PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO A EJECUTAR UN CONVENIO JUDICIAL CELEBRADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SOLICITUD DE REINSCRIPCIÓN DE UN EMBARGO ES APTA PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE OPERE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 500/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 24 DE ABRIL DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA Y AL FONDO. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROCÍO BALDERAS FERNÁNDEZ.
II. Competencia
5. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza mercantil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien se encuentra legitimado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, que en su parte conducente, establecen lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
IV. Ejecutorias que participan en la contradicción
7. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
8. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 152/2012, expuso lo siguiente:
"La recurrente insiste en que el escrito que ella presentó el seis de diciembre de dos mil diez, a través del cual solicitó al Juez que conoce del juicio ejecutivo mercantil la reinscripción del embargo practicado en el juicio revela su interés de insistir en sus pretensiones y, por tanto, con él se interrumpió el plazo de la prescripción de la acción para ejecutar el convenio judicial elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Lo cual debe desestimarse, toda vez que, al contrario de lo que aduce la recurrente, la reinscripción del embargo practicado en el juicio no evidencia, por sí misma, su interés de hacer efectivos los derechos que le asisten, derivados del convenio judicial elevado a la categoría de sentencia ejecutoria, ya que, como incluso lo reconoce en el agravio en análisis, esa petición solamente está encaminada a mantener vigente la inscripción del embargo. Tan no revela su interés de ejecutar lo fallado, que podría darse el caso de que la parte actora solamente presentara promociones encaminadas a reinscribir cada tres años el embargo practicado en el juicio (por ser esa la vigencia que la ley confiere a la inscripción), pero sin presentar alguna otra solicitud encaminada a lograr de manera forzada el cumplimiento de la condena impuesta en la sentencia, lo que no debe permitirse, en aras de la seguridad jurídica que debe imperar en todo procedimiento, pues la ejecución de lo sentenciado no puede dejarse al arbitrio del acreedor. Debiéndose precisar, además, que no es verdad que la reinscripción del embargo tienda a impulsar el procedimiento, como de manera inexacta lo pretende hacer creer la recurrente, pues a través de esa promoción no se pasa de un periodo a otro, ni tampoco se llevan a cabo actuaciones tendentes a realizar la ejecución forzada de lo fallado, que sería lo que, en todo caso, evidenciaría el impulso del procedimiento. Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis en materia civil publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LIV, página 1231, sostuvo que la petición de reinscripción del embargo debe interpretarse como interruptiva del término de la prescripción; dicha tesis es del rubro y texto siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN MERCANTIL NEGATIVA, INTERRUPCIÓN DE LA.’ (se transcribe). Empero, debe tenerse en cuenta, en principio, que en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, sólo es obligatoria para este Tribunal Colegiado, y para otros órganos jurisdiccionales, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas; siendo que, en el presente caso, la tesis trasunta de la Tercera Sala del Alto Tribunal del país no es jurisprudencia, sino una tesis aislada, dado que el criterio contenida en ella se sustentó sólo en un precedente. ... En cambio, este órgano de control constitucional coincide con la diversa tesis invocada por la recurrente, también sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 1578, en la medida en que en ella se especifica, claramente, en qué casos debe considerarse interrumpido el plazo de la prescripción para ejecutar una sentencia, a saber: la formación de la sección de ejecución, la entrega de la posesión de los bienes embargados al depositario, la notificación a los inquilinos (demandados) respecto de la persona a quien deben cubrir las rentas, entre otros, son actos encaminados, efectivamente, a hacer efectiva la sentencia; la indicada tesis es del rubro y texto siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, INTERRUPCIÓN DE LA. La formación de la sección de ejecución, la entrega de la posesión de los bienes embargados al depositario nombrado, la notificación a los inquilinos de que a dicho depositario cubrieran las rentas, la actuación de este depositario y las notificaciones a la parte demandada, de todos los proveídos relacionados con dichos puntos, actos todos encaminados a hacer efectivo el derecho reconocido al actor, mediante sentencia firme, demuestra la actividad del propio actor, para hacer efectiva la sentencia, y por lo mismo, interrumpe la prescripción para pedir su ejecución.’. Cabe agregar que, al contrario de lo sostenido por la inconforme, cuando el a quo hizo referencia a que debía mediar algún requerimiento en el periodo de ejecución para estimar interrumpido el plazo de la prescripción, no fue con el afán de establecer que fuera el único supuesto que generaría la mencionada interrupción, puesto que expresamente consideró que todas aquellas promociones (entre ellas la que propiciara el requerimiento) que impulsaran el procedimiento a fin de lograr el cumplimiento del derecho reconocido en el convenio judicial serían aptas para producir la interrupción del plazo prescriptivo, tal como se observa de las consideraciones siguientes: ‘Cierto, a la solicitud de reinscripción en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, realizada por la parte vencedora en el juicio ejecutivo mercantil, no le reviste el carácter de un requerimiento que tienda a lograr el cumplimiento del derecho reconocido en el convenio judicial; pues se erige como un acto meramente unilateral de dicha parte, en el que se requirió la intervención del rector del procedimiento para conservar la materia de lo embargado fechas atrás, pero de ninguna manera puede considerarse que tuviese la intención de impulsar el procedimiento de ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Ello, pues derivado de tal promoción, no se emitió algún requerimiento o acto judicial en el cual se solicitara a la parte vencida el cumplimiento del fallo, inclusive, nótese que la determinación asumida por el Juez natural respecto de dicha promoción ni siquiera se le hizo saber a la parte ahora quejosa, ni mucho menos tuvo el alcance de que con base en ella se le solicitara el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Así, al evidenciarse que la promoción presentada el siete de diciembre de dos mil diez, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 669/2007, por la persona moral aquí tercera perjudicada, no es de aquellas que sean idóneas para preparar y lograr la obtención de las prestaciones objeto de la condena en el fallo ejecutoriado, y, por tanto, no apta para interrumpir el plazo de la prescripción a que alude el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, es que se evidencia la ilegalidad en la valoración de aquélla por parte de la Sala responsable.’. En razón de que se ha estimado correcto el proceder del Juez de Distrito, en el sentido de que la promoción de la recurrente, a través de la cual solicitó la reinscripción del embargo, no es de aquellas que evidencien su interés de insistir en sus pretensiones, dado que no tiende a lograr la ejecución de lo fallado en el juicio, resulta irrelevante establecer si el auto recaído a dicha petición fue o no notificado a su contraparte. De igual manera debe desestimarse el diverso argumento consistente en que cualquier acto unilateral llevado a cabo en la fase de ejecución tendente a conservar el derecho que la parte actora tiene impulsa el procedimiento de ejecución y busca obtener el cobro de las cantidades a que tiene derecho (sic) tiene la virtud de interrumpir el plazo de la prescripción. Ello es así, porque ya se indicó que la solicitud de reinscripción de embargo, que es lo que se discute en el caso, solamente tiene el propósito de mantener vigente la inscripción del embargo, pero a través de ella no se busca lograr que se ejecute la condena impuesta en el convenio elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Tocante a la inaplicabilidad que la recurrente aduce, respecto de la jurisprudencia de rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LAS PROMOCIONES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL EMBARGO, NO SON APTAS PARA INTERRUMPIR EL PLAZO PARA QUE OPERE.’, el agravio que en ese sentido se expresa resulta ineficaz, por inoperante, toda vez que la inconforme solamente reitera por qué razón considera que esa tesis no es aplicable, sin combatir la determinación del Juez Federal, a través de la cual concluyó en su aplicabilidad al caso concreto, a saber: que contenía un criterio general para ponderar la trascendencia de una promoción para la interrupción de un plazo perentorio para la pérdida de un derecho o de una acción, tal como se observa de los siguientes segmentos."
9. Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 318/2012, sostuvo lo siguiente:
"... Las anteriores consideraciones del juzgador federal, se estiman ajustadas a derecho, puesto que como lo señaló el Juez constitucional, la promoción de la actora solicitando la reinscripción del embargo sí es una actuación que pretende ejecutar el convenio, debido a que la petición de la actora de registrar nuevamente el aludido embargo revela una conducta encaminada al sostenimiento de la vigencia de su derecho, ya que la reinscripción del mismo es un acto procesal que demuestra la voluntad del acreedor de obtener el pago de su crédito; por lo que es inconcuso que interrumpe el término de la prescripción. Se afirma lo anterior debido a que como ya se vio de las consideraciones realizadas de la jurisprudencia 1a./J. 109/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo acto procesal que traduzca la voluntad del acreedor de obtener el pago de su crédito interrumpe la prescripción, puesto que acredita una conducta encauzada al mantenimiento de vigencia de su derecho, por lo que el plazo de la prescripción debe comenzar a transcurrir de nuevo. Ello se robustece si se toma en cuenta que el artículo 1041 del Código de Comercio, no es limitado, ni prohíbe que se aplique a otros casos, en los que se advierta la voluntad del acreedor de mantener vigente su derecho, como se aprecia de la siguiente transcripción: ‘Artículo 1041.’ (se transcribe). ... En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 324, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 274 del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Materia Civil, Sexta Época, de título y contenido siguientes: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA MERCANTIL, INTERRUPCIÓN DE LA.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1231 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LIV, Quinta Época, de epígrafe y texto que a continuación se reproducen: ‘PRESCRIPCIÓN MERCANTIL NEGATIVA, INTERRUPCIÓN DE LA.’ (se transcribe). ... En ese sentido, no resultan aplicables los criterios jurisprudenciales que citan los recurrentes, que se refieren a la caducidad, pues como ya se vio, entre ésta y la prescripción extintiva existen diferencias que no permiten que le resulten aplicables a la segunda, las que se utilizan para la primera (caducidad), fundamentalmente porque la caducidad, se apoya en la intención de las partes de abandonar el proceso, lo que refleja desinterés por continuar y culminar con éste por lo que surge la necesidad de evitar la pendencia indefinida de los procesos que generaría inseguridad jurídica. Así, la caducidad y los principios que se contienen en las jurisprudencias que citan los recurrentes, se basan en la finalidad de la continuidad del procedimiento para obtener una sentencia, esto es una cuestión procesal que requiere de actividades específicas para evitar su consumación; mientras que la prescripción, generalmente atiende a derechos subjetivos y, por ello, para la consumación se necesita de una inactividad total que demuestre desinterés del beneficiario de tal derecho, lo que como ya se vio no sucedió en el presente caso, pues la actuación procesal consistente en la solicitud de reinscripción de embargo demuestra el deseo de la actora de mantener vigente su derecho subjetivo de ejecutar el convenio que es cosa juzgada. En otras palabras, la caducidad de la instancia es una forma excepcional de extinción de la relación jurídico-procesal, es decir, constituye una modalidad de terminación del procedimiento seguido ante los órganos jurisdiccionales, por medio de la cual cesa la obligación de éstos para resolver la contienda a través del pronunciamiento de una sentencia; por ello, el principio establecido de ‘promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento solicitando su continuación para que concluya’, no le es aplicable a la figura de la interrupción de la prescripción extintiva, sobre todo si se trata de derechos adquiridos derivados de una sentencia. ... Por ello, no resulta procedente como lo pretende la recurrente que en el caso de la institución de la prescripción, se apliquen principios que son propios de la caducidad, ni tampoco los criterios jurisprudenciales relacionados con esta última institución; máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tratándose de la acción para ejecutar una sentencia, su ejercicio no está sujeto a la preclusión, sino a la prescripción. Es aplicable la tesis jurisprudencial 1a./J. 104/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XIV, diciembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTÁ SUJETO A LA FIGURA JURÍDICA DE LA PRECLUSIÓN, SINO A LA DE LA PRESCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).’."
V. Existencia de la contradicción
10. En primer término, debe establecerse si, en el caso, efectivamente existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226 y 225 de la Ley de Amparo, se desprende que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiendo por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una sentencia. Por tanto, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
12. Así, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impidan su resolución.
13. En tales condiciones, la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien cumplan con los siguientes requisitos:
1) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo;
2) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes;
3) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Sirven de apoyo, igualmente, a lo anterior, las siguientes tesis de jurisprudencia, cuyos rubros y textos son:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello, que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(2)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(3)
15. En esas circunstancias, lo procedente es determinar si en el caso concreto se cumple con los requisitos de existencia de la contradicción planteada.
16. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que arriba han quedado transcritas, de las que se advierte que desarrollaron argumentos lógico-jurídicos para desentrañar el sentido normativo en un supuesto específico.
17. Por un lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito resolvió en un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24696-b8751bff/prescripcion-del-derecho-a-ejecutar-un-convenio-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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