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COMISARIOS. LOS ARTÍCULOS 154 Y 171 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6502/2018. · Registro digital (IUS): 28455
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-04-05
Promovente: ENRIQUE PROA ROMÁN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Pág. 493.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6502/2018. ENRIQUE PROA ROMÁN Y OTRO. 30 DE ENERO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRAN.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Máximo Tribunal. Lo anterior, ya que el recurso fue interpuesto contra la sentencia de amparo directo en materia civil, dictada por Tribunal Colegiado de Circuito, la cual corresponde a la especialidad de esta Sala.

12. SEGUNDO.—Oportunidad. La sentencia de amparo se notificó personalmente a la parte quejosa el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho,(5) dicha notificación surtió efectos el cinco siguiente; por tanto, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la ley de la materia para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del seis al veinte del referido mes y año, descontando los días ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

13. En tales condiciones, dado que el recurso de revisión se presentó el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ante el Tribunal Colegiado del conocimiento, su interposición fue oportuna.

14. Por lo que respecta a la revisión adhesiva interpuesta por el tercero interesado, la notificación del auto de admisión tuvo lugar por medio de lista publicada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho,(6) lo cual surtió efectos el día veinticinco de octubre siguiente, por tanto, el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 82 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de octubre al cinco de noviembre del referido año, descontándose los días veintisiete y veintiocho de octubre; así como del uno al cuatro de noviembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y del oficio 2152/2018 signado por el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; de modo que si el recurso de revisión adhesiva se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, debe considerarse extemporáneo.

15. TERCERO.—Legitimidad. Los recurrentes tienen el carácter de quejosos en el juicio de amparo, por lo que están legitimados para interponer el recurso.

16. CUARTO.—Cuestiones necesarias para resolver. A continuación se sintetizarán los conceptos de violación, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios contenidos en el recurso de revisión.

17. Primer concepto de violación:

a) El acto reclamado es inconstitucional, toda vez que la Sala se abstuvo de hacer una correcta valoración de la acción deducida en la demanda inicial, pasando por alto los argumentos hechos valer por los demandados tanto en el escrito de contestación a la demanda como en los demás hechos valer en la sustanciación del juicio.

b) Indebidamente se declaró procedente la acción, soslayándose con ello los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se regulan dos supuestos diversos para que los accionistas de determinada sociedad, puedan ocurrir ante la autoridad jurisdiccional a efecto de solicitar que se realice la convocatoria para la celebración de una asamblea general de accionistas en la que se traten los asuntos que se contemplan de manera específica en cada una de esas hipótesis, cuando exista omisión o negativa de los órganos de administración o vigilancia para realizar dicha convocatoria.

Enseguida, los inconformes plasmaron un cuadro comparativo entre los elementos que –dicen– contienen los referidos preceptos legales, y señalan que para declarar procedente la acción, se debió verificar que se haya cumplido con lo siguiente: i) con los presupuestos procesales; ii) con las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; y iii) con los requisitos de procedibilidad.

Señalan que, tratándose del supuesto previsto en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el actor debió acreditar: (a) que ostenta cuando menos la titularidad del treinta y tres por ciento del capital social (ahora veinticinco por ciento); (b) que previamente a acudir ante la autoridad judicial haya solicitado al consejo de administración, administrador único, en su caso, al comisario en funciones de la sociedad, que convocara a los accionistas y demás órganos administrativos que forman parte de la misma a una asamblea general para tratar determinado asunto de forma específica; (c) que pese a esa solicitud se omitió o rehusó la realización de la convocatoria requerida o no se efectuó dentro de los quince días siguientes a que la petición les fue hecha.

c) Que en la hipótesis que contempla el precepto legal 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el demandante tenía que probar, sin importar el porcentaje legal accionario que ostente, lo siguiente: (i) que en la sociedad en la que es accionista no se hubiere celebrado ninguna asamblea general ordinaria en un plazo de dos ejercicios sociales consecutivos, o en su defecto, que en las asambleas celebradas no se hubiera tratado ninguno de los asuntos contenidos en el artículo 181 de dicha ley; y, (ii) que pese a su solicitud, el consejo de administración, administrador único, en su caso, o el comisario en funciones, se hubiese rehusado a realizar la convocatoria requerida o no la efectuaron dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha en que se hizo la petición.

d) Que era indispensable que el actor estableciera cuál de las dos acciones era la que iba a ejercitar, pues los elementos constitutivos de la acción y requisitos de procedibilidad son distintos en cada uno.

e) Que por ello, no es válido que el actor fundamente su acción de forma indistinta en los artículos 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que el Juez de origen y el tribunal de alzada subsanen tal deficiencia determinando que es irrelevante que se haya admitido el juicio con base en ambos preceptos legales, porque la procedencia de la acción atendió a la causa de pedir del actor; pues esa situación dejó en estado de indefensión a los demandados, ahora quejosos, para identificar cuál era la acción intentada y sus alcances, lo que constituye una formalidad que repercute en los elementos de la acción a probar.

f) Que en el eventual supuesto de que se estime que la acción intentada en el juicio de origen fue la contenida en el numeral 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo cierto es que es a la parte actora a quien correspondía demostrar que no se celebraron las asambleas generales en los años que adujo en su demanda, por tratarse de una afirmación de su parte y el sustento de la acción intentada; estimar lo contrario iría contra el artículo 1194 del Código de Comercio, en relación con el ordinal 85 del Código de Procedimientos Civiles, en los que se establece expresamente que el actor tiene el deber de probar los hechos constitutivos de su acción.

g) No quedó acreditado el elemento de la acción, consistente en que previo a acudir a la autoridad judicial el demandante solicitara al consejo de administración, administrador único, en su caso, o al comisario de la sociedad, que convocara a los demás accionistas y órganos administrativos que forman parte de la misma a una asamblea general para tratar determinado asunto relacionado con la sociedad.

h) Si bien la autoridad responsable indica que conforme al artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Enrique Proa Román se encuentra obligado a desempeñar sus funciones como órgano de vigilancia hasta en tanto se haya designado mediante asamblea general de accionistas a la persona que lo sustituya en sus funciones y que tome posesión de dicho cargo, lo cierto es, que el precepto legal es violatorio de sus derechos humanos, al obligar a aquél a continuar el desempeño de ese oficio, sin percibir remuneración o ganancia alguna, y peor aún, restringiéndolo del derecho de prestar libremente sus servicios ante otra fuente de trabajo, por lo que, devienen inconstitucionales el citado numeral, así como los diversos 169 y 171 del mismo ordenamiento legal, por ser contrarios a los derechos fundamentales de libertad de trabajo, legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.

i) La relación que existe entre el comisario de una sociedad y ésta no sólo es administrativa u orgánica, sino que es de índole laboral, pues aquél presta un servicio personal subordinado a la empresa a cambio de una remuneración económica, la que en el caso particular y durante el tiempo en que efectivamente Enrique Proa Román ejerció ese cargo, jamás fue recibida por éste, siendo completamente válido y legal que haya decidido terminar con dicho vínculo, sin que fuera necesario que para hacer tal expresión de voluntad se requiera de formalidad alguna, ni aprobación o consentimiento de su empleador, pues no puede obligársele a seguir prestando un servicio que no es de su interés o conveniencia y del que no percibe salario.

j) Por tanto, es contrario a derecho el argumento de la autoridad responsable en el sentido de que, tanto los administradores como los comisarios continuarán en el desempeño de sus funciones aun y cuando hubiere concluido el plazo para el que hubieran sido designados, mientras no se haya realizado un nuevo nombramiento, pues deja en estado de indefensión al demandado Enrique Proa Román, pues bajo ese criterio depende de que la sociedad mercantil designe un nuevo comisario y éste se digne a tomar formal y material posesión del oficio conferido, para que se pueda dedicar a la actividad que mejor le convenga, que le den una mejor calidad de vida y por la que reciba una remuneración económica.

k) Tanto en el artículo 5o. y 123 constitucionales, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicas, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración sobre Progreso y Desarrollo en lo Social y la Declaración de Filadelfia, existe un reconocimiento expreso en el sentido de que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento –salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial–.

l) El contenido del numeral 171 en relación con el 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles es violatorio del artículo 5o. constitucional, por obligar a quien ejerce el cargo de comisario de una sociedad a continuar con su desempeño aun cuando ya no lo desee y no reciba remuneración económica alguna.

m) Aunado a lo anterior, la citada legislación establece en el artículo 181 la obligación a cargo de los accionistas de la sociedad, de llevar a cabo por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio social, la celebración de una asamblea general ordinaria en la que se haga el nombramiento o ratificación en su caso, del administrador único o los miembros del consejo de administración, así como de los comisarios de la sociedad y determinar los emolumentos correspondientes a quienes ejerzan tales funciones, cuando no hayan sido fijados en los estatutos sociales, por lo que, es claro que a los propios accionistas es a quienes la ley les impone el deber de reunirse anualmente para los efectos aludidos, de manera que, no puede entenderse, como lo pretende la autoridad responsable, que la designación de esos cargos sea vitalicia. Máxime que, conforme al artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo, los empleados en ningún caso están obligados a prestar sus servicios para determinado patrón por más de un año.

n) Considerando que la relación entre el órgano de administración y vigilancia de una sociedad para con ésta es de supra-subordinación, en la que dichos funcionarios tienen el derecho de recibir una remuneración, no puede ser válido que en la fecha en la que el actor, aquí tercero interesado, dice haber realizado la notificación o requerimiento para la convocatoria a una asamblea general de accionistas, Enrique Proa Román hubiese seguido ostentando el cargo de comisario que le es atribuido, pues atendiendo al propio dicho del demandante, no ha sido celebrada asamblea alguna a través de la cual se trate su ulterior designación, ni en la que se fijen los emolumentos que habría de percibir, por lo que, podría separarse de su encargo sin mayor formalidad o solemnidad.

ñ) Por tanto, el hecho de que la autoridad responsable supedite la renuncia de dicho funcionario a la voluntad y aceptación de uno o varios terceros, transgrede los derechos humanos del quejoso Enrique Proa Román, pues se le obliga a desempeñar un oficio de manera indefinida hasta que los accionistas de la sociedad designaran a la persona que lo sustituyera y no sólo eso, sino hasta que esta última aceptara y protestara el cargo, imponiéndole permanentemente las obligaciones y responsabilidades inherentes, sin que así lo hubiera consentido y sin retribuírsele pago alguno.

o) Consecuentemente, es contrario a derecho que se deje sin efectos la renuncia efectuada por Enrique Proa Román el diez de junio de dos mil doce ante el administrador único de la sociedad, al constar en un documento público que tiene valor probatorio pleno.

p) Es inválido y carente de todo sustento legal, el hecho de que la autoridad responsable considere que Enrique Proa Román, estuviere facultado para convocar a la asamblea general de accionistas, ya que si bien, el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles faculta al comisario para convocar la celebración de una asamblea general de accionistas ya sea ordinaria o extraordinaria, también lo es que la misma ley no lo faculta para determinar la orden del día que en su caso se trate.

q) Que por otra parte, de la póliza que tomó en cuenta la autoridad responsable para estimar acreditado el elemento de la acción que se analiza, tampoco se advierten datos objetivos que permitan concluir que efectivamente le fue solicitado al supuesto comisario o al administrador único la solicitud de convocatoria general de accionistas, porque el requerimiento se efectuó con una persona que no tiene nada que ver con los demandados.

r) Que el contenido de la póliza ********** otorgada por el corredor público número ********** del Estado se advierte que la supuesta solicitud que se dirigió a Enrique Proa Román, fue entregada a diversa persona identificada con el nombre de Hilda Cecilia Dávila, de manera que no se realizó con los requisitos básicos previstos en la ley mercantil para que se entienda válida y certera dicha petición, pues no se hizo de manera personal con el supuesto comisario.

s) Que además, la aludida Hilda Cecilia Dávila, dijo ser empleada del citado Enrique Proa Román, pero no se acreditó dicha calidad ante el fedatario público que dio fe de la actuación; que en cuanto al domicilio, se adujo haberse constituido en el que atañe al referido Proa Román, arribando a esa conclusión únicamente por el dicho de una persona que afirmó ser la "secretaria" del demandado, pero sin demostrar tal circunstancia con algún otro elemento objetivo que lo evidenciara, aunado a que no está probado que la dirección que se indicó corresponda a la del buscado, es decir, que sea en la que residía, vivía o tenía su principal asiento de negocios, lo que resulta de suma importancia porque la solicitud para que se emita convocatoria para celebrar asamblea de socios, no constituye un simple aviso, sino que debe colmar ciertos requisitos que conduzcan a estimar con seguridad y certeza de que se hizo al órgano de administración.

t) Que por tanto, es inexacto que la autoridad responsable considere lo contrario, bajo el argumento de que tal solicitud no constituye una notificación personal que deba reunir los requisitos formales establecidos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no existe disposición alguna que así lo determine; pues lo cierto es, que a falta de disposición expresa para la notificación extrajudicial de la solicitud de la convocatoria, era necesario acudir tanto a los artículos del 303 a 311 del citado código, como al Código de Comercio en su numeral 1069, pues constituye un requisito de procedibilidad de la acción en el que se haya solicitado al órgano que convocara a asamblea y que se rehusó, por tanto el requerimiento debe cumplir con requisitos mínimos para tener certeza de que se llevó a cabo, como el de haberse notificado personalmente; presentado en su domicilio, así como cerciorarse de éste; levantar acta pormenorizada, dejar citatorio; constituirse nuevamente y requerir de su presencia; si no esperó verificar la notificación con persona que se encuentre relacionada con el requerido, además de circunstanciar el acta debidamente, y en este caso no se observaron esos elementos, por lo que no es válida la notificación.

18. Segundo concepto de violación:

a) La Sala responsable indebidamente consideró correcto el actuar del Juez de Primera Instancia, al declarar procedente la acción, cuando no se cumplieron las exigencias esenciales para ello, pues indicó que los artículos 185 y 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles facultan al juzgador para ordenar que la convocatoria y establezca los puntos del día que habrán de ser tratados en la asamblea que se celebre, lo que es incorrecto, porque es al actor a quien corresponde formular la orden del día y presentarla al juzgador, quien en todo caso debe verificar que se ajuste a lo solicitado y de acreditarse su pretensión, firmar la convocatoria que habría de publicarse.

b) Si el actor intentó su acción para que se publicara una convocatoria y como consecuencia de ésta se celebrara una asamblea de accionistas, bajo el sustento de que no se había celebrado ninguna para atender y resolver los asuntos a que se refiere el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles durante por lo menos los dos años anteriores y si en dicha asamblea se debe discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores a que se refiere el numeral 172 de la citada legislación; entonces, aquél en la causa de pedir debió establecer cuáles son los ejercicios sociales concluidos de los que requería fueran presentados los informes, además de incluir los demás asuntos a que se refieren las fracciones II y III del precepto legal 181 invocado, siendo que esto no aconteció.

c) En el caso no concedido de que fuera correcto que al juzgador le corresponde insertar el orden del día que habrá de discutirse en la asamblea que convocara, debió ajustarse de forma estricta a lo previsto en el artículo 181 de la legislación referida, considerando los ejercicios sobre los cuales se señaló que no se celebraron, siendo que esto no ocurre en el presente, porque en la convocatoria se indicó que se rindan los informes que acrediten la situación económica, financiera real de la empresa del año dos mil ocho al dos mil catorce y concluye diciendo que los demás asuntos que determinen los accionistas, dejando a un lado el cumplimiento estricto de los temas a discutirse en una asamblea de ese tipo como lo indica el aludido precepto legal.

d) Si bien el artículo 187 de la Ley General de Sociedades Mercantiles establece que la convocatoria para las asambleas deberá contener el orden del día y estar firmada por quien la haga, esto sólo es aplicable para la persona u órgano que ordinariamente llega a convocar la asamblea, mas no para el juzgador que atienda dicha petición, quedando a cargo del solicitante indicarle los asuntos que desea se traten en la asamblea y colmar los requisitos de procedibilidad y elementos constitutivos de la acción, para que el Juez pueda ordenar que se realice la convocatoria, estando impedido para apartarse de su función impartidora de justicia y suplir las deficiencias del actor.

e) Es arbitrario y contrario a derecho que a través de la resolución que ordena la convocatoria i) se ordene la exhibición de determinada información contable y financiera de la empresa; ii) se deje sin efectos cualquier estipulación contenida en los estatutos sociales o en la ley de la materia sobre la facultad de emitir una ulterior convocatoria o celebración de asamblea y respecto de la verificación del quorum, pues se ordena la celebración forzosa de la asamblea y la obligación de las partes de asistir, además de la discusión de los puntos señalados en el orden del día sin importar el número de acciones representadas en el acto; iii) que se imponga, aperciba o decrete una responsabilidad a cargo de los aquí quejosos ante el supuesto incumplimiento de sus obligaciones impuestas por la ley, los estatutos de la sociedad y la resolución dictada por el Juez; iv) que se impongan, aperciban o decreten las supuestas sanciones o medidas de apremio establecidas en la legislación mercantil, consistentes en el arresto de los demandados hasta por treinta y seis horas, en el caso de que no comparezcan a la celebración de la asamblea; y v) que se imponga, aperciba o decrete el desacato al mandamiento judicial, para el caso de que no se cumpla con los ilegales términos impuestos en la resolución reclamada.

f) Lo anterior, porque todas estas determinaciones se apartan de lo solicitado por el actor, pues éste sólo pidió la celebración de una asamblea general de accionistas de conformidad con el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, para tratar los puntos que dicho numeral refiere, pero sin precisar cualquier otra información financiera corporativa o contable, por lo que, es claro que se subsanaron los puntos a desarrollar en la citada asamblea.

g) Incluso, ninguno de los numerales que cita la responsable para pronunciarse sobre las medidas adoptadas por el Juez son aplicables en el caso, ni la facultan para excederse en sus atribuciones, siendo evidente la mezcla de acciones que pretendió hacer valer el actor.

h) Que incluso, ninguno de los numerales que cita la autoridad responsable para pronunciarse sobre las medidas adoptadas por el Juez son aplicables en el caso, ni la facultan para excederse en sus atribuciones, pues las medidas adoptadas en el caso particular resultan excesivas y atentan contra el pacto social establecido por los accionistas y contra la propia ley en la materia.

i) Que por ello, si con la publicación de la convocatoria respectiva cesa la función impartidora de justicia, entonces, resulta arbitrario e ilegal que deba atenderse a los apercibimientos y sanciones decretadas en la sentencia reclamada, pues para cada caso los estatutos sociales contemplan diversos parámetros que deberán colmarse para que se lleve a cabo una asamblea de accionistas y para que los acuerdos allí tomados surtan sus efectos legales, sin que sea dable que la autoridad jurisdiccional los ignore, modifique o supere en violación a la voluntad de los accionistas.

j) Que debe estarse a lo previsto en los estatutos sociales de la sociedad mercantil, pues conforme al artículo trigésimo noveno será presidente de la asamblea, el administrador único o en su defecto, la persona que nombren los accionistas en el acto y de común acuerdo; conforme al artículo trigésimo octavo de dicho pacto, los accionistas podrán concurrir a las asambleas personalmente o por conducto de un apoderado general o especial, bastando en este último caso, se otorgue una carta poder a un tercero; y finalmente, el artículo trigésimo sexto prevé la posibilidad de que se lleve a cabo una segunda convocatoria para el caso de que la primera no se considere legalmente instalada, así como las sanciones corporativas para el caso de que los accionistas no concurran al ulterior llamado.

19. Tercer concepto de violación:

a) La autoridad responsable ordena la publicación de la convocatoria y que los enjuiciados pongan a disposición de los accionistas la información prevista por la fracción IV del artículo 166 y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero se precisa que dicha información deberá exhibirse en domicilio distinto al de la sociedad mercantil, lo que puede generar sustraer la información financiera de la sociedad del domicilio confinado como el principal asiento de sus negocios.

b) El domicilio indicado por la autoridad responsable para que se ponga a disposición de los accionistas toda la información fiscal, contable y financiera corresponde al de una persona jurídica ajena a la controversia.

20. Cuarto concepto de violación:

a) Alegaron violación a los principios de congruencia y exhaustividad, porque en la demanda el actor no estableció si la acción intentada se sustentó en lo previsto en el artículo 184 o 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ni precisó el orden del día que pretendía fuera tratado en la asamblea general de accionistas.

b) El tribunal de alzada al modificar la sentencia apelada, ordenó la publicación de la convocatoria a la asamblea de accionistas y adicionalmente emitió una serie de consideraciones que resultan ilegales e injustificadas, ya que en su caso, la convocatoria debió atender a lo dispuesto en los estatutos sociales que representar la máxima voluntad de los accionistas.

21. Sentencia de amparo directo. En la ejecutoria de amparo el Tribunal Colegiado analizó los argumentos donde los quejosos pretendieron demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 154, 169 y 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre las siguientes bases:

• El Tribunal Colegiado calificó ineficaces los argumentos hechos valer en la demanda de amparo tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 169 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al no advertir planteamiento alguno enderezado con el fin de demostrar la alegada inconstitucionalidad; sino por el contrario, los quejosos sólo se limitaron a señalar que el artículo mencionado es contrario a la Constitución, al transgredir en su perjuicio diversos derechos fundamentales.

• Por ende, al no esgrimir argumento alguno para demostrar la alegada inconstitucionalidad del artículo referido, el Tribunal Colegiado sólo abordó el estudio de lo planteado en torno al artículo 154 en relación con el 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al respecto, el órgano jurisdiccional determinó que los artículos tildados de inconstitucionales no vedan el derecho fundamental de la libertad del trabajo, pues por una parte no contemplan prohibición alguna para que los comisarios de las personas morales, puedan dedicarse a otras actividades que les sean remuneradas y que estimen convenientes, ya sea antes, durante o después de su cargo.

• Además, el hecho de que se les sujete a continuar con el encargo, hasta en tanto se designe a uno nuevo y éste a su vez tome posesión, tampoco constituye violación alguna al artículo 5o. constitucional, ya que si se parte del planteamiento formulado por los inconformes, en el sentido de que a nadie puede imponerse el desempeño de un trabajo en contra de su consentimiento, no puede perderse de vista que el referido dispositivo constitucional, sí permite la restricción de ese derecho, entre otros supuestos, cuando se afecten derechos de un tercero.

• Debe tenerse en cuenta que, el legislador impuso la obligación a los comisarios para seguir desempeñando el cargo, hasta en tanto se designe otro y éste tome posesión del cargo, con el fin de velar por los derechos de terceros, ya sea de los socios accionistas o de la propia persona moral en sí; pues de acuerdo a la ley, es en quien recae la vigilancia de sociedad, en atención a lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

• Aunado a lo anterior, el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles debe interpretarse como una obligación inherente al cargo de comisario, es decir, tiene bajo su cargo la vigilancia de la sociedad mercantil y ejecución de los negocios de la sociedad, entre otras facultades y obligaciones que el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; por ende, es claro que existe una relación de confianza entre el comisario y la sociedad mercantil quien lo designa para tal efecto y a su vez, es evidente que el artículo impugnado, no impone, por sí mismo, obligación alguna al derecho fundamental de la libertad de trabajo, cuyo argumento toral constituye la impugnación formulada por los quejosos.

• Incluso debe considerarse que ese artículo no puede interpretarse de manera aislada, sino dentro de un sistema normativo; por tanto, como en determinada forma lo señalaron la Sala responsable y el juzgador primigenio, puede analizarse a la luz del diverso artículo 166, fracción VI, de la legislación mencionada, que faculta a los comisarios a convocar a la asamblea en la que podrán tratar, como punto del orden del día, su renuncia.

• Aunado a que, implícitamente, se puede advertir que en el artículo 169 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, permite que su responsabilidad se limite de acuerdo a los estatutos, lo que implica que es admisible que la duración en su cargo pueda ser objeto de previsión en los mismos, razón por la cual no se restringe su libertad de trabajo bajo el planteamiento que se indica, es decir, que se impone a los comisarios un trabajo sin su consentimiento. Por tanto, es claro que no existe transgresión alguna a los derechos fundamentales reclamados, pues el hecho de que se contemple la permanencia d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28455-449ff427/comisarios-los-articulos-154-y-171-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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