PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LO RESUELTO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, NO SE TORNA IMPROCEDENTE POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA CON MOTIVO DEL DICTADO DEL LAUDO EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 110/2004).
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 14/2010. MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de septiembre de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio 2917/2010-I, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el diecinueve de mayo de dos mil diez, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito formularon solicitud al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que modifique la jurisprudencia P./J. 110/2004. Dicho oficio, en su parte conducente, es del tenor siguiente:
"... con fundamento en el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, comparecemos a solicitar la modificación de la jurisprudencia del Pleno 110/2004, visible en la página 15, Tomo XX, del mes de noviembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (tesis aprobada por mayoría de 6 votos), cuya sinopsis es la siguiente:
"‘PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE PONE FIN, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA.’ (la transcribe)
"El mencionado apartado legal del numeral 197 establece que los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito, con motivo de un caso concreto, podrán pedir al Pleno (en caso de que sea éste el órgano emisor) la modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, exponiendo las razones que la justifiquen.
"Ahora bien, este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en sesión de catorce de abril de dos mil diez, resolvió conjuntamente el amparo en revisión 222/2009-I, promovido por la empresa **********, por conducto de su apoderado **********, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades, por un lado, y, por otro, se falló, igualmente, el amparo directo 751/2009-I, promovido por la misma quejosa y contra la misma Junta Especial, con la diferencia de que en este juicio se reclamó el laudo de 31 de agosto de 2009 dictado en el juicio laboral **********, ambos asuntos fueron sometidos a consideración del tribunal por la ponencia del Magistrado Emmanuel G. Rosales Guerrero y secretario Alfonso B. Morales Arreola.
"Durante la discusión de dicho asunto, la integración del tribunal advirtió la existencia de una situación concreta que probablemente tendría que llevar al Pleno a modificar la jurisprudencia general y abstracta arriba detallada, por las razones siguientes:
"a) Como puede observarse, la jurisprudencia, cuya modificación se solicita, establece en términos generales y abstractos que si se promueve amparo indirecto contra la resolución del incidente de falta de personalidad, dicho juicio deberá ser sobreseído por la actualización del motivo de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo (cambio de situación jurídica), si antes de resolver el amparo sobreviniera el dictado del laudo en definitiva en el juicio de donde proviene el referido acto reclamado.
"b) En los asuntos concretos arriba mencionados, se presentó exactamente el supuesto de aplicación de la jurisprudencia pues, por un lado, la empresa referida promovió amparo indirecto contra la resolución que declaró infundado el incidente de falta de personalidad en el actor y, posteriormente, dicho juicio constitucional fue sobreseído por sobrevenir el dictado del laudo.
"c) Si bien es verdad que, posteriormente y por otro lado, en la vía del amparo directo se volvió a plantear por la quejosa la posible violación de garantías en el dictado de dicha resolución incidental, lo cierto es que la determinación acerca de la posibilidad del análisis del tema en amparo directo puso de relieve a los integrantes de este Tribunal de Circuito la probable necesidad de hacer modificaciones al criterio jurisprudencial de referencia, toda vez que parece ser que aun con el dictado del laudo no sería irreparable la posible violación que pudiera presentarse en el dictado de la resolución incidental e, incluso, de ser fundado el planteamiento de ausencia de personalidad, hasta sería consecuencia lógica declarar insubsistente el laudo definitivo.
"d) En efecto, debe comenzar por mencionarse que la vía de amparo idónea para reclamar posibles violaciones, cometidas al resolverse el incidente de falta de personalidad en el actor, lo es el amparo indirecto, así se ha sustentado en su jurisprudencia 4/2001, de rubro: ‘PERSONALIDAD EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’ (tesis publicada en la página 11 del Tomo XIII, enero de 2001)
"e) También debe señalarse que el cambio de situación jurídica a que se refiere el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo se actualiza cuando con motivo del dictado de una resolución en un juicio deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones anteriores a dicha resolución que se dicta.
"f) Dicho elemento de irreparabilidad, que sirve de base al cambio de situación jurídica, es motivo de mayor descripción por parte del legislador de amparo en el párrafo segundo de dicha fracción X, en donde existe un principio implícito que si bien resulta, en principio, aplicable a la materia penal, no deja de contener un sentido razonablemente extensible a otros ámbitos y materias de derecho, pues en dicho segundo párrafo se menciona que cuando se promueva amparo indirecto contra actos en juicio penal por violaciones a los artículos 16 y 19 (orden de aprehensión y auto de formal prisión) el procedimiento no debe quedar paralizado y debe proseguir hasta antes del dictado de la sentencia, pero al llegar a ese punto ya no debe proceder la autoridad jurisdiccional a la emisión de su fallo pues, en ese caso, quedaría en manos de la autoridad responsable la procedencia del amparo promovido por el quejoso y, en consecuencia, estaría también subyugado el derecho del quejoso a la promoción del juicio constitucional, lo cual no podría representar la intención del legislador de amparo.
"g) Desde esa perspectiva, el párrafo segundo ¿contiene una regla solamente aplicable en materia penal que permite a los Jueces sustanciar e, incluso, terminar la instrucción de los procesos pero les impide el dictado de las resoluciones en definitiva, o se trata de un principio general del juicio de amparo que, en la norma, fue ejemplificado en materia penal, pero que contiene un sentido de aplicación extensible a otras materias?
"h) Parece ser que la interpretación más rigorista sería estimar que este derecho a la no ocasión del cambio de situación jurídica, mediante la evitación del dictado de la sentencia definitiva, es aplicable sólo en materia penal, pero como ello probablemente sería contrario a la naturaleza garantista del juicio de amparo, entonces, no sería adecuado hacer la lectura de dicho párrafo segundo de esa manera.
"i) No pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia de la Segunda Sala, en el sentido de que, aun cuando la falta de personalidad sea motivo de análisis en amparo indirecto, ello no impide que, en ciertos casos excepcionales, sea posible su análisis en el juicio constitucional de la vía directa; parecería que con dicha tesis se salva el criterio, al existir una aparente, dualidad de vías de amparo para reclamar lo resuelto en el incidente de falta de personalidad; sin embargo, en realidad esto no es así, porque, por otro lado, existe el criterio diverso del Alto Tribunal en el sentido de que las violaciones que en juicio de amparo sean motivo de impugnación en el procedimiento indirecto de la competencia del Juez de Distrito, no pueden ser motivo de análisis en el juicio directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados, aspectos que ocasionan confusión y adicionan complejidad a la identificación del criterio aplicable en casos como el analizado y vuelven tanto subjetivo como complejo el tema relativo.
"j) A todo lo anterior, como razones de modificación, deben sumarse las contenidas en los votos minoritarios de las contradicciones de tesis 16/2004-PL y 71/2006-PS, respectivamente suscritos, el primero, por la señora Ministra Luna Ramos y los señores Ministros Juan Díaz Romero, Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo y, el segundo, por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas y Valls Hernández, destacando que en este último asunto, a pesar de abordarse el tema desde la óptica del derecho civil, prácticamente se analiza el mismo problema; para evitar una extensión innecesaria de este documento, se deben tener por insertas aquí las argumentaciones de dichos votos.
"k) Una razón más que motiva esta solicitud son los cambios de integración del Pleno del Alto Tribunal y lo discutible de las temáticas de referencia, es notorio el impacto que tiene dicho criterio en la actividad jurisdiccional, siendo por todo esto que se solicita atentamente la modificación de dicha jurisprudencia.
"l) Se acompañan a la presente solicitud testimonios autorizados de las ejecutorias dictadas en el amparo en revisión 222/2009 y en el amparo directo 751/2009-I para los efectos conducentes."
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado solicitante, en sesión de catorce de abril de dos mil diez, dictó sentencia en el amparo en revisión 222/2009-I, interpuesto por ********** y **********, en el que reclamaron la interlocutoria que decidió el incidente de falta de personalidad hecho valer por el trabajador en contra de quien compareció en nombre de los demandados al juicio laboral **********, así como en el amparo directo 751/2009-I, promovido por los mismos quejosos, quienes reclamaron el laudo emitido en el juicio laboral de antecedentes, con la circunstancia de que, en lo que atañe al primero de los asuntos, se decretó el sobreseimiento en el juicio por considerarse que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, en virtud de que en el juicio natural se dictó laudo y en el amparo contra éste se negó la protección federal.
TERCERO. En auto de veintiuno de mayo de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de modificación de la jurisprudencia, asimismo, ordenó formar el expediente 14/2010, dar vista al procurador general de la República por un plazo de treinta días para que expusiera su parecer, de así considerarlo pertinente, y turnar los autos a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas, para su estudio y elaboración del proyecto respectivo. Previo dictamen y los acuerdos presidenciales correspondientes, el asunto se radicó en la Segunda Sala.
En sesión de treinta de junio del año dos mil diez, los señores Ministros que integran la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, acordaron remitir el presente asunto al Pleno de este Alto Tribunal.
El procurador general de la República, a través del agente del Ministerio Público Federal designado, formuló dentro del plazo legal concedido el pedimento número DGC/0677/2010, en el sentido de estimar procedente, pero infundada, la solicitud de modificación de jurisprudencia.
En sesión de quince de marzo de dos mil doce, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado el resultado de la votación, determinó desechar el proyecto y returnar el asunto a un Ministro de la mayoría, habiéndole correspondido a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto noveno del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal, emitido el veintiuno de junio de dos mil uno, ya que se refiere a la solicitud de modificación de un criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. La presente solicitud de modificación de jurisprudencia proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quienes se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Es aplicable al caso la tesis aislada P. XXIX/92 de este Tribunal Pleno, que a continuación se transcribe:
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACIÓN TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El artículo 197, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que también están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida." (Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 33)
TERCERO. Corresponde examinar la procedencia de la presente solicitud de modificación de jurisprudencia, para lo cual se debe verificar si se encuentran o no satisfechos los requisitos que para tal efecto se señalan en el artículo 197, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Dicho precepto legal señala:
"Artículo 197.
"...
"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, y el procurador general de la República, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De la disposición legal transcrita se desprende que, para que proceda la solicitud de modificación de jurisprudencia, deben actualizarse los siguientes presupuestos:
1. Que, previamente a la solicitud, se resuelva el caso concreto que la origina; y,
2. Que se expresen los razonamientos legales en que se apoye la pretensión de su modificación.
Para determinar si, en la especie, se surte el requisito relativo a que se hubiera resuelto el caso que originó la solicitud de modificación de jurisprudencia, primero, debe tenerse presente que la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe entenderse en sentido amplio el requisito consistente en que, previamente a la solicitud, se resuelva el caso concreto que la origina. Ese criterio, que ahora se reitera, se fijó en la tesis aislada de la Segunda Sala de este Alto Tribunal identificada con el número 2a. XXVII/2007, que a continuación se transcribe:
"JURISPRUDENCIA. PARA SOLICITAR SU MODIFICACIÓN SE SATISFACE EL REQUISITO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE UN CASO CONCRETO CUANDO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE ANALIZA UN PUNTO DE DERECHO SEMEJANTE AL EXAMINADO EN OTROS ASUNTOS QUE DIERON LUGAR A UNA JURISPRUDENCIA Y LO DECIDE EN FORMA OPUESTA. Del artículo 197 de la Ley de Amparo se desprende que la solicitud de modificación de una jurisprudencia procede cuando están satisfechos los siguientes requisitos: a) que previamente a la solicitud se haya resuelto un caso concreto en el que se haya aplicado la jurisprudencia cuya modificación se solicita; y, b) que en la solicitud correspondiente se expresen las razones que justifiquen la modificación. Ahora bien, el primer requisito no únicamente debe entenderse en sentido estricto, esto es, que se trate de un asunto en el que la jurisprudencia cuya modificación se solicita se haya aplicado, sino que debe interpretarse en sentido amplio a efecto de concluir que el requisito de que se trata también se satisface cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un recurso de revisión en el que analiza un punto de derecho sustancialmente semejante al que se examinó en la jurisprudencia cuya modificación se solicita, sustentó un criterio distinto del contenido en dicha jurisprudencia." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 561)
En el mismo sentido, este Tribunal Pleno ha precisado cuándo se actualiza el requisito del que se viene hablando en la tesis aislada P. XLIV/2008, fijando el siguiente criterio:
"JURISPRUDENCIA. EL REQUISITO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN RELATIVO A SU APLICACIÓN EN UN CASO CONCRETO PARA SU PROCEDENCIA, SE ACTUALIZA CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE CUESTIONA LA EFICACIA DE UN CRITERIO OBLIGATORIO. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo y lo sustentado por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte en las tesis, respectivamente, P. XXXI/97 y 2a. XXVII/2007, en el sentido, la primera, de que para solicitar la modificación de jurisprudencia uno de los requisitos es que, previamente a la solicitud, se haya resuelto un caso concreto con aplicación de la jurisprudencia cuya modificación se pide; y la segunda de que ese requisito debe entenderse en sentido amplio, debe inferirse que ese requisito se satisface cuando en la resolución que dirime el caso particular se cuestiona la eficacia jurídica de un criterio obligatorio y los entes legitimados para elevar la solicitud estiman necesaria su modificación, en aras de preservar la certeza y seguridad jurídica, tanto de los gobernados como de los órganos encargados de administrar justicia, pues la finalidad de la modificación es revisar el criterio sometido a examen y, en su caso, interrumpir su obligatoriedad para emitir uno nuevo que lo sustituya, preservando la unidad de la interpretación de las normas que conforman el orden jurídico nacional." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 14)
Igualmente, importa considerar que este Tribunal Pleno también se ha pronunciado en la tesis aislada P. XXVIII/2004, en el sentido de que, tratándose de la modificación de una jurisprudencia emanada a través del sistema de contradicción de tesis, sólo puede hacerse tomando en cuenta el tema o punto de divergencia que le dio origen; es decir, la materia de la modificación se encuentra delimitada por las situaciones jurídicas que se analizaron de manera concreta sin abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al criterio original y planteamientos jurídicos ajenos al tema en contradicción, pues de hacerlo daría lugar a la creación de jurisprudencia en una forma no prevista por la ley. El mencionado criterio es del tenor siguiente:
"JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU MODIFICACIÓN ESTÁ ENMARCADA POR EL TEMA DE LA CONTRADICCIÓN QUE LE DIO ORIGEN. El último párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo señala que para la modificación de una tesis de jurisprudencia deben observarse las mismas reglas establecidas para su formación, disposición que tratándose de jurisprudencia emanada de una contradicción de tesis, sólo puede hacerse tomando en cuenta el tema o punto de divergencia que le dio origen; es decir, la materia de la modificación se encuentra delimitada por las situaciones jurídicas que se analizaron de manera concreta, sin abordar aspectos diversos que impliquen adiciones al criterio original ni planteamientos jurídicos ajenos al tema de contradicción, pues de hacerlo, daría lugar a la creación de jurisprudencia en una forma no prevista por la ley." (Registro IUS: 181316, tesis aislada, materia común, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, tesis P. XXVIII/2004, página 7)
De esta manera, se advierte que, para que se surta el primer requisito de procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia, es necesario verificar que en la resolución que dirime el caso particular se cuestione la eficacia jurídica de un criterio obligatorio, por lo cual se estime necesaria su modificación.
En la especie, así sucedió, pues el tribunal solicitante cuestionó la jurisprudencia, cuya modificación solicita, en su resolución. Para sostener esta afirmación, es pertinente relatar algunos antecedentes del caso concreto:
Ante la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje, ********** demandó de **********, y ********** el pago de diversas prestaciones de naturaleza laboral. A la audiencia trifásica acudió el licenciado **********, en representación de los demandados, personalidad que fue cuestionada por la parte actora a través del incidente de falta de personalidad correspondiente, mismo que, en su oportunidad, se declaró fundado y, como consecuencia, en la etapa de demanda y excepciones se tuvo a los referidos demandados por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, y por perdido su derecho a ofrecer pruebas.
Contra la resolución interlocutoria que desconoció la personería del licenciado **********, los demandados promovieron juicio de amparo indirecto, el cual, en su oportunidad, les fue negado.
Posteriormente, y toda vez que estuvieron inconformes con dicha resolución de primer grado que les fue adversa, los quejosos interpusieron recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, al encontrarse pendiente de resolución el referido recurso, la Junta del conocimiento emitió el laudo respectivo, que igualmente fue adverso a los intereses de los demandados, motivo por el cual éstos acudieron en demanda de amparo, en esta ocasión, por la vía directa.
Ambos asuntos fueron turnados al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, así como al mismo ponente, a fin de que diera cuenta con ellos en la sesión correspondiente.
Así, en el amparo en revisión donde se impugnó la interlocutoria que decidió el incidente de falta de personalidad, se decretó el sobreseimiento en el juicio, al estimarse que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, consistente en el cambio de situación jurídica, derivado de que en el juicio natural se dictó laudo. La decisión anterior se apoyó en la jurisprudencia cuya modificación se solicita a este Alto Tribunal, con motivo de la que se inició este expediente, la cual a la letra dice:
"PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESA CUESTIÓN EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, AL DICTARSE EN EL PROPIO PROCEDIMIENTO LABORAL EL LAUDO QUE LE PONE FIN, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuando en el juicio de garantías indirecto se reclama la resolución incidental que decide sobre la personalidad de alguna de las partes, si en el propio procedimiento laboral de donde emana tal interlocutoria, la autoridad responsable dicta el laudo con el que concluye el juicio, ya que en este caso opera un cambio de situación jurídica que torna irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica que se origina con el pronunciamiento del laudo, lo que actualiza la causa de improcedencia de mérito." (No. Registro IUS: 180102, jurisprudencia, materia: laboral, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, tesis P./J. 110/2004, página 15)
Sólo como dato informativo, cabe mencionar que en el amparo directo 751/2009-I, promovido por los demandados en contra del laudo emitido en el juicio laboral de antecedentes, fue negada la protección federal. Dicha resolución se basó en el examen de los motivos de disenso que se calificaron de inoperantes, consistentes en una violación procesal que, a juicio del tribunal de amparo, no trascendió al sentido del fallo, dado que la misma gravitó en torno a la ilegal notificación de la resolución interlocutoria que decidió el incidente de falta de personalidad de quien pretendió comparecer al juicio natural en representación de los demandados quejosos.
A partir de lo expuesto, se advierte que el órgano colegiado resolvió un caso concreto donde aplicó la jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno, por encontrar plena aplicabilidad al asunto sometido a su conocimiento, con lo cual se colma el primer requisito para la procedencia de la presente solicitud.
El siguiente requisito, consistente en que se expresen los motivos en que se apoya la solicitud, también está satisfecho, toda vez que el tribunal solicitante manifestó dichos motivos en el escrito de solicitud de modificación de jurisprudencia, reproducido en el resultando primero de esta ejecutoria.
CUARTO. Previamente a determinar la conveniencia de hacer la modificación solicitada, es necesario determinar cuáles son los alcances de la facultad que la Ley de Amparo otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar la jurisprudencia.
Para ello, se hace necesario tener presente lo establecido en los artículos 194 y 197 de la ley de la materia, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 194. La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno; por cuatro, si es de una Sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito. ...
"Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas por esta ley, para su formación."
"Artículo 197. ...
"Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, y el procurador general de la República, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
De los preceptos transcritos se desprende la facultad del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para modificar la jurisprudencia que tengan establecida, atendiendo a las razones que se expresen para justificar la solicitud de modificación; para lo cual, como requisitos formales, se requiere únicamente que la solicitud provenga de parte legítima, que previamente se haya resuelto el caso concreto que la motiva y que se expresen las argumentaciones jurídicas en que se apoya la pretensión de modificación.
Cabe destacar que, como es fácil de advertir del último párrafo del artículo 194 antes transcrito, en este precepto la palabra "modificación" no está constreñida a su significado literal, que solamente permitiría tocar los elementos accidentales de la jurisprudencia, sin alterar su esencia, pues es claro que el proceso ahí previsto permite el cambio total de lo anteriormente sostenido; se trata de interrumpir un criterio jurídico para sustituirlo por otro nuevo que puede ser, inclusive, en sentido contrario al que se abandonó.
Luego, conforme a la intención del legislador, "modificar la jurisprudencia" significa cambiar de criterio, interrumpir la obligatoriedad de una tesis y emitir otra nueva que la sustituye.
Ahora bien, es importante señalar que la jurisprudencia, como institución constitucional y jurídica, tiene, como un primer efecto, la interpretación de las leyes que regulan el marco de actuación de las autoridades y las relaciones entre particulares, y entre éstos con los órganos del Estado y, como una segunda consecuencia, de igual trascendencia, el dar certeza jurídica a través del establecimiento de un criterio obligatorio que vincula de manera general a su observancia.
De ello se sigue que, frente a lo estát
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24436-5879ffc1/personalidad-en-el-juicio-laboral-el-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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