COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. ALCANCE DEL TÉRMINO "IMPROCEDENTES" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. TEMERIDAD O MALA FE PARA SU CONDENA, CONFORME AL ARTÍCULO 1084, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 292/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: IGNACIO VALDÉS BARREIRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de las contradicciones de tesis deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En virtud, de que se desprende de los proveídos suscritos por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiocho de junio y diez de julio, ambos del dos mil doce, que fue formulada por **********, como autorizada en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, de **********, parte quejosa en el juicio de amparo directo **********, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por tanto, de conformidad con el artículo 197-A, en relación con el numeral 27, ambos de la Ley de Amparo, resulta inconcuso que **********, autorizada de **********, está legitimada para denunciar la posible contradicción de criterios.
Ilustra a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, página 227, y que esta Primera Sala comparte, misma que se transcribe a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."
TERCERO. Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:
A) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de catorce de junio de dos mil doce; consideró, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"CUARTO. ... Los resumidos conceptos de violación son infundados en una parte e inoperantes en otra. Para explicar por qué son infundados es necesario analizar la interpretación gramatical, sistemática y constitucional del artículo 1084 del Código de Comercio. La interpretación gramatical y sistemática del artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio impide aceptar que toda desestimación de una acción, excepción, defensa, recurso o incidente, promovido por cualquiera de las partes, conduzca necesariamente a una condena en costas, porque, en primer lugar, la hipótesis descrita en ese precepto establece como requisito, la improcedencia de esos actos procesales y, en segundo término, porque la propia fracción, al igual que las que le preceden, tienden a poner de manifiesto la temeridad o la mala fe de un litigante y, por tanto, esta característica constituye un factor que debe tomarse en cuenta al aplicar esa disposición. Interpretación gramatical. El artículo en que la quejosa se inconforma, a la letra dice: (se transcribe). El Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia Española, define los vocablos improcedente e improcedencia, como: ‘improcedente. (De in-2 y procedente). adj. No conforme a derecho. ll 2. Inadecuado, extemporáneo.’. ‘improcedencia. (De in-2 y procedencia). f. Falta de oportunidad, de fundamento o de derecho.’. De estas definiciones se sigue que es improcedente una acción, defensa, excepción, recurso o incidente, cuando no se formula conforme a derecho, bien porque el objeto de esos actos no se encuentra previsto en la ley, bien porque no se surten presupuestos de admisibilidad, o condiciones previas para su tramitación, o bien, por su falta de aptitud legal para lograr la finalidad que se persigue en su planteamiento. Luego, a partir de una interpretación gramatical, se obtiene que la sanción al pago de costas impuesta por el legislador en la fracción V del artículo 1084 del citado ordenamiento legal, se encuentra orientada a aquellos sujetos que promueven acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes que carecen de idoneidad, promovidos o hechos valer fuera de tiempo o sin que se actualicen los presupuestos para ser admitidos. Sin embargo, no basta la sola improcedencia de los instrumentos legales intentados por cualquiera de las partes para imponer la condena en costas con fundamento en la disposición que se examina, es decir, esa sanción no se actualiza en forma automática por el mero vencimiento. Esto es así porque, en la aplicación del derecho no es suficiente acudir a la interpretación gramatical del texto normativo, sobre todo cuando, como en el caso, su significado debe obtenerse en concordancia con el sentido que orienta el sistema jurídico en que se contiene a partir de una interpretación sistemática que, en el caso justiciable indica que el factor de la temeridad o la mala fe es nota distintiva de las hipótesis que la regulan. Interpretación sistemática. En el caso que se analiza, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el legislador dio una nueva connotación al tema de las costas que, en la materia mercantil, se vio reflejado en la modificación del artículo 1082 del Código de Comercio, cuyo tenor es: (se transcribe). En la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, se justificaron las reformas propuestas en cuanto al tema de las costas, sobre los argumentos siguientes: (se transcribe). Esa orientación se corrobora con la interpretación sistemática de los artículos que integran el capítulo VII, título primero, libro quinto, del Código de Comercio, correspondiente a las costas, en especial del artículo 1082 y en las distintas fracciones del numeral 1084; así como de los demás preceptos que reglamentan el pago de costas en casos bien específicos como son los artículos 1076, párrafo quinto, fracción VIII (que condena al actor a su pago cuando se decreta la caducidad del juicio en primera instancia y al apelante cuando esto acontece en segunda instancia); 1376 Bis (que impone esa sanción, a favor del ejecutante, al opositor que no obtenga sentencia favorable) y 1383, último párrafo (en el que se establece la misma condena al oferente de pruebas que deban recibirse fuera del lugar del juicio, cuando éste no devuelva el correspondiente exhorto diligenciado) de donde se obtiene que el legislador se inclinó por la teoría de la temeridad y mala fe, como regla general o principio rector. Esto es así porque, aunque la literalidad de las disposiciones enunciadas produce la apariencia de haberse adoptado la teoría del vencimiento con algunas modalidades, lo real es que al acudir a la explicación racional o razón de ser de esos supuestos específicos, en aplicación al postulado del legislador racional, se aprecia claramente que en su construcción se partió de lo observado en la experiencia de la vida, para recogerse en la ley, las situaciones reiteradas en la práctica judicial, reveladoras de una conducta temeraria o de mala fe, para establecer la condena forzosa, dándole el carácter de presunción legal. Así, el artículo 1076, párrafo quinto, fracción VIII, del ordenamiento mercantil sanciona el desinterés del actor en primera instancia, al permitir que opere la caducidad, en el entendido de que tal conducta revela la temeridad de quien promueve sin el ánimo de lograr una resolución a su pretensión. En el artículo 1383, último párrafo, del mismo código, se castiga la conducta, también temeraria del litigante que, habiendo ofrecido una prueba que deba recibirse fuera del lugar del juicio, no devuelva oportunamente el exhorto diligenciado, con el consecuente retardo en su prosecución. En el mismo sentido se sitúan las hipótesis contenidas en las cinco fracciones del artículo 1084 del Código de Comercio. Así, la fracción I evidencia la temeridad del actor o del demandado, que hacen valer una acción o una excepción, respectivamente, sustentadas en enunciados producidos sobre determinados hechos que han dado lugar a una controversia en el juicio; pero ninguna prueba rinden para que el juzgador se encuentre en condiciones de demostrar la veracidad o la falsedad de esos enunciados. Por este motivo el enjuiciado que se encuentre en esa situación deberá ser condenado en costas. Un caso que trata sobre una conducta de mala fe por parte de un litigante, se halla en la fracción II del artículo 1084 del Código de Comercio, pues es patente que incurre en tal conducta, quien presenta documentos falsos, o bien, testigos falsos o sobornados. Lo atinente a la temeridad o a la mala fe en el supuesto previsto en la fracción III resulta de la propia naturaleza de los títulos ejecutivos. Según el artículo 1391 del Código de Comercio, tal clase de juicios debe fundarse necesariamente en un documento que traiga aparejada ejecución. En los preceptos que le siguen al último citado se advierte que en el juicio ejecutivo el demandante busca solamente la realización del crédito que se encuentra en el título que le sirve de base a ese juicio. No necesita que en el proceso se declare su derecho, porque éste ya está reconocido de antemano, al surtirse los requisitos previstos en la ley para asignarle la calidad de ejecutivo a un determinado documento. Por este motivo, en la fase inicial del proceso se lleva a cabo la ejecución, incluso antes del emplazamiento. Si a la postre resulta, que la pretensión es desestimada, ya sea porque el título fundatorio de ese proceso no tenía en realidad la cualidad de ejecutivo, o bien, porque el ejecutado demostró alguna de las excepciones hechas valer, por ejemplo, el pago, en tal situación queda evidenciada la temeridad del demandante, porque provocó que se llevara a cabo injustificadamente una ejecución en contra del enjuiciado, causándole molestias o, incluso, perjuicios. En una situación similar se encontraría el demandado que se opusiera a la ejecución y que, a fin de cuentas, fueran desestimadas las excepciones hechas valer al efecto. La conducta de este enjuiciado habría sido temeraria, por haberse opuesto injustificadamente al derecho preconstituido contenido en el título fundatorio del juicio ejecutivo. Los efectos del deber ser habrían sido, que el actor llevara a cabo el procedimiento ejecutivo sin obstáculos; pero en el caso de que se trata, esto no se pudo lograr por la actitud temeraria, asumida por el demandado. Por cuanto hace a la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio, la temeridad del litigante vencido en dos sentencias conformes de toda conformidad se advierte en el hecho de que, en la primera instancia recibió un fallo adverso a sus intereses. La sentencia dictada tiene a su favor la presunción de haberse pronunciado según la forma prescrita por el derecho. Por tanto, si el litigante interpone apelación en contra de esa resolución, la cual resulta confirmada por el tribunal de alzada, tal confirmación evidencia, que el inconforme no tenía razón en oponerse a la decisión que le había sido desfavorable. Así, la existencia de dos fallos en un solo sentido ponen de manifiesto, que desde un principio no asistía el derecho al apelante y, a pesar de ello, prolongó inútilmente el proceso hasta la segunda instancia. Con esta actitud, ese litigante retardó la satisfacción del derecho de su contraparte, que pudo haber quedado definido desde la sentencia de primer grado, retardo injustificado, según lo demuestra la confirmación realizada por el tribunal de apelación. Como se ve, existe una tendencia uniforme en cuanto a la conducta que busca sancionar el legislador con la condenación en costas, reflejada en los diversos preceptos que se han examinado, sin que exista razón fundada para excluir de esa línea de interpretación la hipótesis contenida en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, cuyo contenido sigue la misma dirección de aquéllos. En efecto, en la mencionada fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio se presume igualmente la temeridad o mala fe del litigante, al acudir a instrumentos jurídicos sin tener razón alguna, para hacer valer cuestiones insustanciales, en las que el sentido común indica que en modo alguno podrían prosperar, por lo que la declaración de improcedencia corrobora la inviabilidad que siempre tuvieron. Luego, al aplicar en su justa dimensión la interpretación sistemática del artículo 1084, fracción V, del código mercantil, se llega a la conclusión de que el factor de temeridad y mala fe es relevante para imponer la condena en costas, pues ésta no se actualiza en forma automática por el sólo vencimiento, menos aún si el vencido tuvo justa causa para litigar. Interpretación conforme con la Constitución. La conclusión alcanzada atiende también a la propia interpretación sistemática, resultado de la conexión existente entre todas las normas del ordenamiento jurídico, cuya base ideológica fundamentalmente se encuentra en la Constitución, que en su artículo 17, prohíbe la autotutela y ordena acudir a la autoridad jurisdiccional para dirimir las controversias, respecto de las cuales se pretenda una resolución judicial. Como es sabido, en la interpretación conforme con la Constitución se parte de la base que en la emisión de leyes, el legislador procura apegarse a la Constitución. En modo alguno se concibe que en la emisión de una ley, el propósito del legislador sea ir en contra de dicha Constitución. De esta manera, ante un enunciado dudoso contenido en una disposición que admita dos interpretaciones, el intérprete debe atribuir al enunciado normativo el significado que se estime más acorde con la Constitución, en conformidad con la premisa citada en el párrafo que antecede. Lo anterior se relaciona con la circunstancia de que como se ha visto, al enunciado normativo contenido en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio es admisible atribuirle cuando menos dos significados: a) La desestimación de acciones, excepciones o defensas, de recursos o de incidentes, conduce a que la parte que intentó o que hizo valer tales actos procesales, deba ser necesariamente condenada al pago de costas. b) Quien emita los actos procesales o ejercite los derechos precisados en la fracción en comento, debe ser condenado en costas, sólo si en la resolución judicial respectiva se declaró su improcedencia o, en su caso, su inoperancia, por estar sustentados en cuestiones o causas insustanciales, vacuas, inidóneas, de manera que esos actos procesales en modo alguno habrían podido prosperar, dada su inviabilidad. En relación con la posición identificada en el inciso b) se entiende que la explicación racional de la actitud del autor de los actos procesales con las características indicadas, es su temeridad o mala fe con que se condujo dentro del proceso. Por otro lado, ante las dos posiciones descritas, se considera que la segunda es la más apegada al artículo 17 constitucional. Esto es así, porque dicha norma superior no condiciona el acceso a la justicia al hecho de que quien acuda ante la autoridad jurisdiccional a dirimir una controversia obtenga una resolución favorable, es decir, el Constituyente no limitó tal garantía a aquellos sujetos que tuvieran la certeza ineludible de obtener un fallo próspero a su pretensión y mucho menos, que así quedara demostrado. Si se estimara que el simple vencimiento trae como consecuencia necesaria la condena al pago de las costas de la primera instancia, tal situación podría ser causa de una inhibición en el ejercicio del derecho, porque existiría la posibilidad de que por el temor a la condena en costas, un gobernado no utilizará el servicio público de impartición de justicia. Así lo consideraba ya José de Vicente y Caravantes, en su tratado histórico, Crítico Filosófico de los Procedimientos Judiciales en Materia Civil (1856), donde expuso: ‘Según nuestro derecho, no basta que un litigante sea vencido en juicio, o que no pruebe sus acciones o excepciones para ser condenado en las costas, si por otra parte tuvo razón o justa causa para litigar. En tal caso, aunque se le condene en lo principal del juicio, no debe condenársele por el Juez en las costas; pues de lo contrario el temor de pagar éstas si no se podía hacer prueba plena, retraería a los particulares de reclamar sus derechos y los abandonarían en poder del usurpador, como observa la glosa del cap. 5, tít. 14, lib. 2 de las Decretales. Cada litigante, en tal caso, paga solamente las suyas y la mitad de las comunes. Esta doctrina se apoya en la ley 8, tít. 22, part. 3, que dice: «empero, si el Juez entendiere que el vencido se moviera por alguna derecha razón para demandar o defender su pleito, non ha por que mandar quel pechen las costas (al litigante vencido).» En la 8, tít. 3. part. 3, que al establecer, que si el demandado no probase las excepciones que hubiera propuesto, debe darle el Juez por vencido de la demanda, no dice que le condene en costas, y respecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento, en los artículos 331, 803, 836, 1.132 y 1.176, que al disponer que pronuncie el Juez sentencia, en el juicio ordinario, de árbitros, de amigables componedores, de menor cuantía y verbales, no expresa que deba condenarse en costas al vencido; y en el 216, que previene pague los gastos que ocasione la conciliación, el que hubiere promovido, y los de las certificaciones el que las pidiere; lo que se entiende cuando no hubiese expresa condenación de costas, como en el caso del artículo 309, por suponerse malicia en el litigante.’. Y es que, efectivamente, no es válido aceptar que la sola desestimación, incluso por improcedencia, de cualquiera de los actos mencionados en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, trae consigo la condena en costas, pues de admitir ese planteamiento, innegablemente se influiría en el ánimo del justiciable, quien se limitaría en el ejercicio de su derecho de acceso a la impartición de justicia ante el temor fundado de que, a pesar de tener una causa justa para litigar, en el caso de que no se acogiera su pretensión invariablemente se le condenara en costas, al adoptarse, sin más, la teoría del vencimiento. Por tanto, es patente la necesidad de una necesaria ponderación de valores en la interpretación de la legislación procesal, en lo atinente en las costas, puesto que por una parte, no deben crearse circunstancias que desalienten a los gobernados a utilizar el servicio público de impartición de justicia; pero por otra parte, debe buscar la sanción a quien hace mal uso de ese servicio. Los criterios de temeridad y de mala fe de que se valen los preceptos que regulan la condena en costas, constituyen criterios de regulación adecuados para proteger los referidos valores, puesto que su uso adecuado, en modo alguno obstaculiza el derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales y, al mismo tiempo, dan una pauta para sancionar a quien hace mal uso de los beneficios de la función jurisdiccional. Adicionalmente, si bastara que la autoridad jurisdiccional desestimara, incluso por improcedencia, cualquiera de los actos mencionados en la fracción V del artículo «1084» del Código de Comercio, la pretensión de cualquiera de las partes para condenar en costas al vencido, ya no tendrían caso las demás hipótesis contenidas en el Código de Comercio, respecto de tal institución. En efecto, no tendría razón de ser, por ejemplo, la fracción I del artículo 1084 del Código de Comercio, conforme a la cual siempre será condenado en costas, el que ninguna prueba rinda para demostrar su acción o excepción, si se funda en hechos disputados. La regla general es que el litigante que no aporta pruebas al juicio, para demostrar las afirmaciones sobre los hechos en que sustenta su pretensión o su excepción resulta vencido (se tiene en cuenta que la ley prevé situaciones generales y ordinarias, puesto que en la práctica, de manera excepcional, puede darse el caso de que, en cumplimiento al principio de adquisición procesal, un litigante se aproveche de pruebas aportadas por el otro contendiente, gracias a lo cual resulte vencedor). Si se atiende a dicha regla general, el precepto no tendría razón de ser, porque su hipótesis estaría comprendida en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, en la interpretación descrita en el inciso a) mencionado. Por lo hasta aquí expuesto, no es suficiente que la autoridad jurisdiccional desestime la acción, excepción, defensa, recurso o incidente, promovido por cualquiera de las partes, para condenar, indefectiblemente, en costas con fundamento en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, porque, como ya se analizó, es necesario que se encuentre satisfecho el presupuesto descrito en la propia norma, relativo a la improcedencia de esos actos y, adicionalmente, es preciso tomar en cuenta también los factores implícitos de temeridad y mala fe. ..."
B) Por su parte, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, relacionado con el diverso **********, en sesión de doce de enero de dos mil doce, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:
"QUINTO. En una parte del único concepto de violación, en síntesis, refiere la quejosa que fue incorrecto lo razonado por la Sala responsable, en relación a la condena al pago de costas de conformidad con la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, ya que el precepto en cita sólo establece que se condenará a quien intente acciones improcedentes, sin hacer alguna distinción en el sentido de que esa improcedencia se actualice por cuestiones que no son materia del fondo del asunto, o bien, con motivo del estudio de los elementos de la acción. Dice el inconforme que, por tanto, de conformidad con la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, se debió condenar a su contraparte al pago de costas por ejercer una acción improcedente, pues conforme al precepto en cita se debe establecer esa condena sin importar si las causas de la improcedencia fueron procedimentales o de fondo. Este motivo de inconformidad es inatendible. En efecto, la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, establece: (se transcribe). Del precepto anterior se advierte que, para la procedencia de la condena al pago de costas, sólo establece como requisito que la acción ejercitada se declare improcedente. Ahora bien, en relación a la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia número 1a./J. 43/2007, visible en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, de rubro: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).’, estableció, en lo conducente, que se consideran improcedentes las acciones que no encuadran en los supuestos amparados en la ley, o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio. La jurisprudencia en cita, cuyos datos de localización fueron precisados con antelación, es del tenor siguiente: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).’ (se transcribe). Entre tanto, de la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia en cita, se advierte, en lo conducente, lo siguiente: (se transcribe). Así, conforme a la jurisprudencia transcrita con antelación y a la ejecutoria de la que derivó, pudiera estimarse que para los efectos de la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, se considerarán improcedentes las acciones que no encuadran en los supuestos previstos en la ley, o aquellas cuyos presupuestos, elementos o hechos constitutivos no se acreditaron durante el juicio; es decir, aun cuando en ellas se estudien cuestiones atinentes al fondo del asunto. Sin embargo, el término ‘improcedencia de la acción’, implica que la autoridad judicial se encontró impedida para estudiar la controversia planteada por falta de algún presupuesto procesal necesario para ello; es decir, que no pudo emitir una decisión de fondo, de lo que se colige que la improcedencia de la acción es un tema diverso a su desestimación por insuficiencia o falta de pruebas, lo que involucra el estudio del fondo del asunto, y conduciría a declararla infundada. Luego, atendiendo a lo que implica el término ‘improcedencia de la acción’, los aspectos a los que hace referencia la jurisprudencia en cita, cuya falta de acreditación durante el juicio actualizan la improcedencia de la acción, deben entenderse referidos a los requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda, válidamente, entrar a examinar y resolver las pretensiones de fondo. En ese orden de ideas, la improcedencia de la acción a la que hace referencia la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, que dará lugar a que se condene al pago de costas, es aquella que se actualiza cuando, ante la falta de algún presupuesto procesal, no se pudo estudiar de fondo la controversia planteada, es decir, emitir una decisión de fondo en relación a ella. De ahí lo inatendible del motivo de inconformidad que se analiza, pues si bien es cierto que la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, no establece mayores exigencias o precisiones para la procedencia de la condena al pago de costas por ejercer una acción improcedente; también lo es que el término ‘improcedencia de la acción’ atiende a la ausencia de los presupuestos procesales, e implica que se actualizó un impedimento para emitir una decisión de fondo. Por tanto, en el supuesto de que se emita una decisión de fondo, desestimando la acción y, por ende, declarándola infundada, como ocurrió en el caso, será improcedente la condena al pago de costas con fundamento en la fracción V
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24270-6086a9d2/costas-en-materia-mercantil-alcance-del-termino-improcedentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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