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Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, SE PROMUEVE CON POSTERIORIDAD A QUE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL MISMO PROCESO PENAL QUEDÓ INSUBSISTENTE CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENÓ REPONER EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 11/2012. · Registro digital (IUS): 24234
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, Pág. 761.

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 11/2012. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: JAIME SANTANA TURRAL.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del siete de noviembre de dos mil doce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio recibido el dieciséis de agosto de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito formularon la presente solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que modifique la jurisprudencia 1a./J. 34/2009,(1) emitida por esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 151/2008-PS, cuyo contenido es:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PERO EN LA MISMA CAUSA SE ACREDITA QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, NO OBSTANTE QUE UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LA HAYA DECLARADO INSUBSISTENTE AL ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO. Si en el juicio de amparo en que se reclama el auto de formal prisión se acredita que posteriormente, en la misma causa penal, se dictó sentencia definitiva, aunque una resolución de segunda instancia la haya declarado insubsistente al haber ordenado reponer el procedimiento, procede sobreseer en el juicio de garantías en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de dicha ley, en virtud del cambio de situación jurídica del procesado. Lo anterior es así, porque el auto de formal prisión se sustituye con el dictado de la sentencia de primer grado, y ese cambio de estatus jurídico hace que las violaciones reclamadas se consideren consumadas de modo irreparable, en tanto que no es posible decidir sobre ellas sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso."

Dicha solicitud fue formulada respecto a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, en el cual se encuentran adscritos los Magistrados solicitantes en el amparo en revisión 86/2012, en cuya sentencia, de nueve de agosto de dos mil doce, los solicitantes resolvieron el asunto que les fue propuesto, aplicando el criterio contenido en la mencionada solicitud.

SEGUNDO. Por auto de presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintidós de agosto de dos mil doce, se admitió a trámite la "solicitud de sustitución de jurisprudencia", se ordenó formar y registrar el expediente, dar vista a la procuradora general de la República por el plazo de treinta días, a fin de que expusiera su parecer si así lo estimare conveniente. Asimismo, se ordenó turnar los autos al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto respectivo y que se enviaran los autos a la Sala de su adscripción.

Mediante acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación regularizó el procedimiento para el único fin de que el presente asunto se tramitara bajo la denominación de solicitud de modificación de jurisprudencia.

Finalmente, por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil doce, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal, ordenó que dicha Sala se avocara al conocimiento del asunto, y se le enviaron los autos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente modificación de jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y segundo transitorio del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que modifica el punto transitorio cuarto del Acuerdo General Plenario 12/2011, de diez de octubre de dos mil once, por el que se determinan las bases de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, los integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen dicha facultad. Dicho artículo señala:

"Artículo 197.

"...

"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

El artículo antes transcrito establece que las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integran, con motivo de un caso concreto, podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifiquen la jurisprudencia que tuviesen establecida; para lo cual, expresarán las razones que justifiquen la modificación. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverá si modifica la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá publicarse en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.

De este precepto se desprende, en principio, que el único procedimiento por el que se puede obtener la modificación de una jurisprudencia se actualiza cuando esa petición se realice con motivo de un caso concreto y se expresen las razones que justifiquen la modificación. De igual forma, se advierte que se encuentran legitimados para formularla:

a) Las Salas de la Suprema Corte.

b) Los Ministros que las integren.

c) Los Tribunales Colegiados de Circuito; y,

d) Los Magistrados que los conformen.

Por lo que, al haber sido formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, es de concluirse que cuentan con la legitimación para ello.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis X/2007,(2) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LOS MINISTROS DE ESTE ALTO TRIBUNAL, ENTRE ELLOS SU PRESIDENTE, ASÍ COMO LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, ESTÁN LEGITIMADOS PARA FORMULAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN. Del artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que las Salas de la Suprema Corte y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren están legitimados para solicitar la modificación de la jurisprudencia, se advierte que no hace referencia al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para formular una solicitud de esa naturaleza; omisión del legislador originada por haber empleado la misma redacción del primer párrafo del referido precepto, en el cual excluyó a aquel servidor público, en virtud de que tratándose de la contradicción de criterios únicamente hizo mención a las Salas de este Alto Tribunal, dado que por su misma jerarquía pueden incurrir en contradicción de tesis sin señalar, por ende, al Ministro presidente que no integra alguna de ellas. Sin embargo, de la interpretación sistemática del citado numeral, en relación con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concluye que cualquiera de los Ministros de este Alto Tribunal, entre ellos su presidente, así como los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito -que por ser integrantes de los órganos terminales del Poder Judicial de la Federación que están facultados para establecer jurisprudencia-, están legitimados para formular la solicitud respectiva, a efecto de que el Pleno o las Salas de este Alto Tribunal emprendan una nueva reflexión sobre los argumentos que sustentan un criterio jurisprudencial."

TERCERO. Procedencia de la solicitud. Se encuentran satisfechos los requisitos que para tal efecto señala el último párrafo del artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que de su lectura se desprende que para la procedencia de una solicitud de modificación de jurisprudencia deben actualizarse los siguientes presupuestos:

1. Que, previamente a la solicitud, se resuelva el caso concreto que la origina; y,

2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.

Al respecto, resulta aplicable la tesis P. XXXI/92,(3) emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, del tenor siguiente:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate."

Para determinar, en primer lugar si, previamente a la solicitud, se resolvió el caso concreto que la origina, con observancia estricta de lo señalado en la jurisprudencia, cuya modificación se pretende, debe tenerse en consideración que, en sesión de nueve de agosto de dos mil doce, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 86/2012, en el que se aplicó al criterio cuya modificación solicita.

En ese sentido, resulta conveniente transcribir, a continuación, parte de las consideraciones de la ejecutoria correspondiente:

"CUARTO. Se omite la transcripción de los motivos de disenso, cuyo propósito es atacar la decisión impugnada, toda vez que no se atenderán, porque este tribunal, en términos del numeral 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, advierte oficiosamente que se actualiza diversa causal de notoria improcedencia (también manifiesta e indudable) a la determinada por el Juez constitucional, la cual es de estudio preferente, que sostiene el sobreseimiento fuera de audiencia, con independencia de si fue correcto o no el proceder del Juez constitucional, al haber sobreseído en el juicio de amparo, porque el quejoso (privado de la libertad) no compareció a recogerlos o manifestar que no se encontraba en condiciones de pagar su publicación.

"Es aplicable, por el principio que la rige, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre de 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Común, Parte 1, Volumen 1, página 293, que reza:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe)

"Antes de justificar esa afirmación, se establece que fue adecuado que el Juez constitucional hubiera establecido que los actos que reclamó el justiciable fueron la resolución de nueve de noviembre de dos mil diez dictado en el toca 1512/2010 y su ejecución, atribuidos, respectivamente, a la Sala, al Juez y al director referidos.

"Asimismo, se observa que, acertadamente, el Juez de amparo tuvo por demostrada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se desprende de los informes con justificación que rindieron y de las constancias que remitió la primera de los mencionados.

"Para justificar el sentido de esta ejecutoria, es necesario acotar que del anexo que envió la Sala responsable se aprecia que el Juez natural, el treinta y uno de mayo del año retropróximo, dictó sentencia de primera instancia en contra del justiciable, por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro express (cuatro) y lo condenó, entre otras sanciones, a ciento treinta y tres años cuatro meses de prisión y multa de doscientos sesenta y siete mil novecientos noventa y tres pesos con cuarenta y cuatro centavos, empero, sólo compurgará setenta años; inconforme, el quejoso y la defensa oficial interpusieron recurso de apelación que le correspondió resolver a la Sala responsable en el toca 1090/2011, en la que mandó reponer el procedimiento de primera instancia y, según la última constancia, se advierte que el dieciocho de noviembre pasado compareció en el juicio diversa perito en criminalística a protestar el cargo conferido por el justiciable. (fojas 1123 a 1260, 1283 a 1290 y 1319 del anexo del sumario de amparo)

"Documentales públicas que merecen valor pleno, en términos del arábigo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la ley reglamentaria antes invocada.

"Luego, por escrito presentado el veintiuno de diciembre último, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, el peticionario de garantías promovió la presente demanda en contra de la 1) Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (ordenadora), 2) Juez Décimo Séptimo Penal y 3) Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (ejecutoras), todos del Distrito Federal, respectivamente, consistentes en: ‘la inconstitucional resolución de fecha nueve de noviembre de dos mil diez ... en los autos del toca 1512/10 integrado con motivo del recurso de apelación ... en contra del auto de plazo constitucional de ocho de septiembre de dos mil diez ... en el cual decretó formal prisión ... como probable responsable de la comisión de los cuatro diversos delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro «exprés» y los actos tendentes a dar cumplimiento a la inconstitucional resolución emitida por la autoridad ordenadora.’. Ahora bien, vistos los antecedentes que se informan y toda vez que sobre el tema existe jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que se deriva que en el supuesto de que se dictó sentencia de primera instancia, la de alzada ordenó reponer el procedimiento y se reclama el auto de formal prisión, se actualiza un cambio de situación jurídica, causal de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por ende, ese criterio es obligatorio para este tribunal, en términos del numeral 192 de la Ley de Amparo, mismo que fue publicado en el Apéndice citado, Tomo II, Procesal Constitucional, Común Parte 1, Volumen 1, página 281, que dice:

"‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PERO EN LA MISMA CAUSA SE ACREDITA QUE SE DICTÓ SENTENCIA DEFINITIVA, NO OBSTANTE QUE UNA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA LA HAYA DECLARADO INSUBSISTENTE AL ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe)."

De la anterior transcripción se advierte que la presente modificación de jurisprudencia resulta procedente porque, previamente a la solicitud, se resolvió un caso concreto, esto es, en sesión de nueve de agosto de dos mil doce, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 86/2012, por lo que se satisface el primer requisito.

Respecto al segundo requisito, se advierte que los Magistrados solicitantes expresaron los razonamientos legales en que apoyan su pretensión, los cuales se contienen en la ejecutoria correspondiente, en el siguiente sentido:

Estiman que no se actualiza la causa de improcedencia de cambio de situación jurídica cuando el acto reclamado en el juicio de amparo consiste en el auto de formal prisión y en la misma causa se haya dictado sentencia definitiva, si ésta ha quedado insubsistente al ordenarse reponer el procedimiento.

Lo anterior, pues consideran que para que se actualice la referida causa de improcedencia se requiere que se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso, en virtud del acto que reclamó en el amparo y que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la situación jurídica que rige, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas.

Ahora bien, cuando el acto reclamado se refiere a violaciones consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales vigentes, que regulan el auto de formal prisión y las garantías constitucionales de defensa del procesado, el dictado de la sentencia de primera instancia hace que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que se hayan reclamado, lo cierto es que cuando se dicta sentencia condenatoria por el a quo, la cual es apelada, y el tribunal de alzada ordena la reposición del procedimiento, la calidad del quejoso sentenciado vuelve a ser la de procesado, y su situación jurídica se rige por el auto de plazo constitucional dictado en su contra.

Así, como la sentencia de primer grado queda insubsistente jurídicamente, el estatus del promovente de la acción constitucional, conforme a la resolución de segunda instancia, varió en los términos expuestos, por lo que la situación jurídica del procesado no se rige por la determinación apelada, sino por el auto de bien preso.

Finalmente, argumentan los solicitantes que tal interpretación no se contrapone al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, relativa a que el legislador ordinario estableció que "exclusivamente" la sentencia de primera instancia es el único acto que hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo, pues esa resolución jurídicamente ha dejado de existir y la situación del entonces sentenciado, ahora procesado, subsiste por el auto de formal prisión, que renace a la vida jurídica, porque los efectos de la reposición del procedimiento es retrotraerse jurídicamente hasta el momento de la violación procesal pues, incluso, en el caso de que el quejoso esté privado de su libertad, no recobra ésta como consecuencia de la sentencia de segunda instancia que ordenó reponer el procedimiento, sino que sigue privado de la libertad con motivo del auto de bien preso, que inicialmente lo sujetó a proceso, porque renace jurídicamente.

CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Es fundada la solicitud de modificación de jurisprudencia, por las razones que a continuación se expresan:

El procedimiento de modificación de jurisprudencia, derivado de una contradicción de tesis, como es el caso, debe realizarse atendiendo al punto de contradicción de la misma, lo cual encuentra sustento en el criterio que refleja la tesis P. XXVIII/2004,(4) sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU MODIFICACIÓN ESTÁ ENMARCADA POR EL TEMA DE LA CONTRADICCIÓN QUE LE DIO ORIGEN. El último párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo señala que para la modificación de una tesis de jurisprudencia deben observarse las mismas reglas establecidas para su formación, disposición que tratándose de jurisprudencia emanada de una contradicción de tesis, sólo puede hacerse tomando en cuenta el tema o punto de divergencia que le dio origen; es decir, la materia de la modificación se encuentra delimitada por las situaciones jurídicas que se analizaron de manera concreta, sin abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al criterio original ni planteamientos jurídicos ajenos al tema de contradicción, pues de hacerlo, daría lugar a la creación de jurisprudencia en una forma no prevista por la ley."

En primer término, resulta necesario recordar los elementos esenciales analizados en la contradicción de tesis 151/2008-PS, entre las sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, ahora Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, que dio origen a la tesis jurisprudencial cuya modificación se solicita.

La citada contradicción de tesis consistió en determinar si se actualizaba o no la causa de improcedencia del amparo, prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo -cambio de situación jurídica- cuando el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión, pero de autos de advierte que se dictó sentencia definitiva, la cual, previamente a la promoción del juicio de amparo, quedó insubsistente con motivo de la resolución dictada en segundo grado que, al resolver el recurso de apelación, la revocó y ordenó reponer el procedimiento.

De ahí que el tema planteado en la presente solicitud de modificación de jurisprudencia contrasta con lo resuelto en la contradicción de tesis que en esa ocasión se resolvió, es decir, se plantea si cuando se dicta una sentencia condenatoria y es apelada, y con motivo de dicho medio de impugnación se ordena reponer el procedimiento, la circunstancia de que el sentenciado vuelva a adquirir la calidad de procesado y con tal carácter promueva juicio de amparo contra el auto de formal prisión, que es el que rige su situación jurídica, pueda estimarse que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por haberse dictado sentencia definitiva en el proceso, no obstante que hubiese quedado insubsistente con antelación a la promoción del juicio de amparo.

Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que resulta fundada la presente solicitud de modificación de jurisprudencia.

Del contenido de la resolución emitida en la mencionada contradicción de tesis, se advierte que la intención del criterio señalado consiste en que cuando el acto reclamado es el auto de formal prisión, pero en la misma causa se acredita que se dictó sentencia definitiva, no obstante que una resolución de segunda instancia la haya declarado insubsistente, al ordenar reponer el procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Lo anterior se estimó en la referida ejecutoria, porque en ese supuesto:

a) El último párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo prevé que cuando el acto reclamado se refiera a violaciones consignadas en los artículos 19 y 20 constitucionales, que regulan el auto de formal prisión y las garantías constitucionales de defensa del procesado, el dictado de la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones que se hayan reclamado. Lo anterior, atento a que la sentencia condenatoria de primera instancia, al ser aquella determinación con la que el Juez resuelve terminando el proceso o resolviendo la causa principal, condenando o absolviendo, indefectiblemente cambia el estatus del sujeto, de ser procesado a sentenciado, y esto último actualiza su situación jurídica que permite considerar que el dictado de la sentencia de primera instancia, al poner fin a esta última, rige ese nuevo estatus.

b) Así, no es procedente el juicio de amparo contra el auto de formal prisión si ya se dictó sentencia de primera instancia, no obstante que aquélla haya sido materia del recurso de apelación y dejado insubsistente por haberse ordenado reponer el procedimiento, toda vez que el propio legislador estableció en el citado artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo la "obligación" del juzgador de primera instancia a suspender el procedimiento penal, en lo que corresponda al quejoso, una vez que ordene el cierre de instrucción y hasta que sea notificado de la resolución recaída al juicio de amparo.

Por tanto, si el juzgador no actúa tal y como lo señala el referido dispositivo y, por el contrario, dicta sentencia definitiva, la cual motiva el recurso de apelación que, además, se resuelve, no existe razón jurídica para establecer una excepción más a la norma, determinando la procedencia del juicio de amparo contra el auto de formal prisión, una vez que ya se dictó sentencia de primera instancia y aún más, que ésta haya sido materia de resolución en segunda instancia.

c) El legislador, al prever que no podría dictarse sentencia de primera instancia estando pendiente de resolver un juicio de amparo, como en el caso lo es contra el auto de formal prisión, de manera alguna permite considerar la procedencia de este último cuando ya se dictó sentencia definitiva de primera instancia, pues este simple hecho permite sobreseer el juicio de amparo, al surgir la causa de improcedencia a que se refiere la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, no obstante que se haya interpuesto y resuelto el recurso de apelación contra aquélla.

Y de admitirse un criterio opuesto se contrariaría la finalidad que el legislador persiguió al enfatizar que "exclusivamente" la sentencia de primera instancia es el único acto que hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo.

De lo antes reseñado se advierte que el criterio, cuya modificación se solicita, establece que cuando en el juicio de amparo en materia penal se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -como cuando se reclama el auto de formal prisión-, el cambio de situación jurídica se da en el momento en que se emite la resolución de primera instancia, con independencia de que con posterioridad quede sin efecto, al ordenarse reponer el procedimiento, por lo que el juicio de amparo que se haya interpuesto contra el auto de formal prisión deberá sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la citada ley.

Ahora bien, a fin de establecer si el anterior criterio debe modificarse, la presente ejecutoria se sujetará a la siguiente metodología: I. En primer lugar, se hará referencia al contenido de la exposición de motivos que dio origen a la reforma del artículo 73 de la Ley de Amparo, de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve y, en segundo término, II. Se establecerá la interpretación de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, permitirá determinar: III. El criterio que debe prevalecer, esto es, dilucidar si cuando se dicta una sentencia condenatoria y es apelada y con motivo de dicho medio de impugnación se ordena reponer el procedimiento, la circunstancia de que el sentenciado vuelva a adquirir la calidad de procesado lo faculta a promover juicio de amparo contra el auto de formal prisión o, por el contrario, si se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.

I. Contenido de las reformas al artículo 73 de la Ley de Amparo, de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro y ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve.

En la reforma de diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro, se introdujo en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo que: "sólo la senten

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24234-3e3b02b2/improcedencia-por-cambio-de-situacion-juridica-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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