DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE ADMITE LA CONTESTACIÓN Y OTORGA EL PLAZO PARA SU AMPLIACIÓN DEBE REALIZARSE PERSONALMENTE.
AMPARO DIRECTO 790/2012. 28 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son esencialmente fundados los argumentos del inconforme.
Como antecedentes del acto reclamado, se reseña brevemente que la persona moral **********, demandó la nulidad de la resolución de dos créditos fiscales consistentes en multas, las que fueron impuestas por no presentar declaraciones informativas de operaciones con terceros, por los meses de septiembre y octubre de dos mil once, respectivamente.
Alegó en el juicio anulatorio que esas multas resultaban ilegales, porque antes de su emisión se dio un cumplimiento espontáneo, lo que no fue considerado por la autoridad emisora.
Al responder la demanda anulatoria, la demandada exhibió el requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales formales omitidas, relativo a no presentar declaración informativa de operaciones con terceros, por los indicados meses, así como su notificación.
Por auto de ********** de dos mil doce, el Magistrado instructor ordenó correr traslado a la parte actora de la contestación y sus anexos, a fin de que formulara su ampliación, pero instruyó a que la notificación fuera por boletín electrónico.
La parte actora no hizo valer su ampliación de demanda.
Lo anterior generó que en la sentencia se diera valor probatorio al requerimiento exhibido y su notificación, con lo que se tuvo por probado que no existió un cumplimiento espontáneo de la obligación formal, y se reconoció la validez de las multas controvertidas.
En esencia, la parte quejosa expone que la autoridad responsable no respetó las formalidades esenciales del procedimiento, pues no obstante haber ordenado se le corriera traslado con copia de la contestación de la demanda y de sus anexos, se ordenó la notificación correspondiente por boletín electrónico, pero no de manera personal en el domicilio que señaló para ese efecto desde la demanda, lo que trajo como consecuencia que no tuviera conocimiento del contenido de esos documentos y, por tanto, que indebidamente le precluyera el derecho de ampliar su demanda con el resultado de que se reconociera la validez de los créditos impugnados.
Dicho argumento, como se adelantó, es esencialmente fundado.
Lo anterior, pues el acuerdo mediante el cual se informa que la autoridad demandada contestó la demanda y aportó documentales que consignan los actos de autoridad y sus correspondientes notificaciones, las cuales había manifestado el actor que desconocía, es un proveído que debe notificarse de manera personal.
Con el objeto de justificar tal razonamiento, es necesario transcribir los artículos 15, fracción VI, 16, 17, 67 y 58-6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen:
"Artículo 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:
"...
"VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución."
"Artículo 16. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:
"I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.
"II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.
"III. El tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.
"Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.
"Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida."
"Artículo 17. Se podrá ampliar la demanda, dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita su contestación, en los casos siguientes:
"I. Cuando se impugne una negativa ficta.
"II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
"III. En los casos previstos en el artículo anterior.
"IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
"V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.
"En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio en que se actúa, debiendo adjuntar, con las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos que en su caso se presenten.
"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente, lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 15 de esta ley.
"Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, el Magistrado instructor requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si el promovente no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX del artículo 15 de esta ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas."
"Artículo 67. Una vez que los particulares se apersonen en el juicio, deberán señalar domicilio para recibir notificaciones, en el que se les harán saber, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las siguientes resoluciones:
"I. La que corra traslado de la demanda, en el caso del tercero, así como el emplazamiento al particular en el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 13, fracción III de esta ley;
"II. La que mande citar al testigo que no pueda ser presentado por la parte oferente y la que designe al perito tercero, en el caso de dichas personas;
"III. El requerimiento o prevención a que se refieren los artículos 14, 15, 17 y 21 de esta ley a la persona que deba cumplirlo, y
"IV. La resolución de sobreseimiento en el juicio y la sentencia definitiva, al actor y al tercero.
"En los demás casos, las notificaciones se ordenarán hacer a los particulares por medio del Boletín Electrónico."
"Artículo 58-6. El actor podrá ampliar la demanda, en los casos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, en un plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación. ..."
De los artículos transcritos se desprende que cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada, el actor deberá manifestar en su demanda que no la conoce e indicar la autoridad demandada, quien al dar contestación deberá acompañar constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las cuales el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda (artículo 16, fracción II), teniendo un plazo de cinco días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación (precepto 17, en relación con el 58-6).
Deriva también, que si la autoridad demandada hace valer extemporaneidad, anexando las constancias, también procede la ampliación de la demanda (artículo 15, fracción VI, en relación con el 17).
Además, otro supuesto en que es procedente la ampliación, es aquel cuando en la contestación se den a conocer tanto el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación (numeral 17, fracción II).
La consecuencia de que el actor no amplíe la demanda durante el plazo que se le otorgue, controvirtiendo la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, deriva en que se presumirá legal la diligencia de notificación. En esa misma línea, cuando se den a conocer en la contestación el acto que da origen a la resolución impugnada y su notificación, ante la falta de ampliación, provocará que se tenga como válido ese conocimiento del acto antecedente del impugnado.
La notificación del acuerdo correspondiente deberá realizarse de manera personal (artículo 67, fracción III).
Por tanto, si la notificación no se realiza de manera personal, tal como se establece en la ley, con el objeto de entregar al actor copia del proveído a notificar, así como de la contestación de la demanda y de las constancias aportadas por la autoridad demandada, se actualiza una violación a las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no existe la certeza de que el actor tuviera conocimiento del contenido del proveído correspondiente ni de sus anexos.
Tal situación tiene como consecuencia que la ilegalidad de ese acto trascienda al resultado del fallo, pues el actor no está en posibilidades de enterarse fehacientemente sobre el contenido del acto a notificar, sobre todo, tratándose de un proveído en que se le otorga la posibilidad de defensa.
En el caso, mediante auto de diez de julio de dos mil doce, el Magistrado instructor responsable tuvo por contestada la demanda y por ofrecidas y admitidas las pruebas aportadas por la demandada, y otorgó un término de cinco días para que la demandada formulara su ampliación, en virtud de que se exhibió el requerimiento de obligaciones formales omitidas y la constancia de notificación, actos que la parte actora manifestó desconocer en su demanda de nulidad (foja 4).
Ello actualiza la procedencia de la ampliación de la demanda de nulidad, con fundamento en la fracción II del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y su correspondiente notificación personal, como lo prevé la fracción III del artículo 67 del referido ordenamiento legal; sin embargo, la responsable ordenó la notificación de dicho proveído mediante boletín electrónico, lo cual resulta ilegal pues, como se dijo, la ley establece que ese proveído debe notificarse de manera personal.
En el escrito inicial del juicio de garantías, la quejosa aduce que no estuvo en posibilidades de ampliar la demanda de nulidad porque no se le notificó personalmente el auto referido en el párrafo anterior, y tampoco pudo conocer las constancias que la autoridad demandada aportó al juicio, las cuales, en su demanda ante el Tribunal Fiscal, dijo ignorar.
Ahora, este órgano colegiado debe analizar si la violación procesal invocada trascendió al resultado del fallo, de conformidad con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 189/2008-SS, que dio lugar a la jurisprudencia 70/2011, que enseguida se cita:
"Novena Época
"Registro IUS: 167270
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIX, mayo de 2009
"Materia: Administrativa
"Tesis: 2a./J. 70/2009
"Página: 139
"DEMANDA DE NULIDAD. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE RESPETAR EL PLAZO DE 20 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA AMPLIARLA, ES UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO CUYA TRASCENDENCIA AL RESULTADO DEL FALLO DEBE EXAMINARSE EN EL AMPARO DIRECTO. Si bien es cierto que el indicado precepto establece el derecho del actor en el juicio de nulidad para ampliar su demanda una vez contestada, y que tal ampliación constituye una formalidad esencial del procedimiento cuyo ejercicio no debe negarse de plano, también lo es que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver en el juicio de amparo directo la legalidad del respeto a dicho plazo por parte del Magistrado instructor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, debe analizar si la violación al procedimiento impugnada trasciende o no al resultado del fallo, en términos de los supuestos de excepción al derecho de la parte actora para ampliar su demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."
En la especie se da esa violación, la que trascendió al resultado del fallo, en virtud de que la notificación realizada del proveído que tuvo por contestada la demanda, fue hecha en contravención de lo dispuesto en el artículo 67, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que impidió a la ahora quejosa ampliar la demanda en relación con el requerimiento exhibido, el cual constituye el acto que da sustento a las multas controvertidas.
Así, el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por disposición de su numeral 1o., establece que las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica, lo cual en el caso no ocurrió porque el Magistrado instructor ordenó que fuera notificado por boletín electrónico el proveído mediante el cual se tuvo por contestada la demanda, y otorgó cinco días al actor para que la ampliara, ordenándose correr traslado de ese documento así como de las constancias que anexó, lo que se llevó a cabo en sus términos, según se desprende de los sellos correspondientes que obran a folio 39 del expediente de nulidad.
De ahí que no se puede afirmar que la quejosa conoció el contenido del proveído mediante el cual se le otorgaron cinco días para ampliar su demanda de nulidad, y de los documentos que aportó la demandada, los cuales dijo desconocer, por lo que al no notificarse personalmente la contestación correspondiente y sus anexos, quedó en estado de indefensión al no tener oportunidad de refutarlos o combatir su notificación vía ampliación de demanda, en virtud de que incorrectamente se le tuvo por precluido su derecho, en términos del auto de veintiocho de agosto de dos mil doce.
De lo anterior se desprende la actualización de una violación procesal, al no darle oportunidad a la actora de impugnar, vía ampliación de demanda, nuevos hechos que, según afirmó en su demanda anulatoria, eran desconocidos por él en virtud de que no le fueron legalmente notificados.
Con lo expuesto se evidencia que la violación procesal en comento trascendió al resultado del fallo, en la medida en que al coartar el derecho de formular ampliación de demanda, no existió controversia de la existencia del requerimiento de obligaciones formales omitidas y su notificación, lo que generó que, al ser precisamente ese el alegato principal del actor, el Magistrado instructor tuvo por válidas las multas impugnadas, al haberles antecedido un requerimiento notificado legalmente a la contribuyente, la que no demostró el cumplimiento espontáneo de dicha obligaciones fiscal.
Por tanto, se surte la hipótesis contenida en el artículo 159, fracción XII, de la Ley de Amparo, aplicada por analogía a las establecidas en las fracciones VII y VIII, que disponen que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectarán las defensas del quejoso, cuando se reciban sin su conocimiento pruebas ofrecidas por las otras partes o no se le muestren documentos o piezas de autos, de manera que no pueda alegar sobre ellos
Si bien no es el mismo supuesto, es análogo al caso concreto, pues se advierte que la notificación del proveído referido en el párrafo anterior se ordenó en contravención de lo dispuesto en la fracción III del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que constituye una violación al procedimiento, porque dicha notificación debió realizarse de manera personal, con el objeto de que la actora pudiera conocer no sólo los argumentos de la autoridad sino además los elementos de prueba exhibidos para, en su caso, ampliar la demanda en contra del requerimiento y la notificación que desde un inicio negó conocer.
Es aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 134/2004, que derivó de la contradicción de tesis 99/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de identificación enseguida se citan:
"Novena Época
"Registro IUS: 178647
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, abril de 2005
"Materia: Civil
"Página: 617
"RECONVENCIÓN. EL AUTO QUE LA ADMITE DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL DEMANDADO RECONVENIDO (LEGISLACIONES DE BAJA CALIFORNIA Y EL DISTRITO FEDERAL). Los códigos procesales de Baja California y del Distrito Federal no establecen la forma en que se debe notificar una reconvención, sino que solamente se limitan a decir que de la misma se dará traslado al actor para que la conteste. La expresión ‘dar traslado’ no se refiere a la forma en que se debe notificar la reconvención, sino a la manera en que las partes pueden tener acceso a los autos y a los documentos que corran agregados, para que conozcan su contenido y se impongan de ellos. Por lo tanto, al existir una laguna legal en cuanto a la forma en que se debe notificar el auto que admite la reconvención, se debe atender a la naturaleza de la demanda reconvencional, la cual implica el ejercicio de acciones en contra del actor en el principal, por lo que constituye también una demanda que, como tal, debe recibir el mismo tratamiento que se le da a la demanda principal. De esta manera, si ambos códigos establecen que una vez que se admite la demanda se debe correr traslado de ella a la parte demandada y emplazarla para que la conteste, en el caso de la reconvención también se debe emplazar. Ello implica que se debe notificar personalmente el auto admisorio correspondiente, acompañando las copias de dicha demanda reconvencional, tal y como ocurre cuando se hace el emplazamiento de la demanda principal. Con lo anterior se busca que se cumpla con la garantía de seguridad jurídica establecida en el artículo 14 constitucional a favor de la parte reconvenida, porque aunque ésta ya conoce la existencia del juicio y la autoridad ante quien se tramita, desconoce las pretensiones de su contraparte y las acciones que se ejercitan en su contra en vía de reconvención, por lo cual, si no se le notifica personalmente el auto que admite dicha demanda reconvencional, se limitaría su garantía de defensa estando imposibilitada para dar respuesta a las acciones de la reconvención y para desvirtuarlas a través de las pruebas que considere pertinentes para ese fin."
En similares términos se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo administrativo 633/2012, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil doce.
Efectos de la protección constitucional.
Por tanto, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que la responsable:
1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, y
2. Reponga el procedimiento a partir del auto de ********** de dos mil doce, en el que tuvo por contestada la demanda de nulidad y admitió las pruebas ofrecidas por la autoridad demandada y, con copia de las documentales aportadas por la autoridad fiscal, ordene su notificación personal a la actora, corriéndole traslado de la contestación de la demanda, otorgándole un plazo de cinco días para, en su caso, ampliar la demanda, con fundamento en los artículos 17, fracción II y 58-6, en relación con el 67, fracción III, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a la persona moral denominada **********, en contra del acto reclamado al Magistrado instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que hizo consistir en la sentencia de **********, pronunciada en el expediente **********. El amparo se concede para los efectos precisados en la último parte del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese. Anótese en el libro de registro correspondiente y con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos, sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ramiro Rodríguez Pérez, Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 47 del reglamento de la misma; 2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24391-072d481d/demanda-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-tramitado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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