fracción IV del artículo 1151 en estudio, resulta evidente que el derecho humano que de manera inmediata implica su observancia, se trata del acceso efectivo a la justicia.
2. Derecho de acceso efectivo a la justicia.
La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.(5)
De ahí que ese derecho comprenda tres etapas:(6)
1) Previo al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento de su parte;
2) Judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión; y,
3) Posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.
En el caso, se está en el supuesto aludido en el inciso 1), relativo al derecho de acceso a la jurisdicción previa al juicio, en busca de sustento para que el futuro actor pueda ejercer la acción que corresponda, una vez que obtenga los documentos necesarios para demostrar sus pretensiones. Con todas las garantías del debido proceso, entre las que se encuentra la equidad de las partes (igualdad de armas), reconocido por los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Igualdad procesal.
La Primera Sala del Alto Tribunal(7) ha sustentado que el derecho humano a la igualdad jurídica, en tanto principio adjetivo, se configura por dos facetas: la igualdad formal o de derecho y la igualdad sustantiva o de hecho.
La primera constituye una protección en contra de distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades e igualdad en la norma jurídica, como imperativo a la autoridad legislativa de evitar diferenciaciones normativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
Por su parte, la segunda modalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas. Lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.
Dentro de ese principio, se incluye el derecho a la igualdad procesal de las partes en un litigo, como una manifestación del debido proceso, pues éste permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, lo que tiene implícito el derecho a la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos debe realizarse en condiciones simétricas; esto es, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno (igualdad de armas).
La prohibición de que se produzca indefensión constituye una garantía que implica el respeto del esencial principio de contradicción, de modo que los contendientes en posición de igualdad dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que significa que en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa contradictorio de las partes contendientes mediante la oportunidad de concurrir en igualdad de circunstancias al proceso para alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses.
Lo cual inmiscuye el derecho del promovente de acceder a la documentación necesaria para sustentar su acción, en igualdad de circunstancias respecto de quien posee esa información. De no respetarse ese derecho, se impediría el acceso y disponibilidad de los elementos de convicción indispensables para justificar una pretensión.
De lo que se infiere que el supuesto jurídico en estudio también involucra el derecho a la información del socio que pretende preparar una acción futura. Para lo cual requiere obtener la documentación que sustente su acción, ya que él no la tiene en su poder.
4. Derecho a la información de los accionistas de una S.A.
Sobre el derecho a la información que tienen los integrantes de una sociedad anónima, para conocer la documentación perteneciente a ésta, es importante tener presentes algunas características de las sociedades mercantiles de esta naturaleza.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 87(8) de la Ley General de Sociedades Mercantiles: sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones.
Fernando Sánchez Calero la define como sigue: "Puede decirse que la sociedad anónima es el tipo de sociedad mercantil cuyo capital está divido (sic) en acciones y en la que únicamente responde su patrimonio del cumplimiento de las deudas sociales, cuyas notas características son: capital social, existencia de acciones y autonomía patrimonial, a las que se añaden; la existencia de una organización corporativa, y el carácter constitutivo de su inscripción en el Registro Mercantil."(9)
De acuerdo con el artículo 2o. de la legislación en cita,(10) las sociedades mercantiles, como la anónima, tienen personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios. Lo que trae como consecuencia que éstas gocen de los atributos propios de la personalidad. Entre otros: la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, el n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29748-9b8868ab/medios-preparatorios-a-juicio-ordinario-mercantil-son-procedentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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