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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EXISTA CONFLICTO SOBRE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL (CONFIANZA O DE BASE), EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR SI SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN, AUN CUANDO EL PATRÓN NO HAYA OPUESTO EXCEPCIONES Y VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA NORMA COMPLEMENTARIA QUE PREVEA LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN, INCLUSO EN AQUELLAS DE CARÁCTER DIVERSO A LA MATERIA LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 887/2012. · Registro digital (IUS): 24308
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Pág. 1860.

AMPARO DIRECTO 887/2012. 7 DE DICIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. SECRETARIA: ENRIQUETA SOTO HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, y su deficiencia se suple, de conformidad con los artículos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 26/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, Tomo XXVII, marzo de 2008, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.

"Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez.

"Amparo directo en revisión 980/2002. Jorge Andrés Sánchez García. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza Tort San Román.

"Amparo directo en revisión 1753/2003. María Guadalupe Rodríguez Luévano y otros. 5 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

"Reclamación 363/2004-PL. María de la Luz Juárez Manríquez. 4 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

"Amparo directo en revisión 1442/2007. Miguel Ángel Palacios Constantino. 10 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

"Tesis de jurisprudencia 26/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de dos mil ocho."

Ahora, en el primero de los motivos de inconformidad, la quejosa aduce, que la responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14, 16 y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 778, 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por las razones siguientes:

1. Estimó que con la confesional de la actora y la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones, quedó acreditado que el puesto de subcoordinador de servicios, es de los considerados de confianza, de acuerdo con el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

2. Esa afirmación es ajena a las constancias procesales, a la verdad jurídica y a la buena fe guardada, pues es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es suficiente que el puesto sea considerado de confianza por la ley, sino que son las funciones y actividades que se realizan con motivo del puesto, las que determinan si la calidad del trabajador es de aquella naturaleza o no.

3. El titular demandado no aportó documento alguno con el que demostrara que las funciones que llevó a cabo la operaria eran de las consideradas de confianza, incluso ni siquiera allegó el catálogo de puestos, del que se apreciara tal extremo, perdiendo toda posibilidad de justificar la naturaleza del puesto, por tanto, no satisfizo las cargas probatorias correspondientes, como era su obligación.

4. Conforme al artículo 5o., fracción II, inciso b), de la ley burocrática, el puesto de "subcoordinador de servicios" ni las actividades inherentes a dicho puesto, encuadran en los citados numerales; aunado a que las labores de inspección, vigilancia y fiscalización mencionadas por la demandada y tomadas en cuenta por la responsable, están limitadas exclusivamente a nivel de "jefaturas y subjefaturas", cargos completamente ajenos al referido puesto de "subcoordinador de servicios", desempeñado por la accionante.

5. Contrario a las normas procesales, la autoridad laboral otorgó pleno valor probatorio a la confesional de la actora, particularmente, las posiciones seis, ocho y nueve, por las cuales "reconoce" que estaba encargada de la inspección y vigilancia de algunas actividades; sin embargo, a ese elemento de convicción no se le puede dar eficacia jurídica para acreditar la naturaleza de las funciones, ya que su contenido es contrario a los supuestos del artículo 5o., fracción II, inciso b), del ordenamiento legal invocado, en razón de que este numeral refiere que tales actividades corresponden "exclusivamente a nivel de las jefaturas y subjefaturas", además de la condición de que dichas funciones se realicen de manera permanente y general.

6. El nombramiento, la confesional y la testimonial aportadas por la patronal, no son pruebas idóneas para demostrar la calidad de confianza de un trabajador, como ilegalmente lo estimó la autoridad laboral; además, en cuanto al último de los señalados elementos de convicción, si la responsable lo hubiera analizado, habría concluido que los testigos no reúnen los requisitos de idoneidad.

Resultan infundados esos argumentos.

El artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."

Por su parte, los diversos numerales 4o., 5o., fracción II, inciso b), 6o. y 8o. de la ley reglamentaria del referido artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal, prevén:

"Artículo 4o. Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base."

"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:

"...

"II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado B del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de:

"...

"b) Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y sub-jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y permanente esté desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha son de confianza.

"..."

"Artículo 6o. Son trabajadores de base:

"Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente."

"Artículo 8o. Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil o que sean sujetos al pago de honorarios."

La disposición constitucional transcrita, precisa cuáles son los derechos de los trabajadores de confianza, a saber, protección al salario y prestaciones de seguridad social; asimismo, establece que la ley determinará los cargos que serán de confianza.

Así, de los numerales transcritos de la legislación burocrática, se obtiene, que divide a los trabajadores en dos categorías, de base y de confianza.

De manera ilustrativa señala cuáles puestos y funciones serán considerados de confianza, por exclusión, los que no estén en esos supuestos se entenderán de base.

Destaca, que los trabajadores de confianza no gozan de la estabilidad en el empleo.

Sobre el tema, el Pleno del Alto Tribunal aprobó la jurisprudencia P./J. 36/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, materia laboral, página 10, cuyos rubro y texto son:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el ‘Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo.

"Conflicto de trabajo 1/2003-C. Suscitado entre Elia Elizabeth Rivera Arriaga y la Directora General de Recursos Humanos y el Director General de Inmuebles y Mantenimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1o. de abril de 2004. Unanimidad de diez votos. Ausente: Humberto Román Palacios.

"Conflicto de trabajo 3/2003-C. Suscitado entre Nuria Beatriz de Landa Sánchez y la entonces Directora General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 6 de junio de 2005. Once votos.

"Conflicto de trabajo 5/2004-C. Suscitado entre María Marcela Ramírez Villegas y la entonces Directora General de Desarrollo Humano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.

"Conflicto de trabajo 3/2005-C. Suscitado entre Jesús Salinas Domínguez y el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de noviembre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

"Conflicto de trabajo 4/2005-C. Suscitado entre Clemente González Núñez y el Director General de Personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro. 7 de noviembre de 2005. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

"El Tribunal Pleno, el veinticuatro de enero en curso, aprobó, con el número 36/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero de dos mil seis."

En la especie, la actora demandó, entre otras prestaciones, la reinstalación en el puesto de subcoordinador de servicios, adscrita a la Dirección General de Telemática, de la Procuraduría General de la República.

Como hechos constitutivos de su pretensión, adujo que ingresó al servicio del demandado el uno de abril de dos mil cinco, desempeñando sus servicios en el puesto señalado, de nueve a veintiún horas (9:00 a 21:00), de lunes a viernes, contaba con dos horas para tomar alimentos normalmente de dieciséis a dieciocho horas (16:00 a 18:00), percibía un salario quincenal de $**********.

Expuso, que el catorce de octubre de dos mil cinco, aproximadamente a las dieciocho horas, **********, director de telecomunicaciones, le dijo que desde ese momento estaba despedida, porque de los exámenes que le practicaron resultó no apta, lo cual constituye un despido injustificado, toda vez que no tuvo acceso al resultado de los referidos exámenes, no le notificaron los parámetros o criterios a utilizar para considerarla no apta, no le informaron en qué área, materia o conocimiento, habilidad, perfil, etcétera, resultó no apta.

La demandada negó la procedencia de lo pretendido, afirmando, entre otras cosas, que la actora ocupó el puesto de "coordinador de servicios" de manera temporal, mediante nombramiento expedido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco.

Que el aludido puesto es de los considerados de confianza, ya que con motivo de dicho puesto, llevaba a cabo funciones de inspección y vigilancia para la elaboración de los manuales de proceso y procedimiento de la Dirección General de Telemática, la cual se enviaba a la diversa Dirección General de Programación Organización y Presupuesto.

También era la encargada del sistema de calidad, que comprendía dos procesos de certificación el de "ASISTEC", en donde la actora inspeccionaba y vigilaba que las áreas de la Dirección General de Telemática cumplieran con tales procesos; verificaba que en todos los expedientes personales de los trabajadores de esa unidad, se cumpliera con el perfil del puesto que se indicaba en el manual de procedimientos.

El proceso de certificación "01800", comprendía las llamadas del público, en el cual tenía que llevarse un conteo de las que se contestaban orientando al público, por lo que la accionante inspeccionaba y vigilaba que se atendieran en su totalidad, con la calidad requerida, así como que se siguieran todos y cada uno de los procedimientos establecidos en el referido manual.

Actividades, que dijo, encuadran en el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por tanto, carece de estabilidad en el empleo, resultando improcedente la reinstalación reclamada y el pago de salarios vencidos, así como, la aplicación del diverso numeral 46, fracción V, del mencionado ordenamiento legal.

En el laudo combatido, la Sala del conocimiento determinó que las funciones que realizaba la actora, son de confianza, conforme al inciso b), artículo 5o. de la ley burocrática, tal como lo expuso el demandado al contestar, consecuentemente, absolvió de la reinstalación y demás prestaciones inherentes, dando los motivos y fundamentos legales de su decisión.

Determinación que se estima legal.

Ciertamente, la demandada ofreció entre otros elementos de convicción, la "constancia de nombramiento y/o asignación" y la confesional de la operaria, admitidas por la autoridad laboral, con las que tuvo por acreditada la calidad de confianza de aquélla.

De la mencionada documental, se advierte que en uno de abril de dos mil cinco, fue expedido el nombramiento a la accionante, cuya vigencia era a partir de la citada fecha al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, en las casillas nombre del puesto dice "subcoordinador de servicios", en la de "tipo de movimiento" refiere "alta eventual", en la relativa a "tipo de empleo", se asentó la denominación "temporal", en cuanto a la de "adscripción", se observa "Dirección General de Telemática".

Esa probanza fue concatenada por la responsable con la confesional de la actora, desahogada el veintiséis de octubre de dos mil seis, específicamente, por haber contestado afirmativamente las posiciones seis, ocho y nueve, formuladas de la forma siguiente (fojas 107 y 110):

"...

"6. Que a usted en su puesto como subcoordinadora de servicios estaba encargada de la inspección y vigilancia de la elaboración de los manuales de proceso y procedimiento de la Dirección General de Telemática.

"...

"8. Que usted dentro de sus actividades tenía a su cargo la inspección y vigilancia de los procesos de sistema de gestión de calidad de la Dirección General de Telemática.

"9. Que usted tenía bajo su cargo la inspección del proceso de certificación denominado ASISTEC en la cual tenía que verificar los expedientes personales de los trabajadores de la Dirección General de Telemática y que éstos cumplieran con el perfil del puesto que se indicaba en el manual de procedimiento.

"..."

Igualmente, la responsable consideró que la confesional de la actora, adminiculada con la testimonial de ********** y **********, quienes señalaron que la operaria realizaba actividades de inspección, vigilancia y supervisión, manifestaciones que coinciden con lo confesado por aquélla (fojas 101-103), justifican que ésta sí era una trabajadora de confianza, consecuentemente, absolvió de la reinstalación y salarios vencidos.

Pues bien, los citados elementos de convicción, ponen de manifiesto que las funciones que desempeñaba eran de un trabajador de confianza, que encuadran en el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la legislación burocrática.

Es así, porque para llevar a cabo las actividades inherentes al puesto de "subcoordinadora de servicios", se observa que tenía que contar con conocimientos suficientes sobre elaboración de manuales, así como de los procesos del sistema de gestión de calidad de la dirección de telemática, a la cual estuvo adscrita, en virtud que era la encargada de inspeccionar y vigilar que se cumpliera con dichos procesos y que el personal adscrito a esa dirección, cumpliera con el perfil conforme al manual de procedimientos.

De lo que se sigue, que las funciones que tenía encomendadas, las efectuaba a nivel de sub-jefatura, de conformidad con el artículo 5o., fracción II, inciso b), de la legislación burocrática.

Bajo ese contexto, carece de sustento lo alegado por la inconforme, en el sentido de que la responsable únicamente se limitó a considerar que con la sola denominación del puesto se acreditó la calidad de trabajador de confianza, pues contrario a ello, dicha autoridad tomó en cuenta las funciones desempeñadas en el puesto de subcoordinadora de servicios, acreditadas esencialmente, con la confesional de la propia operaria.

Asimismo, es desacertado el argumento de la quejosa, relativo a que el demandado incumplió con la carga procesal de demostrar que las funciones que desempeñaba con motivo del puesto, eran de confianza, ya que para ello, aportó, entre otras pruebas, la constancia de nombramiento y/o designación, así como la confesional de la accionante, valoradas correctamente por la responsable.

Aunado a ello, atendiendo a la naturaleza de la pretensión, la responsable está obligada a analizarla, con independencia de las excepciones y defensas opuestas por la contraparte.

Criterio sostenido por este órgano colegiado en la tesis aislada I.3o.T.152 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, materia laboral, página 1909, que dice:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO EXISTA CONFLICTO SOBRE LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LABORAL (CONFIANZA O DE BASE), EL JUZGADOR DEBE ANALIZAR SI SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN, AUN CUANDO EL PATRÓN NO HAYA OPUESTO EXCEPCIONES Y VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA NORMA COMPLEMENTARIA QUE PREVEA LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN, INCLUSO EN AQUELLAS DE CARÁCTER DIVERSO A LA LABORAL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas tesis que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, sino que únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y de los beneficios de seguridad social, y por ello carecen de acción para demandar la indemnización constitucional o reinstalación por despido. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 160/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 123, de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA CONSIDERARLOS DE CONFIANZA, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO BASTA ACREDITAR QUE ASÍ CONSTE EN EL NOMBRAMIENTO SINO, ADEMÁS, LAS FUNCIONES DE DIRECCIÓN DESEMPEÑADAS.’, determinó que para considerar que un trabajador es de confianza no basta que en el nombramiento aparezca la denominación formal de director general, director de área, adjunto, subdirector o jefe de departamento, sino que también debe acreditarse que las funciones desempeñadas están incluidas en el catálogo de puestos a que alude el numeral 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o que efectivamente sean de dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales que de manera permanente y general le confieren representatividad e implican poder de decisión en el ejercicio del mando. En esta tesitura, se concluye, por una parte, las funciones o actividades desempeñadas por el empleado pueden acreditarse con cualquier medio de prueba y no únicamente con el catálogo de puestos; y, por otra, que los elementos de la acción son una cuestión de orden público, y cuando exista conflicto sobre la naturaleza de la relación laboral (confianza o de base) los juzgadores deben analizar si el trabajador satisface los requisitos de la acción, aun cuando la demandada no haya opuesto excepciones, ya que de conformidad con el inciso a) de la fracción II del artículo 5o. de la citada legislación, el juzgador tiene la obligación de verificar la existencia de la norma o normas complementarias que prevean o de las cuales deriven las funciones de dirección que tiene el trabajador como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones, las cuales pueden ser incluso de carácter diverso a la materia laboral, para cumplir con el numeral 137 de la aludida ley burocrática que ordena al tribunal resolver los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, y expresar en su laudo las consideraciones en que funde su decisión, pues de no hacerlo se llegaría al extremo de considerar a un trabajador con nombramiento de base como de confianza por el hecho de acreditarse que fácticamente desempeña funciones de dirección, e inobservar con ello su garantía constitucional de estabilidad en el empleo; o viceversa, esto es, que un trabajador con nombramiento de confianza, por no ejercer las funciones o actividades de dirección obtuviera una estabilidad laboral, cuando constitucionalmente no le corresponde ese derecho, quedando quebrantada la teleología de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional.

"Amparo directo 13083/2006. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Arturo Mercado López. Secretario: Pedro Cruz Ramírez.

Igualmente, es desacertado el argumento relativo a que era indispensable que la patronal allegara el catálogo de puestos para acreditar las funciones realizadas en el puesto de subcoordinadora de servicios, así como, que la confesional no es prueba idónea para acreditar la calidad de trabajador de confianza.

Se tiene esa convicción, porque es criterio del Alto Tribunal del País, que la fuerza probatoria del mencionado catálogo de puestos, no es decisiva para resolver a qué grupo pertenece el puesto de un trabajador al servicio del Estado, en razón que sólo constituye un elemento más para descubrir su verdadera naturaleza, la cual deriva de las funciones.

De ahí, que el hecho que el demandado no hubiera ofrecido como prueba el aludido catálogo de puestos, no significa que por ello deba considerarse procedente la pretensión de la accionante, ya que aun cuando lo hubiera aportado y de él se advirtiera que el puesto de "subcoordinadora de servicios", es de los considerados de base, sería insuficiente para estimar que la trabajadora tenía la calidad de confianza, pues lo relevante es justificar que con motivo de ese puesto, llevó a cabo funciones de inspeccionar y vigilar, extremo que la patronal demostró con la confesional de la accionante.

Criterio sustentado en la jurisprudencia 4a./J. 28/93 por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 66, Octava Época, junio de 1993, materia laboral, página 15, cuyos rubro y texto son:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL EJECUTIVO FEDERAL. FUERZA PROBATORIA DEL CATÁLOGO DE PUESTOS EN LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE. La interpretación sistemática y armónica de los artículos 5o., fracción II, 7o., y 20 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, permite considerar que para determinar los puestos de confianza al Servicio del Poder Ejecutivo, el legislador siguió el sistema fundamental de catalogar como de confianza diversos tipos o clases de funciones, dejando a los titulares de las dependencias y a los sindicatos respectivos, la elaboración de catálogos de puestos en los que han de asentar, entre otros datos, el correspondiente a si son de base o de confianza, debiendo hacerse notar que esa labor de clasificación consiste, fundamentalmente, en cotejar las labores realizadas en cada puesto, con las funciones relacionadas en la fracción II, del citado artículo 5o. De aquí se deduce que si el catálogo sólo revela el acuerdo de las partes mencionadas sobre qué puestos son de base o de confianza, y si para ese acuerdo deben tener en consideración la clasificación de la ley, la fuerza probatoria del catálogo no es, necesariamente, decisiva para resolver a qué grupo pertenece el puesto del trabajador, sino que debe estimarse sólo como un elemento más para descubrir su verdadera naturaleza, la que deriva de las funciones desempeñadas.

"Contradicción de tesis 29/90. Entre el Sexto Tribunal Colegiado y el Primer Tribunal Colegiado ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 10 de mayo de 1993. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Marcos García José.

"Tesis de jurisprudencia 28/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del diez de mayo de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte."

Aunado a ello, de las consideraciones que dieron lugar a esa jurisprudencia, destaca el siguiente argumento:

- Los catálogos no carecen de valor, como tampoco puede llegarse a dicha conclusión respecto del nombramiento formal, pues tanto uno como otro son elementos probatorios que pueden y deben tenerse en consideración para descubrir la verdadera naturaleza del grupo (de base o de confianza) al que pertenece el trabajador, según las funciones desempeñadas, finalidad para la cual pueden concurrir todo tipo de pruebas permitidas por la ley.

Como se ve, el Máximo Tribunal, concluyó que cualquier medio de convicción permitido por la ley, puede ser aportado al juicio laboral, para acreditar la calidad de confianza, como sucedió en la especie, en que el demandado ofreció la confesional, constancia de nombramiento y la testimonial, para justificar que las funciones que la accionante desempeñaba en el puesto de subcoordinadora de servicios, eran de confianza.

Consideración que deja sin sustento, la afirmación de la impetrante en el sentido que la confesional y la testimonial no son idóneas para demostrar el carácter de confianza de un trabajador al servicio del Estado.

Por consiguiente, se estima legal que la responsable absolviera al titular de la Procuraduría General de la República, de la reinstalación, pago de salarios vencidos y del aguinaldo que se generara durante la sustanciación del juicio laboral, dado que, al resultarle a la actora el carácter de trabajadora de confianza, constitucionalmente no tiene estabilidad en el empleo, sino únicamente a la protección del salario y prestaciones de seguridad social.

En el segundo concepto de violación, la impetrante alega, que es ilegal que la autoridad laboral cuantificara el aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, correspondientes a dos mil cinco, con un salario de $**********, considerando que el titular demandado acreditó dicho salario con la prueba de inspección.

Aduce, que esa decisión de la responsable no tiene sustento jurídico y riñe con los principios fundamentales del proceso laboral, ya que en el hecho uno del ocurso inicial la operaria manifestó, entre otras cosas, que devengaba un salario quincenal de $**********, sin que el tercero perjudicado controvirtiera tal extremo, ya que únicamente se concretó a negarlo, aceptando el puesto y la fecha de ingreso, pero omitió precisar cuál era el salario q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24308-96161b80/trabajadores-al-servicio-del-estado-cuando-exista-conflicto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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