DERECHO DE VETO. AL HABERSE DECLARADO LA INVALIDEZ DEL OFICIO SIN NÚMERO, DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL QUE SE CONSIDERÓ EXTEMPORÁNEO EL DIVERSO OFICIO 95-A/2013, POR EL QUE EL EJECUTIVO ESTATAL EJERCIÓ AQUÉL, EN VÍA DE CONSECUENCIA RESULTA INVÁLIDO EL OFICIO NÚMERO 136/2013, DE JUNIO DE 2013, SIGNADO POR EL OFICIAL MAYOR DEL REFERIDO CONGRESO, MEDIANTE EL QUE SE NOTIFICÓ AL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRIMERO DE LOS OFICIOS CITADOS. DERECHO DE VETO. COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL OFICIO SIN NÚMERO, DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DEL OFICIO NÚMERO 136/2013, DE JUNIO DE 2013, SIGNADO POR EL OFICIAL MAYOR DEL REFERIDO CONGRESO, EL PRESIDENTE DE ÉSTE DEBERÁ TURNAR A LA COMISIÓN LEGISLATIVA RESPECTIVA EL DIVERSO OFICIO 95-A/2013, POR EL QUE EL EJECUTIVO ESTATAL EJERCIÓ AQUÉL RESPECTO DEL DECRETO NÚMERO 066 QUE CONTIENE LA REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ESA ENTIDAD Y DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MONTERREY. DERECHO DE VETO. CORRESPONDE AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN DETERMINAR SI SE DESECHA, POR EXTEMPORÁNEA, LA SOLICITUD RELATIVA PRESENTADA POR EL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD, ATENDIENDO A LA NATURALEZA POLÍTICA DEL CONTROL QUE SE ESTÁ EJERCIENDO, TODA VEZ QUE LA FORMA EN QUE DEBE COMPUTARSE EL PLAZO RESPECTIVO ES UN ASPECTO NO DEFINIDO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL. DERECHO DE VETO. EL OFICIO SIN NÚMERO, DE JUNIO DE 2013, FIRMADO POR EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN EL QUE SE CONSIDERÓ EXTEMPORÁNEO EL DIVERSO OFICIO 95-A/2013, POR EL QUE EL EJECUTIVO ESTATAL EJERCIÓ AQUÉL RESPECTO DEL DECRETO NÚMERO 066 QUE CONTIENE LA REFORMA DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DE ESA ENTIDAD Y DE LA LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO MONTERREY, VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DERECHO DE VETO. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO LOCAL REALIZANDO OBSERVACIONES A CUALQUIER LEY O DECRETO EMITIDO POR EL CONGRESO DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE AQUÉL, COMO SE DESPRENDE DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 85, FRACCIÓN XI, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ASÍ COMO DE LOS DIVERSOS 118 Y 119 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO. DERECHO DE VETO. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CARECE DE FACULTADES PARA DESECHAR DE PLANO LA SOLICITUD RELATIVA PRESENTADA POR EL GOBERNADOR DE LA ENTIDAD.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 89/2013. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 27 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de noviembre de dos mil trece.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, poderes demandados y actos impugnados. Por oficio presentado el diez de julio de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rodrigo Medina de la Cruz, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, promovió controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de la referida entidad, en la que solicitó la invalidez del acto que más adelante se señala y emitido por el órgano que a continuación se menciona:
Entidad, poder u órgano demandado:
• La LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.
Norma general o acto cuya invalidez se demanda:
"Lo es el oficio sin número, con fecha de junio de 2013, firmado por el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, notificado mediante oficio 136/2013, en fecha 24 de junio del año en curso. En dicho oficio se solicita al titular del Poder Ejecutivo que, a la brevedad, se publique el Decreto Número 066 expedido por dicha Legislatura y que fuera observado por el suscrito; asimismo, se solicita se continúe con el proceso legislativo correspondiente a la publicación del referido decreto en el órgano informativo oficial del Estado.
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes, los siguientes:
1. El veintidós de mayo de dos mil trece fue aprobado por el Congreso del Estado de Nuevo León, el Decreto Número 066, en el que se plantea la reforma de diversos artículos de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León y de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo Monterrey.
2. En la referida fecha, el Congreso del Estado de Nuevo León solicitó, mediante oficio 284/LXXIII-2013, al Ejecutivo de la citada entidad, la publicación de dicho decreto.
3. El tres de junio de dos mil trece, a través del oficio 95-A/2013, se presentó ante el Congreso demandado el escrito de observaciones (veto) hechas por el Ejecutivo.
4. Con motivo de las observaciones hechas al decreto en cuestión, el órgano demandado, en lugar de continuar con el procedimiento legislativo previsto en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, como sería el emitir el nuevo dictamen por la comisión que conoció de dicha iniciativa, para que una vez emitido fuera sometido nuevamente a la votación del Pleno del Consejo del Estado y superar la observaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes; el presidente de la Diputación Permanente del Congreso de la referida entidad, fuera de sesión, optó por declarar que las observaciones realizadas fueron presentadas fuera del tiempo previsto, por lo que procedieron a desechar la propuesta emitida por el Ejecutivo del Estado.
5. El veinticuatro de junio de dos mil trece, se notificó al gobernador del Estado de Nuevo León el oficio 136/2013, mediante el cual, el oficial mayor del Congreso notificó la solicitud del presidente de la Comisión Permanente de continuar con el proceso legislativo correspondiente a la publicación del Decreto Número 066 en el órgano informativo oficial de la entidad, porque estimó que eran extemporáneas las observaciones que por oficio 95-A/2013 expresó el Ejecutivo.
TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora en sus conceptos de invalidez, esencialmente, manifestó que los actos cuya invalidez reclama violan en perjuicio del Poder Ejecutivo los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; 68, 69, 70, 71, 73, 75, 80, 85, fracciones X, XI, 88 y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León; 60, fracción I, incisos f) y h), fracción IV, incisos d) y e), 70, 74 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León; 39, 118, 122, 123, 124 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, para lo cual señaló:
1) Falta de fundamentación y motivación, la cual, la hizo consistir en el hecho de que el órgano demandado no señala en el acto cuya invalidez reclama, el fundamento legal, ni expresa el por qué no era necesario que las observaciones presentadas fueran turnadas a la Comisión de Dictamen Legislativo correspondiente y, en su momento, se discutieran por el Pleno del Poder Legislativo y se obtuviera la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes para emitir el acuerdo que impugna, ya que el mismo fue emitido por el presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura demanda, quien tomó solamente la opinión del oficial mayor.
La demandada emitió el acuerdo sin considerar que se estaba analizando un escrito de observaciones (veto), por lo que debió sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
Que de los artículos 71, 73 y 85, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León se advierte:
• Aprobada una ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación.
• Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez días volverá a ser examinado y, si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los diputados presentes, pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora.
• Transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones, se tendrá por sancionada la ley o decreto.
Que de la interpretación de los citados preceptos se tiene que el solo hecho de que se argumente, por parte del Congreso, que el escrito en el que se hace uso del derecho de veto fue extemporáneo, de ninguna forma autoriza al referido Congreso para soslayar el procedimiento constitucional señalado y obviar el análisis del documento que contiene las observaciones al Decreto Número 066.
Lo anterior, con independencia de que las observaciones se deban a cuestiones de fondo o de forma, ya que lo que llegue a dictaminarse deberá ser aprobado por dos tercios de los diputados presentes en la sesión en la que se someta al Pleno del Legislativo el dictamen de la comisión, pues es el procedimiento legislativo que prevé la Constitución Local.
Aunado a lo anterior, indica que el acto reclamado no cumple con el requisito de motivación, que exige para todo acto de autoridad el artículo 16 constitucional, ya que de ninguna de sus partes se aprecia la motivación para estimar que no se requería la votación exigida por el artículo 71 de la Constitución Local.
Agrega que el acuerdo impugnado, además, fue emitido de manera unilateral, fuera de sesiones de la Diputación Permanente y con actuaciones ilegales desarrolladas por el oficial mayor del Congreso en seguimiento a dicha instrucción, en contravención a los artículos 68 y 69 de la Constitución Local, ya que de conformidad con los citados preceptos, el momento procesal oportuno para determinar si las observaciones fueron presentadas en tiempo (afirma que sí se presentaron en tiempo), es el Pleno, después del dictamen emitido por la comisión correspondiente.
2) El órgano demandado no cumple con las formalidades del procedimiento legislativo establecidas en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, porque al emitir el acuerdo impugnado se hizo en franca violación a lo dispuesto por los artículos 70 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ambos del Estado de Nuevo León, ya que el último de los preceptos establece que cuando el Ejecutivo del Estado haga uso del derecho de veto, el documento que contenga observaciones será turnado a la comisión que conoció de la iniciativa.
Que, en el presente caso, el documento no se turnó a ninguna comisión, ni menos al Pleno de la Asamblea Legislativa, lo que era necesario, pues no se entró al análisis de los argumentos expresados por el Ejecutivo del Estado; de ahí que exista violación al procedimiento legislativo local.
3) Que en relación con la facultad del titular del Ejecutivo de realizar observaciones a las leyes o decretos del Congreso, los artículos 71 y 85, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León señalan: "Artículo 71. Aprobada una ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación. Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez días volverá a ser examinado, y si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los diputados presentes pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora. Transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones se tendrá por sancionada la ley o decreto.". "Artículo 85. Al Ejecutivo pertenece: ... XI. Hacer observaciones a cualesquiera ley o disposición del Congreso dentro de los diez primeros días contados desde su recibo."
Con relación a los citados preceptos, indica que el Constituyente Local no fue claro en señalar si los días con los que cuenta el titular del Ejecutivo para la presentación de las observaciones deben ser considerados como hábiles o naturales.
Que, en tal sentido, se debe atender, para la interpretación del texto constitucional a los tribunales constitucionales, al contexto histórico de los referidos preceptos constitucionales, así como a los antecedentes institucionales en la mecánica de dicho proceso, a fin de evitar interpretaciones obtusas o arbitrarias que afecten la constitucionalidad y legalidad del proceso legislativo. De ahí que el plazo establecido para que el Ejecutivo realice observaciones a las leyes del Congreso, debe ser considerado como días hábiles, ya que dicha actuación, al igual que la presentación de las iniciativas, sólo pueden llevarse a cabo en los días en que labora el área encargada de recibirlos, a menos que la legislación estableciera de manera expresa lo contrario; toda vez que hacerlo en sentido contrario haría nugatorio el derecho que le asiste, ante la imposibilidad de presentar las observaciones en los días en que no hubiere labores.
Lo anterior, aunado a que considera que debe mantenerse el criterio institucional que ha sostenido el propio Poder Legislativo, de considerar los plazos como hábiles y no naturales.
Luego, indicó que suponiendo sin conceder que el plazo a que se refieren los artículos 71 y 85, fracción XI, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, deban computarse en días naturales, las observaciones fueron presentadas en tiempo y forma, ya que, en el caso, los diez días en la referida interpretación (que no la comparte) hubieran fenecido el sábado uno de junio de dos mil trece y, al ser inhábil, debe correrse al día hábil siguiente, pues, de no ser así, se estaría disminuyendo el plazo de diez días establecidos en la Constitución Local, para ser solamente nueve días ente la imposibilidad de que sea presentado en el término, por no estar en funciones la unidad administrativa del Congreso encargada de recibir las propuestas. Citó en apoyo los criterios de rubros: "PLAZOS PROCESALES. SE COMPUTAN POR DÍAS HÁBILES.", "DEMANDA DE AMPARO. NO DEBEN INCLUIRSE EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE SU PRESENTACIÓN LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDIERON LAS LABORES Y DEJÓ DE FUNCIONAR LA OFICIALÍA DE PARTES.", "TÉRMINOS QUE ACABAN EN DÍA INHÁBIL", "CADUCIDAD. TÉRMINO QUE CONCLUYE EN DÍA INHÁBIL.", "ÚLTIMO DÍA INHÁBIL EN UN TÉRMINO. NO DEBE COMPUTARSE. ARTÍCULO 200, FRACCIÓN V DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA."
4) El órgano demandado, al emitir el acuerdo que se impugna, lo hizo en franca violación a lo dispuesto por los artículos 122 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, porque el Congreso del Estado le dio la denominación de acuerdo al acto impugnado, debiéndose entenderse por éste como la resolución sobre cualquier asunto concreto y específico que sea sometido a su consideración y que no sea decreto o ley, denominación que le da el segundo de los dispositivos mencionados.
Que la violación se actualiza, en atención a que se emitió el acuerdo impugnado sin tomar en cuenta que la materia era analizar la procedencia o no de la observación que realizó el Ejecutivo Local al Decreto Número 066, figura que, de acuerdo al artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, tiene una naturaleza jurídica distinta, y que es el instrumento idóneo dentro del proceso legislativo que contempla la Constitución. Por lo que, en base al procedimiento en que se emitió la resolución cuestionada debió culminar con un decreto o ley, y nunca con un acuerdo como lo hizo en la especie el órgano demandado, ya que, de lo contrario, el Ejecutivo no pudiera haber hecho uso del veto, figura que, exclusivamente, se encuentra prevista en el procedimiento legislativo.
Que no es obstáculo para la conclusión alcanzada la circunstancia de que en el acuerdo legislativo impugnado se aduzca, como motivo para el rechazo de las observaciones, la presunta extemporaneidad del escrito de observaciones (veto), ya que el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León no hace salvedad alguna, sino que es categórico al señalar que para rehusarse a atender las observaciones del Poder Ejecutivo, es imprescindible del voto de los dos tercios de los legisladores presentes, lo cual hace indispensable que, en cualquier caso, se dé cumplimiento al referido requisito formal para que el Poder Legislativo pueda ordenarle al Ejecutivo Estatal la publicación de la ley o decreto de que se trate.
Aunado a lo anterior, señala que si bien el artículo 60, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León faculta al presidente a llevar a cabo, a través de la Oficialía Mayor, las notificaciones que determine por sí o que acuerde el Pleno del Congreso, éste no debió pasar por alto lo establecido en el propio artículo 60, fracción I, inciso h), de la citada ley, que señala que le corresponde firmar, junto con los secretarios de la Diputación Permanente, las leyes, decretos y acuerdos que expida el Congreso.
Destaca que el artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León establece que ninguna resolución de la legislatura tendrá otro carácter que el de ley, decreto o acuerdo, por lo que considera que la resolución emitida no puede tener otro carácter y, por tanto, debió ser firmada también, para su validez, por los secretarios de la Diputación Permanente.
Concluye diciendo que el presidente y el oficial mayor, ambos del Congreso del Estado de Nuevo León, violentan las citadas disposiciones legales, al tomar unilateralmente el acuerdo, firmarlo y notificarlo, sin el refrendo que legalmente le corresponde a los secretarios; en este sentido, indica que los actos realizados en contravención con las disposiciones jurídicas aplicables deben ser considerados nulos de pleno derecho, atento a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
Agregó que lo expuesto ha sido pronunciado por este Máximo Tribunal en las controversias constitucionales 55/2009, 56/2009, 57/2009, 58/2009 y 65/2009.
CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora estima violados son el 14 y 16.
QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de diez de julio de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 89/2013 y, por razón de turno designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento.
Mediante proveído de once de julio de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por presentado haciendo valer la presente controversia constitucional a Rodrigo Medina de la Cruz, en su carácter de gobernador del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, reconoció el carácter de demandado al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, ordenó emplazarlo para que formulara su respectiva contestación; y, finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, quien se abstuvo de formular opinión.
SEXTO. Contestación de la demanda. Mario Alberto Cantú Gutiérrez, en su carácter de presidente de la Diputación Permanente de la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, en su contestación de demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
Con relación a los antecedentes del acto, cuya invalidez se demanda, señaló:
1. Reconoce a Rodrigo Medina de la Cruz el carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
2. Que es cierto lo relativo a la aprobación del Decreto Número 066 por parte del Congreso del Estado de Nuevo León, así como la solicitud al Ejecutivo del Estado para la publicación de dicho decreto; sin embargo, no reconoce que el oficio 95-A/2013 presentado por parte del Ejecutivo actor al Congreso, el tres de junio de dos mil trece, reúna los elementos jurídicos necesarios para ser considerado como observaciones hacia el decreto.
3. Que es falso que exista obligación de aplicar el segundo de los tres supuestos que contempla el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, consistente en que si el decreto se devolviere con observaciones dentro de los diez días volverá a ser examinado y si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los diputados presentes pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora, pues considera que lo aplicable en el caso es que, transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones, se tendrá por sancionada la ley o decreto.
4. Que es cierto la emisión del oficio 136/2013 por el que a través del oficial mayor del Congreso, solicitó al Ejecutivo la continuación del proceso legislativo, debido a que su pliego que dice contener observaciones al decreto fue presentado extemporáneamente. Asimismo, manifiesta que es falso, que con carencia de sustento jurídico se haya interpretado la fracción XI del artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ya que dicha norma es clara y debe cumplirse a cabalidad, concatenada ésta con el diverso 71 del referido ordenamiento legal.
Con relación a los conceptos de invalidez señaló:
1) Calificó de inoperante el primer concepto de invalidez, para lo cual manifestó que el artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León se compone de tres supuestos que se encuentran separados por el signo de puntuación "punto", a saber:
a) Aprobada la ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación.
b) Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez días, volverá a ser examinado, y si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los diputados presentes, pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora.
c) Transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones, se tendrá por sancionada la ley o decreto.
Indicó que el supuesto citado con el inciso b) contiene una condición que implica que para que el decreto vuelva a ser examinado, el gobernador deberá devolver dentro de diez días y, hecho esto, deberá ser aprobado de nuevo por dos tercios de los diputados; que dicha condición no deja lugar a dudas en el sentido de que para que el decreto deba volver a ser examinado tiene que ser devuelto por el gobernador dentro de diez días, por lo que si cualquier decreto es devuelto al día once o cualquier número de día superior, ya no es necesario que vuelva a ser examinado, pues eso es lo que estableció el Constituyente Local; así pues, al no existir razón para volver a ser dictaminado, debe considerarse que es aplicable el tercero de los supuesto, es decir, c) transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observaciones se tendrá por sancionada la ley o decreto, que es lo que en esencia ocurrió, y el motivo por el que se pidió la publicación del decreto en términos de la Ley del Periódico Oficial del Estado.
Destacó que las observaciones debieron presentarse dentro del término establecido en la Constitución Local, por lo que un escrito de esta naturaleza presentado al día once o a los tres meses después de recibido el decreto, genera la misma circunstancia de tener por sancionado el decreto con la inminente obligación de publicarlo en el medio informativo oficial del Estado; de ahí que cualquier otra interpretación se apartaría de los lineamientos constitucionales.
Respecto de su actuación y facultad como presidente de la Diputación Permanente del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, señaló que se encuentra debidamente fundamentada en los artículos 52, 60, fracción I, incisos c), f), j) y l) y 86 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 24 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y el artículo 63, fracciones IV y XXXV, de la Constitución Política, todos del Estado de Nuevo León; lo anterior, toda vez que los citados preceptos conducen a determinar que el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León tiene la calidad de representar al Poder Legislativo del Congreso y dar curso legal a los asuntos que son competencia del Congreso, ordenando lo conducente para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Local, como lo es vigilar el cumplimiento de la propia Constitución y de las leyes, mientras no esté prohibido por la Constitución Federal o la del Estado que, en la especie, fue lo que ocurrió.
Asimismo, indicó que los dispositivos legales mencionados sirven de fundamento a la decisión del Congreso del Estado de Nuevo León por conducto del presidente, para ordenar se continuara con el proceso legislativo correspondiente a la publicación del decreto en el órgano informativo oficial del Estado, por lo que el oficio sin número, de junio de dos mil trece, firmado por el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León y notificado mediante oficio número 136/2013, el veinticuatro de junio del año en curso, cumple con los requerimientos constitucionales, por lo que sostiene la validez de los mismos.
2) Calificó de inoperante el segundo concepto de invalidez, para lo cual indicó que, en relación a la violación aducida al artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, dicho precepto remite al uso de la facultad que concede al Ejecutivo el artículo 85, fracción XI, de la Constitución Política Local, esto es, hacer las observaciones a cualesquier ley o disposición del Congreso, dentro de los primeros diez días desde su recibo, lo que lleva a considerar que, de ser presentadas las observaciones al día once, deja de tener aplicación tal precepto legal, pues de otra manera podría arribarse al supuesto ilegal de que, presentadas observaciones hasta treinta o cuarenta días después de recibido el decreto, el Ejecutivo pretenda presentar observaciones y que éstas sean turnadas a comisión para el trámite que pretende.
Señala que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León no puede alterar o superar en ninguna de sus formas lo establecido en la Constitución Local, ni mucho menos contradecirla, sino que, por el contrario, dicho reglamento debe ajustarse estrictamente a lo que disponga la Constitución Local, en este caso, que la observación se produzca dentro de los primeros diez días de recibido el decreto.
También indica que si en base a la facultad que le corresponde al Ejecutivo de hacer observaciones dentro de los diez primeros días contados desde su recibo, pudiera considerarse que el oficio por el que se solicitó que continuara con el trámite legislativo correspondiente a la publicación del decreto, constituye en sí una disposición del Congreso del Estado de las que contempla el artículo 85, fracción XI, de la Constitución Local, entonces, también debía considerarse que contra esta disposición, el Ejecutivo debería realizar observaciones, tendientes a demostrar que estaba en tiempo, y la necesidad de que deba ser turnado de nueva cuenta el decreto a la comisión para que dictaminara si estaba dentro del término que concede la Constitución Local, o fuera de él, con la variante de que en este caso haría aplicable la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Carta Magna, al no agotarse la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto, que sería la nueva observación contra la disposición del Congreso del Estado para que ahora sí fuera aplicable el artículo 118 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.
3) Calificó de inoperante el tercer concepto de invalidez, al considerar que el proceder del Congreso demandado encuentra soporte legal en el artículo 71 de la Constitución Local, pues a pesar de que contemple tres supuestos, básicamente uno de ellos es imperativo categórico en el sentido de obligar a que sea examinado un decreto únicamente cuando haya observaciones que se expresen dentro del término de diez días; de ahí que si las observaciones fueron presentadas hasta el día once o por ejemplo, treinta días después, ello ya no genera la condición de que vuelva a ser examinado, sino que, en este caso, el Ejecutivo deberá continuar con el procedimiento legislativo que culmine con la publicación de la ley o decreto.
Señaló que, contrario a lo que aduce el Ejecutivo, la Constitución es perfectamente clara en señalar que las observaciones que corresponden al Ejecutivo deben ser presentadas dentro de los primeros diez días, contados a partir de que se recibió el decreto, por lo que los artículos 71 y 85, fracción XI, no dejan lugar a dudas, porque si el Constituyente hubiera referido a los diez días como hábiles, así se hubiera expresado, pero contrariamente a ello, no sólo refiere los días en el aspecto general, sino que, específicamente, ordena que las observaciones se hagan dentro de los primeros diez días del calendario desde recibida la ley o decreto, es decir, la expresión "los primeros diez días contados desde su recibo" comprende literalmente los primeros diez, que incluyen sábados y domingos y días festivos, según como aparezcan en el calendario, excluye cualquier otro tipo de interpretación que se pretenda hacer, ya que, de otro modo, simplemente hubiera dicho dentro de los diez días siguientes para discutir posteriormente si éstos son hábiles o naturales, luego entonces, la autoridad sólo puede hacer lo que expresamente indica la ley.
Con relación al criterio de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. NO DEBEN INCLUIRSE EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE SU PRESENTACIÓN LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDIERON LAS LABORES Y DEJÓ DE FUNCIONAR LA OFICIALÍA DE PARTES.", indicó que, lejos de beneficiarle, le perjudica; lo anterior, porque, en el caso, los primeros diez días desde que el Ejecutivo recibió el decreto, en los cuales debió presentar las observaciones de su intención, concluyeron el uno de junio de dos mil trece, día en el cual la Constitución Local calendariza actuaciones para el Poder Legislativo, lo cual es un dato constitucional que no puede ni debe desconocer el Ejecutivo, puesto que el mismo mandato que le faculta a presentar observaciones, es el que calendariza los trabajos legislativos, resultando que si el décimo día era el sábado y ese día, por mandato constitucional, había trabajo legislativo, no existe razón para considerar que el Ejecutivo podría presentar sus observaciones hasta el lunes tres de junio.
En el mismo sentido, indicó que el artículo 55 de la Constitución Local no sólo ordena actividad legislativa, sino que también ordena al Legislativo tomar la protesta de ley al gobernador el día tres de octubre, por lo que, bajo la misma perspectiva de interpretación que pretende hacer el Ejecutivo, sería tanto como pretender que la toma de protesta no se podría efectuar por caer en un día inhábil, lo que sería jurídicamente violatorio de la Constitución.
4) Calificó de inoperante el cuarto concepto de invalidez, para lo cual, en principio, señaló que el Ejecutivo pretende hacer ver que el resultado de sus observaciones debió necesariamente recaer en un decreto, sin embargo, el artículo 71 de la Constitución Local excluye esa posibilidad, porque para que necesariamente sus observaciones terminaran en un decreto, era necesario que se hubieran presentado dentro de los primeros diez días de recibido el decreto. Al margen de lo anterior, el artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León se encuentra en el título quinto, capítulo II, de la iniciativa, al encontrarse en este título, debe decirse que el procedimiento legislativo reclamado por la actora, ya había transitado por esa instancia reclamada, porque el decreto había sido emitido y comunicado para su publicación, tal y como lo confiesa en los hechos de su demanda; así, lo que intenta hacer creer el Ejecutivo es que, necesariamente, debieron darse los pasos que ya se habían dado, es decir, emitiendo un decreto y comunicado para su publicación, sólo que, al no haber observaciones dentro de los primeros diez días, simplemente se debía continuar con el tercero de los supuestos que contempla en el artículo 71 de la Constitución Local.
Que dicho precepto es categórico en señalar que, transcurrido aquel término sin que el Ejecutivo haga observacion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24849-81e2baac/derecho-de-veto-al-haberse-declarado-la-invalidez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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