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Modo: Corpus Pro

SOCIEDADES ANÓNIMAS. CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE ÉSTAS ES COMPARTIDA, CARECE DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM QUIEN EJERCE LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN CONTRA DE QUIEN TAMBIÉN TIENE DICHA OBLIGACIÓN CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ES COMPARTIDA (COADMINISTRADOR).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 478/2011. · Registro digital (IUS): 23832
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Pág. 2052.

SOCIEDADES ANÓNIMAS. CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE ÉSTA ES COMPARTIDA, CARECE DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM QUIEN EJERCE LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN CONTRA DE QUIEN TAMBIÉN TIENE DICHA OBLIGACIÓN CUANDO LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ES COMPARTIDA (COADMINISTRADOR).

AMPARO DIRECTO 478/2011. 25 DE OCTUBRE DE 2011. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ENRIQUE ZAYAS ROLDÁN. PONENTE: ROSA MARÍA TEMBLADOR VIDRIO. SECRETARIO: LUIS RAFAEL BAUTISTA CRUZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son inoperantes en parte y fundados en lo restante los conceptos de violación hechos valer.

Como se dijo, la quejosa combate la sentencia de dos de agosto de dos mil once, dictada por los Magistrados que integran la ********** Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil **********, a través de la cual modificaron la resolución emitida por el ********** de lo Civil del Distrito Judicial de **********, con residencia en esta ciudad y, en lo que interesa, determinaron condenar a la demandada **********, aquí quejosa, a la rendición de cuentas a la tercera perjudicada, por los ejercicios sociales de los años de mil novecientos noventa y ocho al diecinueve de agosto de dos mil ocho, relativos a la negociación **********, S.A. de C.V., así como a la entrega de los sistemas de contabilidad y del estado que mostrara la situación financiera de la sociedad, y los resultados de la sociedad, durante los ejercicios fiscales antes citados; asimismo, reclama la ejecución de la citada sentencia, atribuida al Juez de origen.

Al respecto, la promovente de la acción constitucional -por su representación-, en parte de los conceptos de violación marcados con los ordinales primero y segundo, expresa que es ilegal la sentencia reclamada, porque cuando la responsable reasumió jurisdicción y dictó la nueva sentencia, incurrió en los mismos yerros que en su oportunidad ameritaron que este tribunal concediera el amparo y protección de la Justicia Federal, en el amparo directo **********.

Tal motivo de inconformidad es inoperante, pues el mismo se endereza a cuestionar lo que desde la perspectiva de la quejosa es un defectuoso cumplimiento a una ejecutoria de amparo anterior; de ahí que no sea dable examinar dicho planteamiento en esta vía, en términos de la jurisprudencia 402, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 346, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de epígrafe y sinopsis:

"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."

Por otra parte, en el motivo de disenso marcado con el numeral tercero y en parte del segundo, expresa que:

a) De acuerdo con el criterio del tribunal de ********** instancia, las responsabilidades de la administración conjunta que existe en torno a la persona moral **********, S.A. de C.V., es divisible y, por tanto, exigible a una sola de las obligadas, cual si dicha responsabilidad se estableciera en atención a quien demande su rendición, y no con base en el pacto contenido en el acta constitutiva;

b) En el caso se actualiza la hipótesis de que la administradora, aquí tercera perjudicada, no sólo no rinde los informes que por ley debe presentar, sino que los exige cual si ella careciera de la obligación de presentarlos y solamente contara con el derecho de recibirlos;

c) La acumulación del carácter de accionista y administradora, no releva a la tercera de las obligaciones propias de la administración social;

d) La responsable inobservó que no existe prueba que demuestre que la tercera perjudicada hubiere dejado de contar con el carácter de administradora y, en cambio, de las constancias que integran el sumario se aprecia que aquélla actualmente ostenta el carácter de administradora única de la aludida persona moral;

e) La Sala emitió una sentencia incongruente, porque inadvirtió que pese a que ********** señaló expresamente en su demanda que, por acuerdo de ella y la ahora quejosa, se acordó que la administración sería responsabilidad exclusiva de ésta, no señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente sucedió dicho pacto, por lo que no se probaron tales cuestiones;

f) De la cláusula trigésima octava del acta constitutiva de la persona moral **********, S.A. de C.V., se desprende que se ordena a los administradores de dicha moral, permanecer en su cargo hasta en tanto no se haga la nueva designación y se tome posesión por quien haya resultado electo, y a la fecha no existe constancia en el sentido de que la tercera perjudicada haya renunciado a la administración, o bien, se hubiese nombrado como administradora única a la aquí quejosa; y

g) Al existir el nombramiento de dos administradoras generales, y recaer el mismo también en la tercera perjudicada, se demuestra la ausencia de legitimación, puesto que existe "el subtema relacionado con la imposibilidad de exigir por la tercera perjudicada de pedir a la ahora quejosa, el cumplimiento de obligaciones compartidas".

De los anteriores argumentos se advierte que la parte impetrante combate la porción de la sentencia reclamada, en la que se abordó el tema de la legitimación ad causam, misma de la que, desde la perspectiva de la responsable, goza la actora en el juicio natural, y respecto de la cual dicha autoridad emitió las siguientes consideraciones:

"... En un tercer orden de ideas, debe decirse que no es verdad que la actora carezca de legitimación para exigir la rendición de informes financieros a la demandada por tener ésta el carácter de administradora. Ciertamente, pues aun cuando el apelante sostiene que del acta constitutiva de la sociedad mercantil **********, S.A. de C.V., se evidencia que la administración de dicha persona colectiva se encomendó de manera simultánea a las contendientes ********** y **********, lo que se corrobora con la copia certificada del instrumento notarial que adjuntó la actora a la demanda, tal no impide que la primera citada, pueda exigir de la enjuiciada la rendición de informes que correspondan a su actuar en el ejercicio del cargo de administradora que le fue encomendado. Lo anterior es así, pues la enjuiciante para justificar su legitimación, exhibió copia certificada de los títulos accionarios que la facultan como accionista para exigir de su adversaria el informe de las actividades que la reo ejecutó como administradora de la sociedad mercantil del caso. Y además, aun cuando la demandante tiene el carácter conjuntamente con la enjuiciada, de administradora, tal no impide que la primera ejerza la acción de rendición de información financiera adversamente a la reo, cuanto que de la propia acta constitutiva de la sociedad mercantil del caso se advierte que se facultó a las dos administradoras generales que fueron nombradas ********** y **********, para actuar conjunta o separadamente para el ejercicio de las funciones que les fueron encomendadas, de manera que aquéllas, al tener también el carácter de accionistas, acorde con los artículos 163 y 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, estuvieron facultadas para exigir con ese carácter, de la otra, como administradora, el informe previsto por la ley, respecto a los actos que una y otra hubieren ejecutado como administradora sin el consenso de su homóloga. Precisando, aun cuando la actora fue designada como administradora general de la sociedad del caso, conjuntamente con la enjuiciada, ello no impide a la primera solicitar el informe a que se refiere el artículo 172 del ordenamiento legal que guía el análisis, cuanto que cuenta de manera paralela con el carácter de accionista, contando la enjuiciada con facultades para ejercer su cargo de administradora aun sin la concurrencia de la otra administradora general, esto es, estando en aptitud de ejercer de manera solitaria las funciones que le fueron encomendadas como administradora, por lo que al actualizarse este supuesto, evidentemente que esta última está obligada a rendir cuentas de su actuación a la asamblea general de accionistas o al accionista que satisfaga los requisitos de ley, como en esta hipótesis acontece. Y como último punto relacionado con la falta de legitimación activa alegada por la doliente, no es verdad que ésta se suscite por pretenderse por la actora, con el carácter de administradora, la declaración judicial de la realización de una convocatoria para celebrar una asamblea general de accionistas de la sociedad mercantil del caso sosteniendo, al respecto la impetrante, que dicha acción sólo compete a los accionistas; desde luego, pues como se ha estatuido en párrafos anteriores, la solicitud para convocarse a asamblea general de accionistas no fue la acción ejercida, sino la de rendición de informes de la sociedad por parte de la administradora **********, habiendo justificado la demandante su interés y legitimación para deducir la acción dicha, al acreditar ser accionista que representa más del treinta y tres por ciento del capital social, tal como dispone el diverso 163 del ordenamiento legal susomencionado ..."

La confrontación de tales razonamientos con los sintetizados argumentos planteados por la parte quejosa, permite advertir la ilegalidad de la sentencia reclamada, específicamente en cuanto al tema atinente a la rendición de cuentas ejercida por la actora en el juicio de origen y sus consecuencias legales.

Para evidenciar lo anterior, y acorde a los planteamientos hechos valer, es necesario definir, en principio, qué se entiende por legitimación ad causam; posteriormente, destacar en qué consiste la obligación de rendir cuentas; y, finalmente, indicar quién o quiénes son los sujetos obligados a proceder en tales términos, a fin de dilucidar el punto toral del asunto, que es resolver si cuando existe dualidad de administradores con el carácter de accionistas, uno está legitimado para ejercer la acción en contra del otro, a efecto de obtener de éste la rendición de cuentas por un determinado periodo.

En lo que concierne al primero de los temas, el tratadista Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General del Proceso, Editorial Universidad, Buenos Aires, tercera edición, noviembre 2004, página 260, refiere que la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda; es decir, el actor debe ser la persona que según la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido por él no exista o corresponda a otra persona.

En congruencia con lo expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 304, Tomo VI, página 253, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto:

"LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." (Énfasis añadido)

Definido lo anterior, es conveniente señalar que los artículos 172, 173 y 176 de la Ley General de Sociedades Mercantiles disponen:

"De la información financiera.

"...

"Artículo 172. Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus administradores, presentarán a la asamblea de accionistas, anualmente, un informe que incluya por lo menos:

"A) Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.

"B) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

"C) Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de cierre del ejercicio.

"D) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la sociedad durante el ejercicio.

"E) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio.

"F) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio.

"G) Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.

"A la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se refiere la fracción IV del artículo 166."

"Artículo 173. El informe del que habla el enunciado general del artículo anterior, incluido el informe de los comisarios, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes de la fecha de la asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del informe correspondiente."

"Artículo 176. La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el enunciado general del artículo 172, será motivo para que la asamblea general de accionistas acuerde la remoción del administrador o consejo de administración, o de los comisarios, sin perjuicio de que se les exijan las responsabilidades en que respectivamente hubieren incurrido."

Al respecto, el doctrinario Ernesto Galindo Sifuentes, en su obra Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, México, primera edición, enero de 2004, página 271, refiere que el informe de administración es el documento que demuestra la marcha de la sociedad y que explica la situación financiera y contable durante el ejercicio correspondiente, así como los cambios en las partidas que integran el patrimonio social.

A su vez, Roberto L. Mantilla Molina, en su obra Derecho Mercantil, Introducción y Conceptos Fundamentales, Sociedades, Editorial Porrúa, México, décima reimpresión, febrero de 2003, páginas 423 a 426, indica que "los incisos C a G del artículo 172 describen los informes financieros que se entienden mencionados con la expresión balance; el balance debe ser veraz y preciso; es decir, debe mostrar con exactitud y claridad el estado económico de la compañía"; asimismo, apunta que "el balance debe formularse anualmente (artículo 172 LSM) para ser presentado, bajo la responsabilidad de los administradores (artículo 176), a la asamblea que ha de reunirse dentro de los cuatro primeros meses de cada ejercicio".

Sobre esa base, la rendición de cuentas debe ser entendida como la tutela que la norma confiere a todo individuo al que se le administren negocios, para que el órgano que indica la ley cumpla con su obligación de hacerle saber, mediante la presentación de un balance rendido en forma cronológica, cuáles son los activos y pasivos de los bienes manejados por el administrador.

Por ello, es dable afirmar que en el proceso de rendición de cuentas se encuentran dos tipos de sujetos; esto es, por un lado, el o los obligados a rendir cuentas -administrador o administradores- y, por otro, los demás integrantes de la sociedad, que en su conjunto forman la asamblea, por ser éstos las personas a los que se le administran sus respectivos capitales.

Bajo tales premisas, es innegable que cuando la administración de la sociedad es compartida, carece de legitimación ad causam, el que ejerce la acción de rendición de cuentas en contra del coadministrador, ya que, con independencia del carácter con el que promueva, al ser una obligación estatuida en la ley, ambos tienen el deber de llevarla a cabo.

Considerar lo contrario, implicaría soslayar el contenido del artículo 157 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del que se advierte que "los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen" y, además, generaría un desorden con repercusiones negativas al seno de la misma sociedad, pues bastaría que al cierre de cada ejercicio, uno de los administradores, por la circunstancia de tener el carácter de accionista, ejerciera la acción de rendición de cuentas en contra de otro, para que éste tuviera que llevar a cabo tal proceso, y así el primero quedar liberado de la responsabilidad que conlleva rendir el informe en comento, lo cual, se insiste, es una obligación que emana de la propia ley.

Así, es claro que el ejercicio del derecho de pedir esa rendición, no puede recaer en quien también tiene la obligación de rendir las cuentas, precisamente porque el presupuesto de ese proceso, es que previo pacto expreso, uno tenga a su cargo los intereses o bienes de otro, lo cual se traduce en la relación de los actos llevados a cabo en el ámbito de las facultades concedidas, de lo recibido y de lo que entrega, con su correspondiente justificación.

Por lo expuesto, asiste razón a la parte quejosa cuando afirma que son contrarias a derecho las consideraciones que respecto del tópico de legitimación esgrimió la Sala responsable.

Ciertamente, como se aprecia de la transcripción insertada con anterioridad, el tribunal de alzada arribó a la conclusión de que la legitimación de la tercera perjudicada para ejercer la acción de rendición de cuentas, quedaba saldada por la circunstancia de que al margen de que tenía el carácter de administradora de la persona moral denominada **********, S.A. de C.V., también le asistía el carácter de accionista mayoritaria de la misma y, además, porque en el acta constitutiva de la sociedad, se especificó que el carácter de administradora lo podía ejercer conjunta y separadamente, por lo que era necesario que la ahora quejosa rindiera las cuentas correspondientes al desempeño de su cargo, por los ejercicios de mil novecientos noventa y ocho al diecinueve de agosto de dos mil ocho.

No obstante, como bien aduce la quejosa, en autos obra la copia certificada del instrumento notarial cuarenta y seis mil ochocientos setenta y **********, volumen setecientos uno, elaborado el trece de enero de mil novecientos noventa y tres, por el notario auxiliar número **********, de la demarcación notarial de **********, en la que se formalizó la constitución de la sociedad anónima antes precisada, y en cuya cláusula tercera transitoria, se lee:

"... I. La sociedad mientras no se resuelva otra cosa, será administrada por dos administradores generales, denominados también directores generales, pudiendo usar indistintamente cualesquiera de las dos denominaciones, quienes desempeñarán su cargo por tiempo indefinido, mientras no les sean revocados sus nombramientos o renunciaren; y tendrán todas las facultades especificadas en las cláusulas cuadragésima primera y cuadragésima ********** de esta escritura, las que se dan aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra; pudiendo actuar conjunta o separadamente para el ejercicio de sus funciones, nombrándose para estos cargos a las señoras ********** y ********** ..."

Medio de prueba del que se colige que tanto la ahora quejosa como la tercera perjudicada, desde la fecha de elaboración del acta constitutiva tuvieron el carácter de administradoras, hasta el diecinueve de diciembre de dos mil ocho, que fue cuando mediante diverso instrumento quince mil quinientos cuarenta y **********, volumen ciento **********, pasado ante la fe del notario público suplente, en ejercicio del titular de la Notaría Pública Número Cincuenta y Cuatro de la demarcación notarial de **********, se protocolizó el acta de asamblea general ordinaria de accionistas, llevada a cabo el doce de septiembre de dos mil ocho, en la que se determinó revocar el nombramiento de administradora general que ostentaba la ahora quejosa, y en su lugar, conferir ese cargo exclusivamente a la aquí tercera perjudicada, como se aprecia de la siguiente orden del día:

"... I. Informe de actividades que presentará la señora **********, administradora general de la sociedad, por el periodo del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho.-II. Presentación del estado financiero de la sociedad y del balance general, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho.-III. Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para revocar el nombramiento de administradora general que ostenta la señora **********.-IV. Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para modificar la forma de administrar de la sociedad, de dos administradoras generales, por un administrador único y designación del mismo.-V. Proposición, discusión y aprobación, en su caso, para revocar el nombramiento de comisario de la señora ********** y nombramiento de quien lo sustituya.-VI. Designación de delegado especial de esta asamblea, para que acuda ante notario público de su elección y protocolice los acuerdos tomados ..."

A este respecto, y retomando la esencia del planteamiento de la parte quejosa, es necesario reiterar que, en el caso, la rendición de cuentas está sujeta a dos condiciones, a saber:

a) Que se pruebe la existencia de la sociedad y el carácter de accionista del demandante; y

b) Que se acredite que el demandado efectivamente asumió la tarea de administrar el capital del actor, pese a que ambos pactaron tener una administración compartida.

El primero de tales puntos se encuentra probado, mientras que el segundo no, pues como atinadamente refiere la parte impetrante, al sumario no se allegaron pruebas que revelen que fue ella quien exclusivamente se encargó de la administración de la negociación y, en cambio, del aludido instrumento notarial quince mil quinientos cuarenta y **********, volumen ciento **********, se aprecia que fue hasta el diecinueve de diciembre de dos mil ocho, en que la administración fue compartida, lo que se traduce en que al existir una responsabilidad solidaria para ambas, no es dable legalmente considerar que la administradora subsistente se encuentre legitimada para ejercer la acción de rendición de cuentas, en contra de quien fungió como coadministradora desde la constitución de la sociedad, pues debe tomarse en cuenta que la administración de la sociedad constituye un órgano unitario, y no se encuentra demostrado en autos que durante los ejercicios a que refiere la tercera perjudicada, la quejosa hubiese ejecutado actos sin el consenso de su homóloga.

No es óbice el argumento de la Sala, atinente a que la legitimación radica en que la tercera perjudicada también promovió con el carácter de accionista, porque atendiendo precisamente a la diversa calidad de administradora, no está en aptitud de pretender lo que la misma está obligada a rendir, ya que, se insiste, el presupuesto del proceso de rendición de cuentas es que uno tenga a su cargo la administración de los intereses o bienes de otro, y el informe correspondiente tiene como finalidad demostrar a éstos la marcha de la sociedad y explicar la situación financiera y contable durante el ejercicio correspondiente; de tal suerte que no se puede pretender que quien desde la constitución de la sociedad ha fungido como administradora, se encuentre legitimada para ejercer la acción de rendición de cuentas en contra de otra que durante un mismo periodo fungió como coadministradora; sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponderle a ésta, por el ejercicio de su cargo.

Tampoco es obstáculo que la citada responsable haya sustentado su determinación en lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues ese dispositivo legal versa sobre la acción de responsabilidad civil contra los administradores, misma que es diversa al tópico de rendición de cuentas a que hace referencia el artículo 172 del mismo ordenamiento legal.

En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación antes sintetizado, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que los Magistrados que integran la ********** Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejen insubsistente la sentencia de dos de agosto de dos mil once, dictada en el toca civil ********** y, en su lugar, emitan otra en la que consideren que no está acreditada la legitimación de la tercera perjudicada para ejercer la acción de rendición de cuentas y, en consecuencia, resuelvan como en derecho corresponda.

Finalmente, la concesión del amparo debe hacerse extensiva hacia el acto de ejecución atribuido al ********** de lo Civil del Distrito Judicial de **********; en tanto que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto ordenador.

Por la razón jurídica que contiene, se invoca la jurisprudencia 88 emitida por la otrora Tercera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, consultable en la página 70, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dispone:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

Sólo resta decir que no es materia de examen el escrito presentado el ********** de octubre del año en curso, por la parte tercera perjudicada, toda vez que los alegatos no forman parte de la litis constitucional, en términos de la jurisprudencia 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que prevé:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.-Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante Decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, ‘así como los demás razonamientos de las partes’, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23832-42b6c624/sociedades-anonimas-cuando-la-administracion-de-estas-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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