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Modo: Corpus Pro

ASAMBLEA DE EJIDATARIOS CON FORMALIDADES ESPECIALES. SU CELEBRACIÓN ES OBLIGATORIA TRATÁNDOSE DE ASIGNACIÓN Y DELIMITACIÓN DE TIERRAS, PREVIO A INSTAR EL JUICIO AGRARIO, AL SER LA ASAMBLEA GENERAL LA COMPETENTE PARA PRONUNCIARSE AL RESPECTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 574/2024. · Registro digital (IUS): 33634
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-09-19
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.575.

AMPARO DIRECTO 574/2024. 9 DE MAYO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VLADIMIR VÉJAR GÓMEZ. SECRETARIA: CECILIA CRUZ LUGO.

Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sentencia del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria por video conferencia de nueve de mayo de dos mil veinticinco.

VISTO para resolver el juicio de amparo directo 574/2024; del índice de este Tribunal Colegiado; y,

RESULTANDO QUE:

PRIMERO. Sustanciación del presente juicio de amparo. Mediante escrito ingresado el veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, en la oficialía de partes de la autoridad responsable, ***********, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal contra la sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil veinticuatro, emitida por el Tribunal Unitario Agrario Distrito veinticuatro, en el juicio agrario ***** de su estadística.

La parte quejosa considera inobservados sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se tuvo como tercera interesada a la Asamblea General de Ejidatarios del ejido ****, municipio de Chapa de Mota, estado de México; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

De dicha demanda, por razón de turno, correspondió conocer a este Tribunal, con la cual, en auto de Presidencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro, se ordena la formación del juicio de amparo directo 574/2024, se admite a trámite, dando intervención al fiscal Federal adscrito, quien no formuló pedimento.

SEGUNDO. Turno. Mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 183, de la Ley de Amparo; y, 24, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó turnar el asunto al magistrado Vladimir Véjar Gómez, para formular proyecto de resolución.

TERCERO. Resolución por videoconferencia. De conformidad con el artículo 1o.(1) del Acuerdo General 16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, el numeral 36(2) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el diverso 30(3) del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; este órgano jurisdiccional puede incluir el presente asunto en la lista electrónica que se publica en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), y dictar la sentencia correspondiente en la sesión ordinaria por videoconferencia de la fecha; y,

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafos primero, quinto y sexto, 103, fracción I y 107, fracciones I, III, inciso a), V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con apoyo, además en los puntos PRIMERO, fracción II, SEGUNDO, fracción II y TERCERO, fracción II, del "ACUERDO GENERAL 3/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.", porque se trata de un juicio de amparo directo promovido contra una sentencia dictada por un tribunal agrario con residencia dentro del territorio en que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Oportunidad. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días contemplado para tal efecto en el primer párrafo del numeral 17 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, se representa utilizando la gráfica siguiente:

Ver gráfica

TERCERO. Legitimación. La demanda de amparo fue promovida por parte legítima, pues se trata de ******, parte actora dentro del juicio agrario ****/2023, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 24, en que se dictó la sentencia reclamada; en consecuencia, debe ser reconocida como parte quejosa, de acuerdo con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo conforme a los numerales 8o. y 125 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a lo dispuesto en su arábigo 2.

CUARTO. Certeza del acto reclamado. La existencia de la sentencia se acreditó con los autos originales del expediente del juicio agrario ****/2023, que remitió el Tribunal Unitario Agrario Distrito 24 y con su informe justificado, el cual tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su arábigo 2o.; por tratarse de actuaciones judiciales que son documentos públicos.

Los datos de identificación de la sentencia definitiva reclamada se precisaron en el resultando primero de esta ejecutoria, para cumplir la exigencia del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo; sin que resulte necesario transcribir su parte considerativa ya que no lo exige la Constitución ni la ley de la materia.

Ilustra lo anterior, la tesis XVII.1o.C.T.30 K, misma que se comparte, con registro digital 175433, de rubro y texto siguientes:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver."

QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, que también se tienen por reproducidos en este apartado, por no ser necesaria su transcripción, atento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo.

Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010,(4) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."

SEXTO. Calificación de los conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad de la sentencia reclamada. Son infundados por una parte, y fundados por otra, los conceptos de violación hechos valer, dado que de oficio son suplidos en su deficiencia en términos de lo previsto en el inciso b) fracción IV del artículo 79 de la Ley de Amparo,(5) tomando en consideración que quien acude al juicio constitucional pretende que se le reconozcan sus derechos agrarios sobre una parcela.

Tiene apoyo lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 102/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE QUIENES BUSCAN EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS AGRARIOS.(6) El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia agraria, los diversos criterios que con un sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas integraciones y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, que conduce a establecer que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente a ejidatarios o comuneros no sólo procede para quienes tienen reconocido ese carácter o calidad, sino también para quienes pretenden que se les reconozcan sus derechos agrarios. Esto es, una de las finalidades de dicha institución legal es que más allá de las cuestiones técnicas que puedan presentarse en un asunto, se protejan los derechos de las personas que consideran les asiste ese carácter o calidad y no es, sino a través de la superación de las deficiencias de los argumentos plasmados en los conceptos de violación y en los agravios expuestos o de su omisión, que el juzgador puede tener certeza y resolver con razonada convicción lo que proceda; sin soslayar que la aplicación de la suplencia de la queja deficiente, en todos los casos, debe llevarse a cabo siempre y cuando cause beneficio a la parte quejosa o recurrente, en congruencia con su propia naturaleza jurídica. Lo anterior con independencia de que las partes quejosa y tercero interesada estén constituidas por personas que pretenden obtener el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros, ya que dentro de las finalidades primordiales de la tutela también está resolver, con conocimiento pleno la controversia, y no únicamente colocarlos en una situación de igualdad procesal durante la tramitación del juicio de amparo, de manera que en los casos en que quienes pretenden que se les reconozca el carácter o la calidad de ejidatarios o comuneros tengan, a su vez, el carácter de quejoso o tercero interesado, respectivamente, deberá suplirse la queja deficiente, sin que ello implique una asesoría técnico-jurídica en favor de una parte y en detrimento de otra."

Además, se precisa que las razones de inconformidad vertidas por la parte quejosa, no se circunscribirán al apartado relativo a los "conceptos de violación" del escrito de demanda de amparo, sino que se analizarán en forma integral, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

También cabe señalar que por razones de orden y método, por una parte el estudio y la consecuente respuesta a los conceptos de violación, se realizará de manera individual y en su conjunto cuando estén relacionados, y por la otra, en un orden diverso al propuesto por la parte aquí quejosa, en términos de lo establecido por los artículos 74 y 76 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial (IV Región) 2o. J/5 (10a.),(7) de rubro y texto siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."

Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son:

- Transgresión en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los numerales 14 y 16 constitucionales derivado de la indebida valoración de pruebas y constancias en el juicio primigenio.

1. Indica que el tribunal responsable no valoró adecuadamente el acta de asamblea de ejidatarios de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en el ejido de *****, municipio de Chapa de Mota, estado de México, por la cual la asamblea reconoció que en la diversa relativa a la delimitación, destino y asignación de derechos ejidales, celebraba el dos de marzo de mil novecientos noventa y siete, fue omisa en relacionar y asignar las parcelas **** y ****, siendo que la posesión de éstas siempre ha recaído en la persona aquí quejosa.

2. Arguye que la autoridad responsable no otorgó valor probatorio al allanamiento de la asamblea de ejidatarios en comento, el cual guarda estrecha relación con el acta de asamblea de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; toda vez que al no existir controversia, se debió declarar procedente la acción intentada.

3. Aduce que el Tribunal Agrario fue omiso en conceder valor probatorio a las pruebas testimoniales desahogadas por ******** y ********, en las cuales, ambos testigos afirmaron que las parcelas en controversia son las identificadas con los números **** y ****, asimismo, que en ambas porciones ejidales se realizan actividades de agricultura, y en la segunda, la parte aquí quejosa tiene su casa-habitación.

4. Sostiene que no se realizó una correcta ponderación de los requisitos legales que debe satisfacer el acta de asamblea de ejidatarios de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, celebrada en el ejido de *****, municipio de Chapa de Mota, estado de México; ya que el Tribunal responsable estimó que ésta no fue realizada en términos del numeral 23 de la Ley Agraria; soslayando que en la diversa relativa a la delimitación, destino y asignación de derechos ejidales, celebraba el dos de marzo de mil novecientos noventa y siete, se causó un perjuicio a los intereses de la promovente, ya que incorrectamente se dejaron de relacionar y asignar las parcelas **** y **** a favor de la aquí quejosa, al encontrarse en posesión de éstas desde la data en comento.

Dichos motivos de disenso son infundados, dado que como se verá más adelante; la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal, la cual tiene entre sus facultades y en lo que importa, las de determinar el destino de la tierra que no esté formalmente parcelada y efectuar dicho parcelamiento, y que una vez dictados los acuerdos respectivos, éstos podrán ser impugnados ante el tribunal agrario directamente o a través de la Procuraduría Agraria por aquellos individuos que se sientan perjudicados con la asignación de tierras efectuada.

Sin embargo, no existe un pronunciamiento en negarle a la parte quejosa la asignación de las parcelas en cuestión, sino que existe la omisión de que al celebrarse la asamblea correspondiente se haya realizado la asignación de las mismas.

De ahí que, es infundado lo que afirma la quejosa en el sentido de que la responsable al emitir la sentencia que se recurre vulnera sus derechos, dado que no valoró debidamente el allanamiento que existe por parte del núcleo agrario, así como tampoco las testimoniales ofrecidas y desahogadas en la audiencia de ley; lo anterior es así, porque contrario a lo que establece la quejosa, la autoridad responsable sí valoró las testimoniales desahogadas, así como el allanamiento expresado por el núcleo ejidal; sin embargo, se advierte que la autoridad responsable no le dio el alcance que la parte quejosa pretendía a las testimoniales; y por lo que respecta al allanamiento, lo desestima porque la asamblea celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve no cumple con las formalidades que una asamblea de asignación de tierras debe reunir.

Por tanto, el allanamiento consiste en que se acepta por parte de la asamblea que se omitió realizar la asignación en la asamblea correspondiente.

Por las anteriores consideraciones no beneficia a la disconforme las tesis que invoca en sustento a sus conceptos de violación; de rubro siguientes:

"ALLANAMIENTO A LA DEMANDA EN MATERIA AGRARIA. PARA LA VALIDEZ DEL REALIZADO POR EL COMISARIADO EJIDAL, DEBE EXHIBIRSE EL ACTA EN LA QUE LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS LO FACULTÓ PARA TAL EFECTO."

"PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS."

"PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN."

De este modo se atiende el criterio jurisprudencial 32/2018, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes:

"TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable."(8)

Ahora, como se adelantó y en suplencia de la queja deficiente, es fundado que el Tribunal Agrario responsable no resolvió la controversia efectivamente planteada.

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [...]

De la transcripción anterior se advierte que dicho numeral dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales imparciales de manera pronta y expedita.

Ciertamente, la labor ineludible de la o el juzgador consiste en entender los términos de la controversia planteada, esto es, interpretar la voluntad de las partes, lo cual podrá lograrse a través del análisis de las manifestaciones que al efecto se produzcan a través de los hechos en la demanda y, en su caso, de la contestación. Atendiendo lo anterior, se obtiene que si la parte actora reclama determinada acción, pero en su demanda expresa diversos hechos, de los que se advierte la voluntad o intención de reclamar una distinta, la o el juzgador debe resolver la cuestión que efectivamente se plantea, no obstante la denominación dada a la acción, ya que le corresponde dirimir los hechos expuestos en la demanda que actualicen algún supuesto normativo.

Sustenta la anterior premisa, por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguiente:

"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN MATERIA LABORAL. SE CUMPLE CON ESTE PRINCIPIO CUANDO LA JUNTA RESUELVE LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CON INDEPEN-DENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ A LA ACCIÓN. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la tutela efectiva, con base en el principio interpretativo pro actione, en concordancia con los diversos iura novit curia y da mihi factum, dabo tibi ius, prescribe que las normas procesales deben interpretarse de manera que se maximice el acceso a la justicia, por lo que se prefiere la interpretación que sea tendente a la prosecución de una resolución que decida el fondo de la cuestión planteada, en la inteligencia de que el ejercicio hermenéutico no es únicamente del derecho, sino de la voluntad de las partes, es decir, al juzgador que le corresponde resolver un conflicto, primeramente debe entender los términos en que dicha controversia se plantea, lo que sólo podrá lograr cuando analice la intención de los contendientes a través de las manifestaciones que al efecto se produzcan. De ahí que si en un juicio laboral, la parte actora señala que reclama determinada acción, pero en observancia al artículo 872 de la Ley Federal del Trabajo, en su demanda esgrime diversos hechos de los que se advierte la voluntad o intención de reclamar una distinta, la Junta debe resolver la cuestión efectivamente planteada, no obstante la denominación dada a la acción, en virtud de que le corresponde dirimir si los hechos expuestos en la demanda se subsumen en alguna hipótesis normativa, siempre que esa determinación no ocasione a la contraparte una restricción a sus garantías procesales."(9)

Ahora, el artículo 27, fracción VII, constitucional, en relación con el texto de los preceptos de la Ley Agraria que se refieren expresamente a los conceptos: a. asamblea del ejido, b. sus facultades, c. los acuerdos de ésta que determinan el destino de la tierra que no esté formalmente parcelada, efectuar dicho parcelamiento, reconocer el parcelamiento económico o de hecho, así como, regularizar la tenencia de la tierra ejidal; y, d. la forma en que pueden ser impugnadas sus decisiones, son del tenor literal siguiente.

[A]rtículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (...)

VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5 % del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.

La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria.

Artículo 9o. Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título.

Artículo 21. Son órganos de los ejidos:

I. La asamblea;

II. El comisariado ejidal; y

III. El consejo de vigilancia.

Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios.

El comisariado ejidal llevará un libro de registro, en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo.

Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (...)

VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; (...)

X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; ...

Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea a iniciativa propia o si así lo solicitan al menos veinte ejidatarios o el veinte por ciento del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea.

Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de ocho días de anticipación ni más de quince, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea.

La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea.

Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a ocho ni mayor a treinta días contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria.

Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes cuando menos la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes cuando menos tres cuartas partes de los ejidatarios.

Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, salvo en el caso de la asamblea que conozca de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios.

Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad.

Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea.

Artículo 28. En la asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la procuraduría sobre la celebración de la asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquélla y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33634-aec346a0/asamblea-de-ejidatarios-con-formalidades-especiales-su-celebracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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