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Modo: Corpus Pro

CONSULTA FISCAL. EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, ES UNA NORMA DE NATURALEZA SUSTANTIVA. CONSULTA FISCAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DERIVA DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ AQUÉLLA. CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA A ÉSTA DEBE FUNDARSE EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZÓ. CONSULTA FISCAL. NATURALEZA JURÍDICA DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007. CONSULTA FISCAL. SI SE FORMULÓ EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y SE RESOLVIÓ CON BASE EN ESE NUMERAL VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2007, SE PRESENTA UNA APLICACIÓN RETROACTIVA EN PERJUICIO DEL GOBERNADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2011. · Registro digital (IUS): 23073
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO, TERCERO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 1113.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO QUINTO, TERCERO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. El artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otro lado, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

Así es, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formula **********, quien se ostenta como representante legal de **********, parte quejosa en el amparo directo ********** y del diverso ********** del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes de los asuntos de donde derivan los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario señalar que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, en los problemas de derecho.

Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 72/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por unanimidad de votos emitió sentencia en el juicio de amparo directo ********** y en el diverso ********** en sus sesiones de fechas diez de noviembre de dos mil diez y veinticuatro de marzo de dos mil once respectivamente en el punto a debate por unanimidad de votos resolvió de igual manera, por lo cual sólo se transcribe la ejecutoria dictada en el **********, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, dichas consideraciones son las siguientes:

"... La lectura relacionada de las consideraciones en que se sustentó la sentencia reclamada del siete de enero de dos mil diez y los conceptos de violación formulados por la demandante del amparo, pone de manifiesto que el punto toral a dilucidar consiste en determinar la naturaleza jurídica del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente antes y después de la reforma efectuada a dicho precepto mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis. Esto es así, toda vez que en la sentencia reclamada, la Sala responsable consideró que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación es una norma de carácter procesal, por lo que cada acto que se vaya presentando dentro del procedimiento relativo a la consulta fiscal que ahí se prevé, así como su naturaleza y alcance, debe regularse conforme a las reglas vigentes en el momento de su emisión y no en uno anterior; razón por la que determinó procedente sobreseer en el juicio contencioso administrativo de origen, pues de conformidad con el texto de ese precepto, vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, la resolución contenida en el oficio impugnado no es definitiva ni afecta el interés jurídico de la actora, toda vez que carece de efectos vinculantes. Por su parte, la empresa quejosa estima que el numeral en comento no es una norma procedimental, sino sustantiva, en tanto regula la naturaleza de las consultas y sus consecuencias, sin hacer referencia a algún medio de carácter procesal para el cumplimiento de algún derecho; por lo que estima que si presentó su consulta fiscal el veinte de diciembre de dos mil seis, fecha en la que el numeral en comento establecía la obligación de acatar las respuestas relativas, entonces el oficio impugnado debe regirse por lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, y no por lo dispuesto en dicho precepto a partir del primero de enero de dos mil siete. En ese sentido, si este Tribunal Colegiado determina que el numeral 34 del Código Fiscal de la Federación es una norma sustantiva, la sentencia reclamada será inconstitucional; en cambio, si establece que tiene un carácter instrumental, el que la empresa quejosa aduzca que el oficio reclamado debió fundarse en el texto vigente en el dos mil seis, o que la falta de obligatoriedad para los particulares de las respuestas recaídas a las consultas planteadas, establecida con motivo de la reforma que sufrió, sólo es aplicable a las consultas formuladas a partir del primero de enero de dos mil siete, porque así se desprende del numeral vigente, resultaría intrascendente, en tanto que la determinación relativa al carácter procesal de la norma en comento no desaparecería y, por tanto, resultaría jurídica la determinación adoptada por la Sala responsable de sobreseer en el juicio. Bajo esta óptica, para dar respuesta a los conceptos de violación formulados por la empresa quejosa, cuyo estudio se realiza de manera conjunta en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su íntima relación, en principio, debe establecerse que toda disposición legal tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo; así, desde que se crea, hasta que se deroga o abroga expresa o tácitamente por una norma nueva, está destinada a regular todos los hechos, actos, situaciones, estados, fenómenos, que tienen lugar durante ese lapso limitado por esos dos instantes. Por consiguiente, toda norma, desde el momento en que entra en vigor, rige para el futuro, esto es, se encuentra dotada de validez regulatoria respecto de todos aquellos hechos, actos o situaciones, que se suceden con posterioridad al momento de su vigencia, lo que implica que una disposición legal no debe normar acontecimientos o estados producidos con anterioridad al instante en que adquiere fuerza de regulación, ya que éstos quedan sujetos al imperio de la norma antigua. Cabe significar que el artículo 14 constitucional, al establecer en su párrafo primero que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, consagra la garantía de irretroactividad en la aplicación de las leyes en perjuicio de persona alguna, que consiste, básicamente, en que no pueden darse efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien alterando o afectando un estado jurídico preexistente, a falta de ésta. En efecto, la garantía de irretroactividad de la ley impide que una norma se aplique en perjuicio de un hecho simple y ya consumado con anterioridad que conforme a otra ley creó un derecho sustantivo definido a favor del gobernado que no es momentáneo, sino que, por el contrario, se prolonga permanentemente durante un lapso determinado. Al respecto, también cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de su jurisprudencia, que la prohibición de darle a la ley efectos retroactivos en perjuicio de los gobernados, no se refiere únicamente a los actos de aplicación que llevan a cabo las distintas autoridades del Estado, sino que también comprende a las propias leyes; esto es, el Máximo Tribunal del País ha determinado que la irretroactividad prohibida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a las autoridades que las aplican a un caso determinado. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 1a./J. 50/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, correspondiente a septiembre de 2003, de la Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. CONSTRIÑE AL ÓRGANO LEGISLATIVO A NO EXPEDIR LEYES QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS, Y A LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS RETROACTIVAMENTE.’ (se transcribe). Desde esa perspectiva, es oportuno señalar que el problema de la retroactividad se presenta, generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente, que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación; y puede actualizarse porque la ley tenga un contenido retroactivo, o bien, porque al aplicarla, la autoridad le dé ese efecto. Ahora bien, dentro de las amplias clasificaciones que suelen realizarse de las normas jurídicas, es posible distinguir la existencia de normas sustantivas y normas adjetivas o formales, cuya sistematización se basa en el criterio de aplicación de las normas para poner en movimiento a los entes del Estado que están encargados de aplicar el derecho. En efecto, teóricamente suele distinguirse a las normas que otorgan derechos y obligaciones a las partes, como normas sustantivas. En cambio, suele denominarse como procesales o instrumentales a aquellas que establecen las condiciones o los procedimientos a seguir para crear o aplicar las primeras. En ese sentido, se precisa que las primeras, es decir, las sustantivas, son aquellas que regulan de manera directa e inmediata las relaciones jurídicas a las que se aplican; esto es, son normas creadas para regular imperativamente ciertos sectores de la vida jurídica, con objeto de proteger intereses sociales, económicos o políticos del país, por lo que en sus distintos ámbitos de aplicación reconocen derechos e imponen obligaciones. Por otra parte, se definen como normas procesales, denominadas de igual forma instrumentales, adjetivas o formales, aquellas cuya consecuencia jurídica consiste en una orden dirigida al órgano de aplicación del derecho, respecto de una conducta que seguir, como en el caso de las normas procesales; es decir, son disposiciones jurídicas a través de las cuales se hace efectivo el ejercicio de los derechos y las facultades, así como el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las partes dentro de las distintas relaciones jurídicas que pueden existir entre ellas, pues constituyen reglas de actuación o series de operaciones y trámites que deben seguirse para obtener el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación, o en el caso de las autoridades, reglas que norman el ejercicio de sus facultades; son, por tanto, preceptos de carácter instrumental que tienen por objeto garantizar la eficacia de las normas sustantivas. Sobre el particular, es menester precisar que los tribunales federales han establecido reiteradamente el criterio relativo a que tratándose de normas procesales las partes en litigio no adquieren derecho alguno para que la contienda judicial en la que intervienen se tramite al tenor de las reglas del procedimiento vigentes en el momento de inicio del juicio, pues los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último, por lo que cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla. En efecto, dado que las normas procesales regulan la utilización de los mecanismos que establece el Estado para resolver un conflicto, cada una de sus fases se rige por la regla vigente al momento en que se desarrolla, excepto en los casos en que en el decreto de reformas relativo se haya establecido disposición expresa sobre su aplicación en otro sentido. Esto es así, ya que el legislador puede regular mediante el derecho transitorio, la iniciación de la vigencia de las normas generales, así como la ultra actividad de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada se sigue aplicando a hechos o actos que se producen con posterioridad a la iniciación de la vigencia de la nueva ley pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos siguen teniendo vigencia; es decir, a través de los artículos transitorios se autoriza una especial forma de validez temporal, de tal modo que la norma derogada puede ser, por excepción expresa, válida para uno o varios casos específicos. Cabe señalar que el Código Fiscal de la Federación prevé sus propias reglas en cuanto al inicio de las disposiciones tributarias federales, pues en su artículo 7o. establece que entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en éstas se establezca una fecha posterior, como se advierte de la siguiente reproducción: ‘Artículo 7o. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.’. De lo antes expuesto es posible concluir que las normas adjetivas o formales sólo son aplicables al momento en que se actualicen los supuestos fácticos para su actuación, y no cuando nace el derecho para su utilización. Precisado lo anterior, a efecto de constatar la eficacia del planteamiento formulado por la quejosa en el sentido de que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, es un precepto de carácter sustantivo, es necesario tener en cuenta que dicho precepto establecía lo siguiente: ‘Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo están obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la resolución se haya emitido por escrito por autoridad competente para ello. Las autoridades fiscales no resolverán las consultas efectuadas por los particulares cuando las mismas versen sobre la interpretación o aplicación directa de la Constitución. En estos casos, no procederá la negativa ficta a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de este código. La validez de las resoluciones que recaigan sobre las consultas aplicables a residentes en el extranjero podrán estar condicionadas al cumplimiento de requisitos de información que se soliciten por las autoridades fiscales en las citadas resoluciones. El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto en el artículo 69 de este código.’. Del contenido del numeral transcrito se desprende el derecho en favor del administrado, de formular a la autoridad fiscal competente, en forma individual, una consulta sobre algún aspecto de su situación real y concreta, es decir, respecto de ciertos y determinados aspectos imperantes en su realidad fiscal presente, no futura o probable, y paralelamente, la obligación de la autoridad de dar respuesta a la consulta formulada en los precitados términos. Destaca la circunstancia de que cuando la resolución emitida por la autoridad fuese favorable, se derivan derechos para el particular. En efecto, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación constituye una de las modalidades del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues establece el derecho del gobernado de plantear consultas a la autoridad fiscal y la obligación de ésta de darles respuesta; contestación que debe ser por escrito y, por razones de congruencia, referida a la situación del solicitante en el momento en que éste realizó la consulta, la que de ser favorable para el particular genera derechos en su favor, siempre y cuando se hayan actualizado esas exigencias en la consulta y en la contestación. En esa tesitura, si la consulta versa respecto de la aplicación o no aplicación de ciertos preceptos legales vigentes en el momento en que se actualizó determinada situación fiscal del particular, necesariamente, la respuesta debe encontrarse referida al momento en que la situación era real y concreta, es decir, a aquél en que se formuló la consulta, lo que implica que, por más que la respuesta se emita con retardo o aún emitiéndose dentro de un plazo prudente, suceda que las disposiciones se reformen o deroguen, debe referirse al momento preciso de la consulta y en los términos en que tales disposiciones se encontraban en vigor en el momento en que ésta se realizó, lo que resulta acorde con el principio de que las cuestiones jurídicas sustantivas deben resolverse con base en las disposiciones que se encontraban en vigor para cuando esas situaciones se actualizaron. En ese sentido, tal como aduce la demandante del amparo, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, es de naturaleza sustantiva, pues de su contenido deriva el derecho a formular consultas y a obtener una respuesta por parte de la autoridad, así como su naturaleza y alcance. Esto es así, ya que si dicho precepto exige que la consulta se refiera a una situación real y concreta, la respuesta de la autoridad debe realizarse con base en las disposiciones jurídicas que regían esa situación, es decir, de las existentes en el momento en que se realizó la consulta, puesto que en ese momento la situación era real y concreta, de otra forma, podría suceder que la respuesta no fuere acorde con la situación consultada por estar determinada por las disposiciones vigentes en el momento en que se otorgó la respuesta, las que pudieran ser diversas a las existentes en el momento en que imperaba la situación consultada, quebrantándose de esta forma el principio de congruencia que debe regir a toda petición o consulta y a su contestación. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis identificada con el número 2a. CVI/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 502 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, de la Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘CONSULTA FISCAL. LA RESPUESTA DEBE REALIZARSE CON BASE EN LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE RIGEN LA SITUACIÓN REAL Y CONCRETA, MATERIA DE AQUÉLLA.’ (se transcribe). Corrobora la anterior aseveración, el texto del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, pues en su párrafo cuarto establece como requisito para que pueda impugnarse la respuesta dada a una consulta fiscal, la existencia de una resolución definitiva en la que se aplique o materialice el criterio contenido en tal respuesta, como se advierte de la siguiente reproducción: ‘Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente. La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente: I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se pueda pronunciar al respecto. II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad. III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta. La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados o se modifique la legislación aplicable. Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas. Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo dispuesto por el artículo 69 de este código.’. Del precepto transcrito también se desprende el derecho de los particulares a formular consultas y la correlativa obligación de las autoridades fiscales de contestarlas, así como la excepción a la obligatoriedad de darles respuesta cuando no coincidan con la realidad de los hechos o datos consultados, o se modifique la legislación aplicable. Asimismo, destaca la circunstancia de que la respuesta recaída a la consulta no será obligatoria para el particular que la formule. En ese sentido, el numeral en comento, vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, tratándose de consultas fiscales, esto es, en sus párrafos primero, segundo, tercero y quinto, también resulta ser una norma de carácter sustantivo, pues regula la naturaleza de las consultas y sus consecuencias. No obstante, el párrafo cuarto del artículo 34 del código fiscal vigente ahora, presenta un matiz instrumental, ya que indica el momento procesal en que puede controvertirse la respuesta que recaiga a las consultas fiscales, pues establece que el derecho a impugnarlas debe ejercitarse cuando las autoridades apliquen los criterios relativos en una resolución definitiva; disposición que, a diferencia del texto que estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, está referida a una cuestión procesal. En ese orden de ideas, es patente que, contrario a lo que determinó la Sala responsable en la sentencia recurrida, el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis no es de naturaleza procesal, sino sustantiva. Por consiguiente, se colige que no fue correcto que la Sala Regional haya aplicado lo dispuesto en el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del primero de enero de dos mil siete para resolver la controversia sometida a su consideración, puesto que para determinar la obligatoriedad de la resolución contenida en el oficio número ********** del veinticinco de abril de dos mil siete, debió atender a lo establecido en el texto de dicho artículo vigente el veinte de diciembre de dos mil seis, por ser la norma sustantiva vigente en el momento en que formuló la solicitud de confirmación de criterio. Debe significarse que en el caso, era innecesario que el legislador federal estableciera en un artículo transitorio, que a las consultas fiscales presentadas con anterioridad al primero de enero de dos mil siete, les seguiría siendo aplicable lo dispuesto en el numeral 34 del Código Fiscal de la Federación hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, ya que el texto del citado precepto no contemplaba una norma instrumental, sino sustantiva, respecto de la cual está vedada la irretroactividad de la ley en perjuicio, por lo que la nueva norma no puede desconocer situaciones o derechos adquiridos con anterioridad a su entrada en vigor. En las relatadas condiciones, es patente la violación a las garantías de irretroactividad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa **********, para el efecto de que la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que, sobre la base de que el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis contiene una disposición de naturaleza sustantiva, con plenitud de jurisdicción resuelva en el juicio de nulidad lo que en derecho proceda respecto de la resolución contenida en el oficio número **********, del veinticinco de abril de dos mil siete, emitida por el administrador de Consultas y Autorizaciones ‘3’ de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria."

El Tercer Tribunal Colegiado en Mater

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23073-cdf44cb9/consulta-fiscal-el-articulo-34-del-codigo-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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