SEGURO SOCIAL. EL DERECHO DE SUS TRABAJADORES JUBILADOS Y PENSIONADOS AL PAGO DE LOS QUINQUENIOS POR HABER CUMPLIDO 5, 10 O 15 AÑOS CON ESE CARÁCTER, SÓLO CORRESPONDE A QUIENES SE HUBIEREN JUBILADO O PENSIONADO CONFORME AL RÉGIMEN VIGENTE HASTA EL 15 DE MARZO DE 1988 (CLÁUSULA TERCERA TRANSITORIA DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 1988).
AMPARO DIRECTO 312/2013. 22 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: NOHELIA JUÁREZ SALINAS.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son infundados los conceptos de violación formulados.
En principio, es pertinente aclarar que cuando este tribunal haga referencia a cualquier disposición de la Ley Federal del Trabajo, deberá entenderse que se trata de la vigente hasta antes de las reformas publicadas el treinta de noviembre de dos mil doce en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, debe tenerse en cuenta que la resolución del presente juicio de amparo, se sujeta a las disposiciones de la Ley de Amparo anterior a la vigente.
La quejosa sostiene que la responsable transgredió lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues violó el principio de congruencia que debe observar al emitir los laudos, ya que concluyó que las prestaciones reclamadas devenían improcedentes en virtud de que fue jubilada el dieciséis de junio de dos mil, por lo que era aplicable el contenido del Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrante del contrato colectivo de trabajo, bienio 1999-2001, realizando un estudio deficiente de las pruebas allegadas y sin fundar ni motivar en forma pormenorizada los elementos de prueba ofrecidos y las objeciones formuladas, siendo que la Junta debió aplicar lo estipulado en la cláusula tercera transitoria del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, en concordancia con la cláusula primera de dicho contrato en el cual se determina el derecho a percibir las prestaciones que se reclamaron en la demanda.
No asiste razón en lo así aducido.
La Junta, una vez que fijó la litis en la forma en que se integró, estableció que en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, los contratos obligan a lo expresamente pactado; y que como el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores del instituto demandado se creó con la intención de que sus trabajadores que tuvieran derecho a una pensión o jubilación recibieran un importe total de su pensión, superior a los alcances que contempla la Ley del Seguro Social para similares prestaciones, era a la actora a quién correspondía demostrar la existencia de las prestaciones que reclamaba, así como que se encontraba en los supuestos que establecía ese ordenamiento contractual; considerando que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, vigente en la fecha en que la quejosa generó el derecho a su jubilación era del bienio de 1999-2001, determinando legalmente que no cumplía con esa carga probatoria, puesto que el reclamo del pago de dos meses del monto económico de la jubilación por haber cumplido diez años de jubilada era improcedente, ya que en términos del artículo 3o. transitorio del Régimen de Jubilaciones y Pensiones que ofreció la actora, se establecía que en esa prestación a que hacía referencia se le pagará a los jubilados o pensionados con anterioridad a la vigencia del presente régimen, supuesto en el cual no se encontraba la actora toda vez que conforme a su fecha de jubilación y la naturaleza extralegal de ésta, para su otorgamiento debía atenderse a lo establecido en las cláusulas que rigen en el momento en que se alcanza el beneficio.
También la Junta consideró que en el caso, la actora se jubiló conforme a lo dispuesto por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del bienio 1999-2001, y que el artículo 7o. transitorio del régimen referido, establecía que su vigencia era a partir de marzo de mil novecientos ochenta y ocho y abrogaba a la anterior de data quince de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, por lo que en la fecha en que se había jubilado la actora era el régimen que debía prevalecer, y que si bien el artículo 1o. transitorio del contrato colectivo de trabajo establecía que el pacto colectivo dejaba sin efecto los anteriores y únicamente subsistirían los suscritos por las partes con anterioridad, en lo relativo a aquellas prestaciones que fueran superiores a las señaladas en ese contrato, el mismo no era aplicable, ya que si bien refería dos meses del monto de la jubilación son superiores a las que establecía el contrato de 1999-2001 y lo trascendente era que en el caso esas prestaciones no se encontraban establecidas en el artículo 5o. del Régimen de Jubilaciones y Pensiones como parte integrante de los conceptos que conforma el salario base de la jubilación.
Y es que al tratarse de prestaciones extralegales le correspondía la carga de probar su acción, además de que la procedencia de la acción debe analizarse oficiosamente por la Junta, sobre todo, decidir si está previsto en la ley o no, o si alguna disposición legal o de observancia general la condiciona.
Tienen aplicación al caso las tesis de jurisprudencia sustentadas, respectivamente, por la extinta Cuarta Sala y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen:
"No. Registro: 242926
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"Séptima Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 151-156 Quinta Parte
"Tesis:
"Página: 86
"Genealogía: Informe 1980, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 34, página 33.
"Informe 1981, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 8, página 9.
"Apéndice 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, tesis 11, página 11.
"Apéndice 1917-1995, Tomo V, Primera Parte, tesis 15, página 10.
"ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje tienen obligación, conforme a la ley, de examinar la acción deducida y las excepciones opuestas, y si encuentran que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción, deben absolver, pese a que sean inadecuadas las excepciones opuestas.
"Séptima Época, Quinta Parte:
"Volumen 61, página 13. Amparo directo **********. 28 de enero de 1974. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.
"Volúmenes 139-144, página 10. Amparo directo **********. 11 de agosto de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Jorge Landa.
"Volúmenes 139-144, página 10. Amparo directo **********. 15 de octubre de 1980. Cinco votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Jorge Landa.
"Volúmenes 151-156, página 9. Amparo directo **********. 1o. de julio de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Jorge Landa.
"Volúmenes 151-156, página 9. Amparo directo **********. 12 de agosto de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Julio Sánchez Vargas. Secretario: Jorge Landa."
"No. Registro: 184376
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, abril de 2003
"Tesis: 2a./J. 36/2003
"Página: 201
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA. El hecho de que por no contestar en tiempo la demanda el tribunal correspondiente la tenga por contestada en sentido afirmativo, no tiene el alcance de tener por probados los presupuestos de la acción ejercitada, pues atento al principio procesal de que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los extintivos, impeditivos o modificativos de ella, si el actor no prueba los que le corresponden, debe absolverse al demandado, aun en el caso de que éste, por aquella circunstancia o por cualquier otro motivo, no haya opuesto excepción alguna, o bien, haya opuesto defensas distintas a dicha falta de acción. Por tanto, cuando un trabajador de confianza, que ordinariamente sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, y a la parte demandada se le tiene por contestada la demanda en sentido afirmativo, no deben tenerse por probados los presupuestos de la acción ejercitada y, por ende, debe absolverse a aquélla, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, en todo tiempo, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas.
"Contradicción de tesis 8/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 28 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.
"Tesis de jurisprudencia 36/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de abril de dos mil tres."
Máxime que lo que dispone el Régimen de Jubilaciones y Pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo, constituyó una prueba allegada por la actora que obligaba a la Junta a su valoración, lo que llevó a cabo.
Y si bien el Régimen de Jubilaciones y Pensiones se ofreció tanto por la actora como por el instituto en copia simple tiene valor probatorio pleno, atentas a las razones que sustentan a la tesis que se comparte con el rubro y texto siguientes:
"No. Registro: 191196
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, septiembre de 2000
"Tesis: III.1o.T.6 K
"Página: 733
"COPIAS SIMPLES. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE. La copia fotostática simple de un documento hace prueba plena en contra de su oferente, porque la aportación de tal probanza al juicio lleva implícita la afirmación de que esa copia coincide plenamente con su original, toda vez que si se aportan pruebas con el objeto de acreditar afirmaciones, una prueba de esa naturaleza debe de ponderarse concediéndole plena eficacia demostrativa, en lo que le perjudica al oferente, ya que no es concebible restarle credibilidad en ese aspecto porque no es razonablemente lógico, ni jurídico, ignorar la existencia de los acontecimientos que contiene la misma y que precisamente por su ofrecimiento como prueba, implican el cabal reconocimiento de quien la propuso. En cambio esa copia fotostática simple no tendría plena eficacia probatoria respecto a la contraparte del oferente, porque contra ésta ya no operaría la misma razón y en este caso, la mayor o menor convicción que produciría, dependería de la medida en que su contenido se corroborara o no con algunos otros indicios.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
"Amparo en revisión (improcedencia) 24/2000. Raúl Delgado Ortiz y otro. 2 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretaria: Luz Irene Rodríguez Torres.
"Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, enero de 1996, página 124, tesis I.4o.C. J/5, de rubro: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS. HACEN PRUEBA PLENA CONTRA SU OFERENTE.’"
Ciertamente, en el laudo reclamado la Junta consideró arrojarle la carga de la prueba a la actora, al tratarse de una prestación extralegal, y es que la cláusula primera del contrato colectivo de trabajo, así como la cláusula tercera transitoria del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, integrador del mismo, establecen:
"1a. El presente contrato deja sin efectos los anteriores y sólo subsistirán los pactos suscritos por las partes con anterioridad, en lo relativo a prestaciones que sean superiores a las que establece este contrato."
"3o. Cuando los pensionados o jubilados con anterioridad a la vigencia del presente régimen cumplan cinco años con ese carácter el instituto les entregará anualmente y en el mes en que alcancen dicha antigüedad, una cantidad equivalente a un mes del monto de la jubilación o pensión otorgada. Cuando los pensionados o jubilados cumplan diez años de antigüedad con tal carácter, se les entregará anualmente una cantidad equivalente a dos meses del monto de la jubilación o pensión otorgada, precisamente en el mes en que alcancen esta antigüedad. Cuando los pensionados o jubilados cumplan quince años de antigüedad con tal carácter, se les entregará anualmente una cantidad equivalente a tres meses del monto de la jubilación o pensión otorgada, precisamente en el mes en que alcancen esta antigüedad."
Respecto a la carga de la prueba, tratándose de prestaciones extralegales, cobra aplicación la siguiente tesis:
"No. Registro: 242571
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"Séptima Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 217-228 Quinta Parte
"Tesis:
"Página: 43
"Genealogía: Informe 1976, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 48, página 30.
Informe 1987, Segunda Parte, Cuarta Sala, tesis 51, página 43.
"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE. Quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia, demostrando que su contraparte está obligada a satisfacerle la prestación que reclama; y, si no lo hace, el laudo absolutorio que sobre el particular se dicte, no es violatorio de garantías individuales.
"Amparo directo **********. 23 de septiembre de 1987. Cinco votos. Ponente: Ángel Suárez Torres.
"Séptima Época, Quinta Parte:
"Volumen 88, página 23. Amparo directo **********. 5 de abril de 1976. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. Secretaria: Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo.
"Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 13, Quinta Parte, página 31, tesis de rubro: ‘PRESTACIONES EXTRALEGALES, TÉRMINO PARA EXIGIR LAS.’"
Acorde a lo anterior, la ineficacia del argumento en estudio estriba en que, si bien la parte demandada reconoció la existencia de la prestación extralegal que reclamó la actora, lo cierto es que resultaba improcedente como lo hizo valer, ya que como lo determinó la responsable, de la demanda laboral se desprende que la quejosa fue jubilada con posterioridad al Régimen de Jubilaciones y Pensiones vigente hasta el quince de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, al establecer en la misma que fue jubilada el dieciséis de junio de dos mil, lo que se corrobora con los recibos de salario allegados y con la copia fotostática de la resolución número ********** de la Comisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones, además fue reconocido por el ********** aquí tercero perjudicado; de ahí que le resultaba aplicable lo dispuesto por el Régimen de Jubilaciones y Pensiones que se encontraba vigente al momento en que terminó su relación como trabajadora del ********** demandado y dio inicio la correspondiente a la jubilación que le fuera otorgada; esto es, conforme al Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrante del contrato colectivo de trabajo vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, respecto del cual no justificó la actora que contemple la prestación que reclamaba.
Ahora, si bien de la cláusula tercera transitoria del Régimen de Jubilaciones y Pensiones actual, transcrita anteriormente, consta que los trabajadores que sean pensionados o jubilados con anterioridad a dicho régimen, es decir, al vigente a partir del dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, tendrán derecho a que se les pague un mes del monto de la jubilación cuando cumplan cinco años con ese carácter, lo cierto es que, como ya se dijo, la quejosa se jubiló con posterioridad a la fecha señalada, por lo que es inconcuso que, como lo estableció la responsable no tenía derecho al otorgamiento de dicha prestación.
A mayor abundamiento, cabe señalar que de la propia demanda laboral se advierte una confesión expresa de la actora, en el sentido de que la prestación reclamada sólo es aplicable a los trabajadores que se jubilaran con anterioridad al Régimen de Jubilaciones y Pensiones vigente, pues manifestó lo siguiente:
"... si bien es cierto que la cláusula tercera transitoria del Régimen de Jubilaciones y Pensiones integrador del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el **********, establece que estos beneficios se otorgan a los trabajadores jubilados y pensionados con anterioridad al actual régimen, también es cierto que la cláusula primera del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el **********, también establece la ventaja de que todas las disposiciones que están previstas en el contrato colectivo de trabajo con anterioridad a la vigencia de la que aplica para una situación determinada, deben considerarse como obligatorias, si éstas contienen en sí mismas beneficios superiores a los que están pactados en el momento de la aplicación de la norma contractual ..." (foja 1, el subrayado es adicional).
En ese orden de ideas, al ser la jubilación una prestación de carácter contractual, es decir, no derivada de la ley, sino que tiene su fundamento en estipulaciones contractuales, debe regirse con base en lo estrictamente pactado por las partes, de ahí que si no se justificó que en el contrato colectivo de trabajo que rige en el instituto demandado, y particularmente en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, como parte integrante del mismo, que se encuentre previsto el otorgamiento de dos meses del monto de la jubilación a los jubilados o pensionados que cumplan diez años con ese carácter, es inconcuso que el pago de dicho concepto deviene improcedente.
Resulta aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"Registro No. 163849
"Localización: Jurisprudencia
"Materia(s). Laboral
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXXII, septiembre de 2010
"Tesis: 2a./J. 128/2010
"Página: 190
"CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ESTRICTA. Conforme a los artículos 2o., 3o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, por regla general las normas de trabajo deben interpretarse atendiendo a las finalidades de esta rama del derecho y en caso de duda, por falta de claridad en las propias normas, debe estarse a lo más favorable para el trabajador; sin embargo, esa regla general admite excepciones, como en los casos de interpretación de cláusulas de contratos colectivos de trabajo donde se establezcan prestaciones a favor de los trabajadores en condiciones superiores a las señaladas por la ley, supuesto en el cual la disposición que amplía los derechos mínimos legales debe ser de interpretación estricta y conforme a los principios de buena fe y de equidad como criterio decisorio, como se prevé en el artículo 31 de la ley citada.
"Contradicción de tesis 32/2000-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito. 22 de septiembre de 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
"Contradicción de tesis 126/2003-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de abril de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: José Luis Rafael Cano Martínez y Sofía Verónica Ávalos Díaz.
"Contradicción de tesis 126/2004-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Tercer Circuito. 25 de febrero de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Juan Díaz Romero. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
"Contradicción de tesis 186/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Décimo Tercero en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva del Socorro Escudero Contreras.
"Contradicción de tesis 57/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de mayo de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz."
Además, es de indicarse que tratándose de la jubilación, debe tomarse en consideración el contrato colectivo vigente en la época en que se obtiene tal beneficio, atentas las razones que sustentan el siguiente criterio:
"Registro No. 188195
"Novena Época
Tesis Aislada
"Materia(s): laboral
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: I.10o.T.34 L
"Página: 1745
"JUBILACIÓN. DEBE REGIRSE POR LO EXPRESAMENTE PACTADO EN LAS ESTIPULACIONES LABORALES VIGENTES EN LA FECHA EN QUE SE OTORGUE.-Al ser la jubilación una prestación que no tiene su fundamento en la Constitución General de la República, ni en ninguna de las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de dicha Constitución, así como tampoco en otros ordenamientos legales, sino en el acuerdo de voluntades de patrones y trabajadores, esto es, por tratarse de una prestación extralegal que consiste en el derecho que tiene el trabajador de obtener el pago de una pensión por antigüedad a partir de que se genere el mismo, debe regirse por lo expresamente pactado en las estipulaciones laborales vigentes en la fecha en que dicha jubilación se otorgue, sin que sea dable aplicar pactos anteriores que hubieran quedado sin efecto por así haberlo convenido los representantes de los trabajadores y los patrones.
"Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
"Amparo directo **********. **********. 18 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: José Maximiano Lugo González.
"Nota: Por ejecutoria de fecha 23 de mayo de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 86/2007-SS en que participó el presente criterio."
Sin que asista razón en lo aducido por la quejosa en el sentido de que se le afectó un derecho adquirido violentándose su garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional, en atención a que no había adquirido ningún derecho al haberse jubilado en la fecha en que era aplicable un Régimen de Jubilaciones y Pensiones que no estipulaba la prestación que reclamaba.
Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los juicios de amparo directos números **********, ********** y **********, en sesiones de once de enero, siete de marzo y veinte de junio, todos de dos mil doce, así como los amparos directos números ********** y ********** de tres y nueve de abril de dos mil trece.
En congruencia con las consideraciones anteriores, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y 186 de la Ley de Amparo anterior a la vigente, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; y, anótese en el libro de registro, con testimonio autorizado de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia, y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido.
Así, por unanimidad, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados presidente y ponente Guillermo Vázquez Martínez, Abraham Calderón Díaz y el licenciado Raúl López Pedraza, secretario en funciones de Magistrado autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.
En términos de los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24603-5022daa8/seguro-social-el-derecho-de-sus-trabajadores-jubilados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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