PRINCIPIO PRO HOMINE O PRO PERSONA. SI EN UN CASO CONCRETO NO SE ACTUALIZA LA ANTINOMIA DE DOS NORMAS QUE TUTELAN DERECHOS HUMANOS PARA QUE EL JUZGADOR INTERPRETE CUÁL ES LA QUE RESULTA DE MAYOR BENEFICIO PARA LA PERSONA, AQUÉL NO ES EL IDÓNEO PARA RESOLVERLO.
AMPARO DIRECTO 121/2013. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA DEL PILAR VARGAS CODINA, SECRETARIA DE TRIBUNAL AUTORIZADA PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 42, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO. SECRETARIO: ISRAEL JACOB SOTO ALCÁNTARA.
CONSIDERANDO:
NOVENO. Estudio del asunto.
En términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal en que el quejoso tiene la calidad de reo, en virtud de que fue declarado como penalmente responsable en la sentencia que constituye el acto reclamado, el análisis de los conceptos de violación se realizará bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, conforme al cual, aun en el caso de que los argumentos expuestos en los conceptos de violación contuvieran alguna inconsistencia o, incluso, no hubiesen expresado razonamiento alguno para demostrar la violación que aducen, este órgano de control constitucional lo hará valer de oficio, esto es, a pesar de la omisión en su planteamiento, siempre que ello se traduzca en un beneficio para la situación jurídica del quejoso.
Ahora, del análisis integral que este órgano de control constitucional realiza de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso aduce violación a los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el 5 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; sobre lo cual, únicamente le asiste razón, en torno a la transgresión de los derechos fundamentales de exacta aplicación de la ley, así como fundamentación y motivación, contemplados en los ordinales 14, párrafo tercero y 16 constitucionales, como más adelante se analizará.
Ahora, aun cuando el acto reclamado transgrede los derechos fundamentales arriba citados, este órgano de constitucionalidad, en estricto apego al principio de exhaustividad en el dictado de la presente sentencia, analizará los restantes preceptos constitucionales que aduce el disconforme se vulneraron en su perjuicio, a efecto de verificar que en cuanto a éstos no se registró transgresión alguna.
I. Artículo 14 constitucional.
En relación con lo aducido por el peticionario de derechos fundamentales en el sentido de que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, resulta infundado, pues del análisis de la resolución controvertida se infiere que en relación con ese tópico no existe violación en su perjuicio.
Ahora, en el presente apartado se estima oportuno precisar que el seis de junio de dos mil once, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma, entre otros, al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(14) que obliga a este Tribunal Colegiado (como a todas las autoridades del país desde el ámbito de sus competencias) a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, para favorecer en todo momento a las personas la protección más amplia, para lo cual se debe verificar que nuestro orden interno sea conforme al orden internacional de derechos humanos, lo que no implica dotar de un contenido distinto a las normas nacionales, sino establecer que son conformes a los pactos internacionales.
Asimismo, este Tribunal Colegiado atiende al segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al contenido de la sentencia del expediente varios 912/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(15) pues en éstos es clara la obligación de los juzgadores de interpretar las normas de derechos humanos conforme a esa Norma Suprema y a los tratados internacionales de esa materia, para lo cual se debe entender como bloque de derechos humanos, la Constitución Federal, los tratados internacionales y las interpretaciones obligatorias de esos ordenamientos, como las orientativas de esos pactos entre naciones.(16)
Así, de conformidad al orden constitucional e internacional, en este apartado se verificará que en el caso se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales, en el orden jurídico mexicano, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 47/95,(17) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria para este tribunal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, son las siguientes:
a. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
b. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.
c. La oportunidad de alegar.
d. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Las cuales específicamente para la materia penal y el inculpado se precisan en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de los hechos, precepto que es acorde desde el punto de vista del contenido normativo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos;(18) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;(19) y la Declaración Universal de Derechos Humanos, respecto de los que el quejoso aduce se transgredieron en su perjuicio derechos fundamentales.
Por consiguiente, en este apartado se analizará que en el caso se cumplió con el debido proceso (las condiciones que se deben observar para asegurar la adecuada defensa, desde la indagatoria hasta que se dictó el acto reclamado), verificando que se acató el derecho nacional, las normas internacionales de derechos humanos citadas en el listado que antecede, la jurisprudencia interna y la interpretación internacional, esta última sustentada en los criterios orientadores (opiniones consultivas y sentencias en los que México no fue parte), así como en la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos en los que nuestro país fue demandado.
En efecto, los criterios orientadores y obligatorios de la Corte Internacional citada, sirven como base a este Tribunal Colegiado, no sólo por su obligatoriedad, sino, porque ese tribunal internacional se puede considerar interprete no sólo del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino de todos los instrumentos internacionales, ratificados por el Estado Mexicano, en la materia que nos ocupa, aun cuando éstos no formen parte del sistema americano, pues basta con ser obligatorios para nuestro país (que aceptó la competencia contenciosa e interpretativa de ese tribunal), para ser interpretado por ese órgano colegiado internacional, tal como determinó en una opinión consultiva sobre el tema.(20)
- Respeto al debido proceso en la investigación del Ministerio Público y en el proceso penal jurisdiccional
De acuerdo con el último párrafo del artículo 20, apartado A, vigente al momento de los hechos, los derechos del inculpado (fracciones I, V, VII y IX) deberán ser observados no sólo en el proceso penal, pues también son obligatorios en la averiguación previa, como lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia:
"DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). (21)Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, en relación a los alcances de la garantía de defensa adecuada en la averiguación previa a que se refieren las fracciones IX y X del artículo 20 apartado A de la Constitución Federal, que aquélla se actualiza desde el momento en que el detenido es puesto a disposición del Ministerio Público. Lo anterior implica que ninguna de las garantías del detenido durante el proceso penal puede ser concebida como un mero requisito formal, y para que pueda hacerse efectiva y permitir su instrumentación requiere de la participación efectiva en el procedimiento por parte del imputado desde que es puesto a disposición del representante social. Por tanto, en lo que se refiere a la fracción II del dispositivo citado, que establece que la confesión rendida ante el Ministerio Público o Juez sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio, esta Primera Sala considera que la ‘asistencia’ no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor ante o en la actuación de la autoridad ministerial, sino que la misma debe interpretarse en el sentido de que la persona que es puesta a disposición de la autoridad ministerial cuente con la ayuda efectiva del asesor legal. En este sentido, el detenido en flagrancia, en caso de que así lo decida, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial. En consecuencia, la primera declaración rendida ante el Ministerio Público, estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entrevista previa y en privado con el defensor."
Además, lo anterior es acorde con el criterio orientador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,(22) en el que se determinó que el contenido del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda autoridad de naturaleza legislativa, judicial o administrativa debe de cumplir con ese precepto, es decir, respetar el debido proceso.
Así las cosas, este órgano colegiado del análisis del acto reclamado y de las constancias de autos concluye que en esta fase y en la causa penal fue cumplido el debido proceso, por las siguientes consideraciones.
- Respeto a la integridad física y a no declarar bajo coacción.
En el caso fue respetado este derecho, porque en el expediente no existe evidencia de que fue agredido en su integridad física el ahora quejoso ni que se obtuvo su declaración por medio de esa violencia.
Lo anterior, porque no se desprende dato alguno que evidencie que el mismo haya sido objeto de tortura, para efecto de declarar en los términos que lo hizo, pues del dictamen médico de integridad física y farmacodependencia, emitido por la perito médico oficial **********, no se desprende vestigio alguno de que el sentenciado **********, haya sido objeto de violencia física, pues se concluyó por la experta que el quejoso no presentó "alteración a su estado de salud, ni ... huellas externas de lesiones traumáticas recientes".
De este modo, este Tribunal Colegiado no observa en la causa penal prueba objetiva o indicio para considerar que el justiciable fue agredido al momento de declarar ante el agente del Ministerio Público o el Juez de la causa, por lo que no existe infracción a sus derechos humanos.
Además, este Tribunal Colegiado en cumplimiento a su deber de salvaguardar el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos considera adecuado establecer que sus anteriores consideraciones, al respecto, son acordes al orden internacional en aquella materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Comunicación previa de la acusación e información de los derechos del inculpado.
En la diligencia de dieciocho de septiembre de dos mil doce, previa lectura de los hechos imputados al justiciable, el agente del Ministerio Público le informó los derechos que en su favor prevé el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, los cuales emanan directamente del contenido del artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable al caso concreto.
Así, este tribunal considera que en el caso se cumplió con el derecho a ser informado de los hechos imputados, no sólo al rendir su declaración preparatoria de veinte de septiembre de dos mil doce, como se ordena en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política, sino acorde con los estándares internacionales de los derechos humanos, desde el momento de ser detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 7, numeral 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en criterio orientativo para este tribunal, determinó en ese aspecto que los motivos de la detención deben darse desde el momento que se produce, para evitar detenciones arbitrarias, lo que también garantiza el derecho de defensa del justiciable.(23)
- Derecho a estar asistido por persona de confianza, defensor de su elección o asignado por el Estado.
En la diligencia de dieciocho de septiembre de dos mil doce, el justiciable, antes de rendir su declaración ante el fiscal investigador, nombró como su defensor particular al licenciado **********, quien previo conocimiento, aceptó y protestó del cargo conferido.
Asimismo, en la audiencia de la declaración preparatoria, celebrada en veinte de septiembre de dos mil doce, el impetrante nombró como su defensor particular al profesionista supra citado, quien aceptó y protestó el cargo.
Esos nombramientos cumplen con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es conforme con lo que establece el artículo 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el precepto 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como con los criterios orientadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(24)
Lo anterior, porque con esos nombramientos se cumplió con la "realización material de la defensa",(25) esto es, porque se llevaron a cabo actos tendentes para la defensa del justiciable.
Asimismo, en el desarrollo del proceso, el justiciable, a través de su defensa oficial, ofreció diversa prueba de descargo, que fuese desahogada como más adelante se detallará en diverso apartado.
- Derecho a no declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
En el caso, este derecho, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de los hechos y a lo previsto en el artículo 8, numeral 2, inciso g) y 8, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como con el precepto 14, numeral 2, inciso g), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el justiciable, ante el Juez de la causa, rindió su declaración, que en líneas siguientes se analiza, a través de la cual, sustancialmente se ubicó en circunstancias de modo, tiempo y lugar.
- Derecho a comunicarse con el defensor.
De acuerdo con las constancias de autos, este derecho se cumplió, porque en las actas de las declaraciones ministerial y preparatoria del justiciable no se observa que éste hubiese solicitado entrevista con su defensa; por tanto, no existe violación a ese derecho, previsto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de los hechos, el cual es conforme con lo dispuesto al artículo 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el precepto 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y principios 13 y 17 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto con el criterio orientativo, precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se considere violado ese derecho es indispensable que esté acreditado que al defensor se le obstaculizó entrevistarse con el justiciable o que no pudo comunicarse con aquél de manera libre y privada.(26)
- Derecho al tiempo y medios adecuados para la defensa.
Este derecho previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de los hechos (cuyo contenido es conforme a lo dispuesto en el artículo 8, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), se cumplió en el caso, pues el quejoso contó con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; además, se permitió al inculpado conocer el expediente de la causa penal formada en su contra, lo que garantizó el principio contradictorio.(27)
- Derecho de la persona detenida de ser llevada sin demora ante una autoridad con funciones judiciales.
En el caso, este derecho previsto en el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al momento de los hechos, el cual es conforme con el precepto 7 numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el quejoso fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público el diecisiete de septiembre de dos mil doce, y puesto a disposición del Juez Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el diecinueve siguiente, quien dentro del plazo constitucional, dictó auto de formal prisión, en contra del justiciable, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de "contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente denominado cannabis sativa l., conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal en relación con el precepto 234 de la Ley General de Salud, en términos del precepto 13, fracción II, del Código Penal Federal".
Así, este tribunal considera que el orden nacional de derechos humanos guarda conformidad con el internacional de esa materia, pues la situación jurídica del justiciable fue resuelta por autoridad jurisdiccional dentro de los plazos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales.
- Derecho a ofrecer y que se desahoguen pruebas.
En el caso, este derecho previsto en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es conforme al precepto 8, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y precepto 14, numeral 2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues se desahogó la siguiente prueba que ofreció en el proceso penal, en ambas etapas, a saber: a) el repeso del estupefaciente afecto a la causa.
- Derecho a recurrir la sentencia condenatoria.
En lo conducente, el once de abril de dos mil trece, el Juez de la causa declaró cerrada la instrucción y señaló para el verificativo de la audiencia a que se refiere el ordinal 307 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Así, la representación social, mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil trece, ante el Juez natural, formuló conclusiones en sentido acusatorio; por su parte, la defensa oficial del impetrante, presentó escrito de conclusiones de inculpabilidad, el veintinueve siguiente.
Por consiguiente, el veintinueve de abril de dos mil trece, se llevó a cabo la audiencia a que se refiere el artículo 307 del Código Federal de Procedimientos Penales y el treinta siguiente, fue dictada la sentencia de primera instancia, en sentido condenatorio, en contra del hoy quejoso, por el delito de "contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente denominado cannabis sativa l., conocida comúnmente como marihuana, con fines de comercio, variante de venta, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafos primero y tercero, en relación con los diversos numerales 193 y 194, fracción I, todos del Código Penal Federal, en relación con el precepto 234 de la Ley General de Salud, en términos del precepto 13, fracción II, del código sustantivo de la materia".
El anterior fallo fue combatido por el justiciable, por medio de recurso de apelación, mismo que se admitió en ambos efectos y fue resuelto en diecisiete de junio de dos mil trece, por el Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, bajo el toca penal **********, en el sentido de confirmar la resolución de primera instancia.
Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo directo.
En este contexto, fue respetado el derecho previsto en el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se indica que el inculpado tiene derecho a recurrir el fallo ante el Juez (sic) o tribunal superior, que de acuerdo con un criterio orientador de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, debe tener una dimensión formal (existencia del recurso) y otra material (que sirva para hacer valer violaciones de los derechos del inculpado).(28)
En consecuencia, este Tribunal Colegiado determina que en el caso se respetó el debido proceso (formalidades esenciales del procedimiento y garantías judiciales), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable al caso particular, conforme a lo dispuesto en los preceptos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9, 10 numeral 1 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 10 y 11, numeral 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y por ello, es infundado el concepto de violación enderezado a la transgresión de los aludidos ordinales; en este sentido, no se advierte que en la especie se haya dejado de observar lo instituido en las tesis de rubro: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." e "INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD.", a las que hace alusión el impetrante de amparo.
Debe precisarse, que el anterior análisis jurídico se realiza a efecto de hacer notar la armonía que prevalece entra la legislación nacional y la norma internacional, y evidenciar que las normas internas prevén las prerrogativas establecidas en los tratados internacionales; pues en caso de existir disonancia entre la ley doméstica y la externa, este órgano constitucional tiene la facultad de armonizar aquellas a través de una interpretación conforme de la norma nacional con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sus protocolos y la jurisprudencia interamericana, para desechar aquellas "interpretaciones" contrarias o incompatibles al parámetro convencional.
Sin embargo, como ha sido analizado, no existe discrepancia entre ambos órdenes jurídicos. Además, como se advierte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas secundarias en la materia, prevén, garantizan y protegen los derechos que establecen las normas supranacionales.
Así, no debe escapar que la norma convencional ostenta una naturaleza coadyuvante o subsidiaria del ordenamiento nacional, pues complementa o sustituye las medidas adoptadas en la legislación interna con el propósito de hacer más efectiva la protección de los derechos fundamentales; por ello, en caso de que hubiera existido transgresión a un derecho humano, este órgano colegiado, en atención al principio de subsidiariedad, y en miras de fortalecer la supremacía de la Norma Fundamental, acudiría directamente a la aplicación de la norma interna, pues aquélla prevé y garantiza los derechos humanos instituidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los que hace alusión el quejoso, y sólo después de agotada la aplicación directa de la norma interna, se auxiliaría subsidiariamente de la legislación internacional; empero, en el caso, no es necesaria la aplicación directa de la norma externa, pues nuestra Constitución Federal, prevé y garantiza las prerrogativas penales (debido proceso y garantías judiciales) supra analizadas y, por ende, la aplicación del orden interno resulta suficiente para dar solución al problema planteado.
Por el principio que contiene, es ilustrativa la tesis II.3o.P.2 K (10a.) sustentada por este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice:
"DERECHOS HUMANOS. SI EN EJERCICIO DEL PRINCIPIO PRO PERSONA, EL JUEZ ADVIERTE QUE AQUEL QUE SE DICE TRANSGREDIDO ESTÁ PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE APLICAR DIRECTAMENTE LA NORMA INTERNA Y SÓLO DESPUÉS ACUDIR SUBSIDIARIAMENTE A LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. (29)De acuerdo con el principio de subsidiariedad de las normas supranacionales, la protección internacional de los derechos humanos debe realizarse después de agotada la tutela interna y sólo en defecto de dicha tutela. Ello tiene razón de ser, si atendemos a que la coadyuvancia del derecho internacional, complementa o sustituye las medidas adoptadas en la legislación interna con el propósito de hacer más efectiva la protección de los derechos fundamentales. Por ende, si el Juez advierte, en ejercicio del principio pro persona, que el derecho humano que se dice transgredido, se encuentra protegido efectivamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que, por ello el orden interno resulta suficiente para dar solución al problema planteado, es que, en miras de fortalecer la supremacía de la Norma Fundamental, debe aplicar directamente la norma interna, y sólo después de agotada ésta acudir subsidiariamente a los instrumentos internacionales."
En efecto, es inoperante el argumento relativo a la existencia de transgresión en perjuicio del quejoso del principio pro persona.
El principio pro persona implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio, y en la especie, no existe materia constitucional o convencional, que permita a este órgano colegiado interpretar qué dispositivo jurídico resulta de mayor beneficio para el quejoso, pues de lo supra analizado, no se desprende la existencia de alguna antinomia respecto de normas en materia de derechos humanos, es inconcuso que la transgresión al citado principio es inoperante, pues la aplicación de aquél, no es idónea para resolver el caso concreto, al no actualizarse el supuesto de su empleo.
Por las razones que informa, resulta ilustrativo el criterio emitido por este Tribunal Colegiado, de rubro y texto, siguientes:
"PRO HOMINE. SI EN UN CASO CONCRETO NO SE ACTUALIZA LA ANTINOMIA DE DOS NORMAS QUE TUTELAN DERECHOS HUMANOS, ESTE PRINCIPIO NO ES EL IDÓNEO PARA RESOLVERLO. (30)La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al explicar el alcance de este principio, en relación con las restricciones de los derechos humanos, expresó que ‘entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido’. Así, cuando esa regla se manifiesta mediante la preferencia interpretativa extensiva, implica que ante diferentes interpretaciones de un dispositivo legal, debe optarse por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Bajo este contexto, resulta improcedente que a la luz de este principio pretendan enfrentarse artículos de naturaleza y finalidad distintos, sobre todo, si no tutelan derechos humanos (regulan cuestiones procesales), pues su contenido no conlleva oposición alguna en materia de derechos fundamentales, de tal suerte que pudiera interpretarse cuál es el que resulta de mayor beneficio para la persona; ergo, si entre esas dos normas no se actualiza la antinomia sobre dicha materia el citado principio no es el idóneo para resolver el caso concreto."
DÉCIMO. Aspectos relativos a la concesión de Amparo: transgresión a los artículos 14, párrafo tercero y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como se adelantó, este tribunal encuentra que el fallo reclamado transgrede derechos humanos, pues en el particular, la autoridad responsable, en la sentencia que constituye el acto reclamado, realiza una indebida fundamentación y motivación al exponer con precisión las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que le llevaron a considerar que el hecho atribuido al quejoso acredita el delito de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su hipótesis de venta del estupefaciente denominado cannabis sativa l., conocida comúnmente como "marihuana", previsto por el artículo 195, párrafo tercero, en relación con los artículos 194, fracción I y 193 del Código Penal Federal y 479 de la Ley General de Salud y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, del invocado Código Penal Federal.
El ordinal 14 constitucional, en lo atinente al derecho de exacta aplicación de la ley, prohíbe la aplicación de normas penales por analogía o por mayoría de razón, pues en caso de que a una persona se le atribuya un hecho ilícito, el mismo debe actualizar los supuestos de la ley penal sustantiva, a efecto de que le siga proceso y, consecuentemente, en su caso, se emita sentencia condenatoria en su contra; es decir, corresponde al Juez de la causa, al aplicar la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta, y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal.(31)
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis orientadora, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. SIGNIFICADO Y ALCANCE DE ESTA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCE
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24830-bfb92ec4/principio-pro-homine-o-pro-persona-si-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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