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Modo: Corpus Pro

TIEMPO EXTRAORDINARIO. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2012. · Registro digital (IUS): 24307
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Pág. 1652.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 386/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

CONSIDERANDO:

9. PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.

10. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

11. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

12. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; y, de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.

13. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.

14. TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, el veintidós de junio de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO: ... QUINTO. ... En el primero de los conceptos de violación, los quejosos argumentan que fue ilegal que la autoridad responsable absolviera del pago de tiempo extraordinario, y que además, les arrojara la carga de la prueba para acreditar su procedencia, toda vez que el servidor público no cuenta con los elementos para acreditar la jornada de trabajo, porque existen dos pruebas idóneas para esos efectos, la primera, son las listas de asistencia y/o tarjetas checadoras, que cuando se llevan en el centro de trabajo se encuentran en poder del patrón, y, cuando tales documentos no se llevan en la fuente de trabajo, la segunda prueba idónea es la testimonial, pero el único que puede presentar a los testigos es el patrón, al depender económicamente de él los trabajadores a quienes les consta el horario de labores, no pudiéndolos presentar el trabajador pues jamás accederían a deponer. Lo expresado es infundado. Los actores **********, promovieron demanda laboral en contra del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, reclamando entre otras prestaciones, el pago de horas extraordinarias, por todo el tiempo que duró la relación de trabajo, sustentándose en que les fue asignado un horario obligatorio de 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, con una hora para tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, de lo que se desprendía que prestaban sus servicios sesenta y seis horas semanales, siendo extraordinarias treinta y uno, pues de acuerdo al convenio de ley, celebrado entre el demandado y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas, se debían prestar los servicios siete horas días (sic) y cinco días a la semana. Por su parte, el Ayuntamiento demandado al contestar la instaurada en su contra, negó que los actores tuvieran derecho al pago del tiempo extraordinario que reclamaron, sosteniendo que éstos tenían una jornada de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, con una hora para descansar o tomar alimentos fuera del centro de trabajo. El quince de junio de dos mil once, la autoridad responsable dictó el laudo que constituye el acto reclamado, mismo del que se advierte, que al arrojar las cargas procesales, entre otras cosas, determinó: ‘... Por lo que hace el tiempo extraordinario la carga de la prueba les corresponde a los actores demostrar que laboraron la jornada que manifiestan en su demanda, como lo establece el artículo 221, último párrafo, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios ...’. La anterior determinación de la autoridad responsable es correcta. El artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, reformado por Decreto número 31, publicado en la Gaceta de Gobierno el treinta de enero de dos mil siete, entrando en vigor el día hábil después de su publicación, aplicable al caso, pues la demanda laboral fue presentada en Oficialía de Partes de la autoridad responsable el veinticuatro de marzo de dos mil diez, establece: ‘Artículo 221.’ (se transcribe artículo). Luego, de la transcripción que antecede, se aprecia que el legislador previó que la autoridad eximirá al servidor público de la carga de la prueba para acreditar la procedencia y derecho de las prestaciones reclamadas, salvo lo relativo al reclamo de tiempo extraordinario, esto es, el legislador estableció claramente que el servidor público sin distingo, es decir, si tiene el carácter de general o de confianza, le corresponde la carga probatoria para acreditar el excedente de la jornada, de ello se sigue, que fue correcto que en la especie, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje actuara de esa manera, esto es, que arrojara la carga de la prueba a los actores aquí quejosos para demostrar que laboraron en exceso. Consecuentemente, aun cuando el precepto en su fracción VIII prevé que corresponderá a las instituciones públicas o dependencias probar su dicho cuando exista controversia sobre la duración de la jornada de trabajo, salvo se trate de servidores públicos de confianza, debe interpretarse de manera analítica y sistemática y en su conjunto, del cual es legalmente establecer, que la carga de la prueba corresponderá al servidor público, ya sea general o de confianza, cuando se trate de tiempo extraordinario, ya que del párrafo primero y último se observa que el espíritu del legislador fue arrojar la carga de la prueba a todo servidor público cuando reclame tiempo extraordinario, y al preverlo así, vincula a la clasificación prevista en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, esto es, tanto a los trabajadores generales como de confianza. Lo anterior pone de manifiesto, que es el servidor público, llámese de confianza o general, el obligado a probar que laboró tiempo extraordinario al servicio de la institución pública o dependencia donde preste o haya prestado sus servicios, pues el artículo reproducido no contiene confusión alguna ni deja lugar a dudas que cuando exista reclamo de tiempo extraordinario, será siempre el servidor público quien deba demostrar que lo laboró para tener derecho a su percepción, en tanto que será a las instituciones públicas o dependencias a quien corresponde probar la duración de la jornada de trabajo, salvo que se trate de servidores públicos de confianza en cuyo caso corresponderá a éstos probar la duración que señalen laboraron. Consecuentemente, este órgano colegiado estima correcto que la autoridad responsable arrojara la carga de la prueba a los actores aquí quejosos para acreditar que laboraron tiempo extraordinario, pues ello, se ajusta a lo establecido en el artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de ahí lo infundado de los conceptos de violación e inaplicabilidad de las tesis que se citan en los conceptos de violación. Asentado lo anterior, cabe precisar que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que existe una presunción derivada de la prueba de inspección ofrecida por los actores, con la que quedó por presuntivamente cierto que: ‘E) Que el H. Ayuntamiento de Toluca, le asignó a los actores ********** un horario obligatorio de labores de las 9:00 a las 20:00 horas de lunes a sábado de cada semana, con una hora para tomar alimentos dentro de las instalaciones de la fuente de trabajo.’; es decir que los actores desarrollaron una jornada de 9:00 a 20:00 horas de lunes a sábado; sin embargo, dicha presunción como correctamente lo apuntó la autoridad responsable, no logra demostrar la procedencia del reclamo de tiempo extraordinario en los términos en que se hizo, toda vez que los accionantes exigieron esa prestación, apoyándose en que de acuerdo a la cláusula primera, capítulo primero del convenio celebrado entre el Ayuntamiento y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, sólo estaban obligados a laborar siete horas diarias y cinco días a la semana; sin embargo, en juicio no aportaron como prueba tal convenio, de modo que, como se dijo, aquella presunción, no logra demostrar la procedencia de las treinta y un horas extraordinarias exigidas por los actores. ..."

15. CUARTO. El actual Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo **********, el ocho de octubre de dos mil nueve, en la parte conducente estableció:

"CONSIDERANDO: ... SEXTO. ... En el segundo concepto de violación, manifiesta el promovente que en el laudo reclamado, la autoridad determinó: ‘... es procedente absolver al demandado del pago de horas extras, toda vez que el actor no demostró con algún medio de prueba haberlas laborado ...’, consideración que estima ilógica, incongruente con las constancias procesales y carente de fundamentación y motivación; asimismo, estima que fue indebido arrojar al actor la carga probatoria, pasando por alto que si bien, en términos del artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios toca al trabajador demostrar el tiempo extra, también corresponde al patrón la carga de probar la duración de la jornada laboral, lo que según dice, no logró demostrar, por lo que el trabajador tiene la presunción legal de que laboró horas extras, sin que fuera contradicha con otra prueba, ya que el demandado no exhibió los controles de asistencia. Es fundado lo que en esencia alega el quejoso, pero supliendo de la deficiente formulación de la queja, como lo autoriza la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que en seguida se precisan. En principio, del sello checador que aparece en la primera foja del escrito inicial de demanda laboral, se desprende que fue presentada el catorce de marzo de dos mil siete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Asimismo, el artículo 221 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en vigor a partir del treinta de octubre de mil novecientos noventa y siete, establecía: ‘Artículo 221.’ (se transcribe). Mediante Decreto Número Treinta y uno de la H. LVI Legislatura del Estado de México, se reformó el artículo en comento, como se advierte de la siguiente transcripción: ‘Decreto No. 31.’ (se transcribe). Dicho decreto, fue publicado a través de la Gaceta del Gobierno, de treinta de enero de dos mil siete, y entró en vigor al día siguiente hábil después de su publicación. De la exposición de motivos, se desprende entre otras cosas, lo siguiente: ‘... De igual manera en la propuesta que nos ocupa se pretende determinar con mayor claridad la carga de la prueba de cada una de las partes, en los asuntos individuales que conozca el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y sus Salas Auxiliares.’. El precepto legal en comento, conforme a la reforma antes citada, quedó como sigue: ‘Artículo 221.’ (se transcribe). Ahora bien, en atención a que este tribunal considera que el texto del actual artículo 221 de la citada legislación burocrática local, en lo concerniente a la carga probatoria respecto al tiempo extraordinario es confuso, debido a que en su fracción VIII establece que en todo caso corresponderá a las instituciones públicas o dependencias, probar su dicho cuando exista contradicción sobre la duración de la jornada de trabajo, salvo se trate de servidores públicos de confianza y; por otra parte, en el último párrafo de la fracción XI, establece que la carga de la prueba corresponderá al servidor público cuando se trate de tiempo extraordinario; este tribunal estima que, haciendo una interpretación de ese texto se desprende que el espíritu del legislador, con apoyo en el principio de congruencia que las disposiciones legales deben observar, en relación con el marco normativo, se llega a la conclusión de que tratándose de los servidores públicos que no son de confianza, en cualquier caso, la carga probatoria en cuanto a la duración de la jornada de trabajo, corresponde a las instituciones públicas o dependencias demandadas y que al servidor público de confianza siempre corresponderá la carga probatoria en todos los casos, y principalmente cuando reclama tiempo extraordinario. Ahora bien, en la especie, el actor reclamó el pago de dos horas extras devengadas diariamente, durante todo el tiempo en que subsistió la relación de trabajo, esto es, del dieciséis de abril de dos mil cuatro al seis de marzo de dos mil siete, argumentando que prestó sus servicios de las ocho a las dieciocho horas de lunes a sábado, en el puesto de **********; sin embargo, la parte demandada negó lo anterior señalando que el trabajador nunca las devengó, pues su horario comprendió de las ocho a las diecisiete horas de lunes a sábado, contando con una hora para tomar sus alimentos fuera del centro de trabajo, el cual se desempeñó como ********** (también lo identificó con el cargo de **********), y aclaró que comenzó a prestar sus servicios para el organismo demandado, el primero de enero de dos mil cinco. Al dictar el laudo que ahora se reclama, la autoridad arrojó al actor la carga de probar que ‘laboró de las 08:00 a las 18:00 horas de lunes a sábado’ y finalmente, absolvió del pago de horas extras porque ‘... el actor no demostró con algún medio de prueba haberlas laborado ...’. Fue incorrecto lo así determinado por la autoridad, porque como se advierte, la demandada controvirtió la duración de la jornada laboral, pues señaló que concluía una hora antes de la manifestado por el actor, y aclaró que disponía también de una hora para tomar sus alimentos fuera del dentro de trabajo, y en esa virtud, negó que el trabajador hubiera laborado horas extras; por tanto, en términos de lo previsto por el numeral 221, fracción VIII, de la ley burocrática local, era a la parte demandada a la que correspondía acreditar la duración de la jornada, pues como ya se dijo, de una interpretación del citado precepto legal, se desprende que aun cuando corresponde a los trabajadores de confianza demostrar el horario, en todo caso, a la institución pública o dependencia toca acreditar ese extremo tratándose de los servidores públicos generales. Sirve de apoyo a lo anterior, por la razón jurídica sustancial que contiene, la jurisprudencia número 22/2005 de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cincuenta y cuatro, Tomo: XXI, marzo de dos mil cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: ‘HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL.’ (se transcribe)."

16. Similares consideraciones reiteró el Tribunal Colegiado al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y **********.

17. Las anteriores resoluciones dieron origen a la siguiente tesis:

"TIEMPO EXTRAORDINARIO. CORRESPONDE A LA INSTITUCIÓN PÚBLICA O DEPENDENCIA, EN TODO CASO, LA CARGA PROBATORIA DE LA DURACIÓN DE LA JORNADA QUE EL TRABAJADOR AFIRMA HABER LABORADO, SALVO QUE SE TRATE DE UN SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 221 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE A PARTIR DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL SIETE). Del artículo 221 de la legislación burocrática local en vigor, se advierten tres hipótesis normativas: a) en su párrafo primero dispone que el tribunal o la Sala eximirá de la carga probatoria al servidor público, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, excepto lo relativo al reclamo de tiempo extraordinario; b) en su fracción VIII, señala que en todo caso las instituciones públicas o dependencias deberán demostrar su dicho al controvertir la duración de la jornada, salvo que se trate de servidores públicos de confianza; y c) el segundo párrafo del señalado numeral establece que corresponderá la carga de la prueba al servidor público cuando se trate de tiempo extraordinario. Ahora bien, de la interpretación sistemática del precepto en cita, y conforme al principio de congruencia que las disposiciones legales deben observar, se concluye que tratándose de servidores públicos que no son de confianza, en cualquier caso, serán las instituciones públicas o dependencias quienes tendrán la carga de acreditar la duración de la jornada, porque la aplicación de las leyes implica desentrañar su mejor sentido, esto es, que si bien es verdad que el precepto de que se trata el primer y último párrafos son genéricos respecto a la duración de la jornada de trabajo, sin exceptuar a los servidores públicos de confianza, también lo es que la segunda expresión contenida en la fracción VIII, exceptúa de la carga probatoria sólo a los trabajadores de confianza, por lo que, interpretar el primer y segundo párrafos en sentido literal haría nugatorio el contenido de la referida fracción VIII, pues la institución demandada no tendría la carga probatoria sobre la duración de la jornada, pese a que la citada fracción dispone que siempre la tiene, salvo que se trate de servidores públicos de confianza. Por tanto, ante la redacción confusa del numeral en estudio, al interpretar armónicamente su contenido, la propia legislación permite arribar a la conclusión óptima de que cada una de las porciones normativas que lo conforman sean aplicables en los diversos supuestos que regulan." (Núm. Registro IUS: 163915. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXII, agosto de 2010, materia laboral, tesis II.1o.T. J/41, página 2118)

18. QUINTO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

19. Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

20. Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

21. Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXXII, agosto de 2010, materia común, tesis P./J. 72/2010, página 7)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXX, julio de 2009, materia común, tesis P. XLVII/2009, página 67)

22. SEXTO. Hechas las precisiones anteriores, conviene precisar los elementos fácticos y jurídicos que derivan de las resoluciones de los tribunales contendientes.

23. I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito **********.

Antecedentes del juicio laboral:

24. a) Los actores demandaron del Ayuntamiento Constitucional de Toluca, Estado de México, el pago de horas extraordinarias, señalando que laboraron en una jornada de nueve a veinte horas de lunes a sábado de cada semana, con una hora para tomar alimentos dentro de la fuente de trabajo, descansando los domingos, no obstante que el convenio de prestaciones celebr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24307-2b8fc209/tiempo-extraordinario-carga-de-la-prueba-tratandose-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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