ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 416/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA Y EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el Magistrado **********, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
1. Origen del amparo directo 381/2012 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en el que ********** reclamó de su cónyuge **********, el cumplimiento de diversas prestaciones entre las que destaca el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a su favor.
El demandado contestó la demanda instaurada en su contra negando las prestaciones reclamadas y opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes.
Seguido el juicio en sus trámites legales, el Juez del conocimiento dictó sentencia en la que condenó al demandado a las prestaciones reclamadas.
En contra de esa determinación, el cónyuge interpuso recurso de apelación, del que conoció la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien confirmó la sentencia de primera instancia.
En virtud de la resolución anterior, la parte demandada promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien lo radicó con el número ********** y concedió el amparo solicitado.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo lo siguiente:
"Lo anterior es así, pues, para establecer la necesidad de los alimentos para la cónyuge, ésta debió ofrecer pruebas tendentes a demostrar sus circunstancias personales, ya que en su favor la ley no establece la existencia de presunción alguna al respecto; cabe indicar que situación diversa guardan los menores de edad e incapaces, quienes por sus características personales, gozan en su favor de la presunción de necesitar los alimentos, porque constituyen un grupo cuyas particularidades son iguales, por ende, con independencia de sus circunstancias socioeconómicas, tales menores e incapaces requieren que alguien les ministre los medios necesarios para subsistir y educarse; conclusión que se establece por el simple hecho de que, por regla general, se hallan impedidos legalmente para desarrollar actividades laborales a efecto de allegarse de medios económicos para su subsistencia o bien, están limitadas sus condiciones jurídicas que les permita obtener ingresos en forma distinta a la laboral.
"Las anteriores circunstancias no operan en tratándose de los cónyuges, habida cuenta de no existir la homogeneidad como sí ocurre con los menores o incapaces sobre la presunción humana requerida.
"A mayor abundamiento, a fin de robustecer el argumento relativo a la carga de probar la necesidad alimentaria por parte de la cónyuge, es conveniente decir que este órgano colegiado ha considerado con antelación, que la esposa, de la perspectiva de ubicarse como acreedora alimentista, carece de la presunción de necesitarlos.
"En efecto, sin desconocer que anteriormente esa era la regla general, dada la redacción de los códigos civiles, pues, la jurisprudencia que avalaba ese criterio era la sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 643, publicada en la página cuatrocientos setenta y seis del Tomo IV, Materia Civil del Apéndice editado al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Parte Histórica Obsoleta, registro 392770, de rubro y texto:
"‘ALIMENTOS NECESIDAD DEL PAGO DE. CARGA DE LA PRUEBA. El marido tiene obligación de alimentar a la mujer y a los hijos, quienes tienen a su favor la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario. La obligación cesa cuando los acreedores ya no tienen necesidad de ellos, pero la carga de la prueba corresponde en estos casos al deudor.’
"Sin embargo, tales razonamientos no imperan en la actualidad; en principio, es oportuno traer a colación la nota aclaratoria con que se publicó el criterio jurisprudencial citado en el párrafo precedente, en donde se expresa literalmente: ‘La tesis ha dejado de tener vigor, ya que el artículo 164 del Código Civil para el Distrito Federal que interpreta, fue reformado por Decreto de 31 de diciembre de 1974, artículo que indicaba que el marido debe darle alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar, para establecer igualdad de derechos y obligación entre los consortes para el sostenimiento del hogar, la alimentación de los mismos y la de sus hijos, además, produce confusión ya que establece que cuando ya no se tiene necesidad de los alimentos la carga de la prueba corresponde al deudor, y se entiende que sería exclusivamente el marido.’
"Ese enunciado permite avalar la consideración de que la carga de demostrar la necesidad alimentaria, tratándose de cualquiera de los cónyuges actuando como acreedores, corresponde a quien la alega.
"Ello es así, pues, en segundo orden, los artículos 100 y 101 del Código Civil para el Estado de Veracruz vigentes estipulan: ‘Artículo 100. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de éstos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto, según sus posibilidades. A lo anterior no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciere de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá íntegramente a esos gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio, serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar.’ y ‘Artículo 101. Los cónyuges y los hijos en materia de alimentos, tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos.’. A su vez, el diverso numeral 233 del citado ordenamiento, que en lo conducente establece: ‘Los cónyuges deben darse alimentos; ...’
"De la interpretación relacionada de esos preceptos, resulta que reconocen igualdad de los cónyuges ante la ley, por ende, cuando uno demanda alimentos del otro, al momento de fijar la pensión alimenticia definitiva en la sentencia, no debe considerarse que goce de la apuntada presunción, por el contrario, el cónyuge actor tiene la carga de demostrar la necesidad de recibirlos en términos del numeral 228 del Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz, en cuanto reza: ‘El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.’; esto es, debe probar su imposibilidad para trabajar y la carencia de bienes propios; y, aunque esto último pudiera considerarse un hecho negativo, lo cierto es que, ante la inexistencia de disposición expresa en el Código Civil del Estado, del que se pueda establecer la presunción a favor de la esposa de necesitar los alimentos, se halla obligada a justificar la necesidad de los mismos."
2. Origen del amparo directo 900/2009 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, en el que **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos demandó de su cónyuge **********, el cumplimiento de diversas prestaciones entre las que destaca el pago de una pensión alimenticia provisional y en su momento la definitiva a favor de ella y de sus menores hijos.
El Juez del conocimiento admitió el libelo de referencia y ordenó emplazar al demandado, quien dio contestación a la demanda instaurada en su contra oponiendo las defensas y excepciones que estimó convenientes.
Seguido el juicio en sus trámites, el Juez del conocimiento dictó sentencia en el sentido de condenar al demandado al pago de la pensión alimenticia reclamada equivalente al sesenta por ciento de sus ingresos.
En contra de esa determinación, el cónyuge condenado interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado quien confirmó la resolución de primer grado.
Inconforme con dicha resolución, el demandado promovió juicio de garantías, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, quien concedió el amparo solicitado por una cuestión de tipo formal.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo lo siguiente:
"Por otra parte el quejoso alega que la sala responsable confirma la sentencia de primer grado, que lo condena a pagar una pensión alimenticia definitiva a su esposa e hijos, consistente en el sesenta por ciento de su sueldo y demás prestaciones que recibe de su centro de trabajo, cuando que la actora bien puede proporcionarse alimentos, sin que haya justificado que los necesita, ya que la acción alimentaria protege a los acreedores que no tienen oportunidad de obtenerlos por sus propios medios, tal sería el caso de los menores de edad, pero no con ella.
"No le asiste la razón con lo anterior ya que en términos de los artículos 233 y 242 del Código del Estado de Veracruz, se advierte que los cónyuges deben darse alimentos de acuerdo a las posibilidades del obligado y a las necesidades del que ha de recibirlos; por tanto, cuando la esposa demanda los alimentos a su cónyuge, tiene a su favor la presunción legal de necesitarlos y por ende es al demandado a quien le corresponde desvirtuarla; lo que podría ocurrir si demuestra fehacientemente que la actora cuenta con una fuente de trabajo o que tenga bienes que le generan ingresos para sufragar sus necesidades alimentarias; sin embargo, el demandado aquí peticionario de garantías al contestar la demanda argumentó que la accionante trabaja en el restaurante denominado ********** ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y para acreditar su dicho, ofreció el convenio número ********** celebrado entre los contendientes ante la agencia del Ministerio Público de Investigación y Conciliación Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia, con fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, en donde supuestamente la actora manifestó al dar sus generales, entre otras cosas, que es ‘empleada del **********’; sin embargo, el aludido medio de convicción es insuficiente para tener por demostrado de que la actora cuenta con una fuente laboral y que por ello no necesita los alimentos reclamados, si se toma en cuenta que al absolver las posiciones cuatro, cinco y seis (fojas 73 vuelta y 76) aceptó que el diecisiete de junio de dos mil ocho signaron un convenio ante la citada agencia del Ministerio Público, pero rechazó que en el mismo haya manifestado ser empleada del restaurante **********, por la que dicha documental por sí sola resulta insuficiente para acreditar el extremo pretendido, si se considera que debió probarse de manera fundada fehaciente, y para ello era necesario que el demandado ofreciera diverso medio de prueba que apoyara aquél."
Este criterio fue reiterado al resolver el amparo directo **********, el cual también deriva de un juicio ordinario civil sobre pago de alimentos, pues en él se sostuvo lo siguiente:
"A mayor abundamiento, cabe apuntar que no se advierte, en forma alguna, que la pensión definitiva, consistente en el dieciocho por ciento de los ingresos que obtiene el hoy quejoso por su trabajo, resulte excesiva.
"En esas condiciones, no es dable estimar que se vulnere el principio de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código (sic) para el Estado de Veracruz, que establece que los alimentos han de ser proporcionales a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad de quien debe recibirlos, por lo que si, en el caso, se demostró, con las pruebas que obran en autos, tales como los talones de pago que obran a fojas de la nueve a la veintidós del juicio ordinario civil, exhibidos por la actora, que el actor tiene ingresos que le permiten otorgar los alimentos que se reclaman, así como que la actora goza de la presunción de necesitarlos, sin que la misma se hubiera desvirtuado suficientemente de manera alguna, con ello se cumple, cabalmente, con el supuesto contenido en el artículo inicialmente referido; de ahí que se estime correcto el porcentaje fijado por la alzada, consistente en el equivalente al dieciocho por ciento sueldo y demás prestaciones que percibe el hoy quejoso por su trabajo, dado que para fijar el mismo se observó lo previsto en tal artículo, el cual se compone del examen conjunto y sistemático de dos elementos, a saber: la posibilidad del alimentista y la necesidad del alimentario, ya que el primero depende de su activo patrimonial, según sea el monto de sus ingresos, los que han de ser bastantes para cubrir la pensión reclamada, aunque también debe atenderse a sus necesidades, sobre todo cuando vive separado de sus acreedores alimentarios, lo que en el caso acontece, según se desprende de las constancias del juicio natural; de donde es inexacto que no se tomaran en cuenta para ello las pruebas rendidas por el demandado; por lo que resulta incierto que el mismo quedara en estado de indefensión ante la pretensión de su demandante; de manera que si en esa forma lo apreció la Sala responsable la sentencia que se combate debe estimarse ajustada a derecho."
Así, como los amparos ********** y **********, se resolvieron por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con posterioridad a los recursos de revisión ********** y **********, se hace innecesario conocer su contenido.
CUARTO. Requisitos para la existencia de la contradicción. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales.
En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal de la República, al resolver la contradicción de tesis 36/2007, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, estableció, por unanimidad de diez votos, que para que se dé una contradicción de tesis, es indispensable que exista un problema jurídico que amerite ser definido para el mundo jurídico, y así evitar que se sigan dando situaciones confusas y, desde luego, soluciones distintas y contradictorias a asuntos similares.
Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Así, de conformidad con el criterio anterior, la existencia de una contradicción de tesis está condicionada a que:
a) Dos o más órganos contendientes se pronuncien sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y,
b) Que respecto de ese punto, sostengan criterios jurídicos discrepantes.
QUINTO. Análisis de los requisitos de la contradicción de tesis en el caso concreto. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que en el caso a estudio sí se satisfacen los requisitos precisados en el considerando que antecede, y que por ende, sí existe contradicción de tesis entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito.
Se estima de esa manera, porque los asuntos de los que emanan los criterios contendientes, tienen su origen en un juicio ordinario civil, en el que uno de los cónyuges (concretamente la mujer) demandó del otro, el pago de una pensión alimenticia.
Juicios en los que el punto controvertido consistió en determinar si para el otorgamiento de la pensión alimenticia demandada, la cónyuge actora tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos que demanda y, en consecuencia, es el demandado quien debe destruir esa presunción; o si por el contrario, al no gozar de tal presunción, la actora es quien está obligada a demostrar la necesidad de recibirlos.
Punto de derecho en el que sí existe la necesidad de unificar criterios, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito afirma que la actora goza de la presunción de necesitar los alimentos y, por ende, arroja al demandado la carga de desvirtuar esa presunción.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, asevera que para establecer la necesidad de los alimentos de la cónyuge que los demanda, ésta debió ofrecer pruebas tendientes a demostrar sus circunstancias personales, ya que en su favor, la ley no establece la existencia de presunción alguna al respecto, pues la carga de demostrar la necesidad alimentaria, tratándose de cualquiera de los cónyuges actuando como acreedores, corresponde a quien la alega.
En esa virtud, la cuestión a dilucidar consiste en:
• Determinar si para el otorgamiento de la pensión alimenticia demandada, la cónyuge actora tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos que demanda de su contrario y, por ende, es el demandado quien debe destruir esa presunción; o si por el contrario, al no gozar de tal presunción, es la actora quien está obligada a demostrar la necesidad de recibirlos.
SEXTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Toda vez que la decisión asumida por los tribunales contendientes, se hace depender de la existencia o no de una presunción en favor de la cónyuge que solicita los alimentos, esta Primera Sala estima que para poder establecer de manera correcta cuál es el criterio que debe prevalecer, en primer lugar se debe dejar precisado en qué consiste una presunción y los alcances probatorios que ésta puede tener.
Lo que se hace de la siguiente manera:
La presunción y sus alcances probatorios
De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la palabra presunción deriva "Del latín praesuntio, acción y efecto de presumir, sospechar, conjeturar o juzgar por inducción."(2)
Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General de la Prueba Judicial, citando a Carnelutti, señala que: "La presunción es un juicio lógico del legislador o el Juez, en virtud del cual se considera como cierto o probable un hecho (lo segundo es presunción judicial o de hombre), con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos."(3)
De la anterior definición, se advierte que las presunciones pueden ser de dos tipos, a saber: legales y humanas o judiciales.
Las presunciones legales son creadas por el legislador y, por tanto, deben encontrarse previstas en alguna ley, pues no pueden existir sin una norma legal expresa que las consagre. Dichas presunciones a su vez pueden ser de dos clases: iuris tantum o iuris et de iure.
Las primeras consideran cierto un hecho en tanto no se demuestre lo contrario, es decir, permiten probar en contra del hecho presumido; mientras que las segundas estiman definitivamente cierto e indiscutible el hecho que se presume, es decir, no admiten prueba en contrario.
Las presunciones humanas o judiciales, no se encuentran previstas en la ley, sino que operan con base en hechos conocidos por el juzgador, o en pruebas que aisladamente no demuestran el hecho que se pretende probar, pero que lo hacen verosímil y probable, de tal modo que en conjunto permiten inferirlo con certeza. Es decir, las presunciones humanas o judiciales, son el resultado de los razonamientos claros y precisos que realiza el juzgador basado en la lógica y su experiencia, razonamientos que necesariamente deben partir de una base segura, es decir, de un hecho conocido sin lugar a dudas, pues si se parte de una diversa presunción, el argumento probatorio se convierte en una cadena de silogismos y la conclusión no podría considerarse exacta o inequívoca y, por ende, dicha conclusión no podría ser aceptada por el juzgador.
Lo anterior es perfectamente entendible, pues así como la presunción legal exige que quien quiera beneficiarse de ella, demuestre estar colocado en la hipótesis legal de la que se deriva dicha presunción; en la presunción humana o judicial, es necesario probar previamente los hechos conocidos que le sirven de base.
Lo hasta aquí señalado, esencialmente concuerda con lo que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, establece con relación a las presunciones, pues dicho ordenamiento en sus artículos 299, 300 y 301, dispone lo siguiente:
"Artículo 299. Presunción es la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.
"Hay presunción legal cuando la ley lo establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél."
"Artículo 300. El que tiene a su favor la presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho en que se funda la presunción."
"Artículo 301. No se admite prueba contra la presunción legal cuando la ley lo prohíba expresamente.
"Contra las demás presunciones legales y contra las humanas, es admisible prueba."
Una vez que se ha dejado establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que las presunciones pueden ser legales y humanas, en primer lugar se debe dirimir la siguiente cuestión:
¿Existe alguna presunción legal de la cual pueda derivarse que por el simple hecho de que en un juicio ordinario civil sobre alimentos, la cónyuge actora acredite ser esposa del demandado, ello le da derecho a recibir una pensión alimenticia de éste, aun sin acreditar que tiene necesidad de ella?
Al respecto la respuesta es negativa, pues no existe ninguna presunción legal, que permita concluir que el simple hecho de que la esposa que solicita los alimentos acredite tal carácter, conduzca de inmediato a presumir que tiene necesidad de recibirlos por parte del marido demandado.
Lo anterior en razón de lo siguiente:
En el Estado de Veracruz, la cónyuge que demanda el pago de alimentos del marido, no goza de ninguna presunción legal a su favor, de la cual pueda derivarse que por el simple hecho de que en un juicio de alimentos la cónyuge acredite ser esposa del demandado, tenga derecho a recibir una pensión alimenticia de éste, aun sin demostrar que tiene necesidad de ella.
Se estima de esa manera, pues el Código Civil de esa entidad federativa, que es el que regula el derecho a recibir alimentos, sobre el tema establece lo siguiente:
"Artículo 232. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos."
"Artículo 233. Los cónyuges deben darse alimentos; la ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1568."
"Artículo 234. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado."
"Artículo 235. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado."
"Artículo 236. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos.
"Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado."
"Artículo 237. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado, que fueren incapaces."
"Artículo 238. En la adopción simple el adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los casos en que la tienen los padres y los hijos. Tratándose de adopción plena se estará a lo dispuesto en los artículos 232, 234, 235 y 236 de este código."
"Artículo 239. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales."
"Artículo 240. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos."
"Artículo 241. El deudor alimentista no podrá pedir que se incorpore a su familia el que debe recibir lo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24320-4eb4e043/alimentos-entre-conyuges-la-mujer-que-demanda-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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