RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN III, DE LA LEY ADUANERA. PARA QUE SE ACTUALICE, TRATÁNDOSE DE PROPIETARIOS DE VEHÍCULOS PARTICULARES, ES INNECESARIO DEMOSTRAR QUE INTERVINIERON DIRECTAMENTE EN LA INTRODUCCIÓN AL PAÍS DE LAS MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE TRANSPORTEN EN AQUÉLLOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: GONZALO EOLO DURÁN MOLINA. SECRETARIA: GRISSELL RODRÍGUEZ FEBLES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 bis y 41 ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de junio de dos mil trece.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por la Juez de Distrito comisionada en el cargo de Magistrada Presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción al resolver el recurso de revisión fiscal 8/2013, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, que expresamente dispone:
"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas: ...
"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de éste circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 8/2013, sostuvo lo siguiente:
"TERCERO. Son fundados los agravios que hace valer la autoridad recurrente, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación:
"En cinco de octubre de dos mil diez, aproximadamente a las trece horas, en el puente internacional en la aduana subteniente López, fue interceptado ********** por la verificadora **********, cuando conducía un moto carro y al practicar una revisión se percató que en la parte posterior llevaba varias bolsas con sandalias, toallas pequeñas y pañaleras, que había adquirido en la zona libre de Belize, por lo que se inició en su contra el correspondiente procedimiento administrativo, asegurando la mercancía y la unidad motriz (folios 127 a 149).
"El propietario del vehículo resultó ser **********, a quien se le fincó un crédito fiscal en su carácter de responsable solidario, el cual controvirtió en sede administrativa pero le fue adverso el resultado según se desprende del oficio 600-55-2011-0396, recurso de revocación RR00040/11, de treinta y uno de mayo de dos mil once (fojas 22 a 51); determinación que sometió al juicio de nulidad.
"La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa admitió a trámite el juicio y lo resolvió mediante sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil doce, en la que consideró que el accionante no tiene el carácter de responsable solidario, no obstante ser el propietario del vehículo, en términos del artículo 53, fracción III, de la Ley Aduanera, dado que no intervino en la introducción de la mercancía de procedencia extranjera.
"Al respecto, la recurrente aduce esencialmente que los dueños de los vehículos en que se transporten mercancías, a pesar de no haber tenido una participación directa en la introducción o extracción de mercancías que provengan del extranjero y de las que no se demostró su legal estancia en el país, son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones que se causen por ese motivo.
"También aduce que al reconocérsele la calidad de propietario, no se puede deslindar de su compromiso por no haber tenido participación directa en la introducción de la mercancía extranjera, pues por ese simple hecho se actualiza su responsabilidad solidaria.
"Precisado lo anterior, es conveniente destacar que la doctrina describe la responsabilidad solidaria como la obligación en que cada uno de los acreedores puede reclamar por sí la totalidad del crédito, o en que cada uno de los deudores está obligado a satisfacer la deuda entera, sin perjuicio del posterior abono o resarcimiento que el cobro o el pago determinen entre el que lo realiza y sus cointeresados; surge por disposición legal expresa o por estipulación del título constitutivo y tiene como finalidad la simplificación y la seguridad en el cumplimiento de las obligaciones; al grado de que, desde el punto de vista de los acreedores, cuando hay pluralidad de deudores, lo que se pretende es que todos sean garantes de los demás; de modo tal, que sólo la insolvencia plena frustre en todo o en parte la expectativa crediticia.
"En materia fiscal existen numerosos ejemplos de responsabilidad solidaria, entre ellos, la que se prevé en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, relativo a los supuestos con base en los cuales un tercero ajeno a la realización del hecho imponible se encontrará obligado al pago del tributo causado por el contribuyente, derivado de una relación jurídica entre el causante directo y el obligado solidario. Como ejemplo, se tiene que aquella persona que tenga conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de alguna persona moral, será responsable solidario por las contribuciones causadas o no retenidas por dicha persona moral durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirija.
"De lo relatado, se observa que el objetivo principal de la figura jurídica, es involucrar en el cumplimiento de una obligación tributaria a algún o algunos sujetos ajenos a su nacimiento pero relacionados con el verdadero causante, siendo así, el fisco está facultado para exigir el cumplimiento del pago del tributo.
"Es así que el obligado a contribuir con los gastos públicos es la persona física o moral que se encuentre vinculada directamente con la situación jurídica o de hecho que la propia ley contemple y a quien puede exigírsele el pago por la totalidad de la deuda fiscal.
"En tales términos, el ya apuntado artículo 26 del Código Fiscal de la Federación incorpora al responsable solidario a la relación que ya existe entre el Estado y el contribuyente, como un deudor más con una masa de bienes que permiten asegurar la satisfacción del pago de las contribuciones causadas y sus accesorios; esto es, extiende la obligación del pago del tributo al patrimonio del administrador único de la sociedad, constituyéndolo en un sujeto que garantice el cumplimiento de la obligación. Lo coloca como responsable de la deuda y le impone la carga de contribuir a su pago con su patrimonio.
"Debe decirse que la responsabilidad solidaria surge en virtud de un vínculo inmediato entre varias personas, como si fueran una sola, sin perjuicio de que cada una de ellas sea autónoma al interior de la relación jurídica, por lo que la conexión o enlace es la base fundamental para integrar una obligación solidaria, ya que si adolece de este rasgo distintivo no será válida la imputación de responsable que configure la ley, pues se entiende que no existe el nexo suficiente que permita la asunción de una obligación ajena.
"Otro ejemplo de responsabilidad solidaria en materia fiscal es la figura del notario público, pues en el artículo 73, fracción III, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, determina que siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas; el artículo 154, párrafo tercero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación a la venta de inmuebles dispone que en operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional (del impuesto sobre la renta) se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, Jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; asimismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.
"La Ley Aduanera no es ajena a la cuestión de la responsabilidad solidaria, por el contrario, ésta es prolija y contiene varios supuestos, primordialmente en su artículo 53, por ejemplo, la responsabilidad solidaria puede recaer en un agente aduanal.
"Esta forma resulta ser la más idónea que establece la referida Ley Aduanera para que en un trámite o gestión que origine determinados créditos a favor del fisco federal, el agente aduanal se asegure debidamente del interés fiscal; así se establece en la tesis 1a. XXV/2001, con número de registro IUS: 189824, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 276 del Tomo XIII de mayo de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic):
"‘AGENTES ADUANALES. LOS ARTÍCULOS 103 Y 103-A DE LA LEY ADUANERA VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 1996, QUE LES IMPONEN UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ANTE EL FISCO FEDERAL DE LAS INFRACCIONES QUE SE COMETAN EN SU PERJUICIO DURANTE EL TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)
"La responsabilidad solidaria en materia aduanera tiene la intención de imponer -a ciertos terceros- obligaciones que permitan intervenir y hacer más expedito el control de la introducción o extracción de mercancías al territorio nacional, su almacenamiento, transporte, comercio y actos derivados de los anteriores y con ello evitar el contrabando, o bien, la omisión total o parcial en el pago de impuestos, derechos, multas, recargos y, en general, los pagos en materia de comercio exterior.
"Complementado lo anterior con cuestiones relativas a las infracciones en materia de comercio exterior, para que opere la responsabilidad solidaria se requiere que alguien más, haya cometido alguna falta, de la cual podrá responder el obligado solidario.
"La Ley Aduanera, así como las Leyes de los Impuestos Generales de Importación y Exportación regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria a la primera ley citada.
"El supuesto fáctico acorde a las constancias de autos, es que una moto carro conducida por **********, fue detenida para revisión por una verificadora en el recinto de la aduana subteniente López, la que al hacerlo encontró mercancía de procedencia extranjera en la parte posterior.
"Entonces, dicha persona fue sancionada por el fisco federal por infracciones cometidas en contra de la Ley Aduanera, derivadas precisamente de la introducción al país de mercancías provenientes del extranjero sin la documentación legal pertinente.
"Como medio para asegurarse el pago de los adeudos de tipo fiscal y aduanero respectivos, la autoridad aduanal aseguró las mercancías provenientes del extranjero, así como el vehículo en el que se transportaban; al final del procedimiento administrativo, entre otras sanciones, se decretó el decomiso definitivo de las mercancías.
"Con base en tales hechos, simultáneamente fue iniciado un procedimiento administrativo en contra del propietario de la moto carro, a quien, a final del mismo, se le sancionó con el decomiso del vehículo.
"Acorde a la Ley Aduanera, están obligados al cumplimiento de sus disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías, incluidos, desde luego, los transportistas.
"Existen dos tipos de impuestos al comercio exterior: el general de importación y el general de exportación y están obligadas a su pago las personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles, bajo ciertas hipótesis.
"Se presume, salvo prueba en contrario, que la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de mercancías, se realiza por el propietario o tenedor de las mercancías; el remitente en exportación o el destinatario en importación; incluso, el mandante por los actos que haya autorizado.
"La Ley Aduanera es puntual en establecer quiénes son los responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, citando de manera taxativa los supuestos en el artículo 53, destacando a los propietarios y empresarios de los medios de transporte; y para lo que aquí interesa, su fracción III, dispone literalmente:
"‘Artículo 53. ...
"‘III. Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de los mismos, por los que causen las mercancías que transporten, cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. de esta ley, o sus reglamentos. En los casos de tránsito de mercancías, los propietarios y empresarios de medios de transporte público únicamente serán responsables cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de las mercancías que transporten.’
"Sin olvidar mencionar que la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas.
"Por tanto, quienes sean los dueños de los vehículos en que se transporten las mercancías, a pesar de no haber cometido la infracción consistente en la introducción al país de mercancías que provengan del extranjero y que no demuestren su legal estancia, la propia Ley Aduanera les establece una responsabilidad solidaria.
"La aludida Ley Aduanera, en su artículo 60 establece la manera de proceder en relación con los artículos de procedencia extranjera, los medios de transporte y su afectación en garantía:
"‘Artículo 60. Las mercancías están afectas directa y preferentemente al cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional.
"‘En los casos previstos por esta ley, las autoridades aduaneras procederán a retenerlas o embargarlas, en tanto se comprueba que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos.
"‘Los medios de transporte quedan afectos al pago de las contribuciones causadas por la entrada o salida del territorio nacional, y de las cuotas compensatorias causadas por la entrada a territorio nacional, de las mercancías que transporten, si sus propietarios, empresarios o conductores no dan cumplimiento a las disposiciones mencionadas en el artículo 1o. de esta ley.’
"De lo expuesto, la Ley Aduanera contempla la posibilidad de que alguien ajeno a la obligación principal (legal importación, tenencia, transporte), deba responder por las infracciones cometidas por alguien más, con tal de que el fisco se asegure de castigar las faltas y recaudar los impuestos, contribuciones y demás cuestiones omitidas a causa de esa acción u omisión. Este responsable recibe el nombre de solidario.
"En palabras de los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vertidas en la ejecutoria del amparo en revisión 419/2010, establecieron: ‘La responsabilidad solidaria, que consiste en imponer a una o más personas una obligación por virtud de la existencia de un nexo, vínculo o enlace entre ellas, de tal naturaleza que permita considerarlas como una sola -aunque guarden autonomía al interior de la relación jurídica-, y tiene como propósito proteger ampliamente al trabajador ante posibles incumplimientos, dificultades fiscales o económicas, fraudes, simulaciones o simples prácticas malintencionadas o viciadas de los empleadores para la reducción de costos financieros, que ponen en peligro su acceso a las prestaciones de seguridad social (datos de identificación: «RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS.» (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, materia: administrativa, tesis 2a. LXXXIX/2010, página 200, Núm. registro IUS: 163744); en el caso, el propósito es proteger ampliamente al sistema nacional de aduanas ante posibles conductas delictivas o infractoras, derivadas de acciones u omisiones en la introducción o extracción de mercancías, evasión de pagos de impuestos, cuotas compensatorias, entre otras.’
"Entonces, la responsabilidad solidaria es una figura prevista por la propia Ley Aduanera y establece sus supuestos, en uno de los cuales se posicionó al ahora quejoso en su carácter de propietario de la moto carro en la que se transportaron las mercancías que procedieron del extranjero y cuya legal estancia no se acreditó; de ahí que es irrelevante que no hubiera participado directamente en la conducta infractora.
"Consecuentemente, procede revocar la resolución impugnada ante lo fundado de los agravios vertidos por la autoridad recurrente, ya que este tribunal que resuelve no considera apegado a derecho el pronunciamiento de nulidad del acto administrativo cuestionado por la actora, por los motivos y razones expuestos en este considerando.
"Y como en la parte final de la sentencia materia del presente recurso, la Sala Fiscal señaló que al actualizarse el motivo de anulación que examinó, se abstenía de entrar al análisis de los restantes conceptos de anulación que hizo valer el actor en el juicio de origen, se considera necesario devolver los autos del juicio fiscal 1155/11-20-01-3, a la a quo, a fin de que proceda a su análisis, siempre y cuando no advierta causa alguna que se lo impida; y hecho lo anterior, dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. Lo anterior, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando fungen como revisores en materia fiscal, no están facultados para abordar el estudio de los argumentos no examinados por el órgano de jurisdicción natural, pues en ese supuesto no es aplicable el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo ..."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo 379/2006 y los recursos de revisión fiscal 37/2009 y 25/2012, sostuvo un mismo criterio, el cual en esencia es el siguiente y corresponde a la última ejecutoria citada:
"SEXTO. Son infundados los agravios que anteceden.
"A modo de antecedentes conviene precisar que **********, promovió el juicio contencioso administrativo de donde proviene la sentencia recurrida, en el cual demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 800-49-00-01-2011-01020 que emitió el administrador de la aduana subteniente López, el veintinueve de marzo de dos mil once, por el que determinó un crédito fiscal derivado del procedimiento administrativo en materia aduanera número APD050100098 a ********** como responsable directo y ********** como responsable solidario, la cantidad total de noventa mil, novecientos cuarenta y dos pesos, por omisión de los impuestos general de importación, valor agregado, recargos y multas, resolviendo además, que la mercancía inventariada pasaba a propiedad del fisco federal y el vehículo embargado, subsistía como garantía.
"Al fallar el asunto mediante la sentencia de siete de noviembre de dos mil once, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada, sólo sobre la esfera jurídica del actor y no de la responsable directa de la mercancía embargada **********, para efecto que la autoridad demandada levantara el embargo trabado sobre el vehículo marca Dodge, tipo vagoneta, modelo dos mil once, placas de circulación ********** del Estado de Quintana Roo.
"Para resolver de esa manera, en el considerando tercero de la sentencia recurrida, en síntesis, la Sala Fiscal estimó fundado el primer concepto de impugnación, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o. y 53, fracción III, de la Ley Aduanera, estaban obligados al cumplimiento de las disposiciones previstas en dichos preceptos, como obligados principales, los propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualquier persona respecto de las mercancías que tuvieron intervención en introducirla o extraerla al país; y como obligados solidarios, entre otros, los propietarios de los medios de transporte, pero siempre que éstos hubieran intervenido en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en tales hechos o actos.
"Concluyendo la Sala que ante ello y no obstante que en el caso a estudio el actor tenía la calidad de propietario del vehículo embargado en el que se transportó la mercancía generadora de las cargas fiscales, carácter que incluso le fue reconocido; sin embargo, no existía prueba alguna que demostrara que dicho actor hubiera participado en la introducción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las citadas mercancías, por lo que no estaba obligado al cumplimiento de las obligaciones señaladas en la primera parte del artículo 1o. de la Ley Aduanera, lo que conducía a establecer que el embargo trabado sobre el vehículo de su propiedad resultaba ilegal, de ahí que se declarara la nulidad de la resolución impugnada, sólo sobre la esfera jurídica del actor.
"Frente a ello, en el primer agravio, en resumen, aduce la autoridad inconforme, que la sentencia impugnada resulta ilegal, en virtud de que la Sala Fiscal contraviene los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al interpretar indebidamente los artículos 1o. y 53, fracción III, de la Ley Aduanera, porque son responsable solidarios del pago de las contribuciones por la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio nacional los propietarios de los medios de transporte, según lo establecido en dichos preceptos, con independencia de que no hubiera participado en la introducción o tenencia de las mercancías, ya que basta que el propietario del medio de transporte esté involucrado en forma personal en los hechos y las mercancías se introduzcan sin cumplir las obligaciones que imponen las leyes.
"Que la Sala Fiscal pretende exigir que es necesaria la intervención en la introducción de la mercancía, pero el tribunal se basa en hechos hipotéticos que no se actualizan, porque la mercancía no es robada, sino que era transportada en un vehículo propiedad del actor, existiendo similitud de apellidos entre los responsables, haciendo probable que tengan algún vínculo familiar, lo que robustece la participación en la introducción de la mercancía, pero basta demostrar la propiedad del vehículo en el que se transportaron las mercancías de procedencia extranjera
"Finaliza exponiendo la autoridad recurrente que el actor nunca desvirtuó que no tenía relación con la introducción de las mercancías, correspondiéndole la carga de la prueba al bastar ser propietario del medio de transporte para que se le determinara un crédito fiscal al acreditarse plenamente que tuvo participación en la introducción de la mercancía a través del vehículo que la transportó.
"Las anteriores manifestaciones, estudiadas en su conjunto dada su estrecha vinculación, resultan infundadas.
"Para demostrar lo anterior resulta pertinente citar lo que disponen los artículos 1o. y 53, fracción III, de la Ley Aduanera:
"‘Artículo 1o. Esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a lo dispuesto en esta ley.
"‘Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo anterior.
"‘Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte.’
"‘Artículo 53. Son responsables solidarios del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, sin perjuicio de lo establecido por el Código Fiscal de la Federación: ...
"‘III. Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de los mismos, por los que causen las mercancías que transporten, cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. de esta ley, o sus reglamentos. En los casos de tránsito de mercancías, los propietarios y empresarios de medios de transporte público únicamente serán responsables cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de las mercancías que transporten.’
"Del primer artículo transcrito, se obtiene que están obligados al cumplimiento de las disposiciones que señala el propio precepto, aquellas personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan de éste, ya sea por sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las citadas mercancías o en los hechos o actos que se mencionan en el propio apartado.
"A su vez, del contenido del segundo precepto, se desprende la existencia de una responsabilidad solidaria a cargo de los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de éstos, respecto de las mercancías que transporten, del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de su introducción al territorio nacional o de su extracción, cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. de la Ley Aduanera, o sus reglamentos; con la excepción que ahí mismo se indica.
"Todo ello permite concluir que, tal y como acertadamente estimó la Sala Fiscal, que en esas hipótesis existen dos tipos de obligados, los principales (conforme al primer precepto), y los obligados solidarios (conforme al segundo precepto).
"Así las cosas, estarán obligados al cumplimiento de las disposiciones en materia aduanera, como obligados principales, las personas que se indican en el primer numeral.
"En cambio, la obligación solidaria se actualiza únicamente para los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de éstos, por los que causen las mercancías que transporten, pero para que tal obligación surja, por disposición expresa de la fracción III del mencionado artículo 53 de la Ley Aduanera, es necesario que ‘dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. ...’
"Ante ello, este Tribunal Colegiado estima que la mencionada porción normativa contenida en la fracción III del artículo 53 indicado, no genera una presunción legal sobre la responsabilidad solidaria, sino que, por el contrario, exige la demostración de que los referidos sujetos ‘no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1o. ...’
"En ese tenor, es inconcuso que, tal y como acertadamente estimó la Sala responsable, para que se estime que, en concreto los propietarios de los medios de transporte tienen la referida responsabilidad solidaria, se requiere la demostración de que no hubieran cumplido con las obligaciones que les imponen los referidos ordenamientos, lo que significa que para ello es menester demostrar que hubieren intervenido en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las citadas mercancías o en los hechos o actos mencionados.
"Por ello, no le asiste la razón a la autoridad recurrente, cuando aduce que la Sala Fiscal interpretó en for
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24798-4abb7618/responsabilidad-solidaria-prevista-en-el-articulo-53-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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