Corpus
Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE, POR EXCEPCIÓN, SI EXISTE UNA OMISIÓN, ABIERTA DILACIÓN O PARALIZACIÓN TOTAL EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/15 A (10a.)].

Tipo de asunto: SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2020. · Registro digital (IUS): 29648
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-02-19
Promovente: MAGISTRADOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, Pág. 2579.

SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA 1/2020. MAGISTRADOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 6 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS BERNARDINO CARMONA LEÓN, SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA, MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO, GUILLERMO NÚÑEZ LOYO Y MANUEL MUÑOZ BASTIDA. PONENTE: MÓNICA ALEJANDRA SOTO BUENO. SECRETARIO: JOSÉ REFUGIO GALLEGOS MORALES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de la presente solicitud de sustitución de jurisprudencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 Bis y 41 Ter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) además, la fracción I del artículo 230 de la Ley de Amparo; así como el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015 en relación con la fracción II del numeral primero del diverso Acuerdo General 3/2013, ambos aprobados por el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se planteó la sustitución de la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), por dos órganos de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La solicitud de sustitución de jurisprudencia proviene de parte legítima, debido a que la formulan los Magistrados integrantes del Segundo y Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en términos de la fracción I del artículo 230 de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Procedencia. Los requisitos de procedencia de la sustitución de jurisprudencia se encuentran contenidos en el artículo 230, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:

"Artículo 230. La jurisprudencia que por reiteración o contradicción establezcan el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Plenos de Circuito, podrá ser sustituida conforme a las siguientes reglas:

"I. Cualquier Tribunal Colegiado de Circuito, previa petición de alguno de sus Magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrán solicitar al Pleno de Circuito al que pertenezcan que sustituya la jurisprudencia que por medio (sic) de contradicción haya establecido, para lo cual expresarán las razones por las cuales se estima debe hacerse.

"Para que los Plenos de Circuito sustituyan la jurisprudencia se requerirá de las dos terceras partes de los Magistrados que lo integran."

Conforme al precepto legal transcrito, la sustitución de una jurisprudencia se encuentra condicionada a la concurrencia de las reglas siguientes:

1. La solicitud de sustitución de jurisprudencia debe formularla cualquier Tribunal Colegiado que pertenezca al Circuito,

2. Dicha solicitud debe estar precedida por la petición de alguno de sus Magistrados, con motivo de su aplicación a un caso concreto ya resuelto.

3. Debe expresar la razón por la cual se estima procede sustituir la jurisprudencia.

A continuación, se procede a verificar el cumplimiento de las reglas señaladas con anterioridad.

• El primero de los requisitos está satisfecho, en virtud de que fueron los Magistrados integrantes del Segundo y del Tercer Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quienes solicitaron la sustitución de jurisprudencia.

• El segundo de los requisitos queda colmado, ya que la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), fue aplicada en la resolución de un caso concreto, tal como se desprende de las copias certificadas del amparo en revisión **********, resuelto el ********** por el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y Circuito que este Pleno; así como de las copias certificadas del amparo en revisión **********, sesionado el **********, por el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito.

• Finalmente, el tercer requisito también se cumple, en virtud de que los Plenos de los Tribunales Colegiados expresaron las razones que motivan la solicitud de sustitución de jurisprudencia.

CUARTO.—Cuestión previa. Una vez que se analizó la procedencia de la solicitud, este Pleno de Circuito se (sic) considera necesario precisar cuál será la litis en el presente asunto.

Es necesario analizar si resulta o no procedente sustituir la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), de rubro (sic) y texto siguientes:

"AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento.

"Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

"Contradicción de tesis 1/2018. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Primero, Segundo y Cuarto, todos en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de noviembre de 2018. Mayoría de tres votos de los Magistrados María del Pilar Bolaños Rebollo, Verónica Judith Sánchez Valle y Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Disidente: Antonio Campuzano Rodríguez. Ponente: Maurilio Gregorio Saucedo Ruiz. Secretario: Genaro Bolaños Rojas.

"Criterios contendientes:

"El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 328/2017, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 327/2016 y 166/2017, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 358/2017, y el diverso sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 42/2017.

"Nota: En términos del artículo 44, último párrafo, del Acuerdo General 52/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, esta tesis forma parte del engrose relativo a la contradicción de tesis 1/2018, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

"Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 39/2020, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Esta tesis se publicó el viernes 4 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

Al plantear el panorama completo del origen de la jurisprudencia anterior y de las razones que se esgriman para sustituirla, es importante comparar ambos razonamientos, para hacer un análisis de los argumentos que dieron lugar a la jurisprudencia que se pretende sustituir y las razones que se expresan para ello.

a) Argumentos que dieron origen a la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.)

Del análisis efectuado a las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), insertas en la contradicción de tesis 1/2018, fueron las siguientes:

• La improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de proveer en un procedimiento administrativo de cumplimiento de sentencia, encuentra su justificación en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, es procedente el juicio de amparo indirecto; actualizándose la referida hipótesis cuando el acto reclamado lo constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, salvo que se trate de actos de imposible reparación, que afecten de manera directa derechos sustantivos, o bien, que afecten a personas extrañas.

• Es por lo anterior, que si el acto lo constituye la omisión de la autoridad responsable de cumplir con una sentencia, en un procedimiento contencioso administrativo en la etapa de ejecución, es claro que no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, toda vez que ésta se entiende como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo.

b) Razonamientos vertidos para modificar la jurisprudencia.

Los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito precisaron, dentro de la solicitud de jurisprudencia los siguientes razonamientos.

• Que, si bien el juicio de amparo indirecto por regla general es improcedente contra omisiones dentro del procedimiento de cumplimiento de sentencia, cuando sea atribuible al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, no hay que perder de vista que existen algunas omisiones que se traducen en una afectación a los derechos sustantivos, a saber, el derecho de acceso a la justicia, inserto en el artículo 17 constitucional.

• Lo anterior es así, toda vez que las omisiones pueden derivar en 1) una abierta dilación del procedimiento, o 2) su paralización total, quedando en estado de indefensión el gobernado ante alguna de las omisiones de la autoridad de hacer cumplir sus propias determinaciones, actualizándose así la procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo.

Por su parte, los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, expresaron los siguientes motivos en la solicitud:

• Se debe permitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, de manera excepcional, cuando se plantee como acto reclamado la omisión de exigir el cumplimiento por parte de la Sala Regional o por la omisión de acatarlo, por parte de la demandada; toda vez que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México si bien es cierto contempla el recurso de revisión, también lo es que procede contra las resoluciones de las Salas Regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de sentencia y no así en contra de las omisiones de la autoridad a fin de dar cumplimiento a su propia determinación.

• Lo anterior, toda vez que la omisión de dar cumplimiento a la sentencia implica una afectación directa al derecho sustantivo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal por no contemplar un medio ordinario de defensa para tal fin.

QUINTO.—Estudio. Es el encaminado a resolver si se actualiza la sustitución de la jurisprudencia PC.II.A. J/15 A (10a.), el cual se dividirá en tres apartados, toda vez que resulta necesaria una interpretación amplia de la tutela judicial (o jurisdiccional) efectiva.

I. La tutela judicial efectiva como derecho sustantivo.

Por ser el derecho sustantivo que se pretende proteger, según las razones expresadas por los Tribunales Colegiados solicitantes, se procede a realizar un análisis amplio de lo que se debe entender por el derecho a una tutela judicial o de acceso a la justicia.

Primeramente, es dable mencionar que el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, está previsto en los artículos 17, párrafos segundo y tercero,(10) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1(11) y 25, numeral 1,(12) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, según la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) se puede definir como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para que dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, accedan de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.

Por otra parte, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal(14) señaló que no se puede entender el derecho a una tutela judicial o de acceso a la justicia, sin antes entender los principios que integran a éste, los cuales están obligados a observar los órganos jurisdiccionales, toda vez que la inobservancia de alguno de éstos se traduciría en una transgresión al artículo 17 constitucional, los cuales son los siguientes:

1. De justicia pronta, que se vincula directamente con la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.

2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.

3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Los principios citados encuentran cabida en las tres etapas, a las que corresponden tres derechos:

I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte;

II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; la cual ha dado lugar a distintas construcciones del derecho al debido proceso por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque en el fondo convergen en una doctrina homogénea. Así, según se encuentre involucrado el ejercicio de la potestad punitiva del Estado (debido proceso en sentido estricto) o no, las formalidades esenciales del procedimiento aplican siempre, con independencia de la forma en que actúa el Estado. Esto coincide con los dos enfoques o perspectivas, las cuales dependen la forma en la que participa la ciudadanía, ya sea como sometida al proceso o como iniciadora del mismo; y,

III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas.

Sobre la etapa correspondiente a la ejecución de sentencia, se advierte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado jurisprudencialmente el deber de los Estados de garantizar los medios para ejecutar los recursos judiciales en sede interna, al establecer que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia" sino que se requiere, además, que "el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas."(15)

Así, la Corte Interamericana explicó que, en términos del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tienen dos obligaciones para asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y las garantías del debido proceso:

I. Consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes; y,

II. Garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos.

Por ello, la Corte Interamericana precisó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", pues una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento.(16)

Sobre el derecho a que las sentencias dictadas se ejecuten plena y cabalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido congruente en señalar que se encuentra inmerso en el principio de justicia completa, ya que de otra manera no es posible entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó previamente el órgano jurisdiccional correspondiente,(17) de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos, relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido.(18)

En consecuencia, para garantizar debidamente el acceso a la tutela judicial efectiva, es indispensable que se respeten los principios que fundan este derecho humano, logrando entonces que se consiga lo que el Poder Constituyente y los instrumentos internacionales pretenden, que es el respeto irrestricto de ese derecho, en cualquiera de sus etapas, por lo que la tutela judicial efectiva protege también la etapa de cumplimiento.

II. Procedencia del juicio de amparo indirecto respecto a actos omisivos.

Ahora bien, toda vez que el juicio de amparo es el medio de control de regularidad constitucional, diseñado para proteger los derechos consagrados en la Constitución y los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, es importante mencionar que existen omisiones que al igual que los actos pueden afectar materialmente derechos sustantivos, por la situación particular del reclamo y en la que se encuentra el peticionario de amparo frente a la autoridad y las consecuencias que genera tal omisión.

Es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones.

En ese sentido, debe señalarse que los actos omisivos o abstenciones, son aquellos que surgen del incumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades, cuando existe un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. De acuerdo a lo anterior, entonces, para que exista una omisión reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, la cual trae como consecuencia directa o indirecta la violación a un derecho sustantivo.

Es así que, para estar en aptitud de saber si se está ante un acto de naturaleza omisiva imputado a determinada autoridad impugnable en amparo indirecto, se debe analizar lo siguiente:

a) Acudir a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta para identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica; toda vez que, de no ser así, se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada afecta derechos sustantivos e, incluso, de exigir el cumplimiento de obligaciones que no tiene la autoridad.

b) Que, a pesar de tal obligación impuesta por la norma, la autoridad no haya actuado o haya dejado de actuar conforme tal imperativo; y,

c) Que tal omisión trascienda en la esfera jurídica del gobernado y afecte derechos sustantivos del mismo.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********** señaló que, en el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este orden de ideas, pueden identificarse, al menos, tres tipos de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas.

En el presente asunto, las omisiones judiciales son las que cobran una especial relevancia, pues son la materia de la presente sustitución.

Nuestro Máximo Tribunal ha sido enfático en la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se trata de omisiones de autoridades judiciales y jurisdiccionales.

La Segunda Sala de la Corte, al resolver la contradicción de tesis 159/2003-SS,(19) determinó la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de la omisión de dictar laudo, pues consideró que tal omisión, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto para ello, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando ésta resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo.

Posteriormente, la misma Sala, al resolver la contradicción de tesis 325/2015,(20) refirió a la improcedencia del juicio de amparo cuando se trata de la omisión de autoridades jurisdiccionales de proseguir en tiempo con el juicio; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el amparo se tornara procedente, siempre y cuando el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total.

Luego, la misma Sala, en complemento a los razonamientos anteriores, al resolver la contradicción de tesis 294/2018,(21) fue expresa al indicar que, con el fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más del plazo que la misma ley tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción.

En ese orden de ideas, es dable concluir que existen algunas omisiones respecto de las cuales es procedente el juicio de amparo indirecto.

El inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando sean actos de imposible reparación. El contenido del numeral referido es el siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan."

Por su parte, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo señala:

"Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"...

"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución."

Del precepto constitucional transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto será procedente cuando se trate de actos de autoridades jurisdiccionales, siempre que sean de imposible reparación; en complemento con lo anterior, la Ley de Amparo precisa que, tratándose de actos después de concluido el juicio, en ejecución de sentencia, el amparo procederá respecto de la última resolución.

En ese sentido, es dable sostener que, por "acto" no sólo deben comprenderse aquellos de los denominados positivos, sino que la intención del Poder Revisor de la Constitución fue la de incluir todo tipo de actos, sean negativos, omisivos, negativos con efectos positivos, entre otros; siempre que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos omisivos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas.

No se inobserva que, aquellos a los que refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, son los denominados actos positivos (resoluciones); sin que se encuentren expresamente excluidos los omisivos, contenidos en la primera parte de la referida fracción, pues ante la existencia de una laguna normativa (cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico), éstas deben ser colmadas por los Jueces creando una norma que sea aplicable al caso o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta.

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al legislador se le debe exigir que los supuestos en los que fundamenta sus hipótesis sean aquellos que de ordinario estén asociados a una mayor probabilidad de ocurrencia, por lo que no resulta adecuado exigir que refleje todas las posibilidades, inclusive las situaciones que ocasionalmente se aparten del curso normal de los acontecimientos.

Asimismo, debe recordarse que la única forma de evitar la autotutela y que las personas ejerzan violencia para reclamar la observancia de sus derechos es ofrecer medios de defensa eficaces, que creen en los gobernados la convicción de que el Estado dispondrá la plena ejecución de lo resuelto en ellos, más aun si la parte condenada es un órgano de gobierno, los cuales están obligados a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que tienen encomendadas, sin que sea necesaria, de primer momento, una solicitud para actuar de una u otra forma.

Por tanto, de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos (incluso omisivos) de imposible reparación:

• La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso cuando se trata de la etapa de ejecución del fallo definitivo.

La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.

Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión –esta última– que se opone con la de "formal o adjetiva".

III. Procedimiento de cumplimiento de sentencias ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.

Resulta necesario analizar el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, previsto en el Código de Procedimientos Administrativos de esa entidad, ya que el punto medular de la solicitud se refiere a las omisiones que pueden surgir en ese procedimiento.

La sección novena, del capítulo tercero, de la norma precisada en el considerando anterior, denominada "Del cumplimiento de la sentencia" establece, en la parte que interesa, lo siguiente:

"Artículo 279. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la Sala Regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades demandadas para su cumplimiento. En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva."

"Artículo 28

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29648-38d09966/juicio-de-amparo-indirecto-es-procedente-por-excepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.