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Modo: Corpus Pro

DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA AGRARIA. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN ES APLICABLE TANTO A LA VÍA DIRECTA COMO A LA INDIRECTA, TRATÁNDOSE DE SUJETOS INDIVIDUALES DE DERECHO AGRARIO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 646/2011. · Registro digital (IUS): 24640
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: TOMÁS RIVERA BAUTISTA Y OTROS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, Pág. 1603.

AMPARO DIRECTO 646/2011. TOMÁS RIVERA BAUTISTA Y OTROS. 12 DE JULIO DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. SECRETARIA: MARLÉN RAMÍREZ MARÍN.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La demanda de amparo en este asunto, perteneciente a la materia agraria, fue promovida oportunamente.

En primer lugar, debe precisarse que el plazo para la presentación de la demanda no es el previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, sino el diverso de treinta días establecido en el numeral 218 de la misma legislación, el que, por no contener regla de distinción alguna, debe considerarse aplicable, indistintamente, tanto al amparo indirecto como al directo, destacando que por estar contenido en el libro segundo de la Ley de Amparo, que regula la materia agraria y que tiene como finalidad, de conformidad con el artículo 212 de ese ordenamiento, tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos y régimen jurídico, en su propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios, es que opera en el caso, ya que la sentencia reclamada causa perjuicio a los quejosos, quienes son ejidatarios.

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que la sentencia reclamada se notificó a los quejosos el trece de junio de dos mil once (ver página cuatrocientos ochenta y siete del juicio principal).

Dicha notificación surtió efectos el catorce de junio de dos mil once, por lo que el plazo de treinta días a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda corrió del quince de junio al nueve de agosto de dos mil once.

Deben descontarse, por ser sábados y domingos, los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio; dos, tres, nueve y diez de julio, así como seis y siete de agosto de dos mil once; asimismo, del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil once, por haber comprendido el primer periodo vacacional de los Tribunales Unitarios Agrarios, de conformidad con el Acuerdo General 1/2011, emitido por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, en sesión de once de enero de dos mil once y del artículo 26 de la Ley de Amparo.

En el orden expuesto, considerando que la demanda de amparo fue presentada el veintinueve de junio de dos mil once, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, resulta claro que su presentación fue oportuna.

TERCERO. Los quejosos, por tener acreditado su carácter de sujetos individuales de derecho agrario, se encuentran legitimados para promover el juicio no sólo por ser los agraviados conforme a los artículos 4o. y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, sino también por tener el carácter de sujetos individuales de derecho agrario, por lo que su legitimación abarca la aplicación de las reglas especiales del amparo en materia agraria conforme al libro segundo de la ley de la materia.

CUARTO. La existencia de la sentencia definitiva reclamada quedó debidamente acreditada en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable al que se acompañaron los autos originales del juicio agrario TUA/DTO.10/200/2009, siendo en estos últimos en donde aparece dicha sentencia (páginas de la cuatrocientos sesenta y nueve a la cuatrocientos ochenta y seis de esos autos).

QUINTO. La sentencia reclamada se apoya en las siguientes consideraciones:

"... CONSIDERANDO: I. Este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 163 de la Ley Agraria en vigor; 1o. y 2o., fracción II y 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, y con base en el Acuerdo que establece los distritos jurisdiccionales en la República, para la impartición de la justicia agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y tres, que define la competencia territorial, modificado por acuerdo del Pleno del Tribunal Superior Agrario, del cinco de septiembre del dos mil seis, publicando en el Diario Oficial de la Federación el trece del mismo mes y año. II. Los codemandados en el presente juicio: Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, fueron debidamente emplazados para comparecer al mismo, como se advierte de las notificaciones que obran en autos a fojas 389 a 391. III. La litis en el presente caso se constriñe en determinar, en términos de lo que dispone el artículo 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, si es procedente el pago y entrega de la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos 00/100 M.N), a cada uno de los coactores, como pago de la indemnización que les corresponde por los terrenos comunales que fueron expropiados al poblado Anal, Municipio de Teoloyucan, Estado de México; el pago de los intereses al tipo legal, desde la fecha en que los codemandados recibieron juicio, y el pago de los gastos y costas que origine este juicio que los coactores, a través de su apoderado legal Tomás Rivera Bautista, reclaman de Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares. IV. En el presente juicio los coactores, a través de su apoderado legal Tomás Rivera Bautista, demandan de Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, el pago y entrega de la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos 00/100 M.N), como pago de la indemnización que aducen les corresponde a cada uno de ellos, por los terrenos comunales que fueron expropiados al poblado Anal, Municipio de Teoloyucan, Estado de México; el pago de los intereses al tipo legal desde la fecha en que los codemandados recibieron el pago indemnizatorio hasta la conclusión del presente juicio y el pago de los gastos y costas que origine este juicio. Ahora bien, siendo la legitimación de las partes contendientes un elemento o condición de la acción, previamente y a entrar al fondo del asunto, debe ser examinada de oficio; y en el presente caso se llega al conocimiento de que los demandados Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, de quienes los coactores reclaman a través de su apoderado legal Tomás Rivera Bautista, en lo personal, las prestaciones ya referidas, carecen de legitimación pasiva, en consideración a tales prestaciones, específicamente el pago y entrega de la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.), como pago proporcional de la indemnización que aducen les corresponde por los terrenos comunales que fueron expropiados a la comunidad de que se trata; toda vez que, si bien es cierto que en la fecha en que fungieron los mencionados codemandados, como integrantes del comisariado de bienes comunales, esto es, de mil novecientos noventa y siete al dos mil, hicieron entrega a diversos comuneros del poblado que nos ocupa de la cantidad proporcional de la indemnización que les correspondía por las tierras expropiadas al poblado de que se trata, por el decreto presidencial del veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho del mismo mes y año, como se desprende de la sentencia del veintiuno de noviembre de dos mil cinco, dictada por este Tribunal Unitario Agrario, en el expediente número 294/97 y sus acumulados 371/97, 372/97, 373/97, 374/97, 376/97, 68/98 y 21/2000, que como prueba ofrecieron los coactores y que se tuvo a la vista, también es cierto que sus funciones que se limitan al término de tres años para el que son electos ya feneció desde hace mucho tiempo, como lo establece al artículo 39 de la Ley Agraria, además de que sus facultades se encuentran comprendidas y delimitadas en el dispositivo 33 del mismo ordenamiento legal, siendo entre otras las de representar al núcleo de población comunal y administrar los bienes comunes de la comunidad de que se trata, en los términos que fije la asamblea de comuneros, con las facultades de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas, pero no para realizar pagos por indemnización de tierras comunales expropiadas, cuando su mandato ya concluyó desde el año dos mil, considerando que la fecha de la presentación de la demanda de los coactores, a la fecha anterior, ya transcurrieron más de nueve años y, por otra parte, porque al fenecer el periodo para el que fueron electos, debieron haber hecho un corte de caja, con la consiguiente entrega de todo lo que administraron durante el periodo en que fungieron con tales cargos, con la consiguiente aprobación o desaprobación de la asamblea general de comuneros, toda vez que, como lo especifica el artículo 22 de la ley de la materia, es el órgano supremo de la comunidad de que se trata y a quien por esta razón los coactores debieron haber demandado en el presente juicio a través de los integrantes del comisariado, que sucedieron a los demandados o a quienes en la fecha de la presentación de su demanda fungían como integrantes del comisariado de bienes comunales, lo que no hicieron los coactores. De donde deviene la improcedencia de la demanda de los coactores por falta de legitimación pasiva de la parte demandada, que es un requisito constitutivo de la acción. Siendo aplicable a la anterior determinación, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 107, Volúmenes 187-192, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PERSONALIDAD EN EL DEMANDADO, EXCEPCIÓN DE FALTA DE, Y FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA, SON CUESTIONES JURÍDICAS DISTINTAS.’ (se transcribe texto). Así también, la tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1029 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 1998, que dice: ‘LEGITIMACIÓN PASIVA, FALTA DE. NO ES UNA EXCEPCIÓN PERENTORIA QUE PUEDA SER CONTRARIA A LA ACCIÓN.’ (se transcribe texto). Por lo que respecta a los codemandados Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, con las pruebas que aportaron y con base en los mismos razonamientos que se hicieron en los considerandos que anteceden, para declarar improcedente la demanda de los coactores, resultan procedentes sus excepciones y defensas que opusieron en contra de las prestaciones que les reclaman los coactores. Al resultar procedente la falta de legitimación pasiva de los codemandados, consecuentemente resulta innecesario y ocioso hacer el análisis en conjunto y, en lo particular, de las pruebas ofrecidas por las partes, relativas al fondo del asunto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 348 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 14, 16, 17 y 27, fracción XIX, constitucionales; 163, 185, 189 y demás relativos de la Ley Agraria; y 1o., 2o., fracción II y 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. Ha procedido la vía agraria intentada, en la que los coactores no acreditaron su acción y los codemandados sí justificaron sus excepciones y defensas; en consecuencia. SEGUNDO. Se declara improcedente la demanda ejercitada por Tomás Rivera Bautista, por su propio derecho y como apoderado legal de Reyna Rubio Robles, Agustina Olga Rubio Robles, Genaro González Granados, José Ángel González Alonso, Isabel Carmen Rubio Robles, Andrés Gómez García, Sonia Gabriela Guzmán Rubio, Juan López Velázquez, Jesús Rubio Gaspar, Amador Rubio Robles, Victoria López Flores, Luz Rubio Portillo, J. Clemente Jaime Rubio Domínguez, Apolo Rubio Domínguez, Magdalena Rubio Robles, Juanario Rubio Quezada, Felipe García Luna, Pedro Gómez García, Gabriel Luna Flores, Gerardo Luna Flores, Paula López Velázquez, Tomás David Rubio Cruz, Agustín Rubio Gaspar, José González Alonso y Juan Fernando Rubio Rojas, en contra de Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, a quienes se absuelve de las prestaciones que les reclaman los coactores, en términos de lo señalado en el considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas, en términos de ley, entregándoles copia certificada de la misma y, realizadas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, archívese el expediente como asunto concluido. ..."

SEXTO. La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:

"Primer concepto de violación. Los preceptos 14 y 16 constitucionales obligan a las autoridades que se encargan de emitir actos con ese carácter de aplicación a los gobernados, a respetar las leyes existentes de manera previa a los hechos, y las hace sujetarse a su competencia; en este asunto, la responsable niega a los quejosos la procedencia de nuestra acción, argumentando una falla de legitimación pasiva de los demandados, ahora terceros perjudicados, bajo el argumento de que en la actualidad no representan ellos al ejido que nos ocupa, pero a pesar de esa deficiencia aparente, la responsable no cumple con la obligación de establecer de manera correcta, la relación procesal dentro del juicio agrario 200/2009 de su índice, pues en primer término, nuestro reclamo deviene de una expropiación, que lógicamente ha afectado a la propiedad de la comunidad, por lo que sólo en cuanto a eso, era menester llamar al núcleo comunal como tercero interesado, pues la sentencia podía pararles perjuicio; sin embargo, la responsable no los llama con ese carácter; por otro lado, al declarar los demandados que ellos entregaron el dinero con el que no se debe pagar lo exigido por nosotros en el juicio agrario, con motivo del pago indemnizatorio de la expropiación, situación que desconocíamos, pues nosotros acudimos a demandarlos a ellos ya que fue en su periodo como comisariados, cuando se verifica la omisión de hacer nuestros pagos, pero al momento en que ellos informan que el dinero que nos corresponde lo han entregado a la administración siguiente, y ésta seguramente a la actual, pues se hacía necesario el llamado con carácter de demandado a la comunidad agraria de que se trata, por conducto de su actual representación, ya que quedan claros nuestro derecho y la procedencia de nuestra acción, ya que sólo basa la responsable el sentido negativo de su sentencia, en el hecho de decir que no demandamos a la persona indicada, pues como se desprende de las actuaciones, los demandados ya no integran en la actualidad al comisariado de bienes comunales y de acuerdo a su defensa, el dinero con el que nos deben pagar, está depositado en la actual representación o incluso ante la propia responsable, de ahí que esta autoridad responsable en el juicio 200/2009, dejó de aplicar lo que la ley previa establece, muy en concreto lo que disponen los artículos 1o. y 2o. del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al quedar en evidencia que el interés de defender este asunto, ya no radica en los demandados, sino en la propia comunidad, quien debe actuar por conducto de su actual representación, cayendo en el supuesto del artículo 2o. de los mencionados, y al no haberlo contemplado de esa manera la responsable aún cuando la autoridad competente no dicta su sentencia, la cual nos afecta en nuestros derechos sustantivos, en el legítimo derecho que nos asiste a cobrar lo correspondiente a nuestra indemnización, sin aplicar las leyes correspondientes y que están previamente dictadas, incurriendo con ello en incumplimiento de lo que ordenan los artículos 14 y 16 constitucionales, y por eso la sentencia de 6 de junio de 2011, es violatoria de nuestras garantías de seguridad y legalidad que ahí se establecen. Segundo concepto de violación. También resultan violadas las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en razón de no aplicar igualmente las leyes correspondientes en la materia, al no aplicar como es debido la suplencia en la deficiencia de nuestra demanda, pues está acreditado que somos comuneros del núcleo que nos ocupa, y el artículo 164, último párrafo, de la Ley Agraria, le ordena suplir esa deficiencia, pues es claro que en este asunto, los suscritos tenemos acreditada la calidad de comuneros y, por tanto, el derecho a reclamar el pago de la indemnización de tierras de la comunidad a la cual pertenecemos; también queda acreditado, siendo obvio que al creer nosotros que el dinero que reclamamos está en manos de los demandados y al constatar éstos que no es así por haberlo entregado y, al estar en evidencia que la parte demandada debe ser la comunidad a través de su representación actual, pues con ese carácter nos dejaron de pagar en su momento los demandados, era obligación procesal y en suplencia de nosotros, que el Tribunal Agrario, ahora autoridad responsable, los mandara llamar como parte demandada, al no haberlo hecho así, es obvio que hay violación a la suplencia que obliga la Ley Agraria. De hecho, por el simple hecho de que se trata de una acción derivada de la expropiación, que es de explorado derecho que se lleva al cabo sobre las tierras propiedad de la comunidad, se debió llamar a dicho núcleo por lo menos con el carácter de tercero interesado, siendo por todo esto que la sentencia de 6 de junio de 2011, es violatoria de garantías de seguridad que establecen los artículos 14 y 16 de la constitución. Tercer concepto de violación. Emite la responsable una sentencia incongruente y contradictoria, pues en el considerando "I" de dicha resolución, fija su competencia en lo que establece el artículo 18, fracciones VI y XIV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pero en este caso nosotros no demandamos al comisariado de bienes comunales actual, por lo que entonces su competencia estaría mal planteada, realmente al fijar su competencia de esta manera, reconoce que debió llamar a la comunidad a juicio, ya con el carácter de tercero o como demandado en sustitución de aquellos representantes que en ese entonces omitieron nuestro pago. Cuarto concepto de violación. La responsable, en nuestro perjuicio, deja de usar las facultades que le otorga el artículo 27 de la Constitución, conforme al cual está dotado de autonomía y plena jurisdicción, entendiéndose por la primera, que no está sujeto a ninguna potestad, sino que cuenta con una propia que le permite resolver los asuntos por criterio propio o a verdad sabida como lo indica el numeral 189 de la Ley Agraria y, por la segunda, que dentro de su ámbito, dentro de la materia agraria bienes y sujetos que tienen que ver con la misma, puede tomar decisiones de manera amplia, sin límites siempre que tenga que ver con las cuestiones que le han sido encomendadas (agrarias), de manera que con base a esas características con las que constitucionalmente ha sido dotada la responsable, puede resolver legalmente sobre el particular, partiendo del hecho de que en este asunto queda acreditada nuestra calidad de comuneros y, por ende, nuestro derecho a que se nos pague el proporcional de una indemnización, que viene de una expropiación de las tierras de la comunidad de la cual todos los comuneros tenemos derecho a participar, máxime que queda claro que se nos debe ese dinero y sólo falto ver quien lo tiene en la actualidad, pues por una parte los demandados argumentan haberlo entregado a la administración que les sucedió en esos cargos y manifiestan que están depositados ante la propia responsable, por lo que en este asunto sólo era necesario señalar que sí demostramos que se nos debe y que, por ende, se nos debe pagar, bastando sólo la orden de quien los detente, nos los entregue o si están incluso en el tribunal, poder disponer de ellos, llamando a juicio a la actual representación o incluso sin hacerlo, sólo ordenándoles que nos paguen, el no haberlo considerado así la responsable al momento en que juzga este asunto, es violatorio de lo que establece el artículo 27 constitucional, pues dejan a un lado sus facultades. Sirven para reforzar: ‘TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CUENTA CON FACULTADES PARA RESOLVER RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN DE PARCELAS REALIZADA POR UNA ASAMBLEA EJIDAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE UNA SUSTITUCIÓN EN LAS FACULTADES EXCLUSIVAS DE ESTA ÚLTIMA.’ (se transcribe texto). ‘Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito.’ (se transcribe texto). ‘SENTENCIAS EN MATERIA AGRARIA. DEBEN RESOLVERSE A VERDAD SABIDA LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN ANTE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, BASÁNDOSE EN LA EQUIDAD Y LA BUENA FE.’ (se transcribe texto). ..."

SÉPTIMO. Son fundados los conceptos de violación que se hacen valer, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente en términos de los artículos 76 Bis, fracción III y 227, en relación con el 212, todos de la Ley de Amparo, por ser un asunto en materia agraria, en el que se advierte una violación procesal que, como se demostrará a continuación, trascendió al sentido de la sentencia reclamada y es suficiente para conceder el amparo solicitado, para el efecto de que se reponga el procedimiento en el juicio agrario natural.

Previo a la exposición de los razonamientos que sustentan tal afirmación, y para justificar el sentido del presente fallo, este órgano colegiado estima conveniente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 158/2002-SS, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y las sostenidas por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, dejó establecidas diversas premisas, las cuales constituyen verdaderas reglas de carácter general, y que tienen aplicabilidad en los juicios de naturaleza agraria, las cuales son, a saber:

a) Si bien es cierto que a partir de mil novecientos noventa y dos, con la expedición de la legislación agraria vigente, se implementó un proceso judicial de índole agrario tramitado ante tribunales especializados, y con claras raíces en el derecho común, también es verdad que dicho juicio conserva su naturaleza pública, la cual impide que las instituciones procesales del derecho civil, históricamente rígidas, se apliquen de manera absoluta en esta materia.

b) Asimismo, que el precepto 164 del ordenamiento en cita, consagra el principio de suplencia de la queja, el cual rige prácticamente de manera absoluta en materia agraria.

c) De igual forma, que el aludido principio de suplencia de la queja rompe el esquema de litis cerrada, por virtud del cual el fallo dictado por el Juez debe regirse exclusivamente por lo alegado y probado por las partes; es decir, permite la introducción en la contienda, de argumentos no hechos valer por las partes: la determinación precisa de los hechos y actos litigiosos, así como el exacto señalamiento de los integrantes de la relación jurídico-procesal.

d) Que el objetivo de tal principio es impedir que las partes vean afectadas sus esferas jurídicas, por los defectos con los cuales se hace valer la acción o se opone la excepción, o la defensa respectiva.

e) De todo lo cual, concluye el Máximo Tribunal del País, la suplencia de la queja pretende que el juzgador resuelva los litigios atento a la verdad material, esto es, que cuando sea indispensable, y en situaciones extraordinarias, se allegue de elementos o incorpore argumentos que permitan resolver la litis efectivamente planteada; esto es, la suplencia en materia agraria, permite que el juzgador resuelva sobre los actos que realmente son materia de la litis, aun cuando éstos sean diversos de los señalados por las partes, al corresponder su función fijar la materia de la contienda.

Definido lo anterior, este Tribunal Colegiado, acorde con los lineamientos sintetizados, estima pertinente precisar que el tribunal responsable, para fijar la materia de la contienda, debe atender lo aludido por el artículo 164 de la Ley Agraria, tomando en consideración los hechos y actos que realmente afecten la esfera jurídica de los contendientes, aun cuando para ello deba suplir la deficiencia de sus planteamientos e introducir, en consecuencia, argumentos y elementos procesales no esgrimidos por aquéllos.

También se estima conveniente mencionar que la doctrina jurisprudencial ha dejado sentado que:

El procedimiento agrario, por su naturaleza y peculiaridad, tiene como premisa fundamental la realización de una verdadera justicia no formalista, alejada por consiguiente, de toda información defectuosa, errónea o de mala fe, fundamentada primordialmente en las auténticas relaciones sociales existentes entre los hombres y en la verdad real, que debe quedar evidenciada en los procesos judiciales o administrativos.

El logro de esta misión del Estado, se ha procurado en el proceso moderno, haciendo que los órganos jurisdiccionales gocen de la facultad, correlativa por lo demás, de examinar de oficio las demandas que ante ellos se presenten, a fin de que si se percatan de irregularidades u omisiones de alguno de los requisitos previstos legalmente, realicen la prevención correspondiente; asimismo, deben aportar los datos y documentos que estimen conducentes para la vigencia y aplicación consciente, de la norma de derecho y la realización de la justicia.

Asimismo, que es el juzgador agrario quien en cumplimiento de las obligaciones que el Constituyente y el legislador ordinario le impusieron, y que se encuentran consignadas en la actual legislación agraria, debe, al analizar los conflictos sometidos a su potestad, buscar la verdad material sobre la formal, supliendo la deficiencia de los planteamientos de derecho cuando se vean involucrados no sólo los colectivos, es decir, los núcleos ejidales o comunales, sino también, en relación a los individuales como son los ejidatarios o comuneros, o inclusive, de quien conforme las reglas de la Ley Agraria, pretende adquirir derechos agrarios.

Igualmente, deberá ordenar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, conducente a fijar de manera cierta y exacta los derechos que corresponden a las partes contendientes, y sobre esta base, en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, resolver la contienda a verdad sabida.

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 54/97, consultable en la página 212, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya literalidad es la siguiente:

"JUICIO AGRARIO. OBLIGACIÓN DEL JUZGADOR DE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS Y DE ACORDAR LA PRÁCTICA, AMPLIACIÓN O PERFECCIONAMIENTO DE DILIGENCIAS A FAVOR DE LA CLASE CAMPESINA. Con base en lo establecido en la tesis de esta Sala, LXXXVI/97, con rubro: ‘PODER. EL USO DE ESTE VERBO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES, NO NECESARIAMENTE IMPLICA UNA FACULTAD DISCRECIONAL.’, debe interpretarse que si el artículo 189 de la Ley Agraria dispone que las sentencias se dicten a verdad sabida, sin sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y documentos según se estime debido en conciencia, motivo por el cual no puede aceptarse que el juzgador, percatándose de que carece de los elementos indispensables para resolver con apego a la justicia, quede en plena libertad de decidir si se allega o no esos elementos, sólo porque los artículos 186 y 187 de la ley citada utilicen el vocablo ‘podrán’ en vez de ‘deberán’, al regular lo relativo a la práctica, ampliación o perfeccionamiento de diligencias y a la obtención oficiosa de pruebas, ya que ello pugna con la intención del legislador, con la regulación del juicio agrario ausente de formulismos y con el logro de una auténtica justicia agraria."

Expuesto lo anterior, en el caso, es ilegal la sentencia impugnada, en razón de que la autoridad responsable no integró debidamente la relación jurídico procesal, como tampoco recabó todas las pruebas tendientes al conocimiento de la verdad material del juicio sometido a su potestad jurisdiccional; lo que le permitiría en consecuencia, fijar de manera cierta y exacta la litis y los derechos que corresponden a las partes contendientes, para resolver la contienda a verdad sabida, sobre las bases apuntadas, y en términos del artículo 189 de la Ley Agraria.

Lo anterior contravino la naturaleza del procedimiento agrario, cuya peculiaridad, tiene como premisa medular, esquivar toda información defectuosa, errónea o de mala fe, para juzgar las auténticas relaciones sociales existentes entre los hombres y con apego a la verdad real, que debe quedar evidenciada en los procesos judiciales o administrativos.

Lo anterior, en este caso se considera indispensable, aun cuando para ello se tengan que introducir nuevos elementos y ordenar pruebas no hechas valer, ni ofrecidas por las partes.

Para justificar la postura, es preciso mencionar los siguientes antecedentes:

Por escrito presentado el seis de abril de dos mil nueve, Tomás Rivera Bautista por su propio derecho, y como apoderado legal de Reyna Rubio Robles, Agustina Olga Rubio Robles, Genaro González Granados, José Ángel González Alonso, Isabel Carmen Rubio Robles, Andrés Gómez García, Sonia Gabriela Guzmán Rubio, Juan López Velázquez, Jesús Rubio Gaspar, Amado Rubio Robles, Victoria López Flores, Luz Rubio Portillo, J. Clemente Jaime Rubio Domínguez, Apolo Rubio Domínguez, Magdalena Rubio Robles, Juanario Rubio Quezada, Felipe García Luna, Pedro Gómez García, Gabriel Luna Flores, Gerardo Luna Flores, Paula López Velázquez, Tomás David Rubio Cruz, Agustín Rubio Gaspar, José González Alonso y Juan Fernando Rubio Rojas, demandaron de Valente Rubio Cruz, Laurencio García Sánchez y Juan Gabriel Rubio Linares, las siguientes prestaciones:

1. El pago y entrega de la cantidad de $60,300.00 (sesenta mil trescientos pesos, 00/100 M.N.), como pago

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24640-efff7355/demanda-de-amparo-en-materia-agraria-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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