REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. NO DEBE EXIGIRSE A LA PERSONA FÍSICA DEMANDADA EN EL JUICIO SOBRE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EJIDALES Y OTRAS ACCIONES, PROMOVIDO POR UN NÚCLEO EJIDAL, QUE AGOTE DICHO RECURSO, PREVIO AL AMPARO DIRECTO, SI SU DEMANDA LA PRESENTÓ ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 96/2013 (10a.).
AMPARO DIRECTO 462/2013. 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. SECRETARIA: RUTH OCHOA MEDINA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Procedencia del juicio de amparo directo. El juicio de garantías es procedente en términos de la tesis sustentada por este órgano colegiado, aprobada por unanimidad de votos de los Magistrados que lo integran y del secretario en funciones de Magistrado, en sesión de ocho de noviembre de dos mil trece, que es del rubro y texto siguientes:
"RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. NO ES EXIGIBLE QUE LO AGOTE EL PARTICULAR, SI LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO LA PRESENTÓ ANTES DE LA PUBLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA QUE SUSTENTADA EN UN CRITERIO DE INTERPRETACIÓN EVOLUTIVO DEL ARTÍCULO 198 DE LA LEY AGRARIA, ESTABLECIÓ SU VIABILIDAD INDEPENDIENTEMENTE QUE NO SE TRATARA DE UN NÚCLEO AGRARIO. Si bien el artículo 198 de la Ley Agraria contempla un medio de defensa extraordinario, no es dable exigir que lo agote la persona física demandada en el juicio sobre restitución de tierras ejidales y otras acciones, promovido por un núcleo ejidal, si su demanda de amparo directo la presentó antes de la publicación de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 96/2013, de rubro: ‘REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. DICHO RECURSO PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS QUE RESUELVAN CONJUNTAMENTE DIVERSAS ACCIONES Y SOLO ALGUNA SE UBIQUE EN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 198 DE LA LEY DE LA MATERIA Y 9o., FRACCIONES I A III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS.’, en la que se dio a conocer el evolutivo criterio de interpretación del precepto citado, en el sentido de que no solo los núcleos de población ejidal o comunal pueden interponer ese recurso, sino que con base en el principio de equidad procesal, es viable este medio de defensa independientemente de si el recurrente es un núcleo ejidal o comunal, un individuo que pertenezca a la clase campesina o alguna persona (física o moral), que aunque no pertenezca a éste, sea parte en un juicio agrario. Es así, pues aunque el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 145/2000 de rubro: ‘JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.’, estableció que la aplicación de la jurisprudencia a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe aclarar que en la especie la problemática planteada no surge como consecuencia de la publicación de una jurisprudencia que abandona un criterio anterior, sino de una postura surgida del ejercicio de interpretación que realizó la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación sobre el alcance normativo del artículo 198 de la Ley Agraria, a la luz del principio de equidad procesal, que la llevó a concluir que dicho recurso puede ser intentado por cualquiera de las partes en el juicio, aunque no se trate del núcleo agrario. En tal sentido, si el interesado no optó por agotar el recurso, porque ni de la literalidad del precepto ni de los criterios jurisprudenciales que lo habían interpretado hasta ese momento se establecía esa posibilidad de impugnación; no cabe aplicar en su perjuicio la jurisprudencia evolutiva, que lo privaría del acceso al amparo directo que inició con la presentación de su demanda, porque el sustento y el fin perseguido por la tesis innovadora se instituyó en beneficio de las partes y por ende resultaría ilógico exigir su observancia, cuando el criterio normativo aún no se había publicado, pues además que ello sería contrario a la seguridad jurídica que privilegia la jurisprudencia, generaría un estado de indefensión que afectaría en perjuicio del quejoso el derecho humano de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución General de la República y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues por haber tramitado el amparo directo habría ya agotado el plazo de diez días que la Ley Agraria contempla para interponer el recurso en cita."
SÉPTIMO. Antecedentes. Previo al pronunciamiento respectivo, y para una mejor comprensión del presente asunto, este Tribunal Colegiado considera necesario narrar algunos antecedentes de la sentencia reclamada, los cuales se desprenden de las constancias que obran en autos del juicio agrario natural del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, del cual emana la sentencia reclamada:
I. Por escrito de tres de septiembre de dos mil siete **********, ********** y **********, quienes fungían como presidente, secretario y tesorera suplente, respectivamente, del comisariado ejidal del núcleo agrario "**********", del Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, promovieron demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27, con sede en Guasave, contra **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, de quienes reclamaron las siguientes prestaciones:
"a) Reclamamos la nulidad absoluta de los títulos de propiedad expedidos dentro de los terrenos de uso común de nuestro ejido.
"b) Como consecuencia legal de la prestación anterior, reclamamos también la restitución de la superficie de ********** hectáreas de terreno de uso común que pertenece a nuestro ejido.
"c) Se nos ponga en posesión de la superficie reclamada."
En su escrito de demanda, la parte actora narró los siguientes hechos:
"1. Que los suscritos somos presidente, secretario y tesorero suplente, respectivamente, del comisariado ejidal del ejido denominado ‘**********’, perteneciente al Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, lo cual acreditamos plenamente con el acta de asamblea general de ejidatarios celebrada el 12 de septiembre de 2005.
"2. Que nuestro ejido fue legalmente dotado mediante resolución presidencial de 7 de septiembre de 1938, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1939, en donde se dotó a nuestro ejido de una superficie de ********** hectáreas y, a parte, nos fue dotado en primera ampliación la superficie de ********** hectáreas.
"3. Queremos señalar que dicha resolución presidencial (de dotación y de primera ampliación) fue debidamente ejecutada a través de las actas de posesión y deslinde de 19 de julio de 1940.
"4. Señalamos a su Señoría, que nuestro ejido fue debidamente incorporado al programa PROCEDE, habiéndose llevado a cabo los trabajos técnicos necesarios, en los cuales, según la medición de los terrenos que tenemos en posesión, resultó la superficie de ********** hectáreas, para lo cual en asamblea general de ejidatarios de 19 de noviembre de 1995, relativa a la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, de nuestro ejido, además de haber hecho la asignación de todas y cada una de las parcelas a los ejidatarios y posesionarios de nuestro ejido.
"5. Queremos mencionar que posteriormente a la celebración de la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, el Registro Agrario Nacional entregó a nuestro ejido los documentos básicos con los cuales se acreditaba la certificación de nuestros terrenos por parte del PROCEDE, así como la entrega de los certificados parcelarios y de uso común, y los planos poligonales que arrojó dicho programa de gobierno.
"6. Queremos mencionar que en el acta de asamblea de 19 de noviembre de 1995, se delimitó y destinó como área de uso común la superficie de ********** hectáreas, para la totalidad de los ejidatarios de nuestro ejido.
"7. Señalamos que dentro de la superficie de ********** hectáreas, que fueron delimitadas y destinadas por la asamblea al uso común, se introdujeron los demandados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, perjudicándonos en una superficie aproximada de ********** hectáreas, de terreno de uso común, apareciendo incluso unos títulos de propiedad sobre dichos terrenos, que en ningún momento fueron autorizados por la asamblea general de ejidatarios de nuestro ejido, los cuales los promovieron mediante un supuesto programa que se le denomina PRODERTARN, el cual no existe como programa del gobierno federal y, por tanto, dichos títulos de propiedad carecen de legalidad pues, como ya lo establecimos, no proceden de ningún programa del gobierno, sino más bien de un programa realizado por un grupo de personas que, de manera fraudulenta, engañaron a los demandados y les expidieron (sin tener ninguna facultad para ello), los supuestos títulos de propiedad, de los cuales, por lógica, solicitamos la nulidad de los mismos por carecer de legalidad.
"8. En virtud de que los títulos de propiedad que fueran expedidos por el fraudulento e inexistente programa PRODERTARN, en parte de los terrenos de uso común de nuestro ejido, sin tener la autorización de la asamblea para llevarlo a cabo, y sobre todo el despojo e invasión por parte de los demandados de la superficie de ********** hectáreas que nos pertenece, es por ello que solicitamos se dicte sentencia en la cual se condene a los demandados al cumplimiento de las prestaciones que reclamamos ..." (fojas uno a ocho).
II. Mediante proveído de trece de septiembre de dos mil siete, el Tribunal Unitario Agrario admitió a trámite la demanda, fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley y ordenó emplazar a los demandados para que produjeran su contestación de demanda y asistieran a dicha audiencia (foja once).
III. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil nueve, fecha señalada para la celebración de la audiencia de ley, el demandado, aquí quejoso, formuló su contestación de demanda, en la que, exclusivamente en lo conducente, relató lo siguiente:
"... la superficie de terreno que se me reclama no se encuentra y mucho menos forma parte del área de uso común de dicho ejido, ya que el terreno que se me reclama y al cual hace alusión la parte actora, algunos de los demandados al juicio que nos ocupa los hemos venido poseyendo desde el año de 1974, y otros quienes los estamos poseyendo desde fechas actuales, precisamente porque los hemos adquirido de sus poseedores anteriores, además de que los referidos terrenos de los cuales se nos reclama la restitución por los representantes del ejido **********, Guasave, Sinaloa, se encuentran fuera de la resolución presidencial, tal y como se demostrará en su momento procesal oportuno, no omitiendo señalar a su Señoría, que los actores en su demanda y ampliación de la misma, son omisos en señalar las medidas y colindancias de la superficie reclamada a cada uno de los demandados con lo cual se nos deja en completo estado de indefensión, faltando con ello el elemento de identidad de la cosa reclamada. ...
"1. En su escrito inicial de demanda, los actores hacen mención a una supuesta ampliación de dotación ejidal, de lo que quiero mencionar que es totalmente falso, ya que cuando se hizo la ampliación a la que se refieren, no fue de superficie sino de ejidatarios dentro de la misma superficie que había sido dotada por resolución presidencial, ya que faltaban personas o ejidatarios para repartir la tierra que les había sido dotada, y no tierra para los ejidatarios beneficiados.
"2. Que la ampliación que se dio internamente fue de un total de 116 ejidatarios capacitados y pasó a ser a 119 capacitados con la ejecución de dicha resolución y, posteriormente, por disposiciones internas se amplió a 302 personas en total, logrando completar los ejidatarios para repartir la superficie que había sido dotada por resolución presidencial.
"3. Y por segunda ampliación interna posterior a la mencionada, se realizó la aceptación de 22 personas más, como hijos de ejidatarios para repartir los sobrantes de dicha resolución, pero que en ningún momento se realizó la ampliación de dotación como vienen manifestando.
"4. Que en todo momento, por intereses propios y mezquinos, los ejidatarios o, mejor dicho, un determinado grupo de personas, han venido manejando y vociferando que se les dotó de ampliación de tierras, pero la verdad es que las tierras a que se refieren en todo momento, son las tierras que el suscrito y demás codemandados ya teníamos en posesión, y que eran las tierras que nuestros padres y antepasados ya tenían en posesión desde antes de la resolución presidencial del 7 de septiembre de 1938, y que hasta la fecha hemos venido poseyendo, pero de manera aclaratoria, estas tierras en ningún momento entraron dentro de la referida resolución presidencial y es por lo que consideramos nula y prescrita la acción intentada por los actores. ..." (fojas veintinueve a treinta y cuatro).
IV. En la audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil nueve se acordó lo siguiente:
a) Se tuvo a la parte actora por ratificando su demanda;
b) Se tuvo al demandado, hoy quejoso, exhibiendo el escrito de contestación de demanda; y,
c) Se tuvo al licenciado **********, con el carácter de representante de la Secretaría de la Reforma Agraria, exponiendo: "Que se da contestación a la demanda y ampliación a la misma, mediante escrito que se exhibe y se ratifica en todos sus términos, así como las pruebas que en el mismo se ofrecen y se acompañan, en los términos que aparecen dentro del expediente agrario **********, presentado de manera general, por lo que debe tomarse en consideración en los expedientes que se generaron con la separación de causas. ...";
d) Se tuvo al licenciado **********, en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, en representación del presidente de la República y del procurador general de la República, y en defensa de los intereses de la Nación, así como coadyuvante de las instancias de gobierno demandadas Secretaría de la Reforma Agraria y Dirección General del Ordenamiento de la Propiedad Rural, manifestando: "... Que se da contestación a la demanda y ampliación de la misma, mediante escrito que se exhibe y se ratifica en todos sus términos, así como las pruebas que en el mismo se ofrecen y se acompañan, en los términos que aparece dentro del expediente agrario **********, presentado de manera general, por lo que debe tomarse en consideración en los expedientes que se generaron con la separación de causas. ...";
e) Se fijó la litis en el juicio agrario, en los siguientes términos: "... La litis en el presente juicio se limita a que el tribunal resuelva sobre la procedencia o improcedencia de las prestaciones que hace valer la parte actora en su escrito inicial de demanda, lo cual habrá de resolverse mediante análisis congruente y exhaustivo a los hechos que narran los litigantes, y valoración estricta en conciencia y a verdad sabida sobre las pruebas que aporten los interesados, y aquellas que se alleguen por el tribunal para efectos de mejor proveer en definitiva; quedando encuadrada la litis en las fracciones II, V, VIII y XIV de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.", y
f) Exhortó a los contendientes a efecto de que sostuvieran pláticas amistosas tendentes a conciliar sus intereses, para la suscripción de un convenio que, de ser calificado como legal, concluyera la controversia planteada, elevándolo a la categoría de sentencia ejecutoriada, captándose de manera económica que la parte demandada física, tanto del juicio como de los derivados de la separación de causas, expusieran sus intereses en que fueran escuchados en una asamblea de ejidatarios.
V. En audiencia de veintiocho de enero de dos mil diez, se desahogaron en el juicio las pruebas confesional y testimonial; diligencia en la cual el tribunal agrario hizo uso de la facultad otorgada por los artículos 185, fracción IV, 186, 187 y 189, de la Ley Agraria; 50, fracciones IV y V, del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, y 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y procedió a interrogar a los miembros del comisariado ejidal, actores en el juicio, en los términos siguientes:
"Primera. Que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, si conocen personalmente a todas y cada una de las personas que inicialmente se demandaron en el juicio agrario **********, y que ahora son atendidas en cuerda separada; para lo cual se les da lectura a los mismos; hecho lo anterior, contestaron: Sí los conocemos.
"Segunda. Que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, si conocen cada una de las posesiones que están demandando a las personas que inicialmente se señalan en conjunto en la demanda inicial, cuyos nombres les acaban de ser leídos; contestaron: Dentro de las superficies que se controvierten unas se encuentran abiertas al cultivo, las cuales podemos ubicar físicamente porque las conocemos, pero están dentro del uso común; asimismo, dentro del uso común están otras superficies que se controvierten que no se encuentran abiertas al cultivo; sabemos más o menos donde se localizan pero no con exactitud, ya que eso está muy difícil porque es monte.
"...
"No, se trata de terreno enmontado que se ubica en un banco de tierra del cual se extrae material para relleno de calles, por lo que no es apto para el cultivo, que se ubica por la margen izquierda del derramadero de laguna de piedra.
"Cuarta. Que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, desde cuando **********, se encuentra en posesión de la superficie de terreno ejidal que en este juicio se le controvierte; contestaron: Se encuentra en posesión desde el dos mil seis o dos mil siete, por ahí más o menos, poquito antes de que iniciara el presente juicio.
"Quinta. Que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, si aparte de las personas que inicialmente demandaron en conjunto en el juicio agrario **********, cuyos nombres les han sido leídos por el tribunal, existen otras que no se encuentran demandadas, poseyendo tierras dentro del ejido, ubicadas en el uso común; contestaron: Hay otras personas que también andan metidas ahí, que son unos hermanos de apellidos **********, quienes no cuentan con el certificado de ‘PRODERTARN’, pero de momento no podemos precisar sus nombres, dos o tres hermanos que también poseen tierras y que no están demandados. ..." (fojas cincuenta y seis a sesenta y cuatro).
VI. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil diez se admitió a trámite la prueba pericial en materia de topografía ofertada por la parte actora, y para la debida integración de dicho elemento de convicción, el tribunal agrario requirió a los contendientes a efecto de que nombraran perito de su intención (fojas setenta y uno a setenta y cuatro).
VII. Seguido que fue el juicio agrario por sus diferentes etapas, habiéndose desahogado la prueba pericial en topografía, y luego de darse el término de ley a las partes a efecto de que formularan alegatos, el veintiuno de marzo de dos mil trece, el tribunal responsable dictó sentencia que culminó con los siguientes puntos resolutivos:
"Primero. Resultaron procedentes las pretensiones deducidas por los integrantes del comisariado ejidal del núcleo agrario ‘**********’, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, en contra de **********, quien no justificó sus excepciones; en tanto que los llamados a juicio, presidente de la República, secretario de la Reforma Agraria, director general de Ordenamiento y Regularización y procurador general de la República, sí justificaron sus defensas; y la instancia que se hace denominar PRODERTARN se constituyó en rebeldía procesal; de conformidad con lo razonado en el considerando VI de este fallo.
"Segundo. Se decreta la nulidad del título de propiedad que aparece expedido por la instancia que se hace denominar PRODERTARN a favor de **********, con registro **********, respecto de un lote de terreno ubicado en el núcleo agrario ‘**********’, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa; atento a lo expuesto y ponderado en el considerando VI de la presente resolución.
"Tercero. De conformidad con las razones expuestas en el considerando VI de este fallo, se condena a **********, a que en ejecución de sentencia, restituya y entregue materialmente, a favor del núcleo agrario ‘**********’, Municipio de Guasave, Sinaloa, a través de los integrantes del comisariado ejidal del terreno objeto de la litis que admitió poseer y que pertenece a las tierras de uso común, que de acuerdo al resultado de la prueba pericial topográfica desahogada en autos, se compone de ********** hectáreas (********** metros cuadrados) o ********** hectáreas (********** metros cuadrados), plenamente identificada, con medidas y colindancias en los planos derivados de los dictámenes que formaron plena convicción en este juzgador y que corren agregados a fojas 313 a 385 del sumario.
"Cuarto. Se conmina a **********, para que una vez que haga la entrega correspondiente, respetando la propiedad que asiste al núcleo agrario de referencia, se abstenga de perturbar o molestar el terreno que debe restituir y que legítimamente corresponde al propio núcleo.
"Quinto. En mérito de lo expuesto en el penúltimo párrafo del considerando VI de este fallo, se absuelve al presidente de la República, al secretario de la Reforma Agraria, al director general de Ordenamiento y Regularización, así como al procurador general de la República, de las prestaciones de la demanda y de su ampliación.
"Sexto. Una vez que cause estado el presente fallo, con copia certificada del mismo gírese oficio a la Delegación del Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa, a fin de que en términos del artículo 152, fracción I, de la Ley Agraria, proceda a su inscripción.
"Séptimo. Notifíquese esta resolución a las partes en el domicilio procesal señalado en autos, por conducto de sus autorizados para tales efectos y, una vez que cause estados, provéase lo conducente a su ejecución. Cúmplase."
Ésta es la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías.
OCTAVO. Consideraciones de la sentencia combatida. En ella, el tribunal agrario estableció, en primer orden, que la litis tenía por objeto dilucidar: "... si es que resulta procedente lo reclamado en la demanda inicial como en su ampliación -está agregada en el expediente del que proviene **********- por los actores integrantes del comisariado ejidal del núcleo agrario ‘**********’, Municipio de Guasave, Sinaloa, quienes demandan de **********, la nulidad del título de propiedad expedido a su favor por la instancia que se hace denominar Programa de Regularización de la Tenencia del Área Rural Nacional (PRODERTARN), respecto de una superficie de terreno que, dicen, pertenece a las tierras de uso común; y como consecuencia, la restitución de la misma al núcleo agrario. O bien, si por el contrario, devienen atendibles las excepciones que opuso **********, así como los llamados a juicio, y en términos de los oficios contestatorios que presentaron al expediente agrario **********, el presidente de la República a través del agente del Ministerio Público de la Federación, secretario de la Reforma Agraria y director general de Ordenamiento y Regularización, resaltando que, la instancia que se hace denominar PRODERTARN, se constituyó en rebeldía. Luego, en atención a lo anterior, la litis materia de la contienda que ahora se resuelve, se encuentra regulada por el artículo 18, fracciones II y VIII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. ..."
Luego de ello, el tribunal agrario responsable determinó:
• Que en el expediente original **********, del índice de ese mismo órgano, el que tuvo a la vista y que resolvió de manera simultánea, además de ofrecer copias certificadas por la delegación del Registro Agrario Nacional en esta entidad federativa, de la resolución presidencial de siete de septiembre de mil novecientos treinta y ocho, y del acta de posesión y deslinde levantada en cumplimiento a dicha resolución el diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta, hacían prueba plena para tener por acreditado que el núcleo agrario actor fue dotado y constituido con una superficie de ********** hectáreas;
• Que los representantes ejidales exhibieron copia del acta de asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales levantada por primera convocatoria en el marco del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, con las cuales se tenía por demostrado que de acuerdo al desahogo sexto del orden del día, se delimitaron y destinaron en un solo polígono ********** hectáreas para conformar las tierras de uso común del núcleo agrario "**********", Guasave, Sinaloa, como se corrobora, dijo la autoridad agraria, con el plano oficial elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, allegado por los mismos actores en copia certificada por el Registro Agrario Nacional.
• Que de los dictámenes periciales en materia de topografía que obran en el expediente, anexados por las partes en el juicio tendentes a acreditar sus acciones, se advertía que los trabajos llevados a cabo por los peritos ********** y **********, en particular los complementarios, eran los que daban pauta para llegar al conocimiento de que la superficie de terreno que se le reclama al demandado, ahora quejoso, contrario a su dicho, y correlativamente acorde al dicho de los actores, sí forma parte del polígono que en los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), quedó considerado como tierras de uso común.
• Que los peritos aludidos se basaron para ello en la resolución presidencial del ejido, en su acta de posesión y deslinde o ejecución, así como en el plano de tierras de uso común generado con motivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).
• Que utilizaron equipos tecnológicos precisos, pues el perito **********, empleó una estación total y GPS, que es sabido, son aparatos modernos apoyados en tecnología electrónica, y el perito **********, utilizó un equipo GPS modelo etrex vista HCX, marca Garmin y programas de cómputo para procesar la información; así como que establecieron a detalle la metodología y técnica empleada, sobre todo el último en mención, estimando por ello que sus trabajos periciales resultaban aleccionadores.
• Que por lo que atiende a la experticia rubricada por el ingeniero **********, propuesto por la parte demandada física, a diferencia de los otros dos especialistas, no acudió a la diligencia establecida por el tribunal agrario como de inicio de los trabajos de campo correspondientes; luego, no se sujetó a los términos precisados por el tribunal para el correcto desahogo de la probanza y, por lo mismo, no se allegó constancia que permitiera conocer que llevó a cabo sus trabajos en campo, pues no se apreciaba en qué puntos o quién le hizo las indicaciones conforme a las cuales realizó los levantamientos topográficos.
• Que además, se advertía imprecisión y contradicción en sus respuestas porque, por un lado, dijo que no era posible ubicar técnicamente la superficie establecida en la resolución presidencial con que fue dotado el núcleo agrario de que se trata, ni la del acta de posesión y deslinde, porque, dijo, no se especificaron con precisión los rumbos y dirección en grados, minutos y segundos de cada uno de los lados del polígono; y, por otro, refirió que las tierras delimitadas como de uso común del propio núcleo (en PROCEDE), no estaban comprendidas dentro de la citada resolución presidencial.
• Que, además, el perito de la parte demandada no atendió todas las cuestiones que comprenden la prueba, pues no contestó el cuestionario propuesto por el tribunal, y que consideró en su trabajo terrenos que no son parte de la litis y que corresponden a personas que no figuraron como demandados de origen en el expediente **********, de nombres, entre otros, **********, ********** y **********.
Razones que, dijo, eran suficientes para estimar que esa pericia no formaba convicción.
• Que de ello era factible concluir que la superficie de terreno que defendió el demandado, quejoso en este juicio constitucional, y que en su escrito de contestación de demanda aceptó poseer desde hacía muchos años, corresponde a una parte de las tierras de uso común del núcleo agrario "**********", Municipio de Guasave, Sinaloa, considerada así en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, relativa a los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE).
Por lo cual, consideró acreditada la legitimación y el interés jurídico del comisariado ejidal del ejido actor para acudir en defensa y protección de las tierras a su cargo.
Enseguida, el tribunal agrario atendió al reclamo de nulidad de los actores respecto del título de propiedad que, aduce el demandado, acredita su propiedad y posesión sobre dicha fracción de terreno.
• Que aunque el demandado en el juicio agrario, hoy quejoso, se excepcionó argumentando la legalidad del título de propiedad, de los elementos de prueba anexados al expediente de origen **********, se concluía que la entidad u organismo que se hace denominar Programa de Regularización de la Tenencia del Área Rural Nacional (PRODERTARN), a quien se atribuye la expedición del título impugnado, no existe y no pertenece a programa oficial alguno del gobierno federal o del gobierno del Estado de Sinaloa.
Que por informe remitido por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través del oficio **********, de diecisiete de enero de dos mil once, suscrito por el titular de la Unidad p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24866-e888cee9/revision-en-materia-agraria-no-debe-exigirse-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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