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Modo: Corpus Pro

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA. LOS SOCIOS DE UNA PERSONA MORAL, EN LO INDIVIDUAL, PUEDEN SER SUJETOS PASIVOS DEL DELITO Y, POR ENDE, LES ASISTE EL DERECHO A PROMOVER LA QUERELLA RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013. · Registro digital (IUS): 25104
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-06-27
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COL
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Pág. 289.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 493/2013. SUSCITADA ENTRE EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distinto circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, al resolver el expediente auxiliar 700/2013, relativo al amparo en revisión 293/2013 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, el veinticinco de octubre de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"... Así tenemos, que los quejosos **********, **********, **********, **********, ********** y **********, se ostentan como accionistas de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en términos de la escritura pública número **********, volumen **********, folio **********, de dieciséis de febrero de dos mil uno, que obra en copia certificada en los autos del juicio de amparo 207/2013 (fojas ciento doce a ciento cuarenta y cinco del cuaderno principal). En tal tesitura, los aludidos peticionarios de amparo, demandaron en la vía mercantil a la administración de la sociedad a la que pertenecen, por la entrega de los títulos representativos de las acciones que les corresponden en su calidad de socios, lo que motivó la apertura de la vía ordinaria mercantil ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, según se advierte de las constancias que integran el expediente 914/2010, de su índice. Además, obra registro de que los quejosos de cuenta solicitaron a **********, ********** y **********, en su carácter de integrantes del Consejo de Administración, la rendición de cuentas respecto a los activos y bienes inmuebles de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, que están dentro y fuera del país, créditos otorgados en nombre de esa persona jurídica, en particular, el manejo y destino del crédito hipotecario con garantía prendaria que celebraron en dos mil siete, por la cantidad de cuarenta y cinco millones de dólares, según consta en las actuaciones del juicio ordinario civil 127/2012, que se tramitó ante el mismo Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, ofrecidas en copia certificada por los quejosos, aquí recurrentes adhesivos. Luego, en diecisiete de febrero de dos mil doce, los promoventes de amparo, por derecho propio y en su carácter de ofendidos, formularon querella por el delito de administración fraudulenta contra **********, **********, ********** y **********, de la que correspondió conocer a la Agencia de Delitos Patrimoniales del Fuero Común, con residencia en Tijuana, Baja California, con número de averiguación previa 1529/11/2111 AP (sic), en la que expusieron, en lo que aquí interesa, lo siguiente: (se transcribe). En ese contexto, mediante resolución de dieciocho de enero de dos mil trece, el Ministerio Público del conocimiento, determinó que no ha lugar a ejercer acción penal por el delito de administración fraudulenta, y remitió los autos originales al director de averiguaciones previas, adscrito a la Subprocuraduría de Zona con sede en Tijuana, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en vía de consulta de archivo (foja 137 del tomo I de pruebas, expedientillo del juicio de amparo en revisión). Al respecto, dicho director de averiguaciones previas, mediante resolución de uno febrero de dos mil trece, autorizó el archivo definitivo de la aludida indagatoria; en contra de la que, los quejosos, interpusieron recurso de revisión que fue radicado ante el Juzgado Décimo de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, bajo expediente 01/13, y el veinticinco de marzo de dos mil trece, resolvió confirmar el no ejercicio de la acción penal y declarar infundado el recurso planteado. Para arribar a esa conclusión, la autoridad responsable expresó los siguientes razonamientos torales: ‘... Por lo que una vez analizadas las constancias que integran la averiguación previa que nos ocupa, así como la determinación de la representación social al momento de resolver el no ejercicio de la acción penal y los argumentos presentados por los inconformes con esta determinación, se arriba a concluir, que la determinación de la representación social, misma que ofrece la averiguación, es evidente que los ahora recurrentes carecen de legitimación para presentar querella en contra de los indiciados, **********, **********, ********** y **********; lo anterior, considerando que el delito de administración fraudulenta, previsto por el artículo 222 del Código Penal, es perseguible por querella de parte, como se dispone en el artículo 223 del mismo ordenamiento legal...

"‘... la cual sólo puede ser formulada por la persona que está legitimando para hacerlo, supuesto que en el caso que nos ocupa no se satisface, lo que imposibilita la acción del agente del Ministerio Público en los hechos que le denuncian...

"‘... ahora bien, se coincide con la determinación de la autoridad investigadora respecto de la no legitimación de los recurrentes en la formulación de la querella mencionada en contraposición a los argumentos formulados por los denunciantes; considerando que los denunciantes son socios activos de la moral denominada **********; al igual que los sujetos en contra de quienes se querellan, quienes además conforman el consejo de administración y los actos de que se duelen los denunciantes, se encuentran relacionados directamente con la moral mencionada, al referirse concretamente a la falta de rendición de cuentas por parte de los administradores de la moral ofendida, nombramientos otorgados por la asamblea general de dicha empresa, dentro de la cual también participan los ahora recurrentes...

"‘... la asamblea general de accionistas, siendo la única facultada para establecer y determinar la exigencia de responsabilidades a los administradores, como se dispone en el artículo 161 del mismo ordenamiento mencionado, por lo tanto, los socios de la misma entidad moral, de modo personal se encuentran impedidos para formular querella en contra de los administradores de la sociedad de la que forman parte, como en el caso que nos ocupa; a excepción de que se actualice la hipótesis que prevé el artículo 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde establece que una vez conformado el 33% del capital social, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil, siempre y cuando se acrediten los requisitos que en el mismo artículo se ordenan, lo que en el caso que nos ocupa no se evidencia, ya que como lo estableció la representación social, el capital que representan los promoventes en la sociedad de la que forman parte es de un 16.56%, por lo que no es suficiente para ejercitar la acción directa que contempla la legislación competente...

"‘... ahora bien, por lo que hace a sus argumentos, en cuanto a que los promoventes si se encuentran facultados para formular la querella en contra de los indiciados, son improcedentes, puesto que si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Mercantiles, menciona en sus numerales 161 y 613 la responsabilidad civil, lo cual, según alegan los inconformes, no puede considerarse como penal, sin embargo, se encuentra relacionado directamente con el carácter legal de la querella, puesto que dicha figura procesal, requiere de cierta calidad para que se pueda formular, ya que de no ser éste el caso, cualquier noticia de un hecho delictivo podría ser por una denuncia ante la autoridad investigadora, sin embargo, el legislador le dio tratamiento diferente a ciertos delitos...

"‘... lo que no sucede en el caso que nos ocupa, ya que los ahora querellantes no cuentan con la autorización de la asamblea general de accionistas, para presentar la querella en contra de los administradores de la misma figura moral, ni tampoco reúnen el treinta y tres por ciento del capital social para ejercitar una acción directa en contra de los administradores, por lo tanto, no se encuentran facultados para presentar la querella necesaria; ahora bien, respecto a que su denuncia es en calidad de terceros con legítimo interés, tampoco es acorde con las constancias de autos, ya que como ellos mismos lo aceptan, forman parte de la sociedad denominada **********, y son parte de la asamblea general de accionistas como lo acreditan con los títulos que exhiben en la averiguación previa, por tanto, no pueden ser considerados como terceros ajenos a la empresa en mención, ya que son parte de la agrupación de forma directa, como se refleja en su dicho, cuando se refieren a las utilidades producto de la actividad mercantil de la asociación que son parte de su patrimonio, razón por la cual no pueden ser considerados como terceros, ya que en conjunto con los otros socios, conforman la moral mencionada, por lo tanto, son parte de ésta, no terceros, ya que dicho término procesal se refiere a una persona ajena al evento delictivo, al no tener relación directa con alguna de las partes que intervinieron en los hechos, pero de los cuales si resintió alguna afectación en su patrimonio, es por esto, que no le asiste la razón a la parte inconforme al alegar que la querella formulada fue en su calidad de tercero con interés legítimo...’ (Énfasis añadido). Pues bien, inconformes con el no ejercicio de la acción penal, inicialmente decretado por el Ministerio Público del fuero común, y confirmado posteriormente por el Juez Penal responsable, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, demandaron la protección de la Justicia Federal, basándose esencialmente en los siguientes conceptos violatorios: (se transcriben). Agotado el juicio de amparo en todas sus etapas, en resolución de veintiocho de junio de dos mil trece, la Jueza de Distrito recurrida concedió el amparo a los quejosos, bajo la consideración toral de que son sustancialmente fundados los motivos de disenso relativos a la legitimación que, como socios, los faculta por su propio derecho para formular la querella que realizaron el diecisiete de febrero de dos mil doce. ... Destacó, que no se hizo una correcta apreciación por el Juez natural responsable, en el estudio analítico que hizo de la legitimación de esos socios para presentar su querella, que se basó en los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agregó, que las consideraciones en que se basó el análisis de la legitimación para formular querella contra los ahora recurrentes, son contrarias a derecho, en atención a que no se comparte la interpretación y aplicación de los artículos 161 y 163 del citado cuerpo de leyes, en el caso concreto, pues, el Juez natural responsable, inadvirtió que la representación a que ambos preceptos aluden, corresponde a la acción que se ejercita en materia mercantil y civil, en su caso, cuando los socios en representación de la sociedad, reclamen la responsabilidad civil de **********, **********, **********, **********, ********** y **********, hoy recurrentes, en su carácter de integrantes del Consejo de Administración de **********, supuesto que en el caso sometido a estudio constitucional no se justifica, por tratarse de la querella penal. Puntualizó en forma casuística, que en el ámbito civil y mercantil, la acción de responsabilidad de la sociedad contra sus administradores es de naturaleza social y corresponde de origen a su asamblea; empero, que cuando alguno de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, pretende fincarla en contra de otros de la misma persona jurídica, (supuesto al que dijo se refiere la autoridad responsable), es requisito que esa responsabilidad sea exigida por la asamblea general de accionistas, la que designará la persona que haya de ejercitar la acción correspondiente, como lo prevén los numerales 76 y 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y, para el caso de que se pretenda ejercer acción de responsabilidad civil contra los representantes o mandatarios de una sociedad mercantil, sin que sean estos administradores de esta persona moral, tales condiciones no operan, pues, la acción de mérito no está sujeta al mencionado requisito de procedencia, sino que puede ejercitarse en cualquier tiempo, a falta de pacto en contrario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2569 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio; incluso, que conforme a tales disposiciones, existe otro supuesto en el que si se desea ejercer acción de responsabilidad civil contra una persona física o moral que fungió como su administrador o mandatario, tal potestad no está sujeta al requisito en cita, consistente en que la asamblea de socios acuerde previamente tal ejercicio, porque el mismo solamente se surte cuando la acción se endereza contra los administradores orgánicos, según lo dispuesto en los artículos 76 y 161 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cuestión distinta opera, señaló, cuando como en el caso sometido a su potestad constitucional, los accionistas interponen querella por su propio derecho, en que únicamente tienen que acreditar su carácter de socios de la persona jurídica, para instar la función ministerial por el delito de administración fraudulenta, caso en el que por su calidad, están legitimados plenamente para formular querella contra cualquiera de los sujetos activos de ese ilícito penal. ... En otro motivo de disenso, se alega que contrariamente a lo considerado en la sentencia recurrida, en el sentido de que los quejosos sí están legitimados para formular querella por el delito de administración fraudulenta, afirma el recurrente, dicha consideración está equivocada, porque los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles también aplican a la materia penal, ya que los socios minoritarios no pueden formular querella en contra de los administradores, salvo la excepción a que alude el artículo 201 del citado cuerpo de leyes, ello, porque las resoluciones adoptadas legalmente por la asamblea son obligatorias aun para los socios disidentes y, por otro lado, en todo caso el patrimonio afectado es el de la sociedad, no el perteneciente a los socios directamente o en lo particular, toda vez que los denunciantes no representan a la persona jurídica y no demostraron tener el porcentaje del treinta y tres por ciento del capital social, requerido para ello. No asiste razón al inconforme. Al respecto, este Tribunal Colegiado advierte objetivamente correcta la consideración impugnada, relativa a que los quejosos, aquí recurrentes adhesivos, sí tienen legitimación como accionistas para formular, por su propio derecho, la querella que realizaron el diecisiete de febrero de dos mil doce. Así, en aras de impartir una tutela judicial efectiva a las partes del juicio de amparo en revisión, conforme al principio de suplencia de la deficiencia de la queja, que opera en favor de ambas partes, este Tribunal Colegiado Auxiliar procede al análisis integral del asunto sometido a la potestad federal, para dilucidar, fundada y motivadamente, por qué asiste legitimación a los quejosos, en su calidad de accionistas minoritarios, de formular querella por el delito de administración fraudulenta en contra de **********, **********, **********, **********, ********** y **********, anteriores integrantes del Consejo de Administración de **********. Cabe aclarar, que el análisis del aludido requisito de procedibilidad o legitimación que asiste a los socios minoritarios de la persona moral en cita, hoy quejosos, para formular querella por el ilícito penal de que se duelen, constituye la esencia del acto reclamado y no conlleva un juicio de la presunta responsabilidad penal del aquí recurrente. Precisado todo lo anterior, tenemos que los accionistas de la multicitada persona jurídica, formularon querella por el delito de administración fraudulenta, previsto en el artículo 222, y sancionado conforme a lo dispuesto en el diverso 218, ambos del Código Penal para el Estado de Baja California, que establecen: (se transcriben). De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que los elementos que configuran el aludido hecho delictivo de administración fraudulenta, son los siguientes: a) Existencia de bienes ajenos; b) Que el sujeto activo tenga a su cargo el manejo, la administración o el cuidado e tales bienes; c) Que se actualice cualquiera de los siguientes medios comisorios: engaño o aprovechamiento del error del ofendido; e) (sic) Que el sujeto activo perjudique al titular de los bienes ajenos o a un tercero con interés legítimo, al desplegar cualquiera de las siguientes conductas: 1. Alterando en las cuentas del titular los precios o condiciones de los contratos celebrados por éste; 2. Suponiendo operaciones o prestaciones a cargo de éste; 3. Exagerando las que hubiere hecho; 4. Ocultando o reteniendo los bienes ajenos; y 5. Empleando abusivamente los bienes ajenos o la firma que se le hubieren confiado. Tipo penal que debe analizarse a la luz del requisito de procedibilidad previsto en el artículo 223 del Código Penal para el Estado de Baja California, que dispone: ‘Artículo 223. Requisitos de procedibilidad. Los delitos a que se refiere el presente capítulo se perseguirán por querella del ofendido o de la autoridad facultada para conceder el permiso o la licencia correspondiente, quienes podrán otorgar el perdón judicial, cuando el infractor satisfaga los requisitos de la ley aplicable, acredite el pago de la reparación de los daños que se hubiesen causado y de las multas impuestas.’. Así las cosas, para poder interpretar correctamente el artículo 222 del Código Penal para el Estado de Baja

California, es necesario comprender, por un lado, las razones que han llevado al legislador a criminalizar los supuestos graves de administración irregular de una persona jurídica y, por el otro, el interés concretamente protegido por el tipo penal en dicha criminalización primaria. Si no se tiene claro desde un principio estos aspectos, la interpretación del tipo penal no hará más que discurrir entre la especulación y la arbitrariedad del intérprete. Por otro lado, debe hacerse hincapié que la interpretación del aludido tipo penal sólo tiene como finalidad arribar a la conclusión de quién o quiénes constituyen el sujeto pasivo del delito y, por ende, dilucidar a quien asiste legitimación para querellarse por la lesión jurídica que la conducta del activo le causa. De este modo, se advierte que el delito de administración fraudulenta establece diversas modalidades de realización del delito, a la vez que ciertos elementos comunes a todas las modalidades contempladas. Por ello, antes de entrar en el análisis detallado de la cuestión interpretativa que demandan las partes del juicio de amparo en revisión, resulta conveniente que nos ocupemos de los elementos comunes previstos en el tipo penal. En principio, la delimitación del círculo de autores del tipo penal de administración fraudulenta de persona jurídica, confirma la afirmación general de que los delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, están referidos solamente a las de derecho privado. Por lo tanto, los actos de deslealtad patrimonial cometidos en el marco de las personas jurídicas de derecho público no podrán dar lugar a la aplicación del artículo 198 del Código Penal, sino, más bien, a una responsabilidad penal por los delitos de funcionarios, sea como peculado, malversación de fondos o incumplimiento de deberes funcionariales. El delito de administración fraudulenta de persona jurídica se circunscribe a la forma de organización conforme al derecho privado, con independencia de quién sea el titular del patrimonio, pudiendo serlo incluso el propio Estado. Luego, el tipo penal prevé la figura del miembro del directorio, del consejo de administración o del consejo de vigilancia, así como el gerente, el administrador, el auditor interno y el extremo. Con estos cargos, se trata de englobar a las diversas personas que ejercen, durante el desarrollo del objeto social, la administración o el control de la administración de las personas jurídicas en sus diversas formas jurídicas (sujetos activos). Otro aspecto, cuya determinación resulta de suma importancia para delimitar el ámbito de aplicación del tipo penal, es el alcance que tiene el término ‘titular’ en el artículo 222 del citado código represor. Si se sigue un criterio de interpretación semántica o literal, el delito podrá ser cometido en perjuicio de personas físicas o jurídicas, puesto que por titular, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (sic), en su segunda acepción, refiere: ‘Dicho de una persona: Que tiene a su nombre un título o documento jurídico que la identifica, le otorga un derecho o la propiedad de algo, o le impone una obligación.’. Por otra parte, en la medida que el artículo 222 del Código Penal no establece una vinculación accesoria con la regulación privada -sea el Código Civil, de Comercio o la Ley General de Sociedades Mercantiles-, nos inclinamos a pensar que existe un margen de interpretación autónoma del elemento ‘titular’, en su dimensión de persona jurídica o también llamada moral. Así, es necesario formular un concepto normativo a efectos penales de persona jurídica, aunque para ello sea necesario acudir a la doctrina jurídica. ... Conforme a lo anterior, se entiende penalmente por persona jurídica (moral), un ente ideal que representa un centro de situaciones jurídicas e imputaciones de deberes y derechos; en otras palabras, es la reducción abstracta de la pluralidad de personas a una entidad ideal de referencia nominativa, que intervienen en el mercado, tengan o no ánimo de lucro. Luego, la personalidad jurídica propia y separada de la de sus integrantes o directivos y su participación en el mercado, aunque no se busque beneficio, es decir, el reparto directo de ganancias entre los participantes, son las notas esenciales. Por otra parte, los bienes sobre los que se puede disponer, eso es el objeto material sobre el que recae la acción típicamente relevante también puede ser, según entiende un sector de la doctrina, el de los socios, depositarios, cuentapartícipes, y otros titulares de bienes y valores de capital que están administrados por el órgano de gestión de la sociedad. Para otro sector, el bien jurídico protegido de la sociedad y de los socios es indivisible, por entender que el patrimonio societario lo conforman el conjunto de bienes, títulos valores que ostentan cada uno de los socios, bienes de la sociedad de los que se dispone fraudulentamente y a cuyo cargo se contraen obligaciones. Finalmente, se advierte que un sector de antaño de la doctrina, establecía que los bienes sobre los que dispone el sujeto activo forman parte de la persona jurídica administrada, como una universalidad jurídica, esto es, el patrimonio social. Sin embargo, tal como lo evidenció la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis sin registro, de epígrafe: ‘ACCIONES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS. SON DERECHOS PERSONALÍSIMOS (SOCIEDAD LEGAL).’ (se transcribe). De ahí, que a criterio de este Tribunal Colegiado Auxiliar, deba prevalecer la primera de las premisas en cita, atinentes a que los bienes sobre los que se puede disponer, esto es, el objeto material sobre el que recae la acción típicamente relevante puede ser, el de los socios, depositarios, cuentapartícipes, y otros titulares de bienes y valores de capital que están administrados por el órgano de gestión de la sociedad. Pero, además, lo relevante aquí, es que tanto la doctrina como la jurisprudencia convergen unánimemente en torno a que la protección de los bienes jurídicos tiene que ser armonizada y puesta en concordancia práctica con el derecho fundamental de los destinatarios de las normas penales. En este orden de ideas, se evidencia que el tipo penal en estudio, protege en primer lugar, la integridad de los derechos de contenido patrimonial de cada uno de los titulares del patrimonio administrado, cualquier que sea el nombre que se les dé (copropietarios, coherederos, socios, etcétera), y en segundo lugar, el patrimonio de la colectividad cualquier que sea la denominación que se le otorgue (sociedad, copropiedad, sucesión, etcétera). De esta manera, se comete el delito de administración fraudulenta cuando se perjudique, indistintamente, a la colectividad (titular del patrimonio social) o, a todos o alguno de sus integrantes en sus acciones o parte alícuota. Y en ese contexto, debe advertirse que el tipo penal del artículo 222 del Código Penal para el Estado de Baja California, establece que solamente pueden ser sujetos pasivos del delito las personas físicas o morales que resulte perjudicada con el comportamiento del activo, siempre que sea titular de los bienes ajenos, o un tercero con interés legítimo. En el caso importa, que si la relación causal afecta a la persona jurídica directamente, se está lesionando a los intereses de los accionistas (socios), como en este caso, dicha administración fraudulenta, según la querella, afecta a una parte de los socios como titulares de bienes y valores de capital que están administrados por el órgano de gestión de la sociedad, lo que indudablemente los faculta para interponer toda clase de instrumentos judiciales en aras de aminorar o resarcir el daño causado, lo que bien podría hacerse en el ámbito del derecho privado o penal. Hasta aquí, destacan los aspectos comunes que comparte el tipo penal en análisis, independientemente de las modalidades que se advierten de su configuración normativa. Sin necesidad de referirse al diverso sujeto pasivo del delito, como lo sería el tercero con legítimo interés, toda vez que los quejosos no están en ese supuesto, ya que por el sólo hecho de ser socios, están legitimados para querellarse en contra de los sujetos activos. De ahí que el sujeto pasivo en su calidad de titular de los bienes administrados ilícitamente, no sólo pueda ser la persona jurídica en que el autor del delito tiene labores de administración o representación, puesto que la conducta típica puede recaer sobre el patrimonio social o en bienes y valores de capital pertenecientes de algunos socios en su calidad de copartícipe del contrato social y dueño absoluto de su parte alícuota (acciones). Esbozado todo lo anterior, se configura así una protección especial en favor de los socios minoritarios, quienes se erigen como sujetos pasivos de este delito en su calidad de titulares de bienes y valores de capital de la sociedad a la que pertenecen, respecto de las acciones o parte alícuota del patrimonio social formado, principalmente, porque de hecho representan intereses internos de la sociedad, pero, por el hecho de que no todos los socios pueden compartir los mismos intereses, y que se da, a menudo, una dualidad entre intereses personales e internos, el perjuicio al que se refiere el precepto penal, que se debe causar al socio, debe entenderse como aquel perjuicio que se vincula de forma directa a la condición de integrante del contrato social, como sujeto perteneciente a la sociedad, que ha participado con aportación de capital, capital que se administra de forma desleal. De esta guisa, desde un punto de vista de justicia distributiva, es decir, darle a cada quien lo que merece en la medida de su título o derecho, cualquier socio agraviado por la conducta típica, como titular de las acciones que constituyan el patrimonio afectado, directa o indirectamente, sin que previamente se liquide y divida la sociedad, se encuentra legitimado para impugnar los actos fraudulentos que el administrador desleal haya realizado en perjuicio de la integridad de su patrimonio, así como

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25104-a50c50ac/administracion-fraudulenta-los-socios-de-una-persona-moral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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